POLITICA
Milei viaja para apoyar a Flávio Bolsonaro cuando su padre pelea por salir en libertad
BRASILIA.- En un desafío directo a la diplomacia regional, el presidente argentino, Javier Milei, se prepara para viajar a Brasil con el objetivo de respaldar a la oposición y encontrarse con Jair Bolsonaro.
El mandatario asistirá el 25 de julio en San Pablo a la convención nacional del Partido Liberal (PL), donde apoyará el lanzamiento de la postulación presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un viaje que también pretende aprovechar para trasladarse a Brasilia y visitar al expresidente de Brasil (2019-2022).
La cita será en un escenario inédito: el líder de la derecha brasileña cumple una condena de más de 27 años de prisión bajo un régimen de reclusión domiciliaria humanitaria e intenta quemar sus últimos cartuchos para revertir su destino penal.
La agenda de Milei con el expresidente de Brasil, un respaldo explícito a la oposición al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de tres meses de las elecciones del 4 de octubre, estará impactada por la realidad impuesta por el máximo tribunal. El horizonte del exjefe de Estado brasileño está sellado hoy por un doble candado: el frente penal y la inhabilitación dictada por la justicia electoral.
En septiembre de 2025, la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) dictó una sentencia sin precedentes para la historia política de Brasil: Bolsonaro se convirtió en el primer exmandatario condenado por intentar una ruptura democrática, que tuvo como punto culminante los ataques e invasiones a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
El tribunal le impuso una pena de 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial cerrado, tras dar por probada su posición como líder de una organización criminal armada que intentó dar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula.
El expresidente no solo instigó activamente a los jefes de las Fuerzas Armadas a sublevarse tras su derrota electoral, sino que revisó y modificó borradores de decretos golpistas para anular las elecciones e intervenir el Poder Judicial. Durante la lectura de las sentencias, el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, fue contundente al justificar la severidad de las penas, previstas para “apartar la idea de que es fácil quebrar el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder”.
Tras el agotamiento de recursos ordinarios, la condena quedó firme y comenzó a ejecutarse el 25 de noviembre de 2025. Frente al callejón sin salida de una sentencia definitiva, los abogados defensores de Bolsonaro presentaron ante la Corte, en mayo pasado, un pedido de revisión criminal. Se trata de una acción procesal de carácter excepcional para discutir fallos firmes si se demuestran errores judiciales de gravedad. La defensa busca la absolución alegando vicios de competencia y la nulidad de una colaboración premiada clave.
Su entorno político intenta mantener viva la expectativa de un vuelco. El recurso fue sorteado al juez Kassio Nunes Marques -considerado cercano al exmandatario-, lo que reactivó el optimismo de la cúpula del PL. Sin embargo, en el tribunal las expectativas se disipan: los magistrados califican las chances de “remotas” y la Procuraduría General de la República (PGR) ya se manifestó formalmente a favor de rechazar de plano el planteo.
A este escenario se suma la situación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y exdiputado, condenado recientemente a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción en el curso del proceso de la trama golpista.
Eduardo se encuentra “autoexiliado” en Estados Unidos, donde se radicó para protegerse de lo que denomina una “persecución”. En Washington, el hijo menor del exmandatario operó activamente ante la Casa Blanca promoviendo la imposición de sanciones financieras y la quita de visados contra jueces del STF durante el curso del proceso contra Bolsonaro, con la intención de amedrentar a las instituciones brasileñas y forzar una amnistía para su padre.
El aislamiento físico de Jair Bolsonaro actual no es el mismo que vivió desde el inicio de su reclusión. Al comenzar a ejecutar su condena a fines de 2025, fue alojado inicialmente en las celdas de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Luego, a mediados de enero de este año, fue trasladado a una celda militar en un batallón de la Policía Militar en Brasilia, una prisión de seguridad conocida popularmente como “Papudinha”.
Su reclusión doméstica es reciente: fue concedida por la Corte Suprema el 24 de marzo, con carácter humanitario, luego de que el exjefe de Estado sufriera un cuadro severo de bronconeumonía que demandó cuidados de terapia intensiva.
El expresidente pasa sus días en una casa de dos pisos en el barrio de Jardim Botânico. Un oasis arbolado vigilado por agentes policiales en el que tiene prohibido pisar las áreas comunes del predio o usar teléfonos. Es precisamente en este lugar, a quince minutos del palacio presidencial del Planalto, donde puede darse la proyectada irrupción de Milei.
Las visitas a Bolsonaro están actualmente restringidas a familiares, abogados y profesionales de la salud. Cualquier otra persona debe solicitar previamente una autorización a la Corte.
Paralelamente, el bolsonarismo apuesta a la aplicación de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que redefine el cálculo de penas. Analistas calculan que, si entra en vigor, Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado y acceder al semiabierto hacia mediados de 2028. No obstante, el juez Moraes suspendió los efectos de esta ley hasta que la Corte juzgue las acciones directas de inconstitucionalidad promovidas por sectores civiles.
Incluso ante un improbable beneficio penal, Bolsonaro arrastra el lastre de la justicia electoral. El Tribunal Superior Electoral (TSE) lo condenó en dos ocasiones a la inelegibilidad por un periodo de ocho años por abuso de poder político y uso ilegal de medios públicos en la campaña de 2022. Estas condenas le impiden presentarse a cargos electivos hasta 2030.
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POLITICA
Tensión en Malvinas: los isleños reclaman que se impongan nuevas restricciones al ingreso de argentinos
Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.
Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.
“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó este viernes la distinción al nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, en un encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica. Se anticipó con este reconocimiento al presidente Javier Milei, celebraban cerca del mandatario
Un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina, el mandatario justicialista busca mostrarse en sintonía con el pontífice. Kicillof ya destacó en ocasiones anteriores las coincidencias con la posición de la Iglesia sobre la justicia social, los pobres, los vulnerables y las personas con discapacidades, que comparte con el León XIV.
Kicillof, quien canceló un viaje a China para estar presente en la visita de León XIV, firmó un decreto en el que declaró de interés la visita del Santo Padre en el territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano.
En ese sentido, mediante el decreto 1103/2026, el presidente Milei ya había declarado “de interés nacional” la visita del Santo Padre, así como las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización.
En el gobierno bonaerense argumentaron que la recorrida que hará León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, y la misa multitudinaria que celebrará en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional.
La provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo “de escala extraordinaria”, en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.
Para este operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para el traslado, alojamiento, alimentación del personal afectado, además de la provisión de servicios sanitarios y de servicios de apoyo logístico.
La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad de contratación tiene un valor de $1677, por lo que 60.000 unidades de contratación equivalen a $100.620.000.
El Poder Ejecutivo admitió que, de acuerdo a las proyecciones, el importe del operativo excede ese tope, por lo que Kicillof autorizó mayores gastos, sin cuantificar la cifra final, en el mismo decreto en el que declaró de interés provincial la visita del Sumo Pontífice.
Las partidas para apoyar el itinerario papal deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad, que coordinan los detalles del operativo en el territorio bonaerense.
En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof abordó con monseñor Banach los detalles del viaje apostólico. Juntos repasaron detalles de la seguridad, la asistencia sanitaria y logística de la visita.
Mensaje en sintonía
La visita al Cottolengo Don Orione, situado en el partido de Almirante Brown, es una de las primeras actividades de León XIV en país. Irá el lunes 9 de noviembre, por la mañana.
Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.
Así lo deslizaron a dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.
Kicillof ya comenzó a citar la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.
“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.
“Estamos preparando el dispositivo para la multitudinaria convocatoria en la Basílica de Luján”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Pero también -agregó- para el traslado al Cottolengo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.
Procesión inédita
Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El gobierno provincial busca que el Papa se traslade siete cuadras en un papamóvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.
“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.
El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.
En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de las personas discapacitadas, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.
En la encíclica Magnifica Humanitas, Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.
El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.
María José Lucesole,Iglesia,Axel Kicillof,Conforme a
POLITICA
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.
Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.
Qué pide la cautelar
Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.
La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.
Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.
La salida que propone para el Gobierno
Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.
Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.
“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.
Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.
También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.
“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.
Negociaciones antes del 15 de octubre
De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.
“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.
Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.
“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.
El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.
Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.
“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.
La situación del PRO y el rol de Lacunza
En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.
“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.
El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.
Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.
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