El Gobierno está decidido a avanzar en un otro paquete de reformas que impulsará en el Congreso. La primera es un proyecto de una nueva Ley General de Sociedades, que envió este viernes al Senado.

El texto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, en conjunto con Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación, y Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera de Justicia.

El propio Sturzenegger detalló los principales puntos de la reforma que impulsa la gestión de Milei en un extenso posteo en X.

“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, señaló.

Entre los cambios clave, destacó el fin de “la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.

El ministro de Desregulación también señaló que “se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”.

El texto habilita a los socios a someter sus conflictos internos al derecho extranjero, como así también crea tipos societarios hasta ahora inexistentes, y propone, además, avanzar hacia la digitalización plena de la sociedad.

Sturzenegger destacó la incorporación de “las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización”. Explicó que se busca “regular la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, según explicó.

El universo societario en Argentina

Existen 1.255.328 entidades de tipo jurídico en el país, de las cuales 995.165 son sociedades comerciales, o sea están comprendidas bajo la Ley Nº 19.550 y sus reformas posteriores. Constituyen casi el 80% del total de las 1.255.328 personas jurídicas inscriptas, según los datos analizados por Infobae de la base del Registro Nacional de Sociedades, publicado por el Ministerio de Justicia en su sitio de datos abiertos y actualizado al 5 de mayo.

El Registro centraliza en una base de datos única la información de personas jurídicas privadas (sociedades argentinas y extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones). Funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia, y recibe información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ese casi millón de empresas comerciales en el país equivale a una tasa de 2.142 firmas por cada 100.000 habitantes.

Otro 13% del total de entidades son asociaciones sin fines de lucro (167.939) y un 4% constituyen cooperativas y organizaciones de la economía social (54.105). Apenas un 1% se inscribieron como empresas extranjeras (12.772); y solo 472 son empresas de naturaleza o con participación estatal.

Infobae consultó a la cartera de Justicia, de quien depende el Registro Nacional de Sociedades y la Inspección General de Justicia (IGJ), cuántas de esa cantidad de empresas están activas, más allá de las inscriptas, pero no pudieron dar esa información “porque no está digitalizado el 100%”.

Una norma de Lanusse

La Ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550) fue sancionada originalmente en 1972, durante el gobierno de Agustín Lanusse. Este marco normativo de las empresas tuvo varias modificaciones, y una reforma estructural en 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando pasó a llamarse Ley General de Sociedades (LGS).

Con esa reforma, se eliminó la diferencia entre sociedades civiles y comerciales, y todas las estructuras quedaron bajo un mismo paraguas. También se rompió con el dogma histórico de que una sociedad requería al menos dos personas para existir y se permitió la inscripción de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU).

Asimismo, se reestructuró el régimen de las antiguas sociedades irregulares o “de hecho”, y se les otorgó mayor seguridad jurídica. En 2018, hubo otra reforma que prohibió de forma explícita la actuación societaria del “socio aparente” (prestanombre o testaferro) y la del “socio oculto” (el verdadero dueño en las sombras).

La segunda reforma relevante tuvo lugar con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el dictado del DNU 70/2023, la aprobación de la Ley Bases y normativas de la IGJ que introdujeron flexibilizaciones para reducir trámites, desregular normas y avanzar con la digitalización comercial.

La última modificación fue dispuesta por la Resolución General 4/2026 de la IGJ, del 22 de mayo último, por la cual el Gobierno simplificó el régimen para sociedades extranjeras con el objetivo de facilitar inversiones en Argentina.

Según tipo societario

De las 995.165 sociedades comerciales que existen en el país, el 47% (465.788) son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), el tipo societario más usual. No exige un capital mínimo por ley, éste se divide en “cuotas sociales”, y tiene un límite máximo de 50 socios.

Las Sociedades Anónimas son el 39%, ya que suman 386.931. Este tipo societario exige un capital mínimo de $30 millones, que se divide en “acciones”, no tiene límite de accionistas, y puede cotizar en bolsa.

Otro 9% de las entidades comerciales son Sociedades por Acción Simplificada (90.307 en total), creadas en 2017 por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Su objetivo principal es permitir a los emprendedores y pequeñas empresas armar una estructura legal formal de manera rápida, económica y 100% digital, sin la burocracia que exigen las SRL o las SA tradicionales.

El resto son Sociedades “de hecho” o “sociedades irregulares” (31.489); Sociedades en comandita por acciones (6.641); Sociedades en comandita simple (6.320), Sociedades colectivas (5.801); Sociedades Anónimas Unipersonales (1.586); y de Capital e industria (302).

Distribución por provincia

Del análisis que realizó Infobae, el distrito con más sociedades comerciales es la Ciudad de Buenos Aires, 469.235 en total, algo que se explica porque muchas empresas radican su sede central en la Capital Federal. Esa cifra equivale a una tasa de 1.010 empresas cada 100.000 habitantes.

Le sigue Buenos Aires con 180.233, un número que implica 388 entidades de este tipo sobre la misma base poblacional. Luego aparece Córdoba con 81.172 sociedades comerciales en total, y una tasa cada 100.000 habitantes de 175.

El tope del ranking se completa con Santa Fe que tiene 67.761 empresas registradas y una tasa de 146 cada 100.000 personas; y Mendoza, con 44.893 sociedades, que registra una tasa de 97 sobre esa base poblacional.

Evolución histórica

Los datos publicados por el Ministerio de Justicia se remontan a 1990, y muestran que el año que más sociedades comerciales se inscribieron en el Registro Nacional de Sociedades fue 2025, con 31.431 nuevas inscripciones.

Le siguen 2023, con 31.160 nuevas entidades de este tipo en el último año de Alberto Fernández; 2019, con 29.916, el último año del gobierno de Mauricio Macri; y 2024, con 29.553, en el comienzo de la gestión libertaria.

En lo que va de 2026, al 5 de mayo último, las inscripciones de sociedades comerciales alcanzaron 7.862, sobre un total de 8.168 nuevas entidades inscriptas de los distintos tipos jurídicos.

La base de datos no informa la baja de las sociedades comerciales que se produce cada año. Según señalaron en el Ministerio de Justicia a Infobae, el proceso de cancelación de una sociedad comercial ante la IGJ requiere cumplir una serie de etapas, en las que no interviene esa cartera. Va desde la resolución societaria de disolución hasta la obtención de las bajas impositivas y la presentación final ante la IGJ, el organismo que, una vez verificada la documentación, emite la orden de inscripción de la cancelación.

El Registro Nacional de Sociedades, así como el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, está a cargo de María Florencia Robledo, designada en 2020, en la gestión de Fernández. Depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría General de Justicia de la Nación.

Infobae llamó por teléfono el viernes pasado a Robledo para consultarla sobre las bajas societarias registradas. Si bien las asistentes respondieron que la funcionaria devolvería el llamado, finalmente no lo hizo.

Desde ARCA también quedaron en consultar, pero al cierre de esta nota el viernes a última hora, la respuesta no llegó.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

Control financiero y patrimonial;

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

Control judicial y penal:

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

Control sobre denunciantes (whistleblowers):

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

Control de transparencia y rendición de cuentas

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

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