SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una reciente sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –que absolvió a integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido condenados por usurpación– plantea desafíos para diversas causas abiertas que involucran a comunidades mapuche.

Los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci dictaron la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva. Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.

En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

La Cámara consideró que hubo un error en la calificación del delito: según la sentencia, el tribunal de origen incurrió en un error jurídico al tratar la usurpación por despojo como un “delito permanente”. La doctrina y la jurisprudencia establecen que la usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes. Eso significa que el delito se agota en el momento preciso de la privación de la posesión (el despojo).

Los jueces recordaron que la permanencia posterior en el inmueble es un efecto del delito ya consumado, no una renovación de la acción típica. Según indicaron, al confundir estos conceptos, el tribunal de grado pretendió extender la responsabilidad penal de los acusados por el simple hecho de estar en el lugar años después del despojo inicial.

Asimismo, el camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La sentencia despertó mucho interés, porque trae cosas novedosas y sienta un precedente importante. De todos modos, es la línea de interpretación de una sala. Y hay que ver qué hace la Corte Suprema. Creo que no puede revertir este fallo, sobre todo por una cuestión técnica, en relación con la prueba del despojo: no se puede condenar a alguien porque estaba en el lugar. Pero creo que la sentencia no compromete a los jueces que están por debajo de Casación, que no están obligados a seguir esa jurisprudencia”, indicó a el abogado Gustavo Franquet.

El abogado, que representa a distintas comunidades mapuches, agregó que la Sala II de Casación modificó también esta semana la condena por usurpación contra miembros de la lof Paillako que ocuparon una seccional de Parques Nacionales en Los Alerces. “Entendieron, por mayoría, que no hay pruebas concretas. En ese caso, como en todos los casos, hay un problema técnico. La usurpación es el delito de despojo. Lo que tiene que probarse es que el acusado fue el que despojó. Que esté en un lugar no significa que despojó”, señaló Franquet.

Al referirse al reciente fallo que absuelve a los seis miembros de Lafken Winkul Mapu, John Grehan, dueño de una de las propiedades vandalizadas en Villa Mascardi, aseguró: “No importa que en un expediente con años de proceso en el Juzgado de Instrucción y luego un largo juicio oral (7 años en total) dejen claro lo que toda la Argentina sabe, incluso que en el mismo fallo Casación reconozca la ocupación como ilegítima. Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que saltaron el alambre (usurparon) y que aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia: los ciudadanos somos víctimas no sólo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios”.

Estado de las causas

Por los diversos hechos ocurridos en Villa Mascardi entre 2017 y 2022 hay dos causas, la 26511/2017 (que se denomina “causa madre”) y la 16149/2022, vinculada con el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El juicio por la primera derivó en condenas para todos, salvo Betiana Colhuan (la machi de la comunidad), que era en ese entonces menor de edad. Actualmente, esa causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los recursos que presentaron las defensas. En tanto, las condenas dictadas por el juez Silva en la causa 16149 fueron revocadas ahora por Casación.

A su vez, en una causa colateral, Silva condenó este año a Juan Pablo Colhuan, también miembro de Lafken Winkul Mapu, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por usurpación. Los abogados presentaron un recurso en Casación, que aún está en trámite.

En Villa La Angostura, el último juicio penal contra miembros de la comunidad Paichil Antriao derivó en 2025 en la absolución de todos los acusados por el presunto delito de usurpación de tierras. Asimismo, continúa la disputa territorial entre el municipio y esa comunidad mapuche por el camping Correntoso. Esa causa también se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

“También existe un conflicto entre la comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y la familia Broers por un territorio que le fue reconocido como Territorio Tradicional y Ancestral por una Resolución del INAI que salió después de que la Justicia de Villa La Angostura ordenara el desalojo. Actualmente, la comunidad ha demandado a Broers mediante una acción declarativa de certeza sobre las tierras que lleva el juez Francisco Astoul Bonorino. Se pidió una medida cautelar para que se suspenda el desalojo hasta que se resuelva el fondo en esta causa ordinaria, pero el juez aún no concede la medida. En este caso, también los privados apuestan a desalojar antes de que se resuelva el fondo de la cuestión en torno a los derechos territoriales en pugna”, afirmó el abogado Luis Virgilio Sánchez.

El defensor también representa a la comunidad Curruhuinca de San Martín de los Andes. La causa tiene sentencia del Juzgado de Junín de los Andes, que hizo lugar a la acción reivindicatoria y ordenó el desalojo de la comunidad. El fallo fue apelado y actualmente está en la Cámara Civil de San Martín de los Andes.

Finalmente, la lof Pillan Mahuiza mantiene un conflicto territorial con la provincia de Chubut. Tras diversos allanamientos a todas las comunidades de la zona, resultó imputada una mujer que es miembro de la comunidad mapuche. La causa luego se cerró por falta de mérito. En esa provincia también hay varias causas abiertas contra miembros de la comunidad Nahuel Pan.

La posibilidad de que el Gobierno incorpore el sistema de colectoras a la reforma electoral genera resistencias y dudas tanto en el oficialismo como en la oposición, a pesar de que aún no se incorporó formalmente al proyecto. Se trata de un atajo que está en evaluación para lograr en el Congreso el apoyo de los aliados para suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La oposición dialoguista se divide entre quienes esperan la propuesta formal y se muestran predispuestos a discutirla, y los que consideran que las colectoras significarían un “retroceso”. Mientras tanto, el peronismo –incluso los gobernadores dialoguistas– rechaza el sistema.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el principal interlocutor del oficialismo en las negociaciones por la reforma política. Es que el Gobierno, de momento, está buscando el respaldo de los mandatarios provinciales y los votos de los legisladores que responden a ellos. “En el Senado no tenemos ninguna propuesta formal ni informal de las colectoras por parte del Ejecutivo. Probablemente discutiremos este tema en agosto”, indicó el senador Agustín Coto (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de tratar la iniciativa previo a su eventual llegada al recinto.

Una fuente al tanto de los movimientos de Santilli dijo a que la propuesta de las colectoras está “demasiado verde”. Según LLA, la propuesta surgió de parte de los gobernadores y no de la Casa Rosada, y luego se “filtró” en forma prematura. “El Gobierno no definió qué postura va a tomar: lo está razonando puertas adentro. No hay una postura homogénea. El escenario está abierto”, reconoció la fuente consultada.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, exteriorizó su rechazo al método. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, reconoció después de decir que “deforman el sistema electoral”. Este gesto de diferenciación de la Casa Rosada se suma al desmarque que expuso ante la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo, y a su “objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli a jueza federal por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.

Ante su declaración, el oficialismo no tuvo más que asumir que las colectoras suscitan posturas divergentes entre sus dirigentes. Incluso hay quienes aceptaron que coinciden con Bullrich. Algunos cuestionaron su aplicabilidad y reconocieron que, lejos de simplificar el voto –uno de los argumentos que, por ejemplo, se utilizó a favor de la Boleta Única de Papel (BUP)–, lo complejizaría. A su vez, la falta de un proyecto oficial al respecto demora la toma de posición de los legisladores, que no tienen del todo clara la propuesta que llegará al Congreso.

Respecto de la postura de Bullrich, referentes libertarios coincidieron en que la senadora “no es gran amiga de estos modelos” y consideran que su postura a favor de la “calidad institucional” es “genuina”. Cerca de Santilli dijeron que las palabras de Bullrich “no sorprendieron al Gobierno”. “Es normal que ella diga eso: fue parte del gobierno de Cambiemos, que eliminó las colectoras. No tiene margen para decir que son útiles”, recordó una fuente consultada.

La administración de Mauricio Macri prohibió este sistema en 2019 mediante un decreto. En el texto, aseguraba que este sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.

Una fuente legislativa de LLA intentó desactivar la diferencia con Bullrich argumentando que ella habló de “colectoras”, pero que formalmente serán adhesiones. Una diferencia técnica que, para la fuente –cercana al titular de Diputados, Martín Menem–, explicaría las declaraciones de la senadora. Un punto intermedio que está en evaluación sería limitar la cantidad de colectoras o adhesiones.

Respecto de las colectoras, en Pro prefieren no opinar mientras el proyecto libertario no exista de manera oficial. Sobre la reforma electoral en su conjunto, además, ratifican su oposición a eliminar las PASO, eje del proyecto oficialista que trabó su tratamiento en la Cámara alta por más de dos meses.

Cristian Ritondo, titular del bloque Pro en Diputados, insistió en que “no existe una propuesta formal” de las colectoras por parte del Gobierno, y afirmó que los cambios en las reglas de juego de la democracia deben hacerse “con el mayor consenso posible”. “Sería bueno que, cualquiera sea la propuesta alternativa a las PASO, se presente de manera formal para poder tener una discusión concreta en torno a este tema”, agregó, en diálogo con .

Un dirigente de Pro bonaerense, espacio que apuesta por una alianza con LLA, la UCR y partidos vecinalistas para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires en 2027, sostuvo que para “no volver a quedar a merced” de los armadores libertarios en el cierre de listas, necesitan un “resguardo”, que podría consistir en “hacer un convenio que establezca que, si no hay acuerdo [en el armado de listas], iremos por una colectora”.

Por su parte, los integrantes del bloque radical en el Senado expresaron posturas divergentes. Mientras un legislador dijo que no le “termina de cerrar”, otro se mostró abierto a escuchar los beneficios y perjuicios del sistema. Aún no discutieron la alternativa de las colectoras en el bloque.

En el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) argumentaron que no tomaron posición dado que desconocen la propuesta oficial y lamentaron los constantes cambios que se barajan sobre la iniciativa.

“Remontan a la ley de lemas”

El bloque Provincias Unidas, en cambio, pronunció un fuerte rechazo. La jefa de la bancada en Diputados, Gisela Scaglia −también miembro de Pro, aunque alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro−, afirmó que las colectoras la “remontan a la ley de lemas”, aunque aclaró a que es una opinión personal. En la misma línea se expresó su compañero de bloque Esteban Paulón, miembro del Partido Socialista.

No obstante, el politólogo Pablo Salinas explicó que, técnicamente, lemas y colectoras son diferentes sistemas: mientras el primero implica la presentación de distintas listas dentro de una misma agrupación, el segundo habilita distintas listas de diferentes agrupaciones. El analista político Facundo Cruz agregó que los lemas traccionan votos dentro de la misma categoría (ejecutiva o legislativa), mientras las colectoras traccionan votos entre categorías (cada lista legislativa colecta votos para sí y para el cargo ejecutivo con el que estuviera atado).

El radical Pablo Juliano, también parte de la bancada Provincias Unidas, afirmó que este sistema implica “volver a las viejas artimañas del siglo XX”.

En tanto, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo en la red social X que “el regreso de las colectoras electorales es un enorme retroceso” y aseguró que se trata de una “ley de lemas encubierta”.

En el kirchnerismo señalan que “ningún dirigente del peronismo habló a favor de los cambios electorales que empuja LLA y que también valen para las colectoras”. Incluso dos gobernadores justicialistas que suelen colaborar con el Gobierno en el Congreso, a través de los votos de sus legisladores, mostraron su rechazo a la iniciativa.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó su oposición a eliminar las PASO e ironizó con la incorporación de las colectoras: “Ahora las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien de LLA, que ha venido cuestionando siempre los acoples en Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectora, y antes no”.

Su par Raúl Jalil (Catamarca) compartió los cuestionamientos a las colectoras, aunque se mostró a favor de derogar las primarias: “Las PASO no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara y no fortalecen a los partidos políticos. Las colectoras no me convencen. No serían más que una ley de lemas. Creo que la discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos políticos”, sostuvo en diálogo con Futurock.