Organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento con disidencias sobre aspectos centrales de la ley de lobby que el gobierno de Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados, y que expondrán mañana cuando el tema se debata en un plenario de comisiones en el Congreso.

La iniciativa, denominada formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca -según la Casa Rosada- regular la influencia de distintos actores sobre decisiones gubernamentales y legislativas, y generar así un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y con reglas claras que sumen calidad institucional en la Argentina.

No obstante, parte de esos argumentos fueron utilizados por entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras, para poner reparos sobre el proyecto, al que definieron como ley “de participación vigilada”.

En el documento que ya hicieron público, y al que accedió , advirtieron que si el texto de esta iniciativa sale como lo mandó el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, sobre todo respecto de entidades críticas del Gobierno, como así también afectarse la libertad de expresión.

En el escrito, desde las organizaciones disidentes plantean que la ley de lobby libertaria derivará en que actividades normales en democracia -como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público- queden sujetas a “supervisión estatal permanente”.

Además, denuncian que la obligación de inscripción previa y de reportes periódicos, y las sanciones administrativas o penales que prevé el proyecto, “pueden generar barreras burocráticas importantes”, especialmente para las organizaciones pequeñas o con menos recursos para afrontar los nuevos requisitos. Ponen como ejemplo que esto aumentará los costos administrativos y la necesidad de contar con asesoramiento legal. Y en ese sentido refieren que la equiparación entre entidades de distinto porte es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.

Bajo esa misma postura, también expresan que las multas contempladas como infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales pero “impagables” para ONGs locales, por lo que denuncian “asimetría en la severidad”.

Asimismo, estas organizaciones se quejan de que el texto de la ley equipara la “participación social” a la hora de construir políticas públicas con el lobby comercial.

“Debe observarse con estricta sospecha toda iniciativa que -aún cuando los fines proclamados sean legítimos- derive en una limitación ilegítima del derecho”, señalan estas entidades y añaden que factores del texto como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación o cierta “amplitud” en conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior que haga el Poder Ejecutivo pueden implicar «riesgos de implementación selectiva» o incluso la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.

Según las entidades firmantes, si esta iniciativa sale aprobada tal cual la mandó el Gobierno, organizaciones que tienen como función controlar al poder podrían quedar sometidas a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder que controlan, algo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.

“Uno de los aspectos más delicados del proyecto es su posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”, advierten.

En el texto, sin embargo, el proyecto oficial incluye a las actividades periodísticas dentro de las no alcanzadas por la ley de lobby.

No obstante, estas organizaciones aseguran que esa excepción aparece “redactada de manera ambigua” y “condicionada”. Entonces, consideran que ese punto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, porque “en muchos casos habrá una dimensión de incidencia pública que los pondrá al alcance de las sanciones, con el riesgo que esto puede implicar también para el resguardo de las fuentes”.

Fopea y el resto de las organizaciones firmantes refieren que el proyecto del Gobierno no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, algo que podría afectar “de manera significativa” el trabajo de organizaciones de DDHH y comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas, iglesias, entre otras.

También puntualizan en que una parte del articulado de la ley oficialista «asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros». Por tanto, reclaman que esto puede generar un riesgo “reputacional y político”, y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.

Las entidades plantean en el texto que las sanciones que contempla la normativa para los gestores de intereses son “excesivas e ilegítimas”, y observan por el contrario que son laxas sobre funcionarios y legisladores.

El documento de estas organizaciones también cuestiona la conformación de un Registro público de gestores, ya que asegura que así el Estado gozará de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. “Esto podría utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”, enfatizan.

A su vez, puntualizan en que la obligación a las organizaciones inscriptas de presentar reportes trimestrales puede, en el caso de aquellas que controlan al Estado, obligarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, como así también que queden sometidas a “presión o persecución política”.

Al mismo tiempo, acusan que el proyecto del Ejecutivo va en contra de jurisprudencia internacional en la materia y que los conceptos de lobby y lobby extranjero son “extremadamente vagos”.

Mañana, las organizaciones se expresarán en sintonía con este documento en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que comenzará a las 14 en la Cámara baja.

El expresidente Mauricio Macri, fiel a su estilo, dejó frases filosas al participar hoy de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El titular de Pro dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura y en lo que pareció un mensaje al Gobierno pidió que se nombren “a los mejores jueces”.

También se mostró a favor de una política exterior sostenible que responda a las oportunidades económicas antes que a alineamiento ideológicos y pidió que se refuerce la transparencia y la independencia del Poder Judicial.

“La política exterior tiene que estar al servicio del crecimiento del país no de debates ideológicos. Cuando no te toca liderar, como no nos toca a los países latinoamericanos, nuestra prioridad tiene que ser cómo conseguimos trabajo para nuestra gente”, sostuvo el exmandatario.

En este sentido, Macri planteó que si bien hay una cercanía cultural mayor con los Estados Unidos que con China, se debe conciliar ese alineamiento con la preservación de relaciones comerciales con el gigante asiático. Sucede que, hoy el país que conduce Xi Jinping es uno de los principales mercados para los recursos naturales de la Argentina y Latinoamérica en general.

Así lo manifestó también el expresidente de Colombia Iván Duque, quien compartió su exposición con el titular de Pro. “China representa el 20% de la demanda mundial de petróleo, el 60% de la demanda mundial de níquel y es el mayor refinador de los minerales raros que tenemos en esta región”, puntualizó el exmandatario colombiano.

En este contexto, Macri planteó que hay que trabajar para la inserción de la Argentina en mercados internacionales más allá de los alineamientos a nivel ideológico, que varían de un gobierno a otro. “Que la política no altere por una cuestión ideológica algo que está generando un flujo de comercio”, resumió.

En esta misma línea, el dirigente de Pro celebró la firma de acuerdos estratégicos tanto en términos multilaterales -como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, sellado después de 26 años- como bilaterales. El expresidente volvió a pedir por la adhesión de la Argentina a la OCDE -para fortalecer la lucha contra la corrupción y alinearse con estándares internacionales de transparencia que permitan atraer inversiones- y llamó a profundizar la apertura comercial.

Equilibrio fiscal “de mala calidad”

Este es uno de los tres elementos que destacó el expresidente como necesarios para garantizar el desarrollo nacional. Invertir en infraestructura para mantener conectados los centros de producción con los puertos y terminales de comercialización es otro de los ejes priorizados por el exmandatario durante su exposición.

“Sin conectividad física y ahora virtual no hay desarrollo. Si en el país la gente no puede moverse, no puede comercializar. Los productos no pueden llegar a un puerto porque no hay trenes ni hidrovías”, señaló. El expresidente destacó que “la infraestructura no es solo obra pública”, pero no dejó de reivindicar el papel del estado en esta área.

En otro tramo de su discurso, el dirigente amarillo celebró el equilibrio fiscal que defiende la administración nacional, pero rechazó los recortes en obra pública que contribuyeron a ese ordenamiento de las cuentas públicas. “Todos sabemos que este equilibrio fiscal es de mala calidad porque un país que puede reinvertir para cuidar la infraestructura, se está descapitalizando”, sostuvo.

Así, el expresidente se diferenció del presidente Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza (LLA) impulsa un esquema de inversión privada para el mantenimiento de los caminos y recortó la inversión nacional en infraestructura. Esta decisión le valió, en el último año, para acumular reclamos de gobernadores por falta de obra pública y el consecuente deterioro, por ejemplo, de las rutas nacionales.

Macri pidió independencia judicial

Otra crítica implícita al actual mandatario llegó cuando Macri se refirió a la división de poderes y llamó a preservar la independencia del Poder Judicial. Se trata del tercer factor que el expresidente considera crucial para el desarrollo económico de la Argentina.

Según explicó, para atraer inversiones al país y garantizar la confianza de los empresarios es vital que existan altos niveles de confianza en las reglas de juego y un esquema institucional fuerte. El principal garante de estos valores -consideró- es la Justicia. “El primer actor a la hora de despertar confianza no es un político ni un empresario. Son los jueces”, afirmó.

Ya se había manifestado en esta dirección la semana pasada en la Legislatura porteña, donde fue reconocido por su participación en el Mundial de Bridge. “Todo lo que fortalezca la independencia del poder judicial, es bueno para el país. Si hay confianza, hay inversiones y si hay inversiones, hay empleo», había señalado en la previa de aquel evento.

Sus declaraciones llegaron luego que el Senado de la Nación aprobara el pliego de la jueza María Verónica Michelli, resistida por el gobierno nacional por ser cuñada del periodista de , Hugo Alconada Mon. El expresidente había pedido que se avanzara con el nombramiento de jueces probos. “Tenemos que nombrar a los mejores jueces y no ser amigos de ninguno”, continuó entonces.