Una de las tareas más fáciles para un administrador de temas viales s conocer exactamente dónde están los problemas de saturación de tránsito, ya que los sistemas de medición de flujo son baratos y eficientes.

De ahí que cuando los ministros pidieron a Vialidad Nacional dónde se ubican las “obras urgentes”, el mapa apareció en minutos. Desde entonces, en el Gobierno trabajan en un complejo llamado a licitación para ampliar la infraestructura vial que será la cuarta etapa, después de las tres que por estas horas terminarán de entregar a concesionarios los primeros 9000 kilómetros de rutas.

El mapa al que accedió y que es la base de las nuevas licitaciones presenta obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires.

A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca.

El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia.

Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Para que se entienda, las licitaciones actuales, que se entregan en este tiempo, son las viejas concesiones que estaban en la empresa Corredores Viales. De los 9000 kilómetros que están en ese proceso ahora, hay 3000 que ya son autovías, mientras que de los 6000 restantes sólo se prevé la construcción de 300 kilómetros de rutas de cuatro manos. Es decir, que nadie tenga la más mínima esperanza de que las empresas que ganan los concursos y que las manejarán por al menos 25 años hagan mucho más que tapar baches.

De hecho, no tienen obligación ya que el pliego no prevé demasiadas obras a cargo de ellas más que la necesidad de que la ruta esté en estado de “transitabilidad”, una condición subjetiva que será auditada por Vialidad Nacional, el organismo que iba a desaparecer y que finalmente resistió la motosierra de la administración del presidente Javier Milei. Dicho en una palabra, solo tienen obligaciones de bacheo.

Las licitaciones de las rutas nacionales, que eran esperadas por gran parte del interior del país, se convirtieron en una enorme decepción para los usuarios de los corredores. El sector productivo, por caso, estalló en críticas cuando miró los pliegos y vio que era un festival de bacheo y peajes.

Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las vías troncales pagas que están en proceso de licitación.

Como se dijo, en este paquete se prevé la construcción de tramos de autopistas, autovías, duplicación de calzadas o tercer carril, según el flujo de tránsito. Ahora bien, una parte de estas obras está dentro del paquete que se licita por estos días, que según cálculos del Gobierno, concentra 80% del movimiento vial argentino.

Hay una parte importante de kilómetros de esta nueva etapa que sólo serán entregados al sector privado para sacarlos de la órbita del mantenimiento que actualmente realiza Vialidad. La idea del Gobierno es que el organismo deje esas tareas de mantenimiento o construcción y que concentre sus funciones en cuestiones administrativas. Esas rutas, que están señaladas con color azul en el mapa, no necesariamente serán concesionadas a las empresas a cambio de peaje sino que en muchos casos, aún no se sabe en cuáles, el Tesoro pagará como un servicio al concesionario. Consideran que esta solución es más barata que dejarlas en manos del mantenimiento de Vialidad.

El mapa sobre el que se trabaja es tentativo ya que, además, hay consultas con varios organismos y con algunos gobernadores para ver cuál será el proyecto de licitación final. ¿Cuántos kilómetros? Algo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace poco más de un mes en un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario. “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”, dijo entonces.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos.

El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

El 1° de julio empezó la gestión privada en la ruta 5, llamado Tramo Pampa, que une Mercedes con Santa Rosa, y se hizo cargo la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, una firma mendocina que suele ser adjudicataria de muchas obras en la provincia que maneja el radical Alfredo Cornejo.

Entonces, también empezó la gestión privada del Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (que contiene la Autopista Ezeiza – Cañuelas y las rutas 3 y 205). Ahora la explotará un consorcio conformado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, varias de ellas también con antecedentes en la causa Cuadernos.

Pero como se dijo, ese esquema no prevé prácticamente autopistas ni obras importantes, sino más bien mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de posibilidad de utilizar los terrenos aledaños. El pago es mediante un peaje que rondará los $3500 por cada 100 kilómetros a valores de junio del año pasado y que podrán cobrar por 30 años, según un sistema de actualización que está previsto en los pliegos.

Claro que la apuesta ahora tiene un interrogante fundamental: si se cobrará $3500 por cada 100 kilómetros a cambio de cortar el pasto y hacer baches, cuánto se debería cobrar para hacer obras viales importantes. Nadie contesta. La respuesta la darán los propios constructores que por estas horas se amontonan en las licitaciones actuales, una maravilla para los bolsillos de las empresas viales que se quedan con el flujo por más de dos décadas y tienen que hacer poco más que permanecer. Pero, claro, habrá que ver qué sucede cuando tengan que ir a construir y no sólo a cobrar y hacer de jardineros.

El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.

Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con .

El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo.

“Aún no lo tiene resuelto”, ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.

A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.

La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.

En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación.

Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.

Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.

En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso.

“Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo a una fuente oficial que trabaja en el tema.

La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.

Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.

El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.

La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión.

La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a .

Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.

Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacan­tes de los cama­ris­tas Leo­poldo Bru­glia y Pablo Ber­tuzzi.

Ambos fue­ron tras­la­da­dos hace diez años por el enton­ces pre­si­dente Mau­ri­cio Macri pero la Corte Suprema anuló esos tras­la­dos y ordenó con­cur­sar los car­gos.

Los favo­ri­tos para que el Poder Eje­cu­tivo pro­ponga al Senado son Pablo Yada­rola, alle­gado al minis­tro Juan Bautista Mahi­ques, y el pro­pio Ber­tuzzi o la fis­cal Cecilia Incar­dona para la otra voca­lía. Esta deci­sión corres­ponde al minis­tro de Jus­ti­cia y al Pre­si­dente.

El diseño de una nueva Cámara Fede­ral se com­pleta en los pla­nes del Gobierno con la aper­tura de una ter­cera vacante, pues el juez Mar­tín Irur­zun cum­ple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue ele­vado por el Poder Eje­cu­tivo al Senado para una revá­lida de su acuerdo.

La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.

Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.

La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo.

Hasta hablan de “gobernar” las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.

Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.

Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por “asesores técnicos”.

El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.

Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible.

Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo.

Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.

Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.