POLITICA
Mauricio Macri cuestionó a la jueza que suspendió la aplicación de la baja de edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires

El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles en duros términos la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.
“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados”, afirmó el exmandatario.
Macri sostuvo que la medida representa una intromisión indebida del Poder Judicial sobre decisiones adoptadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional.
“Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, expresó.
Y añadió: “Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial”, remarcó.
Opinó que la decisión de Pascal constituye una “alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.
“La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”, concluyó.
El fallo de Pascual
La controversia se originó luego de que la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, resolviera una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones que integran la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, entidad vinculada a la Iglesia Católica argentina.
El planteo fue realizado en favor de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense y contó con la adhesión de 14 defensores departamentales de la provincia.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual en diálogo con la radio Now 97.9 el lunes último.
Y amplió: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.
La resolución de la jueza Pascual, aunque no se ocupa de la legalidad de la ley que constituyó el régimen penal juvenil vigente en todo el país, tendrá un efecto concreto en la provincia más poblada y, en consecuencia, la de mayor cantidad de delitos: si, por caso, un menor de 14 o 15 años asesinara a una persona, no podría ser encarcelado.
En otro tramo de la resolución, Pascual, exministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y expresidenta del Consejo Provincial del Menor, planteó que la cuestión central consiste en determinar si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal sin contar previamente con los recursos materiales, institucionales y profesionales requeridos para implementar esas modificaciones.
La jueza consideró que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios introducidos por la ley, provocará un aumento de personas privadas de la libertad tanto por mayores ingresos al sistema como por una eventual extensión de los tiempos de permanencia.
“No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley (…) aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”, señaló la magistrada.
Por su parte, la representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció este martes que promoverá un pedido de juicio político contra Pascual, al considerar que e fallo “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.
La ley 27.801, aprobada por el Congreso el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.
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POLITICA
Cuadernos de las coimas: un empresario dijo que para cobrar certificados de obra atrasados se tenía que “poner”: apuntó contra el financista Clarens

Uno de los empresarios de la construcción que declaró hoy como testigo en el juicio de la causa de los Cuadernos de las Coimas sostuvo que existía una “camarita” y que había “obras con retorno”. Se trata de Fernando Palluchini, representante de la firma Mapal, quien afirmó que para destrabar certificados de obra atrasados debía “hacer los aportes que había que hacer”, pero negó haber pagado coimas.
Palluchini entró a la causa porque, según indicó, apareció en un amplio listado de empresas que habrían pagado sobornos, aportado a la Justicia por Ernesto Clarens, el financista vinculado a los Kirchner que mantenía contacto con el empresariado. En este caso, el empresario sanjuanino contradijo esa versión, aunque habló del supuesto rol de Clarens.
“Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó Palluchini. En su declaración relató problemas de su empresa Mapal. “Llegamos a tener hasta 200 días sin cobrar”, se quejaba de los atrasos sobre los certificados de obra que no tenían pagos por parte del Estado.
La fiscal del juicio, Fabiana León, le solicitó al testigo que recordara su experiencia con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, Palluchini comenzó a narrar inconvenientes que tenía para cobrar por las obras.
“La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner”, indicó. De esa manera, ubicó su relato en un contexto de “empresarios ahorcados”, debido a lo que describió como una situación que casi lleva a la quiebra a su empresa por obra pública que habría realizado en San Juan y que no recibía el pago correspondiente.
El testigo describió que durante los años investigados se desempeñó como presidente de la firma Mapal. Esta empresa se dedicaba a obras civiles, ya sean caminos o barrios de viviendas, entre otras tareas.
Según aseguró Palluchini, su empresa no participó de “ningún club o camarita”. Dijo que sabía que existía a raíz de comentarios de su gestor que estaba en la Ciudad de Buenos Aires y por conversaciones telefónicas de su hermano con Clarens. “Siempre surgía el tema de entrar a la camarita”, recordó.
Ante una consulta del abogado defensor de Clarens, Pedro Migliore, el empresario dijo que su hermano se comunicaba con el financista para “reclamarle por atrasos de cobros”.
La “camarita” hace referencia a la supuesta cartelización de la obra pública entre empresas miembro de la Cámara de la Construcción entre 2003 y 2015. Palluchini señaló que su empresa se retiró de la organización empresarial en 2006. “Sabíamos que eran obras con retorno”, mencionó cuando explicaba los motivos de dicha decisión.
El empresario sanjuanino apuntó contra Clarens cada vez que se refirió a los certificados de obra impagos y las posibilidades que tenía para destrabarlos. Pese a eso, no identificó ni explicó puntualmente qué personas se encargaban del presunto mecanismo de pagos espurios.
En paralelo, cuestionó algunas declaraciones como “arrepentidos” dentro de la causa. Precisamente, Clarens prestó declaración como arrepentido o imputado colaborador en los inicios de la causa de los Cuadernos. Uno de sus aportes a la justicia fue el listado de empresas donde apareció Mapal. Por este motivo, Palluchini ingresó al expediente.
Primero fue imputado. Prestó declaración indagatoria por escrito. Posteriormente, fue sobreseído y ahora, durante la etapa de juicio oral, participa del proceso como testigo.
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La Cancillería advirtió los riesgos para los argentinos que se incorporen a ejércitos extranjeros

La Cancillería emitió este martes una alerta para los argentinos que evalúan incorporarse voluntariamente a fuerzas armadas de otros países en medio de una escalada de fallecimientos y desapariciones de ciudadanos en conflictos internacionales.
A través de un comunicado, el Ministerio que conduce Pablo Quirno advirtió que “se ha registrado en el último tiempo un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, así como serias dificultades para abandonar la participación en dichas fuerzas”.
En ese contexto, el Gobierno recomendó extremar las precauciones ante las ofertas de empleo que circulan en redes sociales, plataformas digitales u otros medios. La advertencia alcanza tanto a las propuestas vinculadas a actividades militares como a las que se presentan como tareas civiles en zonas de conflicto, que según el comunicado suelen terminar en la firma de contratos de carácter militar.
A su vez, la Cancillería remarcó el alcance limitado de la ayuda estatal en estos casos. “La asistencia consular en estos escenarios puede verse seriamente limitada, tanto por las condiciones establecidas en los contratos que los connacionales suscriben con fuerzas armadas de otros países, como por las restricciones de acceso existentes sobre el terreno”, explicaron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo llamaron a los argentinos que se encuentren en situación de emergencia y requieran asistencia a dirigirse a la Representación Argentina correspondiente al país donde se encuentren o, en caso de tratarse de países sin representación residente, a la Embajada concurrente que corresponda.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno reforzó el mensaje en su cuenta de X. “Alistarse en fuerzas armadas extranjeras pone en serio riesgo vidas de argentinos y la capacidad de nuestros Consulados se ve seriamente limitada para asistirlos”, escribió. Y agregó: “Atención con las ofertas de empleo, muchas veces engañosas, que circulan en redes”.
El caso del argentino que viajó a Rusia por trabajo y ahora es prisionero de guerra en Ucrania
El comunicado no menciona casos ni conflictos puntuales ni aporta cifras. Sin embargo, la comunicación se produjo horas después de que se conociera la historia de Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años que, según la información difundida por el programa ucraniano “Quiero Vivir”, fue presentado como el primer ciudadano del país capturado como prisionero de guerra en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ibrahim, padre de dos hijos, contó en un video que se viralizó en redes que todo comenzó en abril de 2026, cuando respondió a un anuncio que prometía un trabajo de logística en el Ministerio de Defensa de Rusia y una paga de US$20 mil. Como no tenía pasaporte, dijo que el reclutador gestionó la documentación y el visado, y pagó los pasajes. “Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet”, lamentó.
Viajó con escalas en Roma y Estambul y llegó a Moscú el 11 de abril junto a un grupo de latinoamericanos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos, también convocados para sumarse a las fuerzas rusas. Desde la capital, fueron trasladados a un centro de entrenamiento en la región de Vorónezh.
En mayo, Ibrahim fue destinado al frente de Lyman, donde quedó incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados. El 6 de julio resultó herido en combate y permaneció internado unas tres semanas. Según la misma fuente, lo enviaron de nuevo a pelear antes del alta médica definitiva, esta vez en el 347º Regimiento, una unidad integrada también por soldados heridos. A mediados de agosto fue capturado por las fuerzas ucranianas y desde entonces permanece en un campo de prisioneros de guerra junto con otros extranjeros reclutados por Rusia.
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Lacunza descartó una posible alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza en 2027: “No creo que pase”

El economista Hernán Lacunza ratificó que será candidato a presidente en las próximas elecciones como cabeza de Pro, aseguró que cuenta con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y desestimó un posible acuerdo electoral ente el partido amarillo y La Libertad Avanza, tal como ocurrió en las últimas legislativas en la ciudad de Buenos Aires. “Tenemos diferencias irreconciliables”, remarcó.
“No creo que pase [una alianza] porque no creo que esa mesa de negociación consiga llegar a buen puerto. Tenemos diferencias irreconciliables, constitucionales y económicas. De hecho, en la agenda se habla de territorios, cargos y listas, que no es la mismo que trata la de la gente. Por lo tanto, soy escéptico”, expresó este martes a la noche en LN+ entrevistado por Alfredo Leuco.
Acto seguido, el economista señaló que su vocación y convicción está en proponerle a la sociedad una alternativa “más allá de lo que digan otros dirigentes”. “Por supuesto no voy a ser insolente, no me es indiferente y sé que todas las voces valen, pero me importa más lo que opine la gente. Y si hay un auditorio para nuestra propuesta, allí voy a estar”, siguió.
Luego insistió en que es muy difícil que exista un acuerdo entre ambos partidos y, consultado sobre qué ocurriría con su candidatura en caso de que se llegue a una alianza y la candidata sea Patricia Bullrich, respondió: “Ella es hoy presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza, no está en el Pro. Podemos hacer conjeturas de todo tipo, pero hay que hablar sobre la realidad. Hoy en día no está ese escenario”.
Lacunza también negó que su candidatura -o la de cualquier dirigente de Pro- sea “funcional al kirchnerismo”. “¿Qué clase de liberales somos si quisiéramos inhibir la competencia electoral? ¿Queremos monopolios para votar? Además, si Milei pensara así sería panelista de televisión. De última, existe el balotaje, con lo cual hay distintas instancias», explicó.
En cuanto a su vínculo con Mauricio Macri, el presidente de Pro, el economista aseguró que hablan periódicamente y que internamente apoyo su candidatura. “Varios colegas me hicieron llegar que su mensaje en la reunión en Jujuy fue pedir que se respalde mi candidatura. También me lo ha dicho a mí, que hay que mantener esa alternativa para la sociedad”, declaró.
Por otra parte, el exministro de Economía planteó dos principales diferentes entre sus propuestas y la administración de Milei: la obra pública, sobre la cual dijo que un país no puede estar cuatro años sin inversiones, y la morosidad, sobre lo que argumentó que el Gobierno debería intervenir. “El Gobierno dice que es un problema entre privados, pero el Estado tiene un rol ahí. Hay que reconstruir capacidades”, sentenció.
“El plan contra la inflación fue exitoso en un principio en cuanto a evitar la herencia porque estábamos en la puerta de una hiperinflación. Pero después se enamoró de la herramienta del anclaje cambiario, que es muy eficaz, pero presionó sobre la competitividad de muchos sectores”, continuó. En esta línea también se refirió al dólar y dijo que “no es libre”. “El Gobierno interviene. Hay que terminar de levantar los controles cambiarios para saberlo”, cerró.
Hernán Lacunza,@alfleuco,pic.twitter.com/89spFPj7Uc,September 30, 2026,LN+,Hernán Lacunza,,Conforme a
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