En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

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“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

Gobierno, universidades, aumento salarial

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propusiera “levantar un muro contra la barbarie” durante un acto de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, consideró que se trató de una estrategia para tapar su “incompetencia política”.

Un nuevo capítulo se sumó a la disputa entre ambas jurisdicciones por cuestiones de seguridad y gestión. Todo se desencadenó por el discurso que Macri brindó en el acto de incorporación de 650 nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, en donde destacó que su gestión logró bajar la tasa de todos los delitos durante el año pasado.

De acuerdo con el Mapa del Delito del 2025, todos los tipos de delitos experimentaron un descenso y, en algunos casos, se registraron cifras récord. Mientras que los índices de robos con armas y de autos se posicionaron en sus niveles más bajos desde que se tiene registro, la Ciudad de Buenos Aires se posicionó como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios del continente americano. En primer lugar quedó ubicada Ottawa, Canadá.

Por este motivo, Macri remarcó: “Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la Ciudad, y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa”, antes de volver a trazar sus diferencias con la gestión bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, y administrada por Alonso en materia de seguridad.

“Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof”, apuntó el jefe de Gobierno porteño durante su intervención. En línea con esto, propuso: “Vamos a defender nuestro estilo de vida. El cumplimiento del orden, del respeto a la vida, de las libertades individuales y las diferencias. Es con ley y es con orden”.

Luego de que la máxima autoridad porteña publicara ese fragmento del discurso en su cuenta personal en X, el ministro de Seguridad bonaerense le respondió con críticas a su gestión y a la situación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión”, publicó el funcionario bonaerense a través de una cita que realizó a la publicación original del jefe de Gobierno porteño.

En este sentido, Alonso apuntó: “Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político”. Por esto, en tono irónico, pidió: “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

En la misma publicación, el titular de la cartera de Seguridad bonanerese subrayó la necesidad de fomentar la unidad nacional al manifestar que “el país es uno solo”. Por este motivo, le cuestionó al representante de la Ciudad de Buenos Aires: “¿O acaso cuando te pongas la camiseta de la selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad?“.

“Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia”, instó el ministro de Kicillof, previo a cerrar su mensaje con una alusión al patrimonio del que sería dueño jefe de Gobierno porteño y a presuntas investigaciones judiciales.

“Cuando decís que defendés tu ‘estilo de vida’, ¿acaso te referís a tu abultado patrimonio, tan difícil de explicar? En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia”, concluyó Alonso.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se opuso a la citación dispuesta por el juez Ariel Lijo para que aporte una muestra de su voz y sea comparada con los audios que revelaron una presunta red de corrupción en el organismo.

La defensa de Spagnuolo, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, anunció que presentará este jueves un planteo ante el juzgado en el que argumentará que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.

En diálogo con TN, D’Alessandro aseguró que “los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”. Además, agregó el abogado del extitular de la ANDIS: “Más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Además, instruyó verificar si los archivos presentan características de voz humana natural o generada por inteligencia artificial, identificar posibles ediciones posteriores y reconstruir la cronología de cualquier modificación.

Días atrás, Lijo fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo fue intimado a grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente.

La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.

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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa de Spagnuolo ya presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.

La decisión de Lijo representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez Sebastián Casanello. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia