POLITICA
Mauricio Macri: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”

En la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri fue uno de los principales protagonistas al exponer su mirada sobre el rumbo político del país y de la región. Durante un intercambio con Álvaro Vargas Llosa, Macri planteó que percibe un cambio de época: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”.
La velada en la Fundación reunió a referentes políticos y sociales de distintas partes del continente. Macri, ya sin cargo institucional pero activo en el debate público, renovó conceptos sobre la situación de Venezuela. Ante la consulta sobre el impacto de los recientes movimientos políticos en ese país, el ex mandatario subrayó que el proceso abierto “no es un punto de llegada, sino de partida”. Sugirió la importancia de sostener la presión internacional y de establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional. En su perspectiva, “no está imperando un sistema democrático” en Venezuela y la solución exige pasos concretos.
Durante el evento, se proyectó un mensaje grabado por María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, quien reclamó avances en la democratización y la restauración de los derechos políticos. Macri valoró su liderazgo y el modo en que, pese a las adversidades, logró mantener la coherencia en su accionar.
“Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, sostuvo el expresidente, quien remarcó la importancia de priorizar objetivos de largo plazo. En esa línea, recordó que Machado enfrentó una persecución sostenida por parte del gobierno venezolano y que, aun así, sostuvo su rol opositor.
“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, expresó Macri, atribuyendo al pueblo venezolano el mérito de haber recuperado la esperanza tras largos años de crisis. “Los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.
El expresidente describió el liderazgo de Machado como “firme pero sereno”, y compartió su opinión sobre la necesidad de sumar apoyos internacionales al proceso de transición. En particular, mencionó la visita de Machado a la Casa Blanca para agradecer el respaldo de Donald Trump y destacó el valor de ese gesto en un contexto de incertidumbre política. “Venezuela merece restablecer la democracia plena”, afirmó, y propuso que el proceso no puede extenderse de manera indefinida.
En el plano regional, Macri se mostró convencido de que la etapa del populismo está llegando a su fin. Planteó que la sociedad valora cada vez más la meritocracia, el esfuerzo personal y la iniciativa emprendedora. “Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”, expresó. En su análisis, los países de la región buscan nuevas respuestas y apuestan por caminos que apunten a la generación de confianza y a la consolidación de marcos institucionales más sólidos.

Macri vinculó ese proceso con la situación interna de la Argentina, donde, según su mirada, las ideas de la libertad ganan lugar y generan nuevas oportunidades. “Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, subrayó, asociando esa tendencia con la seguridad jurídica, la menor cantidad de regulaciones y la mejora de la infraestructura. Definió a la confianza como un elemento central para el desarrollo y describió la necesidad de perseverar en la aplicación de leyes modernas para sostener ese rumbo.
Consultado sobre el contexto internacional, el exmandatario describió a América Latina como “una región de paz” con posibilidades de crecimiento, aun en medio de las tensiones globales. “La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas”, añadió, y sugirió que la región está llamada a aprovechar las oportunidades que surgen en el nuevo escenario mundial.
El evento también permitió un cruce de referencias con Vargas Llosa, quien analizó el predominio de fuerzas de izquierda en países como Brasil y México. Macri insistió en su optimismo, al considerar que los procesos de cambio avanzan aunque de modo gradual. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades para la región”, concluyó.
POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.

Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados

Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios

La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
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POLITICA
El 66% de las causas iniciadas en el fuero civil y comercial son reclamos contra obras sociales o prepagas

El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.
Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.
“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.
Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.
El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.
No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.
Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.
El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.
Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.
Sistema en tensión
“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.
La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .
Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.
Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.
“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.
En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.
A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.
La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.
“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.
Promesa
El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.
Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.
Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.
Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.
columna publicada en LA NACION,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores aliados a un foro de inversiones en París mientras negocia el Presupuesto 2027

En medio de las negociaciones por los distintos proyectos legislativos que busca aprobar el oficialismo, la Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores dialoguistas para que acompañen a Javier Milei en su viaje a París para celebrar una nueva edición de la Argentina Week.
El foro ideado por la Cancillería para atraer inversiones extranjeras al país se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. En ese escenario, tal como lo hizo en Nueva York, el Gobierno quiere mostrar mayor amplitud política en un momento donde además está en plenas negociaciones con las provincias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.
En la carpeta del oficialismo, las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.
Según pudo saber TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e incluye a 15 mandatarios invitados. “Todavía no está cerrada”, aclararon desde Balcarce 50.
Hasta el momento, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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