POLITICA
Santa Cruz: el fallo de la Corte le pone fin a la rebelión de los jueces K y la provincia busca salir del pantano jurídico
EL CALAFATE.- El fallo de la Corte Suprema de Justicia que destrabó el conflicto de poderes en Santa Cruz tendrá un efecto dominó que se inicia con la incorporación inmediata de los cuatro vocales designados el año pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal. Y que podría llegar hasta la reposición del exprocurador Eduardo Sosa, apartado hace 30 años por el kirchnerismo.
No es la primera vez que la Corte ordena al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz enmendar una decisión polémica: la primera vez fue en 2001 y lo reiteró en 2009, cuando dictaminó reponer en el cargo a Sosa, orden que nunca se cumplió y dejó al tribunal con un antecedente de desobediencia. En ese entonces, el tribunal contó con el respaldo político del kirchnerismo.
“Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, afirmó el gobernador Vidal a través de sus redes sociales. El mandatario agregó: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos”.
“Durante treinta años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”, afirmó Vidal, quien a través de la fiscalía de Estado fue en queja a la Corte cuando en diciembre pasado el TSJ declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve miembros la integración del tribunal.
En el último año, el oficialismo provincial impulsó la ley de ampliación del Tribunal, propuso cuatro vocales que juraron pero nunca dejaron asumir, intentó reponer en el cargo de Procurador General de Justicia a Sosa, pero la ley quedó trabada en la Legislatura por presión del kirchnerismo.
El fallo de la Corte destraba el pantano jurídico en el que había quedado la reforma judicial y el oficialismo local capitalizó el fallo como “una victoria política”.
Desde agosto, el Poder Judicial se encuentra envuelto en un terremoto político ocasionado por la resistencia interna a la reforma de la ley impulsada por Vidal. Mientras se resistían, la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales: el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. Juraron ante el entonces presidente del cuerpo, Daniel Mariani.
Sin embargo, los cuatro vocales antiguos —a quienes se los identifica con el kirchnerismo— destituyeron a Mariani, desconocieron a los nuevos vocales, dispusieron no pagarles el sueldo y hasta les prohibieron el ingreso al edificio, para luego declarar la inconstitucionalidad de la ley de ampliación. Por eso los poderes del Estado provincial terminaron dirimiendo sus cuitas políticas en la Corte Suprema de Justicia.
El vicegobernador Fabián Leguizamón, quien también fue en queja a la Corte, aseguró ante : “Es el acto de justicia más importante que tenemos los santacruceños en los últimos años; vamos a empezar a tener garantías constitucionales”. Y consideró que se trata de “un día histórico; por fin se le pudo poner un freno al atropello de las instituciones, la división de poderes y las injusticias que nos castigaron durante 30 años”.
Mientras tanto, los movimientos dentro del palacio judicial empezaron minutos después de conocido el fallo. El juez Mariani, presidente del cuerpo hasta octubre pasado y que denunció haber sido apartado de forma irregular, solicitó que de forma inmediata la Dirección General Administrativa y de Recursos Humanos del TSJ disponga el alta de los cuatro vocales desde el día del juramento, a quienes él les tomó la jura sin el respaldo del resto del cuerpo.
Todo indica que en las próximas horas, con la incorporación de los cuatro vocales, será Mariani quien asuma efectivamente la presidencia, y Reneé Fernández, quien ostentaba el cargo desde octubre pasado, volvería a su cargo de vocal; el cuadro se completaría con Fernando Basanta –exministro de Alicia, quien sorteó en diciembre pasado un juicio político–, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña.
“Se trabajará con calma y dedicación para poner todo esto al día, debería reinar la sensatez”, aseguran desde el Palacio de Tribunales. Lo cual solo se verá con el correr de los días: la relación entre las dos alas del tribunal está rota.
Fuentes del Gobierno provincial afirmaron que el fallo le da nuevo aire político al oficialismo en la Legislatura, y retomará el proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de la Justicia para reponer en el cargo de Procurador a Sosa, quien durante años reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional pese a los fallos a su favor de la Corte Suprema de Justicia.
El año pasado, al enviar el proyecto, Vidal aseguró que la restitución buscaba “saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial —promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner— desdobló el cargo en dos (jefe de fiscales y de defensores) y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.
May 14, 2026,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
La exfuncionaria de Morón acusada de narcotráfico sigue prófuga y Lucas Ghi envía a un delegado a la interpelación
La exfuncionaria de la Municipalidad de Morón buscada por la Justicia tras un allanamiento en su casa que derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína se mantiene prófuga y lleva dos semanas en esa condición. En un municipio políticamente afectado por el impacto del caso, el intendente Lucas Ghi sorteará la interpelación que decidió el Concejo Deliberante con la comparecencia en el recinto legislativo de un funcionario de su gabinete.
Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, está prófuga desde la noche del 21 de mayo, cuando se realizó un allanamiento en su casa que arrojó entre sus resultados el secuestro de medio kilo de cocaína. La investigación está a cargo de la fiscalía 9 del Departamento Judicial de Morón.
Ortigoza fue desplazada de su cargo al día siguiente del allanamiento en su casa, ubicada en la localidad de Castelar. La exfuncionaria es parte de una familia militante del partido Nuevo Encuentro, en el barrio San Juan.
Martín Sabbatella, referente de Nuevo Encuentro y exintendente de Morón que aspira a ser candidato a jefe comunal en 2027, protagoniza una dura interna con Ghi en el municipio. Sabbatella responde a Cristina Kirchner; Ghi, a Axel Kicillof. En ese marco de fractura, Ortigoza se ubica junto a Ghi en la pelea, mientras que el resto de su familia se alinea con Sabbatella. Por esa puja con su exjefe político, el intendente apartó de cargos a dirigentes sabbatellistas, entre ellos, responsables del área de género como Cinthia Frías (exsecretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad). El 16 de junio de 2025, Ortigoza fue nombrada directora en el sector.
El caso de la exfuncionaria municipal prófuga de la Justicia sacudió la política moronense y provocó la aprobación de un pedido de interpelación al intendente por parte del Concejo Deliberante. El jefe comunal fue citado para este jueves, a las 9, pero no comparecerá. Según pudo saber , Ghi enviará a un funcionario para brindar explicaciones, aunque aún no definió quién será. Según el artículo 107 inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el intendente puede “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia”.
La interpelación a Ghi se aprobó el jueves de la semana pasada, con votos de concejales sabbatellistas, de La Libertad Avanza y de monobloques, que sumaron 16 voluntades, los dos tercios necesarios para el avance de una iniciativa que se presentó sobre tablas. A Ghi lo respaldaron los concejales propios y los del Frente Renovador, con los que sumó ocho apoyos que resultaron insuficientes para evitar que avance el proyecto opositor.
Además del caso de la exfuncionaria prófuga, en el decreto de la interpelación se mencionó otro hecho delictivo reciente, el de una exempleada de la Secretaría de Seguridad que “fue detenida por formar parte de una red criminal dedicada a realizar extorsiones virtuales”. Se trata de Karen Yael Cufré, empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, que fue detenida en febrero, acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.
La tensión política que se derivó de la huida de Ortigoza es tal que el oficialismo de Morón considera que el sabbatellismo y la oposición se asociaron para destituir a Ghi. Para sostener esa hipótesis, cuentan con un mensaje de audio atribuido a Gabriel Barquero, un dirigente peronista cercano a Sabbatella, en el que se afirma que van a “echar a un intendente” y que en esos temas “tiene experiencia Martín” (en 1999, Sabbatella presidió la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que destituyó en Morón al intendente peronista Juan Carlos Rousselot).
El PJ de Morón, que está enrolado en las filas de Ghi, emitió un comunicado en el que señaló que “la interpelación impulsada por concejales de La Libertad Avanza y el sabbatellismo refleja el contubernio de la recalcitrante derecha que gobierna la Nación aliada con sectores que, cegados por el odio y el rencor, acompañaron este proyecto con el objetivo claro de vulnerar la voluntad popular”. El Concejo, se afirmó en el comunicado, busca “desplazar al compañero intendente Lucas Ghi”.
Desde el sabbatellismo, sostienen que el audio atribuido a Barquero es falso y niegan tener ánimo destituyente. “A [el exintendente Ramiro] Tagliaferro lo interpelamos seis veces, nunca concurrió él; el único que fue destituido fue Rousselot”, dijeron a desde ese sector de la política local. En un comunicado, afirmaron que la interpelación “es a efecto informativo” y que “desde el entorno del intendente han pretendido victimizarlo diciendo que ese hecho jurídico e institucional es un intento de destitución”.
el recinto legislativo,Javier Fuego Simondet,Morón,Narcotráfico,Martín Sabbatella,Conforme a,,Veto de Karina. Tras los desplantes, en el Gobierno no ven a Bullrich como candidata a vice de Milei ni a jefa de gobierno,,Operación millonaria. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa,,»Lógica mafiosa». El juez Mahiques denuncia una “persecución mediática” y pide sancionar a fuentes que informen a periodistas,Morón,,»Gravísima situación». Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por el caso de su funcionaria prófuga,,Está prófuga. Allanaron la casa de una funcionaria de Morón y descubrieron medio kilo de cocaína,,Narcotráfico en Morón. Quién es Luna Ortigoza, la funcionaria prófuga que militó en Nuevo Encuentro
POLITICA
El Gobierno condenó los ataques iraníes contra Kuwait que dejaron un muerto y decenas de heridos
Mediante un comunicado difundido en las últimas horas, la Cancillería Argentina repudió los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que dejó un muerto, 63 heridos y daños materiales significativos en varias instalaciones.
El documento circuló a través de la cuenta oficial de X en donde el Gobierno expresó su “condena en los términos más enérgicos” por lo ocurrido en la terminal aérea que afectó también misiones diplomáticas ubicadas en el recinto.
Cancillería calificó las agresiones que “resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales” como “actos injustificados sobre infraestructuras vitales y objetivos civiles”, los cuales “son contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional”, argumentó.
En el último párrafo del texto, el organismo que dirige Pablo Quirno expresó, en nombre del país, “su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional».
Los ataques cometidos por los Guardianes de la Revolución durante las primeras horas del miércoles, incluyeron el lanzamiento de 17 drones y 13 misiles balísticos que impactaron sobre el principal hub aéreo del Golfo Pérsico, de acuerdo al conteo que informó el Ministerio de Defensa kuwaití.
A pocas horas de que finalizara la jornada del martes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas norteamericanas desplegadas en Medio Oriente interceptaron varios misiles y drones iraníes dirigidos a los países del Golfo y embarcaciones civiles que navegaban por la región. Estados Unidos indicó que dos misiles cayeron antes de completar su trayectoria o se desintegraron durante el vuelo, aunque más tarde ocurrieron los lanzamientos que dejaron parte de la terminal con daños devastadores.
Una persona de nacionalidad india falleció y entre los heridos hubo siete que requirieron cirugía de urgencia. El portavoz del Ministerio de Defensa, general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, calificó la acción como una “agresión criminal iraní” y confirmó el “estado de alerta total”.
Tras el impacto, la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA) cerró el espacio aéreo y paralizó todas las operaciones del aeropuerto. Kuwait Airways e IndiGo, la aerolínea india con vuelos regulares a la región, suspendieron sus servicios, al igual que el resto de las compañías con rutas activas. La actividad aérea se retomó de forma parcial durante la tarde, hora local, a través de la Terminal 4, de acuerdo con la agencia oficial kuwaití KUNA.
Kuwait Internacional ha sido blanco recurrente de la denominada Operación Promesa Verdadera IV, con la que Teherán responde a la presencia de bases militares estadounidenses en suelo kuwaití. En ataques anteriores —registrados entre marzo y principios de abril— los drones iraníes destruyeron el sistema de radar principal del aeropuerto, incendiaron tanques de la Kuwait Aviation Fuelling Company y dañaron líneas eléctricas próximas a las pistas.
Por su parte el Ministerio de Defensa de Baréin denunció una “agresión sistemática” de Irán mediante el lanzamiento de proyectiles contra objetivos civiles del reino. Las fuerzas armadas bareiníes informaron haber derribado tres de las armas de largo alcance y varios de los vehículos aéreos no tripulados, y aseguraron que sus sistemas de defensa antiaérea operan “al máximo nivel de preparación”.
En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército local afirmó que Teherán “continúa su agresión sistemática a través de atroces ataques con misiles y drones contra infraestructura civil” del país, y ratificó el compromiso de sus fuerzas de proteger la integridad territorial del reino. “El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin expresa su orgullo y honor ante la avanzada disposición de combate y gran vigilancia demostrada por sus valientes hombres a la hora de llevar a cabo su sagrado deber nacional, en defensa de la patria”, remarcaron.
POLITICA
El Gobierno les ofreció un aumento salarial del 24% a las universidades a cambio de que retiren la demanda judicial por el financiamiento
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
Leé también: Marcha universitaria contra el gobierno de Kast en Chile: estudiantes se enfrentaron con la policía
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
Gobierno, universidades, aumento salarial
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