POLITICA
El Gobierno evalúa ampliar las sanciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas

El Gobierno evalúa incluir la explotación pesquera en el nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en extender a esa actividad parte del esquema que prepara para endurecer las penas contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones sin autorización argentina en las islas.
“Estamos trabajando en eso”, aseguran en Nación ante la consulta sobre la incorporación de la pesca al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Ejecutivo anticipan que habrá definiciones la próxima semana, cuando está previsto que la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados.
La discusión se concentra ahora en qué alcance tendrá el nuevo régimen y a qué actores vinculados con la explotación pesquera podrá afectar. El Gobierno analiza especialmente la situación de empresas relacionadas de forma directa o indirecta con quienes operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
La Argentina ya tiene desde 2008 herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.
La norma también alcanza relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. El Ejecutivo analiza ahora qué cambios incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.
La posibilidad ya había sido anticipada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. El Presidente anunció que modificaría la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, y agregó que el nuevo esquema de sanciones se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El régimen que el Gobierno utiliza como modelo permite avanzar no sólo contra las empresas que realizan directamente una actividad sin autorización argentina. También busca alcanzar a accionistas, directores, proveedores y compañías que participen económicamente de esos proyectos, además de impedir que los infractores contraten en la Argentina.
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La Casa Rosada ya comenzó a aplicar esa lógica sobre los hidrocarburos. Después de la cadena nacional, Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras y luego sumó otros 15 actores, entre accionistas y proveedores relacionados con los proyectos que avanzan en las islas.
El principal objetivo inmediato es Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que su avance obliga a acelerar las herramientas para impedir que compañías que participan de actividades que considera ilegales puedan mantener al mismo tiempo negocios en la Argentina.
La pesca presenta un desafío diferente porque ya es una de las principales fuentes de ingresos de las islas. El sistema de licencias otorgadas por la administración británica funciona desde hace décadas y permite operar a decenas de embarcaciones durante las distintas temporadas pesqueras del Atlántico Sur.
Por eso, una aplicación amplia del régimen podría tener consecuencias más extensas que las sanciones petroleras. La legislación vigente no se limita al propietario del buque: también contempla vínculos societarios, jurídicos, económicos o de beneficio, lo que obliga al Estado a determinar hasta dónde llega cada relación antes de aplicar una sanción.
El Gobierno viene mostrando además una política más activa frente a la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción argentina. Cinco buques extranjeros fueron sancionados durante 2026 por operaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva sin autorización. Esos procedimientos no corresponden específicamente al régimen de Malvinas, pero forman parte del refuerzo del control marítimo que impulsa Nación.
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La Prefectura también aumentó el monitoreo de la actividad pesquera mediante sistemas electrónicos y seguimiento de embarcaciones. En paralelo, el Ejecutivo busca ampliar las capacidades de vigilancia del Atlántico Sur desde Tierra del Fuego con radares, telecomunicaciones y sistemas de información marítima.
La discusión pesquera se cruza además con la agenda marítima que el Gobierno mantiene abierta en el Congreso. Allí continúan los debates sobre cabotaje, marina mercante y regulación de la navegación, mientras el Ejecutivo busca modificar distintos costos y restricciones del transporte fluvial y marítimo.
El próximo paso será definir si la pesca queda expresamente incluida en el proyecto que llegará a Diputados y qué sanciones adicionales se incorporarán respecto del régimen que ya existe. En la Casa Rosada confirman que el tema está bajo trabajo y esperan cerrar la redacción durante los próximos días.
Gobierno, PESCA, Islas Malvinas
POLITICA
Cuadernos de las coimas: un empresario dijo que para cobrar certificados de obra atrasados se tenía que “poner”: apuntó contra el financista Clarens

Uno de los empresarios de la construcción que declaró hoy como testigo en el juicio de la causa de los Cuadernos de las Coimas sostuvo que existía una “camarita” y que había “obras con retorno”. Se trata de Fernando Palluchini, representante de la firma Mapal, quien afirmó que para destrabar certificados de obra atrasados debía “hacer los aportes que había que hacer”, pero negó haber pagado coimas.
Palluchini entró a la causa porque, según indicó, apareció en un amplio listado de empresas que habrían pagado sobornos, aportado a la Justicia por Ernesto Clarens, el financista vinculado a los Kirchner que mantenía contacto con el empresariado. En este caso, el empresario sanjuanino contradijo esa versión, aunque habló del supuesto rol de Clarens.
“Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó Palluchini. En su declaración relató problemas de su empresa Mapal. “Llegamos a tener hasta 200 días sin cobrar”, se quejaba de los atrasos sobre los certificados de obra que no tenían pagos por parte del Estado.
La fiscal del juicio, Fabiana León, le solicitó al testigo que recordara su experiencia con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, Palluchini comenzó a narrar inconvenientes que tenía para cobrar por las obras.
“La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner”, indicó. De esa manera, ubicó su relato en un contexto de “empresarios ahorcados”, debido a lo que describió como una situación que casi lleva a la quiebra a su empresa por obra pública que habría realizado en San Juan y que no recibía el pago correspondiente.
El testigo describió que durante los años investigados se desempeñó como presidente de la firma Mapal. Esta empresa se dedicaba a obras civiles, ya sean caminos o barrios de viviendas, entre otras tareas.
Según aseguró Palluchini, su empresa no participó de “ningún club o camarita”. Dijo que sabía que existía a raíz de comentarios de su gestor que estaba en la Ciudad de Buenos Aires y por conversaciones telefónicas de su hermano con Clarens. “Siempre surgía el tema de entrar a la camarita”, recordó.
Ante una consulta del abogado defensor de Clarens, Pedro Migliore, el empresario dijo que su hermano se comunicaba con el financista para “reclamarle por atrasos de cobros”.
La “camarita” hace referencia a la supuesta cartelización de la obra pública entre empresas miembro de la Cámara de la Construcción entre 2003 y 2015. Palluchini señaló que su empresa se retiró de la organización empresarial en 2006. “Sabíamos que eran obras con retorno”, mencionó cuando explicaba los motivos de dicha decisión.
El empresario sanjuanino apuntó contra Clarens cada vez que se refirió a los certificados de obra impagos y las posibilidades que tenía para destrabarlos. Pese a eso, no identificó ni explicó puntualmente qué personas se encargaban del presunto mecanismo de pagos espurios.
En paralelo, cuestionó algunas declaraciones como “arrepentidos” dentro de la causa. Precisamente, Clarens prestó declaración como arrepentido o imputado colaborador en los inicios de la causa de los Cuadernos. Uno de sus aportes a la justicia fue el listado de empresas donde apareció Mapal. Por este motivo, Palluchini ingresó al expediente.
Primero fue imputado. Prestó declaración indagatoria por escrito. Posteriormente, fue sobreseído y ahora, durante la etapa de juicio oral, participa del proceso como testigo.
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La Cancillería advirtió los riesgos para los argentinos que se incorporen a ejércitos extranjeros

La Cancillería emitió este martes una alerta para los argentinos que evalúan incorporarse voluntariamente a fuerzas armadas de otros países en medio de una escalada de fallecimientos y desapariciones de ciudadanos en conflictos internacionales.
A través de un comunicado, el Ministerio que conduce Pablo Quirno advirtió que “se ha registrado en el último tiempo un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, así como serias dificultades para abandonar la participación en dichas fuerzas”.
En ese contexto, el Gobierno recomendó extremar las precauciones ante las ofertas de empleo que circulan en redes sociales, plataformas digitales u otros medios. La advertencia alcanza tanto a las propuestas vinculadas a actividades militares como a las que se presentan como tareas civiles en zonas de conflicto, que según el comunicado suelen terminar en la firma de contratos de carácter militar.
A su vez, la Cancillería remarcó el alcance limitado de la ayuda estatal en estos casos. “La asistencia consular en estos escenarios puede verse seriamente limitada, tanto por las condiciones establecidas en los contratos que los connacionales suscriben con fuerzas armadas de otros países, como por las restricciones de acceso existentes sobre el terreno”, explicaron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo llamaron a los argentinos que se encuentren en situación de emergencia y requieran asistencia a dirigirse a la Representación Argentina correspondiente al país donde se encuentren o, en caso de tratarse de países sin representación residente, a la Embajada concurrente que corresponda.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno reforzó el mensaje en su cuenta de X. “Alistarse en fuerzas armadas extranjeras pone en serio riesgo vidas de argentinos y la capacidad de nuestros Consulados se ve seriamente limitada para asistirlos”, escribió. Y agregó: “Atención con las ofertas de empleo, muchas veces engañosas, que circulan en redes”.
El caso del argentino que viajó a Rusia por trabajo y ahora es prisionero de guerra en Ucrania
El comunicado no menciona casos ni conflictos puntuales ni aporta cifras. Sin embargo, la comunicación se produjo horas después de que se conociera la historia de Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años que, según la información difundida por el programa ucraniano “Quiero Vivir”, fue presentado como el primer ciudadano del país capturado como prisionero de guerra en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ibrahim, padre de dos hijos, contó en un video que se viralizó en redes que todo comenzó en abril de 2026, cuando respondió a un anuncio que prometía un trabajo de logística en el Ministerio de Defensa de Rusia y una paga de US$20 mil. Como no tenía pasaporte, dijo que el reclutador gestionó la documentación y el visado, y pagó los pasajes. “Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet”, lamentó.
Viajó con escalas en Roma y Estambul y llegó a Moscú el 11 de abril junto a un grupo de latinoamericanos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos, también convocados para sumarse a las fuerzas rusas. Desde la capital, fueron trasladados a un centro de entrenamiento en la región de Vorónezh.
En mayo, Ibrahim fue destinado al frente de Lyman, donde quedó incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados. El 6 de julio resultó herido en combate y permaneció internado unas tres semanas. Según la misma fuente, lo enviaron de nuevo a pelear antes del alta médica definitiva, esta vez en el 347º Regimiento, una unidad integrada también por soldados heridos. A mediados de agosto fue capturado por las fuerzas ucranianas y desde entonces permanece en un campo de prisioneros de guerra junto con otros extranjeros reclutados por Rusia.
POLITICA
Lacunza descartó una posible alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza en 2027: “No creo que pase”

El economista Hernán Lacunza ratificó que será candidato a presidente en las próximas elecciones como cabeza de Pro, aseguró que cuenta con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y desestimó un posible acuerdo electoral ente el partido amarillo y La Libertad Avanza, tal como ocurrió en las últimas legislativas en la ciudad de Buenos Aires. “Tenemos diferencias irreconciliables”, remarcó.
“No creo que pase [una alianza] porque no creo que esa mesa de negociación consiga llegar a buen puerto. Tenemos diferencias irreconciliables, constitucionales y económicas. De hecho, en la agenda se habla de territorios, cargos y listas, que no es la mismo que trata la de la gente. Por lo tanto, soy escéptico”, expresó este martes a la noche en LN+ entrevistado por Alfredo Leuco.
Acto seguido, el economista señaló que su vocación y convicción está en proponerle a la sociedad una alternativa “más allá de lo que digan otros dirigentes”. “Por supuesto no voy a ser insolente, no me es indiferente y sé que todas las voces valen, pero me importa más lo que opine la gente. Y si hay un auditorio para nuestra propuesta, allí voy a estar”, siguió.
Luego insistió en que es muy difícil que exista un acuerdo entre ambos partidos y, consultado sobre qué ocurriría con su candidatura en caso de que se llegue a una alianza y la candidata sea Patricia Bullrich, respondió: “Ella es hoy presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza, no está en el Pro. Podemos hacer conjeturas de todo tipo, pero hay que hablar sobre la realidad. Hoy en día no está ese escenario”.
Lacunza también negó que su candidatura -o la de cualquier dirigente de Pro- sea “funcional al kirchnerismo”. “¿Qué clase de liberales somos si quisiéramos inhibir la competencia electoral? ¿Queremos monopolios para votar? Además, si Milei pensara así sería panelista de televisión. De última, existe el balotaje, con lo cual hay distintas instancias», explicó.
En cuanto a su vínculo con Mauricio Macri, el presidente de Pro, el economista aseguró que hablan periódicamente y que internamente apoyo su candidatura. “Varios colegas me hicieron llegar que su mensaje en la reunión en Jujuy fue pedir que se respalde mi candidatura. También me lo ha dicho a mí, que hay que mantener esa alternativa para la sociedad”, declaró.
Por otra parte, el exministro de Economía planteó dos principales diferentes entre sus propuestas y la administración de Milei: la obra pública, sobre la cual dijo que un país no puede estar cuatro años sin inversiones, y la morosidad, sobre lo que argumentó que el Gobierno debería intervenir. “El Gobierno dice que es un problema entre privados, pero el Estado tiene un rol ahí. Hay que reconstruir capacidades”, sentenció.
“El plan contra la inflación fue exitoso en un principio en cuanto a evitar la herencia porque estábamos en la puerta de una hiperinflación. Pero después se enamoró de la herramienta del anclaje cambiario, que es muy eficaz, pero presionó sobre la competitividad de muchos sectores”, continuó. En esta línea también se refirió al dólar y dijo que “no es libre”. “El Gobierno interviene. Hay que terminar de levantar los controles cambiarios para saberlo”, cerró.
Hernán Lacunza,@alfleuco,pic.twitter.com/89spFPj7Uc,September 30, 2026,LN+,Hernán Lacunza,,Conforme a
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