POLITICA
Monteoliva expuso en el CARI: los delitos en la Argentina y la región, y los presos que “no son reinsertables”
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, expuso este jueves en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) sobre “los resultados y desafíos de la política de seguridad nacional en la administración libertaria”.
A lo largo de más de una hora y media, ante un público que la siguió atenta, Monteoliva habló sobre la baja de la tasa de homicidios dolosos en el país vinculado a organizaciones del crimen organizado, posicionándose como uno de los más bajos de la región. Se refirió a esas organizaciones, la situación en América Latina y defendió la política carcelaria local. Al tiempo que se mostró escéptica de las posibilidades de reinserción de las personas detenidas. “Antes daba pudor hablar de cárceles, pero hay que hacerlo”, dijo.
“El orden público es un medio, no un punto de llegada”, fue otra de las definiciones que dejó la charla de la ministra, quien trabajó palmo a palmo junto a Patricia Bullrich en sus dos gestiones en el área. Y que en diciembre pasado la reemplazó en el cargo.
La charla se dio a una semana de los incidentes en las calles alrededor del Congreso, en medio de la votación por la ley de inviolabilidad la propiedad privada, y que, cerca de la funcionaria, descartan que sean hechos de conflictividad social. Apuntan a episodios organizados y dirigidos para sembrar caos. Quienes se manifestaron denunciaron que la avanzada de los uniformados se dio de manera unilateral, en medio de los discursos en contra de la ley.
En el comienzo de su exposición, enfocada fundamentalmente en términos de la situación de la región y las organizaciones transnacionales, Monteoliva recordó como a comienzos de la gestión libertaria, con el liderazgo de Bullrich, tomaron control de la cartera. “Tenía que ver con dar continuidad y profundización de la gestión anterior”, dijo en referencia al período de Bullrich como ministra durante la gestión de Mauricio Macri.
En ese sentido, sostuvo: “Buena parte de los actuales [funcionarios de Seguridad] estuvimos en la gestión anterior y lo que encontramos no era lo que dejamos ni de cerca”, en relación a la administración de Alberto Fernández.
Luego se refirió a la situación a nivel nacional y apuntó: “Es imposible pensar la gestión de la Seguridad desde una lógica individual. Para eso hay que entender cómo está la región”.
En ese sentido, Monteoliva, que volvió al país en las últimas horas desde Panamá, donde se reunió por segunda vez con la Coalición de 18 países de las Américas contra el crimen organizado (ACCC), la, se mostró optimista.
“Hoy Argentina es la que recibe la mirada de otras partes”, aseguró. “Hoy todos quieren venir a ver cómo cambió Rosario”, por la implementación del Plan Bandera en esa ciudad, en marzo de 2024, en el que destacó la articulación entre Nación, provincia y Rosario. “Algo cambió”, dijo la funcionaria, que vivió 19 años en Colombia, trabajando en el área de Seguridad. “Volvió 25 años atrás”, dijo sobre ese país, en una crítica a la gestión del expresidente Gustavo Petro.
“No es suficientes que nos vaya bien acá: le tiene que ir bien a la región. La perspectiva transnacional para entender la situación nacional es indispensable’”, sumó.
“América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Somos pocos, pero aportamos la tercera parte de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo”, continuó, para señalar que la zona tiene “la tasa de homicidios más alta de todos los continentes”. Y que, en ese esquema, “el crimen organizado tiene que ver con el 50% de esos homicidios en América latina”.
Resaltó que la situación de Argentina va hacia la baja pese a la tendencia en la zona. “Hemos reducido la cifra de homicidios”, dijo. Explicó que pasó de 4,4 por cada 100.000 habitantes a ser hoy de 3,6. “Es la más baja de nuestra historia y de toda América Latina”, sintetizó.
A la hora de explicar el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales, Monteoliva apuntó a tres variables. “Desde 2010 se incrementó la demanda de cocaína, la demanda de oro ilegal y la de personas con fines de trata sexual y laboral. Las tres están en América Latina”, dijo.
En cuanto a decomiso de drogas, Monteoliva habló de “dos años consecutivos récords de incautaciones en el país” e insistió en la comparación con la gestión del equipo que lideró Bullrich y ella integró en 2018: “Nos comparamos con nosotros mismos”. Consideró “poco serio” hacerlo con lo que sucedió en la cartera durante la la gestión de Fernández.
Consultada por un miembro del CARI sobre la fundación Espartanos, que busca la reinserción de personas privadas de su libertad mediante el deporte, Monteoliva se mostró consciente de la importancia de esa búsqueda, pero se sinceró. “No creo hoy que todo sea reinsertable. No lo creo posible. Quizá décadas atrás era posible, hoy no. No estaría tan convencida de que la reinserción es para todos”, completó.
“Hay que tener una mirada muy clave. Firme, basada en la experiencia para determinar qué es reinsertable”, apuntó. Para luego agregar: “Hemos sido todos grandes víctimas del garantismo”.
Frente a una consulta por la situación de El Salvador, Monteoliva distinguió las características del escenario de ese país y el argentino, y sostuvo: “No es lo mismo una política de mano dura que de decisiones firmes, la nuestra es de mano firme”.
Evaluó que el modelo de ese país “no es aplicable a nuestro caso” e insistió: “Son realidades muy distintas”. Evitó calificar la política de Nayib Bukele y remarcó que “no se puede extrapolar” a la Argentina.
La convocatoria de Monteoliva para su presentación fue hecha por el Comité de Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del CARI.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la institución, Francisco de Santibañes, que este jueves fue reelecto por unanimidad en el cargo. En tanto que los comentarios y el cierre quedaron en manos de Juan Félix Marteau, miembro consejero y director del Comité.
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Tres desarrolladores crearon un videojuego en Formosa donde el gobernador Gildo Insfrán pelea contra un león con una motosierra
Tres desarrolladores crearon en Formosa un sorprendente videojuego basado en el gobernador Gildo Insfrán, donde el personaje principal construye obra pública y lucha contra un león con una motosierra, en clara referencia al presidente Javier Milei.
“Gildus” fue presentado por el profesor de música Bruno Sánchez, el estudiante de contabilidad y programador Rodrigo Sánchez y Rodrigo Abogado en la Game Jam 2026 que se llevó a cabo en Formosa del 25 al 28 de septiembre.
“No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego sobre uno de los superhéroes favoritos de la provincia”, dijo Bruno Sánchez al comenzar su exposición.
Y agregó: “Para los que viven afuera, llaman la atención todas las obras públicas [en Formosa] hechas por el gobierno provincial que tienen techos azules”.
La Game Jam forma parte del programa “Desarrolladoras: Brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), UNESCO Montevideo y el Gobierno de Formosa, junto a Women in Games Argentina.
El juego
En el primer nivel, “Gildus” debe recolectar monedas y comprar cajas que, en su interior, tienen tejas azules. El objetivo en ese nivel es que el personaje, idéntico al gobernador, consiga suficientes cajas para construir los edificios correspondientes.
“Va juntando cajas con tejas azules para construir escuelas, hospitales, teatros, polos científicos, estaciones de bomberos…”, ejemplificó el desarrollador.
Luego, en el segundo nivel, aparece un personaje decididamente inspirado en Milei: un león con una motosierra, emblemas característicos de la campaña y gestión del Presidente.
“En el segundo nivel hay un invasor, que es un león con una motosierra, y Gildus tiene que defender a Formosa y todo lo construido”, continuó Sánchez.
Oriundo de Chaco, el desarrollador sostuvo que al trasladarse a Formosa le llamó la atención “la cantidad de edificios con techos azules”. “No solo la cantidad, sino la calidad”, sumó. “Con Rodri estábamos sorprendidos. Nos encantó y lo pusimos de videojuego en la Jam”.
Contó que el primer prototipo, realizado en otro software que no era compatible con el del evento, había incluido varios animales: “Carpinchos, yabirú, yarará, yacaré. Y teníamos un mosquito que cuando te quedabas quieto te picaba”, detalló.
Sánchez comentó más sobre el rol del invasor y cómo vencerlo. “El león con la motosierra quiere avanzar e ir destruyendo, pero se encuentra con el quebracho, que es duro y firme como el formoseño. Entonces la motosierra se queda atascada y Gildus aprovecha para expulsar al invasor. Formosa entonces sigue en pie y logra defender todo lo construido”, señaló.
Cuando el juego finaliza, aparece un cartel que reza “El pueblo sigue en pie. Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo contra el quebracho. Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar”.
Para finalizar, Bruno Sánchez hizo referencia directa a Insfrán. “Esto es un prototipo y, como dice nuestro gobernador, todavía queda mucho por hacer”, cerró.
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El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada
El oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados en la Cámara de Diputados para restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros. Además, consiguió dictamen para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el recinto el próximo 21 de octubre
La decisión se conoció luego de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina. La norma había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.
Con el acuerdo, La Libertad Avanza busca acercar posiciones con los bloques aliados que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que no quieren avanzar con la derogación total del decreto, que introdujo cambios en distintos sectores de la economía.
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Alejandro López, el juez que absolvió a los gremialistas, llegó al puesto gracias a un acuerdo de la Legislatura y es calificado de “garantista”
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. “Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un ‘legítimo reclamo sindical’”.
“El juez justificó el delito”, se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical.
A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
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