POLITICA
Milei y Caputo se juegan todo a que la inflación baje para despejar las dudas sobre el plan económico
El Gobierno redobla su mensaje optimista en medio de señales económicas mixtas y tensiones políticas crecientes. Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que “lo peor ya pasó” y que la inflación empezará a bajar en los próximos meses, distintos indicadores muestran un escenario más complejo, con impacto desigual en la población y focos de conflicto abiertos en el frente institucional.
“Se vienen los mejores 18 meses”. “La inflación comienza a bajar en mayo”. “Tarde o temprano va a bajar”. “La Argentina el país que más va a crecer en los próximos 30 años”, repiten Milei y Caputo. Durante la semana, ambos asumieron el rol de voceros centrales del modelo económico, en un contexto en el que el habitual portavoz, Manuel Adorni, quedó en un segundo plano. El mensaje oficial se estructura sobre dos ejes: por un lado, la defensa cerrada del rumbo económico; por otro, la advertencia de que no habrá cambios. “Te reconvertís y te adaptás o quedás afuera”, sintetiza la lógica que transmiten.
Milei, activo en redes sociales, apunta contra periodistas y empresarios que cuestionan la marcha de la economía. Sostiene que la situación “está más que bien” y pone como ejemplo la baja del dólar y del riesgo país. Caputo, en paralelo, busca reforzar la expectativa de mejora hacia adelante. En conjunto, intentan instalar la idea de que el ajuste ya hizo su parte más dura y que ahora comienza una etapa de recuperación.
Sin embargo, los datos recientes introducen matices. La inflación minorista subió de 2,9% a 3,4%, mientras que la mayorista saltó de 1% a 3,4%. También se registró una caída en el consumo de carne y crece el número de personas que trabajan en plataformas de reparto y transporte, que ya alcanza a 1,1 millón. A eso se suma una dinámica de precios que tensiona el poder adquisitivo: mientras los salarios se ajustan en torno al 2% mensual y la inflación del trimestre fue de 9,4%, la carne aumentó 20% entre enero y marzo.
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El Presidente relativiza estos movimientos y asegura que no se trata de inflación sino de un “reacomodamiento de precios relativos”. Aun así, reconoce que el proceso de desaceleración llevará tiempo. Algunas consultoras coinciden en que el índice podría haber alcanzado un pico y proyectan una baja hacia niveles de entre 2,5% y 3%. En alimentos, incluso, detectan una desaceleración en las últimas semanas. Pero advierten que el índice general seguirá presionado por factores como el precio del petróleo y los ajustes en transporte.
En el plano externo, el Gobierno recibió respaldos que fortalecen su estrategia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó al programa económico como un “éxito fantástico”. Ese apoyo se suma a la decisión del FMI de avanzar en un acuerdo con un desembolso de 1000 millones de dólares y a una garantía del Banco Mundial por 2000 millones. Caputo destacó que logró financiamiento para cubrir los vencimientos del año a una tasa más baja que la del mercado internacional, en un contexto en el que el riesgo país sigue descendiendo, aunque todavía por encima de los 500 puntos.
Las tensiones políticas
En paralelo, crecen las tensiones políticas. La figura de Adorni genera incertidumbre y se anticipa un clima de fuerte confrontación en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sugirió que la próxima presentación del jefe de Gabinete será “para comprar pochoclo”, en alusión a un posible contraataque. En ese marco, comenzaron a circular cuestionamientos sobre declaraciones juradas de legisladores, lo que anticipa una disputa de alto voltaje.
La situación judicial que involucra a Adorni también suma ruido. La investigación avanza con la recolección de datos y pruebas, incluyendo la confirmación de un viaje a Aruba y la compra de un departamento. Por ahora no hay procesamiento, pero se espera que la Justicia le solicite justificar el origen de su patrimonio. En el Gobierno apuestan a que el tema pierda intensidad con el paso del tiempo.
Aun así, el principal problema para la Casa Rosada no es ese frente, sino el impacto económico en la vida cotidiana. Diversas encuestas reflejan preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes, el temor al desempleo y la persistencia de la inflación. En las principales áreas urbanas se siente la crisis industrial, mientras que las provincias enfrentan una caída de la coparticipación y de la recaudación.
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En ese contexto, emerge la tensión entre el programa económico y la viabilidad política. Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson advierten en uno de sus trabajos sobre el riesgo de impulsar políticas que, aun siendo correctas desde lo técnico, choquen con la dinámica política y terminen fortaleciendo a sectores concentrados.
Del lado opositor, Axel Kicillof intenta posicionarse como articulador del peronismo. En los últimos días se mostró en España, con reuniones y actividades junto a dirigentes internacionales. A nivel local, mantuvo contactos con figuras como Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Su figura empieza a ser considerada como una alternativa, en parte por su distanciamiento de Cristina Kirchner.
Mientras tanto, los gobernadores peronistas que hoy colaboran con el oficialismo se mantienen al margen de ese armado. No se acercan a Kicillof, pero tampoco logran construir una opción propia, por lo que continúan negociando con el Gobierno nacional.
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En el plano discursivo, la polarización se profundiza. Milei encuentra en Kicillof un antagonista claro y plantea la disputa en términos ideológicos: “Quien sabe de economía nunca puede ser socialista”, afirmó. La discusión comienza a ordenarse en torno a dos ejes: el temor a un regreso del kirchnerismo y la búsqueda de un frente opositor que logre imponerse al oficialismo.
En lo inmediato, el Gobierno enfrenta dos desafíos concretos. Por un lado, la reforma laboral, suspendida por una cautelar judicial que afecta a 84 artículos. La Procuración del Tesoro presentó un per saltum ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida. Por otro, el financiamiento universitario: tras el veto presidencial y la insistencia del Congreso, la Justicia falló a favor de las universidades. La deuda acumulada asciende a 2,5 billones de pesos. Cumplir implicaría déficit; no hacerlo, desobedecer un fallo judicial.
Javier Milei, Luis Caputo, Inflación, pbi
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas
El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
POLITICA
Los gobernadores piden más obras y Santilli lanzó una advertencia: “Deberían estar preocupados si vuelve el kirchnerismo”
Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura.
Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.
Minutos antes del inicio del encuentro, Diego Santilli lanzó una dura advertencia. El jefe de Gabinete sostuvo que si Axel Kicillof ganara las elecciones “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”. “Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión, imaginen cómo impactaría en Neuquén y Río Negro, qué pasaría con Córdoba si vuelve la 125 con las retenciones, qué pasaría con el gobernador de Santa Fe si lo vuelven a dejar solo en la lucha contra el narcotráfico, qué pasaría en Salta con la minería”, detalló.
Encargado de alcanzar acuerdos políticos con las provincias, el jefe de Gabinete -quien también pasará por el encuentro del CFI junto con Federico Sturzenegger- afirmó en declaraciones a Radio Mitre, “nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”.
Por la reunión del CFI pasó Kicillof (quien ayer estuvo en la plaza del Congreso), el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de arranque, en la que el diagnóstico común fue que la Argentina tiene serios problemas de infraestructura, que encarece el traslado de productos y quita competitividad.
Con más o menos intensidad, todos señalaron que la Nación debe poner en marcha un plan federal de infraestructura.
El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística es Ignacio Lamothe, un peronista que tiene vínculo con todos los mandatarios provinciales. Recibió sus elogios a lo largo de la jornada por el financiamiento y la asistencia técnica del organismo.
Esos planteos contrastan con los cuestionamientos libertarios, que apuntan a que el CFI es una “caja política” de los gobernadores.
Referentes de la Casa Rosada lo ven como un espacio donde los mandatarios provinciales diseñan estrategias de confrontación.
Hace poco más de un año, de una reunión de todos los gobernadores en el CFI surgieron los proyectos de ley para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Fue la primera y única vez de reacción conjunta.
De la cumbre de logística participan técnicos y empresarios del sector; unas mil personas siguieron las exposiciones de los mandatarios.
En la mesa de los gobernadores prefirieron apuntar a los consensos que mantienen y subrayar la necesidad de que el país logre continuidad sobre determinadas políticas públicas, como es la relacionada a infraestructura.
En contacto con , Llaryora señaló que entre los gobernadores, la charla previa se centró sobre el efecto del Súper Niño: “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas. Insisto en que es necesario una economía ordenada, pero también infraestructura, y plan industrial”.
Fuentes de Frigerio confirmaron que “no hubo” mención a la agenda nacional en el Congreso y que esas negociaciones son individuales entre la Casa Rosada y cada gobernador. “Cada uno está concentrado en lo suyo”, deslizaron.
Todos los mandatarios prefirieron irse sin tener contacto con los periodistas y no hubo referencias a las declaraciones de Santilli que apuntó a qué pasaría con Neuquén y Río Negro y los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación de hidrocarburos, si Kicillof llega al poder y revisa el RIGI.
La infraestructura es el tema permanente de reclamo de los gobernadores de todos los colores políticos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei vienen reclamando por el freno a la obra pública. El modelo elegido por Luis Caputo es el de las concesiones para las rutas; hace poco firmó la de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.
CFI surgieron,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Sturzenegger cruzó a Kicillof por la suba de la VTV en Provincia: “Para recordar el año que viene cuando votes” – Nexofin
Federico Sturzenegger salió al cruce del gobierno de la provincia de Buenos Aires luego de que comenzara a regir un nuevo aumento en el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó la decisión de la administración de Axel Kicillof de no adherir a los cambios impulsados por el Gobierno nacional para modificar el sistema de controles técnicos de los vehículos.
El funcionario nacional apuntó directamente contra la gestión bonaerense a través de su cuenta de X y vinculó el incremento con la negativa de la Provincia a implementar el esquema de descentralización promovido por la Nación.
“Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, escribió el funcionario.
La referencia del ministro se produjo después de que el Gobierno bonaerense autorizara una suba del 17,6% en la tarifa de la VTV. El nuevo cuadro comenzó a aplicarse el 15 de octubre en las plantas habilitadas de la provincia.
Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si gana Kicillof”
Cuánto cuesta ahora la VTV en Provincia
Con la actualización, el valor de la VTV para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, con IVA incluido.
El incremento representa una diferencia de $17.048,34 por trámite. La tarifa correspondiente a los vehículos de hasta 2.500 kilos funciona como referencia para el resto de las categorías, por lo que también se modificaron los valores correspondientes a motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques.
El período de suspensión finalizó el 14 de octubre y el nuevo cuadro tarifario entró en vigencia al día siguiente.
El mecanismo de actualización está contemplado en los contratos de concesión del servicio y establece revisiones periódicas relacionadas con la evolución de los salarios del sector.
En particular, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico correspondiente a un operario de categoría 1 del convenio colectivo que regula la actividad. Para el período entre abril y junio de 2026, ese salario fue establecido en $1.630.085,67.
Qué propone el Gobierno nacional para la VTV
El cuestionamiento de Sturzenegger está relacionado con una modificación que el Gobierno nacional implementó para flexibilizar el sistema de revisión técnica obligatoria.
En junio, la Nación habilitó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, mediante el cual talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos pueden realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
El objetivo de la medida es ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar los controles y terminar con la exclusividad de las plantas tradicionales de VTV.
La normativa mantiene los controles técnicos y de seguridad exigidos para los vehículos, pero permite que los usuarios tengan más alternativas a la hora de realizar la inspección.
La implementación del nuevo esquema depende de la adhesión de cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires decidió no incorporarse al sistema, mientras que la Ciudad de Buenos Aires comenzó a avanzar con su aplicación.
Qué controles se realizan en la VTV bonaerense
La VTV es obligatoria para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires. Los controles se realizan actualmente en las plantas autorizadas por el sistema provincial, que son las encargadas de emitir la oblea y el certificado correspondiente.
Durante la inspección se verifica el estado de distintos componentes fundamentales para la seguridad vial. Entre ellos se encuentran los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos y el nivel de emisiones contaminantes.
Máximo Kirchner afirmó que Cristina quiere ser candidata en 2027 y apuntó contra Kicillof
El examen puede resultar aprobado, condicional o rechazado. En los últimos dos casos, el titular debe realizar las reparaciones indicadas y volver a presentarse dentro del plazo correspondiente.
Además, el importe que se abona es el vigente al momento de realizar la inspección. Por eso, quienes hayan obtenido un turno antes del aumento pero concurran después de su entrada en vigencia deben pagar la nueva tarifa.
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