POLITICA
Pidieron la indagatoria del titular de ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

En medio de la investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete por su patrimonio, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, fue señalado por la Justicia por presuntamente haber ocultado a la Oficina Anticorrupción y al organismo que conduce la posesión de tres propiedades en Estados Unidos que valen más de US$2,1 millones.
El pedido de indagatoria fue emitido por el fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien consideró que Vázquez debería ser procesado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial.
Se trata de una figura penal que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En su solicitud, que deberá ser resuelta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el titular de la PIA enfatizó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
El funcionario, que fue nombrado como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido a la cúpula de ARCA en diciembre de 2025 por Javier Milei, es investigado desde diciembre de 2024 luego de que se conociera su supuesta vinculación con tres inmuebles en Miami.
Las propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., además de la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.
Ambas firmas de origen panameño pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedió el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
En este escenario, tres diputados de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade- presentaron una denuncia penal que cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, luego pasó a Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.
En esa tarea, también trabajan junto al fiscal dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativa. Fue esta última quien ahora pidió la citación indagatoria al argumentar que Vázquez nunca hizo mención a sus propiedades en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023.
Para el fiscal Rodríguez, existe una hipótesis de enriquecimiento ilícito, ya que Vázquez declaró tener US$40 mil en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.
En ese contexto, Rodríguez aseguró en su dictamen haber verificado que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. Según su investigación, también se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, de acuerdo a la declaración de domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
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Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi librar exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y reiterar el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas.
En paralelo, Rodríguez también requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
ARCA, Gobierno, Procuraduria de Investigaciones Administrativas
POLITICA
La IA de Milei, entre el juego de poderes y el futuro democrático

En apenas quince días el Gobierno presentó tres iniciativas de profundas implicancias, que tienen a la Inteligencia Artificial (IA) como actor protagónico. Coincidió con semanas trascendentales en términos de redefinición del mapa del poder global en el plano tecnológico.
Javier Milei se muestra fascinado por la construcción de un futuro donde no sólo prevalezca la tecnología más avanzada, sino en el que además no rijan restricciones de ningún tipo. Emerge allí la dimensión más honda de su carácter anarcocapitalista, porque no se limita al plano económico del libre mercado, sino que apunta a una redefinición de la arquitectura institucional de la Argentina y a una interpelación al aspecto moral del ser humano. Es el líder con el proyecto más ambicioso y revulsivo que haya gobernado el país, aunque todavía no está claro si las terrenales dificultades cotidianas le van a permitir desplegar ese horizonte imaginario.
La primera de las iniciativas la presentó el 22 de mayo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la denominó “Gemelo Digital Social”. Se trata de una herramienta basada en IA que busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas, a partir del procesamiento de las bases de información de las que dispone el Estado. La idea es generar un avatar de cada persona construida con datos reales, para prever situaciones que permitan tomar decisiones ajustadas a los resultados. Es un proyecto, todavía no formalizado, basado en una lógica predictiva, que es una de las aplicaciones más difundidas de la IA. Sin embargo, tiene sus observaciones, sobre todo en el plano de la utilización de datos personales. ¿Quién los va a gestionar? ¿Cómo se van a utilizar? Debates éticos que tienen su epicentro en el derecho a la privacidad y que ya levantaron las advertencias de varios especialistas.
La segunda propuesta fue el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, que busca impulsar, a partir de incentivos impositivos, tecnologías y actividades no desarrolladas previamente en el país, desde IA y biotecnología hasta semiconductores. Se trata de la propuesta más física de las tres, ya que apunta a generar incentivos de inversión a partir de las condiciones que ofrece la Argentina por estar en una región pacífica en comparación con otras en el mundo, con un clima frío en su Patagonia, y acceso a recursos naturales.
Aspira a promover proyectos como los que anunció el año pasado OpenAI para desarrollar un mega centro de datos por US$25.000 millones (de la que después no se supo nada más), y tiene su factor más novedoso en que está destinado a una tipología de compañías que aún no tiene presencia. Dice mucho de la matriz productiva que se imagina Milei cuando demuestra qué tipo de sectores está dispuesto a beneficiar, mientras que al mismo tiempo les advierte a los grupos industriales clásicos que deben reconvertirse si no quieren desaparecer.
Y la última de las propuestas, probablemente la más innovadora y provocadora, partió de una reforma de la Ley General de Sociedades que presentó hace unos días el Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger. Esta iniciativa, resaltada en el artículo que Milei publicó en el Financial Times esta semana, tiene su punto sustancial en la creación de “sociedades automatizadas”, que funcionan con algoritmos o robots, sin la necesidad de contar con personas humanas. Es decir, crea una nueva tipología de empresas no humanas que según el Gobierno es una novedad a nivel mundial, con el objetivo de garantizar una seguridad jurídica a un tipo de inversiones que en general operan en un gris legal. Además, esto permite establecer un esquema impositivo diferenciado.
La iniciativa surgió de una idea que le llegó a Sturzenegger de parte de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, una empresa de observación terrestre por satélite. Está basada en la experiencia de Irlanda, que a través de su régimen legal flexible facilitó la instalación de empresas tecnológicas que operan a nivel global. Es el caso de la firma dueña del software de Apple, que al estar registrada allí, le permite al gobierno de Dublin cobrar un royalty por cada venta de IPhone en el mundo.
Pero al ser tan disruptiva, también el proyecto es el más polémico desde el punto de vista legal, porque incorpora el concepto de “responsabilidad limitada”, pero aplicada a empresas no humanas. “Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles -como deben hacerlo para ser realmente útiles- sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio”, escribió Milei en el Financial Times.
¿Quién es entonces el responsable legal si una empresa de este tipo incurre en incumplimientos o comete un delito? Según el Gobierno, está establecido que “la empresa está obligada a responder con su patrimonio como cualquier otro tipo de compañías” en el plano civil, y si hay una afectación penal, la Justicia deberá determinar quién es el beneficiario final de esa firma, una tarea que requeriría probablemente rastrear las distintas capas de conformación societaria. Para los abogados especializados en la materia, es un debate clave que se abre a partir de ahora. El boceto original de la propuesta contemplaba una serie de salvaguardas que después no quedaron en la redacción final.
Pero además de la cuestión legal emerge una gigantesca discusión ética detrás de la figura de “sociedades automatizadas”, porque fuerza a replantearse una dinámica sin responsabilidades humanas. Es a lo que apuntó Elisa Carrió, la primera que saltó al conocerse la iniciativa, quien definió el desafío en términos de “problema existencial”. Es la línea que acaba de expresar el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), donde llama a proteger la dignidad humana y el bien común frente al creciente poder concentrado de la tecnología y la revolución digital.
Está muy claro que Milei imagina un sistema desregulado y sin restricciones para posicionar a la Argentina como un actor en el ecosistema de la IA. No lo hace sólo por orientación económica; es también un planteo filosófico. Su convicción libertaria es absolutista. Desde ese lugar entiende que está frente a una nueva era civilizatoria, y que en consecuencia se requieren nuevos instrumentos normativos.
Milei ya se apropió del futuro como parte de su narrativa. Es el único dirigente del país que habla enfáticamente de estos temas, frente a una elite política en general muy retrospectiva. Claro que lo hace en sus propios términos y bajo sus propias consignas. La mayor parte de la sociedad, preocupada por terrenalidades como la inflación o el empleo, no parece siquiera intuir las implicancias de los lineamientos que está definiendo el Presidente, aunque todos ya sienten en sus vidas cotidianas los efectos concretos de la IA. A mucha gente ese futuro imaginado le puede estar quedando lejos.
Empresas versus gobiernos
El trasfondo de los planteos de Milei no sólo tiene relación con el desarrollo tecnológico y las oportunidades económicas, sino que conllevan profundas implicancias políticas, que podrían resumirse en dos dilemas absolutamente determinantes para el desarrollo del siglo XXI.
En primer lugar, porque por fuera de los conflictos bélicos como los de Ucrania o Medio Oriente, se está desarrollando una batalla frontal por la distribución del poder mundial. Es la que enfrenta a las grandes corporaciones globales de negocios digitales contra los Estados nacionales. Nunca en la historia de la humanidad un conjunto de compañías privadas ostentaron tanto poder, al punto de condicionar, y en muchos casos sortear, las decisiones de los principales líderes mundiales.
Por esa razón también últimamente se multiplicaron las reacciones violentas contra esas compañías por parte de particulares. La prueba está en que en un 2025 que se caracterizó por una guerra de aranceles y las barreras entre Estados, el comercio mundial alcanzó un récord histórico de US$35 billones, un 7% más que el año anterior. Hay un capitalismo vertiginoso que ya no cabalga sobre la montura de los gobiernos.
La disputa central entre Estados y empresas como Anthropic, OpenIA, Google o Meta reside en el debate en torno de las regulaciones. ¿Hasta qué punto la nueva constelación virtual debe estar reglada? ¿Las compañías deben ser liberadas de cualquier restricción, o hay que garantizar los derechos individuales? La IA fue por primera vez un tema central en la última cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, ambos preocupados por las implicancias en materia de seguridad y defensa. También será el foco de la primera cumbre de la ONU sobre gobernanza de la IA, que se realizará el 6 y 7 de julio en Ginebra.
Frente a estos dilemas hasta ahora surgieron tres tipos de respuestas. Uno lo encarna China, que en nombre de la seguridad nacional establece un control total de los datos y de los algoritmos, tal como hace tiempo realiza sobre Internet. Por esta razón, China disputa con EE.UU. en la cuestión tecnológica, pero está atrasada en materia empresarial. Como resalta Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, “mientras en Estados Unidos hay 2000 empresas nuevas exclusivamente de IA, en China hay 200”.
La Unión Europea, en línea con su filosofía integral, representa un modelo alternativo, con regulaciones para prohibir abusos y establecer auditorías obligatorias en las herramientas aplicadas a educación, empleo o justicia. El problema es que este entramado legal es muy disuasivo para las empresas tecnológicas, que no quieren tener este tipo de restricciones, y entonces Europa está perdiendo la carrera de la IA frente a sus rivales. En el intento por no seguir rezagada, esta semana la Comisión Europea presentó un paquete de medidas de soberanía tecnológica, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad en materia de semiconductores, IA, nube y código abierto.
Y el tercer esquema es el norteamericano, el más desregulado de todos, y el que Milei toma como modelo. Trump regresó a la Casa Blanca acompañado por los principales magnates tecnológicos, con la promesa de desactivar cualquier tipo de normativa para que la industria pudiera competir libremente. Los resultados vienen siendo tan potentes que Trump llevó a toda la troupe digital a su reciente viaje a China, como exhibición del activo más poderoso frente a su rival.
Sin embargo, esta semana ocurrió un cambio muy importante. El titular de la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva por la cual las empresas tecnológicas son instadas a entregar al gobierno los protocolos de sus nuevos modelos de IA al menos 30 días antes de su lanzamiento masivo. Este giro marcado tiene una explicación: hace dos meses Anthropic frenó el lanzamiento de su nueva plataforma Claude Mythos porque el sistema era tan poderoso que había detectado una gran cantidad de falencias en los mecanismos de seguridad, incluso del propio Estado norteamericano.
Este episodio también sirve para resaltar una diferenciación que hace Darío Giustozzi, transformado hoy en predicador digital desde su proyecto Agorax. Él define a Anthropic como un ejemplo del “altruismo activo”, porque parece dispuesta a resignar ganancias para establecer protocolos más seguros, que en general son más caros. Por esa razón, la empresa fue parte de la presentación que hizo León XIV de su encíclica.
Enfrente están los que Giustozzi categoriza como “darwinistas”, como OpenIA, Meta o Google, que son los que libran una pelea despiadada por ver quién llega primero a la próxima etapa, sin preocuparse demasiado por sus efectos sociales. Por eso en estas plataformas se detectaron sesgos tendientes a congraciarse con los usuarios, a fin de establecer con ellos una empatía que los incentive a hacer a nuevas consultas y búsquedas. Emerge en este punto otro descomunal debate en torno de la administración de los algoritmos, que no responden a una simple lógica matemática, sino a un sesgo preestablecido bajo ciertos patrones éticos.
El segundo dilema político que entraña la nueva fase de la revolución tecnológica gira en torno de una pregunta clave: ¿la IA puede fortalecer la democracia o, por el contrario, la debilita mortalmente? El planteo de que la Inteligencia Artificial pueda ser beneficiosa para el sistema se basa en la presunción de que puede jugar un papel virtuoso en un momento en el que el desacople entre sociedades cada vez más demandantes y activas desbordan las capacidades de respuestas que pueden ofrecer los Estados. Es lo que el filósofo español Daniel Innerarity llama “democracia aumentada”, una intermediación facilitadora entre dinámicas ciudadanas cada vez más aceleradas y la aterosclerosis de la vieja institucionalidad del siglo XIX.
Ya hay varios antecedentes en la materia. Por ejemplo, en Taiwán el Ministerio Digital procesa miles de opiniones ciudadanas sobre debates que generan mucha polarización, las agrupa en categorías, elimina los puntos más ríspidos y encuentra los puntos de consenso entre los distintos sectores. Así les ofrece a los legisladores una base de acuerdos para posibles proyectos. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay varios países que emplean modelos de simulación basados en agentes de IA para pronosticar las consecuencias de las reformas fiscales. De este modo, se puede determinar su impacto antes de aprobar una legislación.
Pero estos ejemplos virtuosos conviven con otra mirada, mucho más amenazante, según la cual la IA no actúa como un complemento del sistema democrático sino que se posiciona como su posible reemplazo. Significaría el paso de una democracia de representantes a una democracia de algoritmos. Un escenario en el que todas las decisiones se adoptarían virtualmente.
Esta distopía está muy presente en el pensamiento de varios aliados de Milei, como Elon Musk y Peter Thiel, para quienes la dinámica del nuevo mundo las deben llevar las empresas, y la arquitectura institucional no debe funcionar como una restricción. En el fondo planean un mundo en el que no sólo el sistema democrático deba adaptarse al cambio tecnológico, sino que a futuro las decisiones políticas ya no dependan de los representantes elegidos en votaciones al estilo siglo XX, sino a partir de las interacciones que se generen en las plataformas que ellos controlan.
La humanidad tropieza hoy con un futuro que se precipitó. El mundo ingresa en una revolución desconocida. El horizonte es una acumulación de incertidumbre acelerada. En ese contexto, Milei diseña su mañana.
pic.twitter.com/4DY1Wexziq,May 22, 2026,Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
El Senado retomó el debate por la ley de biocombustibles y hubo objeciones por protección extra hacia azucareros

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomaron esta tarde, tras un plenario exiguo en 2025, el análisis de un ramillete de proyectos relacionados con la suba de los cortes de biocombustibles, en medio del conflicto bélico que continúa en Medio Oriente y genera cimbronazos en el mundo del petróleo.
En la Cámara alta, la iniciativa que quiere el Gobierno, en realidad, fue presentada por la jefa oficialista, Patricia Bullrich, y da vuelta el ideal libertario: se trata de un texto que modifica las reglas en medio del juego -un sistema hoy vigente hasta 2030- y sostiene, detrás de un aparente relato de apertura, la protección con celo del centro azucarero durante 15 años, en un guiño más que generoso para las provincias del norte.
Como primer expositor, el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González, consideró “oportuno discutir una nueva ley y entendemos que el proyecto Bullrich y otros contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi ya dos años”. Luego, explicó que el articulado libertario implica un aumento en los cortes de 2,5 puntos en biodiésel y de tres puntos en bioetanol. “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, reconoció.
Seguido a ello, observó el costo “muchísimo más alto que el fósil, con el que se mezcla”. Y agregó: “No vemos lógica en duplicarlo, como proponen algunos proyectos”, y lo ató a una suba “estructural y permanente en gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales que lo utilicen para motorizar sus vehículos”. En cambio, dijo que, para el etanol, esto no se repite.

González mencionó que, para el último caso, el incremento de 12 a 15 puntos continuará conformado por seis puntos para la caña de azúcar, seis para el maíz y se incorporan tres restantes de “libre competencia”. Y siguió: “Para el corte de 10 -puntos- en biodiésel, hablamos de mínimos que pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción, y es un gran equilibrio entre conceder un beneficio, con un impacto fiscal moderado y un aumento del costo del gasoil moderado”.
El funcionario también advirtió que el Gobierno “no cree en cupos, sino en la competencia”, que se iniciaría “de forma inmediata para el etanol”, mientras que en el biodiésel se irá “dando en el tiempo”. “Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste. Un consenso absoluto no va a existir”, reconoció, y afirmó que están petroleras y automotrices “alineadas” con el nuevo plazo de 15 años para “mezclas predecibles y estables”. Se obviaría el régimen -con inversiones de todo tipo- que se encuentra vigente hasta 2030 -interesa la seguridad jurídica-, como indicó el director de la Cámara de empresas pymes regionales elaboradoras de biocombustibles, Federico Martelli.
Junto a González se presentó el subsecretario de combustibles líquidos, Federico Veller, quien direccionó la lupa hacia “normas internacionales para subastas” y “buenas prácticas que establecen que, para evitar asimetrías, es conveniente establecer grupos y zonas de negociación -denominados “clusters”- para que los precios sean equivalentes”. Quedaría determinado cuando por la reglamentación.
Las primeras advertencias llegaron desde Santa Fe. “Hemos encontrado algunas cosas que nos preocupan”, expresó el subsecretario de relaciones institucionales de la provincia, Juan Rodil. Si bien reconoció la “vocación de diálogo” de la Casa Rosada, relató que el distrito que comanda Maximiliano Pullaro “encaró una conversación con todos los actores” para “tratar de encontrar un consenso que entendemos está trabando bastante la ley desde hace unos años”. En esa línea, manifestó: “Hay que modernizar, ser más competitivo y encontrarle la vuelta para que se transforme en un horizonte productivo de la Argentina y traiga la estabilidad al sector”.

Con las disertaciones del resto de invitados quedaron expuestos dos puntos principales: varios legisladores ven con mejores ojos la iniciativa de la ex funcionaria de energía y actual senadora salteña Flavia Royón -clave la balanza entre compañías integradas y no integradas, es decir, si tienen o no el control de la materia prima- y la trampa sobre la supuesta “liberalización” del mercado que prometen Bullrich y el Gobierno: que el biodiésel se arregle por su cuenta -y por tramos- y que el bioetanol tenga asegurado, durante largos años, unos seis puntos de corte fijo para la caña de azúcar, más otros seis para el maíz, que mira Córdoba.
De esta manera, en realidad no se relajaría nada ya que, de ser así, quienes conocen el sistema sostienen que viraría todo muy rápido hacia el maíz. Por eso el freno y la doble vara que pretende mantener Bullrich. Detrás de todo esto hay un jugoso negocio y, en clave política, que mandatarios provinciales se maten ante intentos de dictamen. Mientras más revuelto todo, mejor para el oficialismo. Ahí es donde, hasta ahora, supo moverse mejor.
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POLITICA
Luis Juez cargó contra la dirigencia cordobesa tras el femicidio de Agostina Vega: “Son una banda de mafiosos”

El senador nacional Luis Juez volvió a lanzar duras críticas contra el poder político de Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega y acusó a Claudio Barrelier de actuar como “un reclutador de adolescentes”.
En una entrevista con Radio Rivadavia, el dirigente cordobés expresó su “vergüenza e impotencia” por el crimen y aseguró que la provincia atraviesa una situación de deterioro institucional.
“Córdoba se convirtió en una provincia feudal”, afirmó Juez, que también cargó contra la conducción política local y cuestionó la permanencia del oficialismo provincial en el poder.
“Cuando uno ve que están 28 años en el poder, los tipos se perpetúan de tal manera que el nivel de impunidad e inmunidad que creen que tienen es absoluto. Son una banda de mafiosos que se ha adueñado de la provincia y han hecho desastres”, sostuvo.
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El senador además apuntó contra sectores de la Justicia cordobesa y aseguró que muchos magistrados responden a intereses políticos. “Los jueces son punteros políticos más que administradores de justicia”, dijo.
Sobre Barrelier, Juez aseguró que se trata de “un reclutador de adolescentes” y vinculó su accionar con espacios nocturnos que, según denunció, funcionan con protección política.
“Utilizan chicos para suburbios inmundos sostenidos con habilitaciones truchas de parte del poder político”, expresó.
En otro tramo de sus declaraciones, Juez también se refirió a la polémica por la aprobación en el Senado de los pliegos judiciales, entre ellos el de Verónica Michelli.
El senador sostuvo que el procedimiento parlamentario se realizó de manera correcta y descartó irregularidades en la votación. “No encontré ningún defecto administrativo. Se cumplieron los plazos y procedimientos y se sometió a votación”, afirmó.
Además, defendió el mecanismo acordado en labor parlamentaria y advirtió que desconocer esos consensos afectaría el funcionamiento de la Cámara alta. “Si vos vas a labor parlamentaria y acordás una determinada cuestión, es como debe llevarse adelante la sesión del otro día. Si no, es un caos”, planteó.
Consultado sobre Michelli, Juez dijo no conocerla personalmente y rechazó los cuestionamientos vinculados a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. “No hay motivo para decir que no querés a cierto juez porque es pariente o piensa de tal manera”, sostuvo. Y agregó: “No la hubieses propuesto”.
Finalmente, evitó opinar sobre una eventual decisión del Gobierno nacional de bloquear su designación. “Lo que haga el Gobierno es un problema de ellos, no me corresponde a mí juzgar esa cuestión. Yo no veo impedimentos”, concluyó.
Días atrás, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en su gestión tras conocerse que Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, trabajaba en un área de tránsito del municipio. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.
El jefe comunal señaló además que tomó determinaciones tanto políticas como administrativas después del femicidio. “No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, afirmó también en diálogo con El Doce TV.
Luis Juez, Agostina Vega, Córdoba
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