La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.

“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.

Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.

Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.

A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.

Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.

En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.

“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.

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CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.

Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.

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El abogado brasileño Rafael Vadim, integrante del equipo internacional de Cristina Kirchner, sostuvo en Solo una vuelta más por TN que el Estado argentino estará obligado a implementar cualquier decisión que adopte el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la presentación realizada por la expresidenta. Aclaró, sin embargo, que una eventual resolución no sería aplicada automáticamente por los tribunales locales, sino que requeriría medidas internas.

Vadim, quien participó en la estrategia jurídica internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja en el caso junto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Conducimos la etapa internacional de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner”, señaló.

Rafael Vadim aseguró que la decisión de la ONU será vinculante

“Podemos afirmar sin ninguna duda que lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante”, afirmó el abogado.

Según explicó, existe “una obligación del Estado argentino” de cumplir las decisiones del organismo internacional, aunque remarcó que eso no significa que el Poder Judicial deba aplicarlas de manera automática.

“El Poder Judicial argentino recibirá esa decisión del comité y tendrá que implementarla”, sostuvo Vadim al describir el procedimiento que, según la postura de la defensa, debería seguirse en el plano interno.

El pedido para suspender la inhabilitación política de Cristina Kirchner

La defensa de la expresidenta solicitó que, mientras se analiza la cuestión de fondo, el organismo internacional dicte una medida provisional para suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Podemos poner como ejemplo el pedido para que se suspenda la inhabilitación política de Cristina hasta la decisión de fondo. Si el comité dicta una cautelar en ese sentido, el Estado argentino tiene que tomar las decisiones para que en el plano interno sea implementada esa decisión”, afirmó Vadim.

“No se trata de una injerencia; fue el pueblo argentino, en su Constitución, en la reforma del ‘94, que dio esa apertura a los tratados internacionales de derechos humanos, incluso les dio rango constitucional. No se trata de una injerencia ni de una cuarta instancia. El comité no va a hacer un nuevo juicio, va a examinar si el caso cumplió con los deberes que están contemplados en la noción de debido proceso legal”, aseguró el jurista.

Y agregó: “La inhabilitación perpetua está en clara contradicción con antecedentes de derechos humanos de Naciones Unidas, hay antecedentes que no permiten esta inhabilitación perpetua o inhabilitaciones largas. O sea que esta decisión de la Corte argentina está vulnerando un antecedente del comité y, por lo tanto, es legítimo que una ciudadana argentina pueda cuestionar esta decisión”.

Sobre la condena, consideró que fue ilegítima. “Lo vamos a poner bajo el escrutinio del comité. Examiné todo el expediente de la causa Vialidad y puedo afirmar que Cristina es inocente; no hay elementos para condenarla”, afirmó.

Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

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El Tribunal Oral Federal N.º 2 consideró probado que, durante sus presidencias, intervino en una maniobra destinada a favorecer a empresas controladas por Lázaro Báez mediante 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz, con irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de los contratos que provocaron un perjuicio a la administración pública.

La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa.

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