Dos semanas después del reclamo que escenificaron intendentes opositores frente al Ministerio de Economía, para pedir fondos para infraestructura, impulsados desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la protesta se repetirá este miércoles, con nuevos destinatarios y consignas, pero también motorizada desde la administración del gobernador Axel Kicillof. Los jefes comunales del peronismo bonaerense se congregarán frente al Ministerio de Capital Humano para pedirle a su titular, Sandra Pettovello, que eleve los aportes del gobierno nacional al Servicio Alimentario Escolar de la provincia.

La concentración de los intendentes frente al Ministerio de Capital Humano comenzará alrededor de las 11, y el punto de encuentro será la Federación Argentina de Municipios (FAM). Se presentará una nota con reclamos, como ya hicieron los intendentes el 14 de abril, cuando se movilizaron al Ministerio de Economía nacional, liderados por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y con el apoyo de Kicillof, que los respaldó en una reunión posterior a la marcha realizada en la sede de la FAM. En esa oportunidad, solicitaron fondos de coparticipación, el restablecimiento de transferencias nacionales y compensaciones para el transporte público por el precio del gasoil.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, estará al frente del reclamo. En los últimos días, su cartera anunció una reformulación de los planes de ayuda alimentaria, que incluyó aumentos en algunos y dejó implícita la baja del aporte denominado MESA [Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria] bonaerense, una prestación de entrega de alimentos en escuelas que se había implementado durante la pandemia de coronavirus. Tras ese anuncio, la baja del programa MESA se oficializó y generó revuelo en un chat interno que integran intendentes del peronismo bonaerense.

El martes pasado, Larroque reprochó a Pettovello por el aporte que realiza Nación para la asistencia alimentaria en las escuelas bonaerenses. “Hoy, Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE [Servicio Alimentario Escolar], su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico. Además, mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones”, aseveró en una conferencia de prensa en la que anunció que “la inversión mensual [en el SAR] pasará de $41.000 millones a $54.000 millones” y que se duplicará la asistencia alimentaria del gobierno bonaerense a los municipios por medio del programa llamado Módulo Alimentario Territorial (MATE). Según Larroque, son 2.500.000 los alumnos que comen en las escuelas bonaerenses.

La tensión entre el gobierno de Kicillof y el del presidente Javier Milei por la ayuda alimentaria escaló la semana pasada, con un cruce de notas entre los ministerios de Larroque y de Pettovello. El lunes pasado, Larroque presentó una nota para reclamarle el monto adeudado desde 2024 que plantea la administración provincial.

La ministra de Capital Humano le respondió a Larroque con un comunicado de su cartera, en el que subrayó que el gobierno nacional “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y SAE” y destacó que la administración nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires».

El mismo día de la protesta que pondrán en marcha de los intendentes contra la ministra de Capital Humano, otros aliados de Kicillof realizarán su propia manifestación. Se trata del movimiento social Barrios de Pie, que anunció que montará ollas populares en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se produzca el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estará acompañado por Milei.

Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.

La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por este domingo.

Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.

En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.

La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.

En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.

En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.

Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.