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PASO y colectoras: las conversaciones en la UCR, un aliado clave para que el Gobierno apruebe la reforma electoral

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¿A los gobernadores de la UCR les conviene el sistema de colectoras que quiere implementar el Gobierno para las elecciones de 2027? La pregunta es oportuna porque es la justificación que deja trascender el oficialismo para destrabar la negociación para eliminar o suspender las PASO en el Congreso. Como el partido centenario no tiene candidato presidencial, la alternativa electoral sería beneficiosa para ambos espacios que, por cierto, comparten electorado en todas las provincias.

De las cinco provincias que gobierna la UCR, Corrientes es la que más se acerca a un acuerdo. Según pudo reconstruir Infobae, entre los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés prevalece una convicción: hay que eliminar las PASO. Entusiasmados por el arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, porque creen que mejorará el diálogo con la Casa Rosada, están abiertos a la implementación de las colectoras.

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“Con las colectoras queda claro quién es quién y qué aporta cada uno”, dicen en Corrientes, donde ya tienen experiencia con el sistema a nivel local. Los correntinos se envalentonan porque vienen de una larga racha de victorias. Incluso cuando compitieron en las legislativas nacionales dentro de Provincias Unidas fueron los únicos que rompieron con la polarización. El año que viene la provincia renueva senadores y no habría que descartar que el exgobernador encabece la lista.

La última visita de cuatro gobernadores al Comité Nacional de la UCR donde acordaron avanzar con estrategias electorales según las necesidades provinciales

Además, los hermanos Valdés observan dos cosas: el espacio de centro no está fortalecido y la supuesta candidatura de Mauricio Macri no termina de ser creíble. Sin postulante para la Casa Rosada, “colgarse” de la lista de Javier Milei sería una buena solución para esa orfandad electoral. Hasta el momento, la propuesta formal no apareció, pero creen que después del Mundial comenzarán las conversaciones.

En el resto de los mandatarios de la UCR predomina la precaución. Varios de ellos entienden que el Gobierno quiere eliminar las PASO para perjudicar al peronismo y evitar que logre una síntesis en la danza de nombres para la Presidencia. ¿Y si Milei no llega bien a 2027 y surge una candidata como Patricia Bullrich o el propio Macri? Algunos creen que la avenida del medio no está muerta y que, en un escenario electoral incierto, no hay que descartar ninguna alternativa. “Las PASO siempre sirven para ordenar”, resaltan dentro del partido centenario.

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Lo que más llama la atención de los dirigentes radicales es que la propuesta de implementar las colectoras como moneda de cambio para destrabar la eliminación de las PASO nunca llegó. Se enteraron por trascendidos periodísticos. “Están muy apurados en la Casa Rosada”, advierten algunos, quienes además creen que no es el momento oportuno para esta discusión.

Diego Santilli y Sebastián Pareja son los referentes de La Libertad Avanza que buscan un acuerdo bonaerense para enfrentar a la propuesta peronista

Un dato no menor es que en la última reunión de la Mesa Nacional del Comité de la UCR con el presidente del bloque en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi, se habló de sostener las primarias. Pero esa conversación sucedió hace más de un mes y, en ese entonces, La Libertad Avanza no mostraba premura por la reforma electoral. Tampoco hay que olvidar que el senador radical responde a las necesidades de su provincia, es decir, a los hermanos Valdés, que sí apoyan al Gobierno con estos cambios.

Donde hay mayor tensión es en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo logró recientemente ordenar su interna partidaria y busca hacer pie en la estrategia electoral después del fracaso que vivió en 2025, con una fuerte pérdida de representatividad parlamentaria. Hace varios meses que tanto La Libertad Avanza como el PRO le envían mensajes públicos a Maximiliano Abad, el máximo referente local, para armar una coalición que enfrente al peronismo de Axel Kicillof. Hasta ahora no hubo respuestas.

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Ahora, el oficialismo, sobre todo en la Cámara de Diputados, dejó trascender que el sistema de colectoras está pensado especialmente para el territorio bonaerense. También dijeron a Infobae que, en caso de aceptar, tendrán como una suerte de beneficio: “Seguir siendo aliados”. “Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Maximiliano Abad, senador nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires

Los correligionarios bonaerenses no salen de su asombro. En principio, porque no son aliados de los libertarios. Justamente, la fuerte interna que vivió el partido y el fracaso electoral del año pasado se debieron a que no lograron establecer una política de alianzas. Incluso, el sello de la UCR no estuvo en ninguna lista. “¿Cómo sería eso de seguir siendo aliados si no lo somos?”, ironizó un boina blanca en diálogo con este medio.

Lo que más irritó fue la promesa de que a futuro se “podrán negociar otras cosas”. Los expertos en armados electorales bonaerenses dicen que en política se paga y se acuerda “al contado”. No existe el cheque en blanco. Además, insisten en que se trata de una conversación prematura y que la UCR seguirá con su plan de fortalecerse con la misión de tener candidatos a intendentes en los 135 municipios de la provincia.

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En la pulseada, Abad tiene dos factores que juegan a su favor: La Libertad Avanza lo requiere para armar una coalición opositora que enfrente a Kicillof y también necesita su voto en el Senado. “Sin los radicales no sale la ley en el Senado”, confiesan los libertarios. La incógnita final es si finalmente la UCR dará una respuesta coordinada o hará acuerdos por provincia, una estrategia que ya suma resistencias.

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Incomodidad y silencio en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros

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Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.

“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.

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El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.

Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.

“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.

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La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.

Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.

El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.

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Con diferencias entre LLA y la oposición, Diputados debate el proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas

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En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

La estrategia del oficialismo es tener dos encuentros con invitados y, posteriormente, al finalizar la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, firmar los dictámenes correspondientes, y llevarlos al recinto al otro día. La Libertad Avanza trabaja para convocar a una sesión especial para el 7 de octubre con una agenda que incluya el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto. La reunión informativa y la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo será de mucha utilidad para ir acercando posiciones”, señaló el salteño Carlos Zapata.

El titular de la estratégica comisión de Defensa confirmó la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional a partir del mediodía en el debate y estará abierto a escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados, siempre que sean para hablar sobre el tema del proyecto que está en tratamiento.

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Carlos Zapata, diputado nacional La Libertad Avanza, y presidente de la Comisión de Defensa. Foto Cámara de Diputados.

Puntos centrales

La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.

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El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.

El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.

Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

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La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.

Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

Contrapuntos con aliados

El asesor Santiago Caputo tuvo un cruce con el diputado Eduardo Falcone. (Foto: Reuters/Matías Baglietto).
El asesor Santiago Caputo tuvo un cruce con el diputado Eduardo Falcone. (Foto: Reuters/Matías Baglietto).

La iniciativa que aún no comenzó su tratamiento ya anticipa una fuerte discusión con sectores aliados como los desarrollistas del MID. El diputado Eduardo Falcone hizo referencia a algunos puntos del proyecto vinculados con cambios a las leyes de seguridad Interior o de Inteligencia y sus alcances a partir de los límites que marca la propia Constitución Nacional que “indica que los actos de guerra o las represalias militares pueden ser decididos solamente por el presidente, y con autorización del Congreso Nacional. El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil. Lo decidiría el presidente, quien puede delegar ese acto militar en el ministro de defensa, sin intervención del Congreso Nacional”.

El diputado oriundo de Chivilcoy tuvo un cruce por las redes sociales con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el rol que debe tener el Congreso nacional. Caputo le señaló al diputado que: “Creo que lo estás pensando solo limitado a la invasión de una aeronave o buque oficial de un Estado. En ese marco podría entenderse cierta competencia del Congreso debido a que la potestad de declarar la guerra (contra otro Estado) es del Congreso. Pero esto no es eso. Estamos hablando de “vectores” que en 99.99% son civiles. Salvo que estemos discutiendo la hipótesis de si es legítimo declarar la guerra a un agente no estatal en cuyo caso me encontrarás a favor y anti-en contra”.

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El PJ por las banderas que flamearon en Malvinas

Acto a 60 años del operativo Cóndor, realizado en Diputados por Eduardo Valdés, junto a Gabriel Fuks, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y la exministra Kelly Olmos. Foto: Bloque UxP
Acto a 60 años del operativo Cóndor, realizado en Diputados por Eduardo Valdés, junto a Gabriel Fuks, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y la exministra Kelly Olmos. Foto: Bloque UxP

A 60 años del Operativo Cóndor, el diputado peronista Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas e hicieron flamear allí la bandera argentina.

Valdés destacó la vigencia histórica y política de aquella acción y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. “Frente a tanto malvinero trucho que aparecen en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Lee También: El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad de las petroleras en Malvinas en un plazo de dos semanas

Participaron del homenaje los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta.

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El Operativo Cóndor fue llevado adelante el 28 de septiembre de 1966 por 18 jóvenes encabezados por Dardo Cabo. El grupo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y, una vez en las islas, desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. A seis décadas de aquella acción, el homenaje en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Malvinas Argentinas, debate, Javier Milei

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Sorpresivo ataque de Malena Galmarini contra Martín Guzmán tras sus críticas a Milei: “¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“

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La senadora provincial Malena Galmarini cuestionó duramente al exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán luego de que criticara las declaraciones en las que el presidente Javier Milei, entre otras cosas, reivindicó el modelo económico de Arabia Saudita con respecto al petróleo.

“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter (ahora X) ahora quiera explicar qué hay que hacer. Dos años después de gestión y no sabía que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras. Dejen de venderse. Dejen de darle aire. ¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social.

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El posteo que hizo GalmariniX

Este miércoles por la mañana, Guzmán respondió a las acusaciones de la senadora de la Provincia de Buenos Aires. “Ay, Malena Galmarini, el país cada día más dañado por un Presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta. Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”, consideró.

Y sumó: “Como es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un Gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad. Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para el 2027″.

Guzmán —antecesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández— se había referido a los dichos de Milei durante una entrevista con LN+. “Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, introdujo el mandatario y agregó: “Cuando se toma esa actividad, se generan los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza”.

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“Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante”, destacó Milei.

Al ser consultado al respecto durante una entrevista en Cenital, Guzmán consideró que el análisis del jefe de Estado “no tiene ningún sentido”. “No sabe de lo que está hablando, no estudió el caso. En Arabia Saudita, en el año 2018, el actual príncipe, quien gobierna el país, convocó a los grandes ricos en un hotel millonario. Esas reuniones en las que no podés decir que no… Quedaron detenidos hasta que entregaron la plata. Les sacó la riqueza y les dejó un poco; hizo una redistribución de riqueza brutal para invertir en obras públicas”, explicó Guzmán sobre la situación en el país de Medio Oriente.

“(Milei) habla de una cosa que no tiene idea en Arabia Saudita. La transformación económica que busca dar ahí con métodos que fueron esos, no tiene ningún sentido”, ratificó.

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Sergio Massa y Martín Guzmán, en la presentación del Presupuesto 2021Fabian Marelli

Este comentario fue el que despertó la bronca de Galmarini. Minutos más tarde, a la defensa del exfuncionario se sumó Guillermo Hang, secretario de Comercio Interior durante la gestión de Guzmán al frente de Economía. “Pareciera que Malena Galmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone”, escribió en respuesta al posteo de la esposa de Massa.

“Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al Ministerio de Economía (MECON) para pedir plata”, acusó. En ese momento, el organismo nacional era dirigido por Galmarini.




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