POLITICA
Osvaldo Jaldo rechazó la reforma electoral que presentó el Gobierno y más aliados toman distancia de la eliminación de las PASO
El proyecto de reforma electoral enviado por el Gobierno de Javier Milei al Senado la semana pasada comenzó a enfrentar resistencias tanto en la oposición kirchnerista como entre gobernadores que, hasta ahora, habían acompañado buena parte de las principales leyes impulsadas por la Casa Rosada. Este lunes, el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo cuestionó abiertamente la iniciativa y rechazó, en particular, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los ejes centrales del texto oficial.
La propuesta de reforma electoral enviada por el Gobierno de Javier Milei al Senado incluye la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única, Ficha Limpia, y cambios al financiamiento de los partidos, entre otros, y ha generado rechazo entre sectores del peronismo dialoguista y parte de la oposición más cercana a La Libertad Avanza.
Según el gobernador Jaldo, la eliminación de las PASO perjudica tanto a los partidos como a los ciudadanos, mientras que el oficialismo considera que la medida contribuye a la modernización política y una fuerte reducción del gasto.
Las declaraciones de Jaldo tienen peso político, ya que se trata de uno de los referentes peronistas que mantuvo una relación institucional fluida con la administración libertaria y cuyos legisladores acompañaron votaciones clave en el Congreso. Su pronunciamiento se da en un momento en que el oficialismo busca construir mayorías para avanzar con cambios sensibles en el sistema político.
Durante una entrevista con Canal 10 Tucumán, el gobernador criticó la propuesta nacional. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó Jaldo.
El mandatario defendió las primarias como mecanismo de competencia interna y participación ciudadana. Señaló: “Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, sostuvo.
No fue el único cuestionamiento. También se mostró en desacuerdo con la implementación de la Boleta Única en los términos planteados por la Nación. “Quien habla no está para nada de acuerdo de esas medidas electorales porque es un traje a medida de La Libertad Avanza hecha por el mejor sastre de Capital Federal”, lanzó, en una frase de fuerte tono político.
El mandatario tucumano incluso dejó entrever que buscará trasladar esa discusión al ámbito partidario provincial. Señaló que pedirá una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista para fijar posición sobre el proyecto. La decisión exhibe que el debate electoral ya empezó a impactar en las estructuras partidarias del interior.
Más objeciones
La postura de Jaldo no quedó aislada. Según pudo confirmar Infobae, en las últimas horas también trascendió el malestar de Raúl Jalil, otro de los gobernadores peronistas que mantuvo canales abiertos con la Casa Rosada y que tampoco vería con buenos ojos la eliminación de las PASO. En el oficialismo admiten que el respaldo de los mandatarios provinciales será decisivo para cualquier cambio en materia electoral, especialmente en el Senado, donde las provincias tienen peso específico.
El escenario se complejiza aún más porque las objeciones exceden al peronismo dialoguista. PRO y UCR ya hicieron saber sus reparos a la eliminación lisa y llana de las primarias. En ambos espacios conviven sectores favorables a revisar el sistema, reducir costos o modificar plazos, pero no necesariamente a suprimir por completo una herramienta que consideran útil para dirimir liderazgos y ordenar candidaturas.
A eso se suma la posición de la Coalición Cívica, que cuestiona que el Gobierno haya incorporado el proyecto de Ficha Limpia dentro de un paquete electoral más amplio. En ese espacio sostienen que la iniciativa para impedir candidaturas de condenados por corrupción debería tratarse de manera independiente y no quedar mezclada en una negociación global.
Ese mosaico de resistencias amenaza con convertir la reforma electoral en una discusión más compleja de lo que imaginaba la Casa Rosada. El oficialismo apostaba a capitalizar el discurso de modernización política, reducción del gasto y simplificación de los procesos electorales. Sin embargo, la eliminación de las PASO toca intereses partidarios concretos, reabre disputas de liderazgo y genera prevenciones incluso entre sectores cercanos al Gobierno.
En el caso de Jaldo, además, el rechazo convive con un mensaje de autonomía provincial. Consultado por el calendario electoral tucumano, recordó que la provincia tiene su propia dinámica institucional y una fecha estimada entre mayo y junio para futuras elecciones locales. “De acuerdo a lo que vaya decidiendo la Nación tomaremos decisiones”, dijo, marcando que los movimientos nacionales no necesariamente condicionarán por completo a Tucumán.
El gobernador también aprovechó la entrevista para hablar de la interna del peronismo nacional. Señaló que el Partido Justicialista “se tiene que normalizar y tratar de ordenarse de una vez por todas” y afirmó que en el movimiento “no sobra nadie”. En esa línea, planteó que la futura conducción y eventual fórmula presidencial debería surgir “de abajo hacia arriba”, con protagonismo de los gobernadores y del interior del país.
En ese tramo también tomó distancia de la proyección nacional de Axel Kicillof. Dijo que el mandatario bonaerense “se está autopostulando” y remarcó que una candidatura no puede construirse en soledad. “Una golondrina no hace verano”, resumió.
Aunque el foco principal de sus declaraciones estuvo puesto en la reorganización del peronismo, el mensaje político más inmediato fue otro: uno de los aliados circunstanciales del Gobierno acaba de cuestionar frontalmente la reforma electoral oficial.
Para la administración Milei, que ya enfrenta negociaciones abiertas por temas fiscales, judiciales y previsionales, el frente electoral aparece ahora como otro terreno de conflicto. Y con un dato adicional: las primeras objeciones públicas llegaron desde sectores que hasta ahora habían ayudado a sostener la gobernabilidad parlamentaria.
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POLITICA
Con la designación del secretario de Prensa, 12 exfuncionarios de Pro ocupan cargos centrales en el gobierno de Milei
El desembarco de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa profundizó la presencia de exfuncionarios de Pro en la administración de Javier Milei. Hoy, son al menos 12 los integrantes del gabinete libertario de primera y segunda línea que se desempeñaron bajo gestiones macristas o del sello amarillo.
Cuando La Libertad Avanza (LLA) llegó a la Casa Rosada en 2023, el número de carteras con rango ministerial quedó reducido a diez. Hoy, el 60% de ellas están encabezadas por figuras que ocuparon roles clave durante las gestiones macristas en la ciudad de Buenos Aires y Nación.
Pese a que la actual relación entre Milei y el jefe de Pro, Mauricio Macri, no atraviesa por su mejor momento, también hay una fuerte presencia de exfuncionarios amarillos en secretarías clave, como es el caso de Ignacio Devitt, cuyo nombre se menciona para secundar al nuevo jefe de gabinete tras la salida de Manuel Adorni.
Buena parte del equipo económico de Javier Milei recupera funcionarios de la presidencia de Mauricio Macri. Tanto Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, como Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, tuvieron un fuerte protagonismo en la administración del titular de Pro. Se desempeñaron como presidente del Banco Central (2015-2018) y ministro de Finanzas, respectivamente.
En esta última dependencia, convivía con Caputo el ahora ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien ejercía como jefe de gabinete de Finanzas. También ocupó el cargo de director del Banco Central bajo la administración del actual titular del Palacio de Hacienda.
El ahora presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, es otro de los agentes del área económica que se repiten. Durante la gestión de Macri en Casa Rosada, se desempeñó como subsecretario de Financiamiento y secretario de Finanzas.
Alejandra Monteoliva, que, desde diciembre del año pasado encabeza el Ministerio de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich para asumir como senadora nacional, integró la misma cartera durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional. Entre 2015 y 2019, trabajó bajo el ala de la actual líder del bloque oficialista en la Cámara alta, como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad.
Bullrich, aunque ya no forma parte del gabinete, sigue ostentando un rol protagónico dentro del armado político del oficialismo. Con Milei distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y en calidad de presidenta del bloque violeta, la exministra actúa como la principal articuladora de la estrategia libertaria en la Cámara alta. Es, además, una posible candidata de LLA en la ciudad.
Otros dos ministros salieron de la órbita de la capital federal, donde Pro gobierna desde hace 20 años. Se trata de Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Diego Santilli, que en noviembre pasado asumió como ministro del Interior de Milei y ahora, con la salida de Adorni, se encamina a convertirse en jefe de gabinete.
El titular de la cartera judicial fue, hasta antes de asumir su rol a nivel nacional, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, cargo al que accedió por impulso del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta y con el respaldo del operador judicial del macrismo Daniel “Tano” Angelici.
Santilli, por su lado, acumula una amplia trayectoria en las administraciones amarillas de la Ciudad: fue ministro de Ambiente y Espacio Público (2013-2015) y de Justicia y Seguridad (2018-2021), además de acompañar a Rodríguez Larreta como vicejefe de gobierno entre 2015 y 2021. Hoy, pese a su incorporación al gabinete de Milei y su afinidad con La Libertad Avanza (LLA) −podría llegar a ser el candidato a gobernador bonaerense del partido violeta en el 2027−, continúa afiliado a Pro.
Bajo su mando en el Ministerio del Interior, también tallan figuras que participaron de las gestiones del sello amarillo. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Coria: el exministro de Seguridad porteño de Rodríguez Larreta se desempeña actualmente como secretario de Interior.
Según contó , con la renuncia de Adorni tras las sucesivas revelaciones sobre su patrimonio, Santilli se encamina a ser ministro coordinador, cargo en el que estaría secundado por Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno. Su desembarco en el sector público precede a la irrupción de Milei en la política: Devitt supo militar en la juventud de Pro y se desempeñó como director de Personería Jurídica y Entidades Intermedias de Vicente López durante la gestión municipal de Jorge Macri. También tiene pasado en el sector privado.
Además de Devitt, al nivel de las secretarías, el gobierno de Milei también cuenta con una fuerte presencia de exfuncionarios de Pro. El caso más reciente es el del nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Rodríguez. Pese a que ya venía trabajando cerca de la cúpula libertaria como gerente de Medios de la petrolera YPF, anteriormente trabajó codo a codo con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti: ofició como subsecretario de prensa y nuevos medios del municipio.
Como contó , el flamante funcionario tendrá, junto al nuevo vocero Adrián Ravier, un rol central para mejorar la relación del gobierno con la prensa, así como también volver a darle visibilidad a las tareas de los ministerios, que perdieron centralidad tras el estallido del caso Adorni.
En Lanús, Fernández compartió tareas con otro alto funcionario violeta: Diego Kravetz, actual subsecretario de Inteligencia de Estado, fue la mano derecha de Grindetti en ese municipio, al que reemplazó como intendente interino, pero también fue secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, al inicio de la gestión de Jorge Macri, además de legislador porteño.
María Ibarzabal Murphy es otro de los engranajes clave de la Casa Rosada con pasado en gestiones de Pro. La actual secretaria de Legal y Técnica de LLA cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito privado, pero ya había transitado el sector público de la mano del expresidente Macri, cuando trabajó en la Procuración del Tesoro Nacional (jefatura de todos los abogados del estado) bajo el mando de Bernardo Saravia Frías.
Ibarzabal tuvo un rol clave en la elaboración y sanción de la Ley Bases, promulgada a mediados de julio del año pasado. En abril, cuando se conoció que la Justicia norteamericana había fallado favorablemente para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el Presidente reivindicó el trabajo, entre otros, de la funcionaria del área legal, a quien define como su “cerebro” en materia jurídica.
Los secretarios de Cultura y Educación de Milei, Leonardo Cifelli y Carlos Torrendell, son otras figuras que desfilaron por áreas del estado bajo dominio de Pro. Según consta en su perfil de Linkedin, el primero trabajó como jefe de gabinete del Ministerio de Cultura porteño, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, durante el primer mandato de Rodríguez Larreta al frente del Ejecutivo.
Torrendell, en tanto, ejerció como coordinador y asesor en Planeamiento Educativo y en Formación Docente del Ministerio de Educación, tanto bajo la administración de Mauricio Macri como del ahora legislador porteño de Volvamos Buenos Aires.
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POLITICA
Quiénes son los dos argentinos que fueron liberados tras ser detenidos en Libia cuando iban en una misión humanitaria
El canciller Pablo Quirno informó este miércoles que dos argentinos fueron liberados tras ser arrestados en Libia cuando intentaban llegar a Gaza en una misión humanitaria. El Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que ambos estaban en Turquía a la espera de regresar al país.
Los ciudadanos fueron identificados como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes fueron detenidos el pasado 24 de mayo en la zona de Sirte, que se encuentra a casi 500 kilómetros de la capital Trípoli. De allí los trasladaron a Bengasi, al este del país, hasta que esta mañana finalmente fueron expulsados y viajaron a Estambul, donde los recibió un equipo diplomático.
“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja hicieron posible su liberación”, explicó Quirno.
Y añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron”.
Días atrás, el diputado kirchnerista Hugo Yanksy había pedido citar a Quirno para que expliqué qué fue lo que había pasado con los dos ciudadanos.
Quiénes son los dos argentinos que fueron expulsados de Libia
María Paula Giménez, de 42 años, es psicóloga, y Lucas Aguilera, de 49, es médico veterinario. Ambos son oriundos de Mendoza —ella de la localidad de Alvear y él de Luján de Cuyo— y se desempeñan como directores de investigación de la agencia de noticias Nodal. Según explicó Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, los dos tienen una extensa trayectoria ligada a la militancia social, la investigación periodística y la defensa de los derechos humanos, convicción desde la cual decidieron sumarse a la misión.
El recorrido del grupo comenzó en Estambul y continuó hacia Trípoli, donde se incorporaron a la caravana internacional. Aunque contaban con la documentación necesaria para transitar por Libia y habían recibido apoyo de gran parte de la población local, fueron arrestados cuando intentaban obtener autorización para avanzar por el noreste del país. Según relató la familia, las dificultades previstas estaban más cerca de Egipto y de la frontera con Gaza, por lo que la detención en territorio libio tomó por sorpresa a todos los integrantes de la delegación.
El convoy del que formaban parte, el Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, estaba integrado por más de 200 participantes de 25 países: médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles, además de ambulancias, vehículos logísticos y asistencia especializada destinada a la población palestina, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones que acompañaron el caso. El objetivo era llegar al paso fronterizo de Rafah para exigir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo impuesto sobre Gaza.
Tras recuperar la libertad, Aguilera se refirió a la experiencia en sus primeras declaraciones públicas. “Fueron días durísimos”, afirmó, y destacó la unión que se generó entre los detenidos pese a las diferencias idiomáticas y culturales. “Éramos de países distintos. Yo no hablo inglés, unos hablaban italiano, los otros inglés, y nos supimos comunicar, nos supimos sacar la fortaleza de adentro y salimos adelante”, señaló. El grupo de diez personas que compartió el cautiverio se autodenominó “los diez del Magreb”, según sus propias palabras.
Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que acompañaron el proceso celebraron la liberación, pero advirtieron sobre la gravedad de lo ocurrido. En un comunicado, sostuvieron que “la libertad de las diez personas no borra la gravedad de lo ocurrido” y que “durante semanas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, alejadas de sus familias y sometidas a una situación de extrema incertidumbre”. Calificaron la detención como un secuestro y afirmaron que los integrantes de la misión “nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria”.
POLITICA
Ley de Sociedades: Sturzenegger defendió el proyecto y avaló el guiño de Milei a la inteligencia artificial
En una reunión en la que el oficialismo senatorial -que comanda Patricia Bullrich– ni siquiera consiguió el quorum inicial en la comisión de Legislación General -se esperaron los 30 minutos reglamentarios y luego se continuó con el tercio de la misma- , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario además buscó blindar un guiño de la administración libertaria hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos.
Según Sturzenegger, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el ministro, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal.
Al inicio del encuentro disertó la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán. Tras conceptos generales de una normativa vigente desde 1972, mencionó siete ejes: fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios -Estado deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo organizar sus negocios-; ordenar reglas comunes y luego las de cada subtipo; simplificación de la actividad empresarial; digitalización profunda -libros contables, por caso-; reducción de discrecionalidad de organismos públicos -continúa la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación-; inclusión de nuevas figuras de la economía; e instrumentos flexibles de financiamiento e inversión.
Seguido a ello, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.
Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.
Tras ello, llegó el turno de Sturzenegger. Dijo que hay dos planos sobre las nuevas tecnologías: las sociedades automatizadas por robots -un subtipo de SA, pero de gestión por software o robots; y las DAO, administradas por inteligencia artificial pero con posibilidad de contratar humanos para diversas tareas. “A mediados de los ‘80, Irlanda tenía un ingreso promedio del 60%; a mediados de los 2000, 20 años después, era de 115% del promedio de la Unión Europea”.
Desde el kirchnerismo, Martín Soria (Río Negro) no perdió la chance para defenestrar a Sturzenegger y relacionar el proyecto con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) impulsadas durante el macrismo y luego utilizadas en el pasado, según relató, por bandas del narcotráfico, como “Los Monos”. También mencionó los parámetros del Papa sobre este tema y alertó sobre el domicilio electrónico, que será considerado válido y vinculante para los casos en los que no exista sede física. Quien objetó otros puntos y realizó consultas extra fue el chaqueño Jorge Capitanich, las cuales fueron bien recibidas por los representantes del Ejecutivo.
En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.
Al final de la reunión, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), informó que la discusión continuará en asesores y se descarta que habrá lista de invitados. Así, se estima que el análisis de la ley seguirá por, al menos, varias semanas.
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