POLITICA
“No fue un error, fue un crimen”: las familias de las víctimas del fentanilo contaminado siguen reclamando justicia
Hace 33 años comencé a leer expedientes judiciales para transformar esa letra dura y fría en una redacción, en lo posible, atractiva, para el lector. No siempre lo conseguí. El lenguaje leguleyo suele imponerse, sobre todo, cuando las causas involucran aspectos duros como defraudaciones económicas, niveles de resistencia de materiales de un edificio que colapsó, o herencias para justificar gastos insostenibles de un funcionario público. Pero hay otros expedientes que conmueven, donde los argumentos de los abogados defensores avergüenzan y los relatos de las víctimas estrujan el corazón.
Esto último me pasó en tres casos: Cromañón, Once y ahora, con el de fentanilo contaminado; según la opinión de la Justicia, la peor tragedia sanitaria del país. Como si fuera una operación de suma y resta de fracciones los tres expedientes están unidos por un denominador común: funcionarios que no controlaron y muertes evitables.
El pasado 1 de septiembre el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra las máximas autoridades con facultad de policía para certificar que los laboratorios que producen medicamentos cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación. El magistrado consideró que Agustina Bisio, titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y confirmó, caso por caso, una nómina cerrada de 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas. En total, 143 víctimas, además de la constitución de 47 querellas en el expediente.
El juez no solo cuantifica con precisión el impacto de la tragedia, las edades de los afectados y los lugares en que fueron tratados con el medicamento en mal estado, sino que describe con criterio científico los síntomas que padecieron, las “reuniones clandestinas” entre supervisoras y supervisados -ya procesados y encarcelados-, y la magnitud del expediente que ocupa cajas, cajones, estanterías y hasta depósitos donde se resguardan más de 230.000 ampollas contaminadas, que los funcionarios judiciales lograron retirar de circulación en un extraordinario despliegue a lo largo de todo el país, evitando que esos medicamentos llegaran a más pacientes.
Quiénes son las víctimas más jóvenes
Entre los 90 fallecidos que reconoce la resolución, la víctima de menor edad es Catarina Chamorro, una beba de siete meses muerta el 23 de mayo de 2025 en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario. También figuran varios adolescentes y jóvenes: Bautista Mena Báez, de 17 años, fallecido el 24 de abril en el Hospital Italiano de La Plata, el mismo establecimiento donde murió Renato Nicolini, de 18 años, el 5 de mayo. La víctima de mayor edad es Rosa Gómez, de 90 años, fallecida el 31 de marzo en el Sanatorio Diagnóstico SA de Santa Fe.
El tramo de 65 a 79 años concentra 43 de los 90 fallecimientos, el 47,8% del total. La edad promedio de las víctimas fatales es de 61 años, y el período que abarcan las muertes confirmadas se extiende desde el 12 de febrero hasta el 2 de julio de 2025, casi cinco meses.
Dos pacientes, Valeria del Lourdes y Silvana del Valle Ciroli, permanecían internadas en un centro de rehabilitación al momento de incorporarse sus informes al expediente, lo que indica que las consecuencias para los sobrevivientes graves incluyeron una recuperación prolongada.
“No fue un error, fue un crimen”
Sol Francese perdió a su hijo Renato Nicolini, de 18 años, el 3 de mayo de 2025, después de que le administraran fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata (uno de los querellantes de la causa). Dieciséis meses después clama: “No se puede tapar con tecnicismos ni con silencio lo que pasó. ¿Quién se hace cargo de las muertes? Lo que hicieron los dueños del laboratorio no fue un error, fue un crimen”, denunció, y responsabilizó también al Estado por estar “ausente y cómplice” en una tragedia que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según sus palabras, “encubrió”.
El magistrado, con las pruebas a la vista, pareció darle la razón al escribir: “Mantecón Fumadó y Bisio, a total sabiendas de lo que ocurría con los laboratorios, omitieron tomar decisiones correctivas y sancionatorias necesarias, idóneas y oportunas en aras de proteger la salud de la población”.
El reclamo de Francese se repite, con matices, en decenas de testimonios de familiares que perdieron a sus seres queridos tras la administración del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA. Liliana, madre de Leonel Ayala, un joven de 32 años internado por una pancreatitis en el Hospital Italiano de La Plata, describió la muerte de su hijo en términos que van más allá de las explicaciones que los médicos sueltan en un pasillo o en un consultorio desangelado: “Lo mató la negligencia, la corrupción y el silencio de muchos”. Y agregó, entre lágrimas: “No se trata de un accidente o de un error, se trata de una masacre, de una cadena de responsabilidades, de omisiones, de encubrimientos”.
Luis, padre de Leonel Ayala, profesor de música, rechazó de plano la versión que recibió del hospital sobre la muerte de su hijo. “El director del hospital nos dijo que murió por la pancreatitis. No es cierto porque su recuperación era excelente”, aclaró, y fue tajante: “El fentanilo se lo llevó puesto”. Con un nudo en la garganta también describió el momento en que comenzaron los síntomas que hoy la Justicia asocia a la infección bacteriana: “El 9 de abril comienza a desmejorar, levanta fiebre, empieza a hincharse el vientre y a salir infección en el drenaje que tenía”.
Los testimonios de las familias de las víctimas
A modo de homenaje, Infobae se comunicó con varias de las familias de las víctimas fatales que forman parte del expediente judicial. Además de aportar una foto de sus seres queridos, los dolientes los recordaron con emoción y reclamaron “justicia”. Sus palabras describen a padres, madres, hermanos e hijos que murieron de una manera que consideran “injusta y evitable”.
Renato Nicolini tenía 18 años. Su familia lo describió como “el chiquito con los ojos verdes más lindos y puros” y recordó su sonrisa. “La corrupción nos quitó a la persona más noble, humilde, sencilla”, dijo Sol, su mamá. Retano, recordó, “tenía una profesión que amaba, practicaba deporte y acababa de comenzar su vida como adulto independiente”. Y lamenta que le hayan robado “un futuro juntos”. También expresó su impotencia porque, sostiene, “todo se podría haber evitado si la ANMAT hubiera frenado al laboratorio a tiempo”. Su legado sigue vivo a través de la donación de sus órganos: “Los órganos no van al cielo”, se emocionó al recordarlo.
Yamila Belén López murió a los 27 años. Su familia la recordó como una excelente madre de una nena de 9 años, apasionada por su trabajo y a punto de recibirse de maestra. “Toda una vida por delante con muchas ganas de vivir”, escribieron quienes la extrañan a diario y le agradecieron haberla tenido en su camino.
Héctor Vilches tenía 73 años. Sus hijos lo definieron como “un hombre bueno, sencillo y de un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar y acompañar a quienes amaba”. Trabajador y profundamente familiar, les dejó como enseñanza “el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor incondicional”.
Miguel Ángel Maino murió a los 67 años. Fue recordado como papá, abuelo, compañero, amigo y sostén de su familia. Sus seres queridos afirmaron que no van a parar “hasta honrarlo con justicia”.
Roberto Cuaglia tenía 68 años. Padre y abuelo, fue descrito como “una excelente persona, querida por quienes tuvieron la suerte de conocerlo”. Su familia pidió justicia “por todas las víctimas” y remarcó que su muerte fue “de una manera injusta y evitable”.
Susana Beatriz Speranza tenía 67 años. Su hija dijo no poder expresar con palabras el dolor de su ausencia y pidió justicia “por ella y por todos los demás inocentes”.
José Graziadei. Sus hermanos lo destacaron como un hombre “con un corazón gigante, alegre, bondadoso y dispuesto a dar una mano”. Evocaron los almuerzos de los domingos y aseguraron que esos momentos “van a ser eternos”.
Ana Belén Salazar murió a los 38 años. Su familia la llamó “nuestra princesa, la muñeca de su abuela” y la describió como cariñosa, amante de la música y de sus sobrinos.
Daniel Alberto Sánchez tenía 66 años. Su pareja, tras 49 años juntos, pidió que no se lo recuerde solo por la forma en que murió, sino por “la hermosa persona que fue mientras vivió. Era un hombre apasionado por el básquet que dejó su huella en quienes lo conocieron. Jamás te olvidaremos”, escribieron sus hijos.
Carlos Salvato tenía 78 años. Su familia lo definió como alguien que “amaba la vida tanto como a su familia” y le agradeció “por todo lo que nos diste y enseñaste”.
Estela Farías hoy tendría 65 años. Su familia aseguró que no deja de extrañarla y que su ausencia dejó “un vacío tan grande que es imposible que deje de doler”.
Martha Sofía Díaz Mendoza murió sin haber podido disfrutar de sus hijas, sus nietos y su bisnieta, según el mensaje de su familia. “Te faltaban abrazos, momentos, cumpleaños, reuniones y tantos recuerdos que hoy ya no podremos compartir con vos”, escribieron, y agregaron que no se quedarán en silencio: piden que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que los responsables respondan ante la Justicia.
“Por mamá. Por todas las víctimas. Por todas las familias que hoy lloran. Queremos verdad y justicia. Que nadie los olvide”, concluyó la familia de Díaz Mendoza, en un mensaje que resume el reclamo compartido por todos los allegados de las víctimas.
El expediente más voluminoso de la historia judicial sanitaria argentina
La causa FLP 17371/2025, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, es considerada la investigación penal más extensa en materia sanitaria de la historia argentina. Solo el cuerpo principal acumula 6.234 fojas distribuidas en 31 cuerpos, a los que se suman 1.403 fojas en ocho cuerpos dedicadas exclusivamente al seguimiento de las 230.000 ampollas contaminadas recuperadas y hoy bajo resguardo judicial. Otros 25 cuerpos, con cerca de 5.000 fojas, reúnen los casos de pacientes fallecidos que no figuraban en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, mientras que cuatro legajos adicionales —3.889 fojas y 18 cuerpos— contienen las investigaciones consideradas clave para la causa.
A ese voluminoso expediente documental se suman 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria, 15 causas conexas y el secuestro de unos 40 dispositivos entre teléfonos, computadoras, pen drives y discos externos, según el detalle judicial acumulado desde el inicio de la instrucción. El expediente completo reúne alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación y dos armarios de efectos secuestrados.
Las palabras del juez sobre la conducta de las ex funcionarias
En la resolución de procesamiento, Kreplak no matizó su descripción de la conducta atribuida a Bisio y Mantecón Fumadó. “Dilaciones injustificadas, reuniones clandestinas, arreglos incomprensibles, todo ello con acabado conocimiento de la situación imperante y siempre orientado a la misma dirección: privilegiar los intereses de los laboratorios frente al riesgo potencial de la población ante tamañas irregularidades”, escribió el magistrado en las conclusiones del fallo.
Sobre el desenlace que derivó en la denuncia penal, el juez fue igual de contundente: “Tuvo que pasar lo peor para que, de una vez por todas, el manto de cobertura tendido empiece a caerse: fallecimientos, toma de estado público de la tragedia sanitaria y una denuncia penal ineludible”. El magistrado remarcó además que ni la propia investigación judicial modificó el patrón de conducta de los organismos de control: “La falta de colaboración con la investigación judicial, en buena medida, obedeció a su falta de transparencia anterior”.
El dictamen fiscal no descarta el homicidio agravado
El pedido de detención e indagatoria contra las dos ex funcionarias, que derivó en el procesamiento de las funcionarias, había surgido de un dictamen firmado por la fiscal María Laura Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El escrito encuadró la conducta de Mantecón Fumadó y Bisio en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31202, y en el artículo 200 respecto del lote 31244, en concurso real. La fiscalía dejó además abierta la posibilidad de aplicar el artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé la figura de homicidio agravado.
En un dictamen previo sobre la actuación de la ANMAT y el INAME, los fiscales ya habían advertido sobre la magnitud del riesgo generado: “Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas”, sostuvieron, y agregaron que la suma de irregularidades “comprometió gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
Rosario y La Plata, los epicentros de la tragedia
Santa Fe, con Rosario como epicentro absoluto, concentra 57 de los 90 fallecimientos, el 63,3% del total. Solo el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio Parque de la misma ciudad suman 28 muertes entre ambos. Buenos Aires, con los casos de La Plata, la Ciudad Autónoma, Olavarría y Bahía Blanca, aporta otras 21 víctimas fatales.
Ese patrón geográfico se refleja en los testimonios recogidos entre las familias. Sandra, madre de Daniel Oviedo, un paciente con insuficiencia renal que esperaba un trasplante, describió el deterioro que atravesó su hijo sin que nadie le explicara la causa real: “Empezó el problema de fentanilo, que nosotros no sabíamos, lo veíamos que se hinchaba, se brotaba tipo sarampión. No te puedo explicar, ¿viste una embarazada de nueve meses? Así estaba la panza de mi hijo”.
El reclamo por la falta de información a las familias
Uno de los ejes más repetidos entre los testimonios de familiares es la demora de los hospitales y del Ministerio de Salud en informar sobre la administración del fármaco contaminado. Anabela, hermana de Santiago Castillo, un visitador médico de 45 años fallecido el 8 de mayo de 2025 en el Hospital Rossi, contó que la familia recién conoció la causa real de la muerte al reclamar la historia clínica: “Nos enteramos después pidiendo historia clínica de que le habían aplicado el fentanilo contaminado”, relató, y precisó que “las historias clínicas dicen que le aplicaron el fentanilo, el número de lote, el laboratorio, está todo en la causa penal”.
Dionisio, hermano de Celia Hernández, una mujer de 74 años fallecida tras 23 días de estar en terapia intensiva, planteó el mismo interrogante sobre la transparencia institucional: “Si el hospital no tiene nada que ocultar, ¿por qué no llamaron a las familias para informarles que sus seres queridos recibieron fentanilo adulterado? ¿Por qué tenemos que enterarnos por otro lado?”.
El mecanismo clínico detrás de las muertes
La resolución de procesamiento detalla que la contaminación bacteriana de las ampollas —con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii o mannitolilytica— incrementó el riesgo de muerte de pacientes que ya se encontraban internados por patologías de base graves. Según el Cuerpo Médico Forense, citado en el fallo, “el contagio bacteriano, cuyo vector han sido las ampollas de fentanilo contaminado, produjo un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia al incrementar su riesgo de muerte”.
La contaminación había sido detectada de manera independiente por la Coordinación de Microbiología del Hospital Italiano de La Plata, que el 15 de abril de 2025 informó tres cultivos positivos de Ralstonia pickettii, un microorganismo de presencia intrahospitalaria infrecuente. Días después, ese hallazgo permitió establecer el nexo con el fentanilo de la marca HLB.
Los 15 procesados en la causa del fentanilo contaminado
Hasta el momento la causa tiene 15 procesados que para el juez Kreplak son responsables en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización sanitaria por parte del Estado y que derivó en la muerte de al menos 90 personas y en lesiones graves o gravísimas en otras 43.
Ariel Fernando García Furfaro es señalado como el propietario real del conglomerado empresarial detrás de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Pese a las formalidades societarias, tanto él como el personal de ambos laboratorios lo reconocían abiertamente como el “dueño” y como la máxima autoridad con capacidad de decisión sobre la operación de ambos establecimientos productivos.
Diego Hernán García, hermano de Ariel, ocupaba un puesto de decisión relevante en la operatoria cotidiana de los laboratorios del grupo empresario. Era él quien impartía de modo verbal las órdenes de producción: qué medicamento se fabricaba y en qué momento.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, se desempeñaba como vicepresidenta y accionista de HLB Pharma Group SA. Integraba, además, gran parte de las sociedades que conforman el conglomerado manejado por la familia y era beneficiaria de los réditos económicos de sus actividades.
Javier Martín Tchukrán era la persona de máxima confianza de los hermanos García, con capacidad de decisión dentro del esquema de conducción de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, donde ejercía el cargo de director general.
José Antonio Maiorano fue director técnico de HLB Pharma Group SA desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 16 de mayo de 2025. Tuvo intervención directa en los batch records de los lotes de fentanilo contaminados, y avaló su liberación al mercado.
Carolina Ansaldi ejercía como directora técnica de Laboratorios Ramallo SA al momento de la producción del fentanilo contaminado. Tenía a su cargo la supervisión y el control de la elaboración del fármaco, y su intervención efectiva quedó acreditada por las firmas insertas en los batch records de los lotes contaminados.
María Victoria García se desempeñaba como gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo SA, con relevante intervención en los batch records de los lotes contaminados.
Wilson Daniel Pons era el jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención también fue corroborada mediante la obtención de los batch record y la documentación anexa de los lotes contaminados.
Adriana Iúdica ocupaba el cargo de subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su participación quedó documentada en los batch records de ambos lotes, en los que dejó asentado que los análisis microbiológicos del producto no presentaban observaciones.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar era la jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención está documentada en los Protocolos de Análisis Microbiológico y Endotoxinas Bacterianas del Producto Intermedio y en los Controles del Proceso de SPPV correspondientes a ambos lotes.
Rocío del Cielo Garay se desempeñaba como supervisora de Fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención se encuentra acreditada en la elaboración de ambos lotes, específicamente en los Protocolos de Análisis de Agua para Inyectables correspondientes.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani estaba a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención aparece registrada en los batch records y en la documentación anexa de los lotes cuestionados.
Eduardo Darchuk ejercía como jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen. Avaló el proceso productivo de ambos lotes de fentanilo, y las órdenes de producción le eran comunicadas directamente por Diego García.
A estos trece imputados por la adulteración de sustancias medicinales se sumaron, en un procesamiento posterior, las dos ex funcionarias de los organismos de control sanitario:
Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME, quedaron procesadas como partícipes necesarias por haber omitido la adopción de medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas y los reportes de efectos adversos vinculados al fentanilo contaminado.
De los seis primeros, García Furfaro, Diego García, y Maiorano permanecen con prisión preventiva, mientras que Nilda Furfaro, Tchukrán y Ansaldi cumplen prisión domiciliaria. Los siete responsables técnicos intermedios de Ramallo fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, bajo restricciones cautelares. Bisio y Mantecón Fumadó, procesadas como partícipes necesarias, afrontan además un embargo de 500.000 millones de pesos cada una.
Ambas ex funcionarias deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas a la ANMAT y el INAME, mientras la Justicia continúa evaluando la posible responsabilidad penal de otros funcionarios públicos. En los próximos días las defensas de Bisio y Mantecón Fumadó apelarán la decisión del magistrado.
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POLITICA
En lo que va de la gestión Milei, se invirtieron USD 445 millones en insumos para armamentos, equipos militares y de seguridad
Pese al ajuste en múltiples dependencias del Estado, el área de Defensa y Seguridad no fueron alcanzados por la motosierra. Javier Milei decidió bajo su gestión reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas, reconstruir la deteriorada operatividad militar y, a la vez, consolidar alianzas geopolíticas.
Desde que asumió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inició la mayor renovación militar en décadas, con la adquisición de cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.
Desde la Casa Rosada justificaron estas adquisiciones en la intención de reposicionar a la Argentina en el plano internacional, y como parte del realineamiento del Presidente hacia Occidente.
“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro de Defensa, Carlos Presti, al destacar en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.
Con Milei en el poder, también aumentaron las compras para el área de Seguridad, con la adquisición de pistolas de calibre 9mm y semiautomáticas, escopetas y chalecos antibalas, entre otros insumos para las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva.
Desde que asumió y hasta agosto pasado, el Ejecutivo gastó en armamentos, equipos militares y de seguridad USD 445.026.954 millones, según calculó la Unidad de Datos a partir de analizar los datos on line del Sistema de Contrataciones Electrónicas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La base recoge la información del sitio oficial de contrataciones Comprar.gob.ar, a la que Infobae sumó los acuerdos firmados con otros países para la compra de equipamiento pesado, de combate y aviones.
La cifra sumariza tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos al valor promedio de la divisa para cada año. La misma metodología se usó en todos los cálculos de este informe, para unificar y actualizar los montos.
Los insumos para armamentos incluyen desde municiones y cartuchos, hasta explosivos y pirotecnia para supervivencia. En tanto, los equipos militares y de seguridad comprenden pistolas, fusiles, chalecos antibalas, escudos antidisturbios y aeronaves.
Según el análisis por año, el gasto total en esos conceptos en 2024 fue de USD 357,8 millones; de USD 59,4 millones en 2025; y de USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.
Estos montos incluyen tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos a dólar por la Unidad de Datos de Infobae al valor promedio para cada año. En el análisis no se tuvieron en cuenta las adquisiciones de otros ítems como textiles, herramientas, fármacos, informática, ferretería, entre otros, o servicios de mantenimientos.
Las compras para Defensa
Específicamente para las Fuerzas Armadas, las compras de insumos para armamento y equipos militares y de seguridad ascendieron a USD 381.358.597 desde diciembre de 2023 a agosto pasado. Esta cifra no incluye sueldos de los militares, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas, ni erogaciones administrativas, o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La adquisición más cara fue la de los 24 aviones de combate F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) en 2024. Según la decisión administrativa del Ministerio de Defensa de abril de ese año, se acordó pagar USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales.
Fue una adquisición a Dinamarca que concretó el ex ministro Luis Petri en abril de ese año, quien incluso viajó a ese país para cerrar el acuerdo. Son aviones caza de combate supersónico compacto y multifunción destinados a la Fuerza Aérea que, según los especialistas, podrían recuperar la capacidad perdida en 2015 con el retiro de los Mirage, aunque señalan limitaciones para Malvinas.
La llegada de los primeros 6 aviones F-16 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025. El propio Milei, junto a autoridades de las Fuerzas Armadas, presidió el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó el mandatario durante el acto.
La segunda tanda de 6 llegó en septiembre pasado y la Fuerza Aérea Argentina estima que podría adelantarse la recepción de los 12 restantes antes de diciembre de 2027.
No fue la única compra importante de equipos militares. Este año, el Gobierno firmó una carta de oferta y aceptación con Estados Unidos para adquirir 8 vehículos blindados a rueda Stryker 8×8 por USD 20 millones destinados a modernizar la flota del Ejército, en medio de las conversaciones para tratar de ingresar a la OTAN.
El acuerdo fue formalizado en el Pentágono por Petri, con el objetivo de “estandarizar y profundizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”. Los primeros vehículos llegaron desde Estados Unidos al país el 25 de noviembre de 2025 y fueron descargados en el puerto bonaerense de Zárate.
“Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, los promocionó el Ministerio de Defensa en un comunicado al destacar el uso de estos vehículos de guerra.
La carta de intención firmada por Presti contempla la incorporación de más unidades a futuro, hasta un total de 235, para el transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.
Otra de las incorporaciones durante este Gobierno fue la de 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion de patrulla marítima de largo alcance para la Armada P-3 Orion para el control del espacio marítimo y la zona económica exclusiva argentina en el Atlántico. La adquisición a Noruega fue gestionada en octubre de 2023 por USD 60 millones.
El primero de los P-3 Orion llegó el 2 de septiembre de 2024 a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, para prestar servicios en la Escuadrilla de Exploración de la Fuerza Aeronaval N°3 con base en Trelew. En diciembre de ese año, se aprobó una adenda para su mantenimiento y servicio técnico por otros USD 2,4 millones.
El segundo P-3 Orion arribó en noviembre del año pasado, y el tercero en marzo último. Estos tres son aviones cuatrimotores P-3C para exploración y vigilancia marítima, en tanto, el cuarto, un P-3N, está especializado en tareas de búsqueda y rescate. Su arribo está previsto para el segundo semestre de 2026.
Además, se incorporaron 6 helicópteros nuevos Bell 407GXi para operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Fueron comprados a Canada a través de un contrato de gobierno a gobierno firmado en 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, entre la empresa Bell Textron y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con financiamiento de la Canadian Commercial Corporation (CCC) por un total de USD 32,4 millones.
El primero de esos Bell 407GXi llegó en octubre de 2023 y se destinó para la IV Brigada de la Fuerza Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza. Otros dos llegaron en marzo de 2025 y fueron para el Ejército. En diciembre de ese mismo año llegaron otros dos más, también para la Fuerza Aérea. El último arribó a nuestro país en septiembre pasado, para uso del Ejército.
La modernización terrestre se completó con la compra de 48 camiones nuevos Unimog U4000, por USD 8,16 millones. Fueron provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para el área logística del Ejército, luego de una licitación donde ese evaluaron distintos modelos de procedencia internacional. La eleción de los Unimog se basó en su capacidad de operar en terrenos extremos de montaña, barro, nieve, ríos o zonas rocosas.
El gasto para el área de Seguridad
En cuanto al área de Seguridad, bajo la conducción primero de Patricia Bullrich y luego de la actual ministra Monteoliva, el gasto en armamento, insumos y equipos con ese destino, ascendió a USD 63.668.358 en los 2 años y 8 meses del gobierno libertario analizados. Esta cifra incluye los valores expresados en dólares y los consignados en pesos, convertidos al tipo de cambio promedio de cada año.
No se consideraron en el cálculo sueldos, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ni erogaciones administrativas o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La compra más costosa en dólares en el área de Seguridad fue en 2024: 7.200 pistolas semi automáticas, 800 pistolas calibre 9mm, y 2.000 escopetas semiautomáticas por USD 8,3 millones en total.
En pesos, la adquisición más onerosa también fue en 2024 cuando el Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos antibalas por $14.763 millones, 810 escudos antidisturbios por $201 millones, y 3,3 millones de municiones por $4.286 millones.
Comparación con gobierno anteriores
El gasto total en armamento y equipos militares y de seguridad en los dos años y ocho meses del gobierno de Milei supera al gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, y a lo erogado en el mandato de Mauricio Macri, aún considerando que el libertario no cumplió su tercer año mandato.
Según calculó Infobae, en el gobierno de Fernández, la cifra ascendió a USD 428,7 millones, incluyendo las compras en pesos convertidas al valor dólar promedio de cada año de su mandato. Esta cifra incluye USD 76,6 millones por la provisión de aviones IA-63 Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), destinados a la Fuerza Aérea, en una contratación directa interadministrativa de mayo de 2021.
En el gobierno de Macri, la cifra total fue muy inferior: USD 72 millones. Su compra más costosa fueron, en abril de 2019, 3 aviones Pampa III por $901,7 millones, equivalentes a USD 18,1 millones, tomando el valor promedio del dólar de ese año.
Visualizaciones: Daniela Czibener
Chequeo de datos: Desiré Santander
La influencer Candela Arizaga volvió el domingo al país pero, a pesar de estar citada por la Justicia para este lunes, no se presentará ante la Violencia de Violencia Doméstica (OVD) para una nueva pericia, en el marco de la causa contra su pareja, Facundo Moyano, por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Así lo confirmó a TN su abogado, Roberto Herrera, que también adelantó que durante la semana presentará un escrito para que se levante la restricción contra Moyano.
La defensa de Arizaga presentó ante la fiscalía el informe psicológico elaborado por su profesional tratante y pidió que se reconsidere la necesidad la convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta
El argumento principal apunta a que Arizaga ya prestó declaración con anterioridad y que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en el expediente.
La citación había sido dispuesta para profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si Arizaga pudo haber sido objeto de algún tipo de presión. La convocatoria se produjo después de que trascendiera un encuentro de la pareja en Madrid.
El caso se tramita por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sobre Moyano rige una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto en el país.
Arizaga, según la defensa, no impulsó la acción penal y expresó su intención de que esa medida sea revisada. La fiscalía a cargo de la investigación deberá analizar ahora el pedido presentado y resolver si mantiene la entrevista prevista o si accede a dejarla sin efecto.
Facundo Moyano y Candela Arizaga contaron qué hicieron en Madrid
Facundo Moyano y Candela Arizaga se mostraron juntos en España. Antes de que se confirmara oficialmente la reconciliación entre ellos, el exdiputado había tenido una comunicación con Moria Casán en la que le contó detalles sobre los días que pasa junto a la modelo.
Según relató la conductora en La mañana con Moria (eltrece), la pareja aprovechó su estadía en la capital española para recorrer la ciudad y hacer compras.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.
La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
Qué requisitos deben cumplir los empleados
Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:
- Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
- Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
- Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
- No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
- Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
- No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.
Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
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