INTERNACIONAL
Ministro de Cultura de República Dominicana y director general de la UNESCO refuerzan cooperación en París
El ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, sostuvo un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Khaled El-Enany, en la sede de la organización en París. La reunión se desarrolló en el marco de la 13.ª edición de la Semana de América Latina y el Caribe, un espacio que promueve el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos entre los países de la región y la comunidad internacional.
Según informó el Ministerio de Cultura, el principal objetivo de la visita fue fortalecer las relaciones de cooperación entre la República Dominicana y la UNESCO, además de dar seguimiento a los proyectos que ambas instituciones mantienen en conjunto. Durante el encuentro, las autoridades abordaron iniciativas orientadas a la preservación, promoción y proyección del patrimonio cultural dominicano.
Salcedo resaltó en sus redes sociales que, como parte de su agenda de trabajo en París, la reunión permitió avanzar en el objetivo común de “proteger y proyectar” el “patrimonio y consolidar la cooperación cultural internacional”. Además, subrayó la importancia de continuar reforzando las relaciones entre la República Dominicana y la UNESCO, así como de dar seguimiento a las acciones en curso para la protección del patrimonio cultural nacional.
Por su parte, Khaled El-Enany expresó en su cuenta oficial de X sus reacciones sobre el encuentro. “Fue un gran placer dar la bienvenida al Ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, a UNESCO. Discutimos nuestra sólida cooperación en todo el mandato de la UNESCO, y elogié el papel activo de la República Dominicana en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y en el Comité Intergubernamental de la Convención de 2003”, escribió.
El-Enany añadió que los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son un grupo prioritario para la organización y que continuarán trabajando de la mano para apoyar sus prioridades y aspiraciones.
La reunión reafirmó el compromiso de ambas instituciones de mantener una agenda de trabajo conjunta que contribuya al desarrollo cultural, la preservación de la identidad y la consolidación de la colaboración en beneficio de las futuras generaciones. “Buscamos fortalecer las relaciones entre la República Dominicana y el organismo. Dimos seguimiento a las acciones que tenemos en curso, con el objetivo común de proteger y proyectar nuestro patrimonio”, agregó Salcedo.
El encuentro entre el ministro dominicano y Khaled El-Enany se produjo en un contexto de fortalecimiento de los lazos culturales entre el país caribeño y el organismo internacional. La Semana de América Latina y el Caribe concluye este día con la celebración del Día del Caribe, dedicado a resaltar la gastronomía, la música y la danza de la región, así como el aporte de las industrias creativas al desarrollo económico y el fortalecimiento del diálogo intercultural.
La UNESCO trabaja de la mano con la República Dominicana en distintas iniciativas, destacando la reciente misión científica al Sitio Histórico y Arqueológico de la Villa La Isabela. Entre el 5 y el 10 de abril de este año, especialistas del Consejo Asesor Científico y Técnico (STAB) de la Convención de la UNESCO de 2001 y expertos de cinco países realizaron una labor de identificación, registro, inventario y diagnóstico del Patrimonio Cultural Subacuático de La Isabela y su bahía. La investigación puso especial énfasis en los naufragios vinculados a las expediciones de Cristóbal Colón e incorporó la evaluación de riesgos y efectos del cambio climático.
La misión, respaldada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Cultura de España, propuso recomendaciones para la protección legal y técnica del sitio, preservación in situ, gestión adaptativa ante riesgos climáticos y planes de investigación y conservación con monitoreo climático.
“Esta misión articula la cooperación internacional, la evidencia científica y la participación comunitaria para identificar y proteger el patrimonio cultural subacuático del yacimiento arqueológico de La Isabela y su bahía”, dijo en aquel momento la arqueóloga Helena Barba-Meinecke, líder de la misión.
La iniciativa se desarrolló en el marco del compromiso de República Dominicana con la Convención de la UNESCO de 2001, ratificada en 2021; el documento promueve la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático como fuente de conocimiento arqueológico.
INTERNACIONAL
Después de 16 años, el gobierno venezolano liberó a una jueza que estaba presa por «corrupción espiritual»
La justicia venezolana cerró de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una presa política del fallecido presidente Hugo Chávez, y le otorgó la libertad plena, informó este viernes su familia.
En un comunicado, el hermano de la jueza, Nelson Afiuni y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron que la decisión «pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir».
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales. En televisión, Chávez la llamó «bandida» y pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien salió del país.
Estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional.
En 2019, fue condenada a cinco años por «corrupción espiritual», es decir, la misma fiscalía reconoció que no tuvo ningún beneficio económico.
Hasta hoy, Afiuni tenía una libertad condicional que incluía, según la familia, prohibición de salir de la ciudad, hablar a la prensa o en redes sociales y votar. Tampoco tenía derecho a un pasaporte y estaba inhabilitada políticamente.
En el comunicado, el hermano y la abogada aseguraron que el cierre del caso y su libertad representan «el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
«Durante años, la jueza Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela», expresaron ambos, quienes agradecieron a todos los que «acompañaron esta causa con firmeza y constancia».
Sin embargo, señalaron que el cierre definitivo del expediente «no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados».
Afirmaron que el caso «permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad».
COMUNICADO CASO DE LA JUEZA @mariafiuni pic.twitter.com/IwX6ZFgPT8
— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 7, 2026
«Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias», aseveraron.
La abogada familiar y el hermano de la jueza expresaron su confianza en que la decisión «marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse».
Durante el fin de semana, Afiuni había recibido atención médica de urgencia, tras presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión. Allí se detectó que la exjueza tiene tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, según señala el comunicado.
«En este momento, cuando su estado de salud requiere atención especializada y decisiones médicas oportunas, resulta indispensable que las autoridades adopten una solución definitiva que ponga fin a un caso que debió haber sido cerrado hace muchos años», informó la familia este jueves.
«El respeto al derecho a la salud de la jueza Afiuni requiere eliminar las restricciones que le impiden acceder plenamente a la atención médica que necesita y reunirse con su única hija en este momento de especial vulnerabilidad», agrega el documento publicado.
Los familiares consideran que la enfermedad de la jueza es consecuencia «de un prolongado proceso de persecución, de su injusta privación de libertad, de las condiciones de reclusión que soportó y de la falta de atención médica oportuna».
Meses atrás, la familia había pedido que Afiuni fuera favorecida por la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Este año, cientos de presos políticos han sido excarcelados y a miles de personas se les han levantado las restricciones a su libertad, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
INTERNACIONAL
Trump urges Jeanine Pirro to revisit dropped Lincoln Memorial Reflecting Pool vandalism case
NEWYou can now listen to Fox News articles!
President Donald Trump on Friday urged U.S. Attorney Jeanine Pirro to take a second look at the recently dropped charges over vandalism at the Lincoln Memorial Reflecting Pool.
«Now that people are able to see it up close, they are reporting pure VANDALISM at The Reflecting Pool,» Trump wrote on Truth Social, sharing photos from a freelance photographer that allegedly showed vandalism.
The president claimed that «People were on their knees with their hands in the water at the exact location of the ‘slashes.’ Additionally, there were witnesses to the VANDALISM, and the flexible areas of the material were cut with a knife.
TRUMP SAYS HE ‘DISAGREES 100%’ WITH U.S. ATTORNEY JEANINE PIRRO OVER REFLECTING POOL CASE
President Donald Trump on Friday urged U.S. Attorney Jeanine Pirro to take a second look at the recently dropped charges over vandalism at the Lincoln Memorial Reflecting Pool. (Getty Images)
«U.S. Attorney Jeanine Pirro should re-visit her hastily made decision, especially since it turned out that the ‘gentleman’ involved is a big player in ActBlue, a disgraceful fundraising SCAM, and is represented by a TRUMP DERANGED SLEAZEBAG, Political Hack Lawyer, Norm Eisen, and CREW, a group that uses ‘charity’ for political purposes which is, to the best of my knowledge, ILLEGAL!»
Trump has been highly critical of Pirro’s decision to drop the felony vandalism case against former Olympian David Hearn last Friday.
Earlier this week, Trump claimed Pirro «choked» under pressure from a judge regarding the case and «folded like an umbrella.»
A day after the case was dropped, Trump wrote on Truth Social «I disagree 100% with Jeanine Pirro, the U.S. Attorney for the District of Columbia, on the Reflecting Pool. I don’t know what she was thinking?»
FORMER US OLYMPIAN DAVID HEARN INDICTED IN ALLEGED REFLECTING POOL VANDALISM
Hearn was indicted on July 2 on one count of felony destruction of property. U.S. Park Police alleged Hearn grabbed and tugged at a loose section of the pool’s coating on June 19, continuing after a National Park Service employee told him to stop. Officials initially claimed he caused more than $1,000 in damage.
However, Pirro’s office said the Department of the Interior initially provided prosecutors with «barebones» reports and failed to disclose records documenting extensive problems with the coating’s installation.
The Lincoln Memorial and the Reflecting Pool are seen from the Washington Monument on Wednesday, July 15, 2026, in Washington. Rahmat Gul/AP (Rahmat Gul/AP)
«Had DOI been forthcoming with the information clearly in its possession, the government would not have sought a grand jury indictment,» prosecutors wrote.
«It was not until after the return of the indictment, that the DOI provided additional documents to the USAO-DC indicating that damage to the Lincoln Memorial Reflecting Pool in June 2026 was the result of flawed installation by the contractor, Atlantic Industrial Coatings (‘AIC’), and the rush to complete the project prior to events associated with the America 250 celebration in the weeks surrounding Independence Day 2026.»
OLYMPIAN CHARGED IN REFLECTING POOL VANDALISM DONATED THROUGH DEM FUNDRAISING GIANT
David Hearn of the United States competes in the men’s C1 whitewater canoeing final of the 2000 Summer Olympics at the Penrith Whitewater Stadium. Penrith, Australia, on Sept. 18, 2000. (David Madison/Getty Images)
The DOJ said the new evidence made it difficult to prove beyond a reasonable doubt that Hearn caused the damage. Prosecutors asked the court to dismiss the indictment without prejudice, which would leave open the possibility of bringing the charge again.
«The Trump administration’s case against Davey Hearn should never have been brought,» Hearn’s attorneys Norm Eisen, Mary Dohrmann and Steve Levin in a statement last Friday, according to the New York Post. «Its dismissal today does not erase the abuse of government power in arresting and charging a patriotic American who did nothing wrong. The government’s approach was ready, fire, aim. The administration owes Mr. Hearn an apology.»
Fox News’ Jackson Thompson and Reuters contributed to this report.
justice department, donald trump, politics
La Contraloría General de la República de Panamá ordenó iniciar auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura deportiva.
Las primeras revisiones se concentrarán en nueve instalaciones ubicadas en la provincia de Coclé, aunque el organismo fiscalizador advirtió que el escrutinio alcanzará los contratos vinculados con los señalamientos recibidos.
Las investigaciones buscan establecer si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se desarrollaron conforme a la legislación vigente, así como determinar si existió una correcta administración de los recursos públicos.
La Contraloría explicó que, por la naturaleza y alcance de los hechos denunciados, consideró indispensable realizar una investigación especializada para determinar posibles lesiones administrativas, contractuales y financieras al Estado.
La primera auditoría estará dirigida al contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en Coclé.
El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Los auditores examinarán la ejecución integral del contrato, las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados y liquidaciones, además de otras actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.
La revisión pretende reconstruir cómo se desarrolló financiera y contractualmente la obra y determinar si cada actuación contó con el debido sustento.
Para ello, los equipos especializados tendrán acceso a expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago.
También podrán revisar cualquier otra evidencia necesaria para establecer técnicamente cómo fueron ejecutados los proyectos y si los procedimientos utilizados se ajustaron al marco legal vigente.
La Contraloría fue enfática al señalar que “ningún contrato quedará fuera del escrutinio” y que cada adenda, pago y liquidación será examinada. No obstante, aclaró que la apertura de las auditorías no constituye un señalamiento anticipado contra ninguna persona natural o jurídica, sino el comienzo de un proceso técnico e independiente.
Si las investigaciones encuentran posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos que puedan tener relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para establecer responsabilidades.
La Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense tiene precisamente entre sus funciones detectar e investigar conductas potencialmente lesivas al patrimonio público y suministrar informes técnicos a las autoridades correspondientes.
La revisión de los contratos deportivos no fue la primera actuación de la Contraloría relacionada con Pandeportes durante 2026. Documentos oficiales del organismo fiscalizador muestran que desde marzo se habían realizado trabajos de inspección vinculados con contratos e infraestructura deportiva administrada por la institución.
Uno de esos registros correspondió a una inspección relacionada con el contrato 04-2022 INV y tres campos deportivos, lo que mostró que la Contraloría ya había realizado verificaciones sobre proyectos de Pandeportes antes del anuncio de las nuevas auditorías forenses derivadas de denuncias ciudadanas.
Las nuevas revisiones se sumaron a una agenda de fiscalización que durante el último año alcanzó diferentes áreas del gasto público. Entre ellas estuvieron las auditorías sobre recursos transferidos a municipios y juntas comunales, después de que las autoridades anunciaran revisiones sobre el manejo de fondos de descentralización.
La Contraloría también había informado que culminó la revisión de más de 4.000 expedientes correspondientes a auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
De ese universo, identificó 2.860 casos con posibles perjuicios superiores a $52 millones, cuyos resultados serían remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
En ese mismo proceso de fiscalización, el organismo anunció la entrega de 18 auditorías relacionadas con juntas comunales que administraron recursos de descentralización durante el gobierno anterior.
Estas revisiones estuvieron entre los principales frentes de control sobre el uso de fondos públicos, debido al volumen de recursos transferidos y a los cuestionamientos surgidos sobre su administración.
En el caso de Pandeportes, la apertura de las auditorías forenses no significó que se hubiera determinado previamente una lesión patrimonial ni responsabilidad penal alguna. Esa conclusión dependerá del análisis de contratos, adendas, pagos, liquidaciones y demás documentación relacionada con los proyectos.
La Contraloría indicó que el procedimiento se desarrollará respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas. Si los equipos especializados encuentran posibles afectaciones al patrimonio estatal o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.
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