El Gobierno relativiza el avance de los desdoblamientos electorales en las provincias y sostiene que se trata de un escenario que esperaba desde hace meses. En la Casa Rosada consideran que separar las elecciones locales de las nacionales no altera la negociación por la reforma política y puede facilitar una estrategia en la que La Libertad Avanza compita por las gobernaciones mientras alcanza acuerdos distintos para la elección presidencial.

“Es algo que ya sabíamos que iba a suceder”, resumen en Nación. La lectura oficial es que cada gobernador define su calendario en función de su propia estrategia electoral y que esa decisión debe analizarse por separado de la discusión nacional sobre la suspensión de las PASO.

El planteo aparece después de que Maximiliano Pullaro confirmara que Santa Fe tendrá sus PASO provinciales en abril y las elecciones generales en junio de 2027. Tucumán, Salta, Chubut, Chaco y otras provincias también avanzaron con calendarios separados o anticiparon que tomarán ese camino.

En Balcarce 50 aseguran que son pocos los distritos que terminarán votando sus autoridades provinciales junto con la elección presidencial. Entre las excepciones ubican a Catamarca, donde Raúl Jalil confirmó que los comicios locales serán el mismo día que los nacionales.

En la Casa Rosada también relativizan el riesgo de atravesar una secuencia de derrotas provinciales antes de la elección nacional. La lectura oficial es que el impacto político y financiero dependerá del tipo de vínculo que el Gobierno mantenga con cada gobernador: sostienen que no tendría el mismo efecto una derrota frente a un mandatario con el que exista un acuerdo de gobernabilidad que una caída ante un adversario directo de La Libertad Avanza.

En ese segundo plano aparece el esquema de colectoras o adhesiones electorales que la Casa Rosada quiere incorporar dentro de la reforma política. La alternativa permitiría que fuerzas provinciales sin candidato presidencial propio adhieran a la candidatura nacional de Milei con sus propias listas legislativas, sin obligar a trasladar ese entendimiento a las categorías provinciales.

La conducción libertaria considera que ese mecanismo puede facilitar los denominados “acuerdos de competencia” que viene discutiendo con distintos gobernadores. El criterio consiste en evitar una coalición uniforme: LLA puede enfrentar a un mandatario por una gobernación y, meses después, compartir un esquema electoral para la Presidencia y las categorías nacionales.

El Poder Ejecutivo dispuso la salida del territorio argentino de personal y medios nacionales para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026, una actividad militar conjunta que se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad brasileña de Rosario do Sul. El Decreto 1157/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, habilita el despliegue previsto ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados.

La actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la República Federativa del Brasil, y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército brasileño. El decreto señala que el objetivo central es profundizar la coordinación operativa, los vínculos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.

El gasto derivado de la misión será cubierto por las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa, dentro de la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército.

Arandú 2026 está incluido en el programa de ejercitaciones combinadas, previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese plan contempla tanto el ingreso de contingentes extranjeros a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales para entrenamientos en otros países.

El Gobierno informó que el proyecto de ley para autorizar esas operaciones fue remitido oportunamente al Congreso, aunque todavía no recibió tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar de manera específica la presencia argentina en la actividad programada para octubre.

Según los fundamentos del decreto, el adiestramiento tendrá como eje la creación de procedimientos y técnicas compartidas para el empleo integrado de unidades de ambos ejércitos. El texto plantea que esa práctica busca elevar la capacidad de coordinación de organizaciones militares con perfiles operativos distintos.

Las áreas mencionadas incluyen Fuerzas Aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, tropas blindadas y componentes de aviación. La finalidad es que los participantes conozcan los procedimientos de la otra fuerza, coordinen formas de empleo y pongan a prueba métodos de entrenamiento y ejecución táctica.

El Gobierno sostiene que la interoperabilidad resulta relevante para que fracciones militares de distintos países puedan actuar bajo pautas comunes. En este caso, la capacitación apunta a que las unidades argentinas y brasileñas desarrollen un marco compartido de planificación, comunicación y despliegue en operaciones combinadas.

La norma también menciona el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos como resultados esperados del ejercicio. Esos aspectos se vinculan con la preparación de las tropas y con la compatibilidad de sus capacidades operativas durante actividades conjuntas.

La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio del país y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. El Ejecutivo fundamentó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por la proximidad de la fecha fijada para Arandú 2026 y en la ausencia de una definición parlamentaria sobre el programa anual.

El texto oficial señala que la no participación argentina en Arandú 2026 limitaría la posibilidad de entrenamiento con el Ejército brasileño. Además, considera que la ausencia en el ejercicio afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.

De acuerdo a lo expresado en el anexo de esta medida, el Ejército Argentino tiene previsto movilizar hasta 405 efectivos, 99 vehículos y aeronaves para el Ejercicio Combinado Arandú 2026. La actividad incluye prácticas terrestres y aéreas, movimientos de tropas y empleo de munición de guerra.

El operativo contará con unidades argentinas de paracaidismo, asalto aéreo, operaciones especiales, blindados y aviación. Del lado brasileño, la planificación contempla la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, según el anexo oficial elaborado para autorizar el despliegue.

El costo estimado de la operación para Argentina asciende a $ 247.928.911, que serán financiados con el presupuesto asignado al Ejército Argentino. La delegación nacional cruzará a Brasil por vía terrestre, principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento.

Por parte de Argentina, intervendrán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.

Entre los recursos argentinos previstos figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y vehículos de apoyo.

El despliegue también prevé cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, brújulas, sistemas de observación, dispositivos de comunicaciones y un vehículo aéreo no tripulado. Además, la documentación menciona carpas de combate y una carpa destinada al puesto de comando.

La aviación del Ejército Argentino podrá operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 equipado con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aviones Caravan C-208 y un Cessna Citation. El anexo identifica estas aeronaves como las principales plataformas estimadas para la ejercitación.

El material previsto incluye armamento individual y de apoyo de fuego. La lista menciona pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. También se autorizó el traslado de munición para distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo y munición para los vehículos de combate.

Las fuerzas brasileñas desplegarán personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. El esquema incorpora unidades de maniobra de infantería y caballería, junto con elementos de artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y apoyo logístico.

El país anfitrión prevé movilizar aproximadamente 200 vehículos, entre ellos jeep Land Rover, vehículos Agrale Marruá, blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, ambulancias, ómnibus y camiones destinados al traslado de personal, combustible, agua, insumos y material de apoyo.

Brasil aportará asimismo hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. El anexo aclara que esa disponibilidad puede modificarse según las posibilidades del país sede.

Los paracaídas MC1-1C que se usarán para los lanzamientos desde aeronaves serán provistos por el Ejército brasileño para tropas de ambos países. Esta práctica será parte de un programa que contempla operaciones aerotransportadas y asaltos aéreos.

La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales acumulados desde 2022. Entre los antecedentes figuran las conferencias de Estado Mayor de ambos ejércitos, reuniones de coordinación realizadas entre 2024 y 2026 y un análisis posterior a la edición de Arandú de 2023.

El programa también reúne experiencias previas desarrolladas bajo las denominaciones Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende. Esas iniciativas quedaron concentradas en el ejercicio Arandú, de acuerdo con la documentación oficial.

Un tren de carga de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló en las últimas horas con 600 kilos de carbón y desde la empresa denunciaron un posible sabotaje. El gobernador Claudio Vidal aseguró que “no se descarta ninguna hipótesis”.

El interventor Pablo Gordillo confirmó a TN que se están realizando peritajes en la zona y afirmó que, según las primeras evaluaciones de la empresa, “la vía no presentaba inconvenientes”. También señaló que la locomotora “estuvo en condiciones desde hace una semana”.

Gordillo descartó además que el descarrilamiento haya sido provocado por un error humano. “El conductor aduce que algo lo sacó de la vía”, explicó. En ese sentido, afirmó que durante la inspección se detectó “un objeto extraño al costado que supuestamente se puso en la vía para provocar un desvío intencional”.

Otro de los elementos que el interventor destacó es el difícil acceso al lugar donde ocurrió el hecho. “Hay entrada por una estancia privada y un lodge de pesca. Y sino por la vía nuestra”, señaló Gordillo, en referencia a las posibilidades de llegar hasta ese sector.