Tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno acelera la revisión de los convenios colectivos de trabajo, con un par de ejes como fomentar las discusiones por región o empresas, limitar los descuentos obligatorios y cuotas solidarias sin consentimiento expreso del trabajador y limitar el derecho a huelga, declarando las actividades como «servicios esenciales».

En la Argentina existen unos 3.000 convenios, sumando los acuerdos de alcance nacional, regional y de empresa. En principio, desde el ministerio de Capital Humano proyectaron la actualización de unos 1.500 convenios, pero finalmente quedaron 446, entre los que estarían las actividades más importantes como Comercio, Camioneros, Encargados de Edificios, UTA (choferes de colectivos), Bancarios y Marítimos y Portuarios, entre otros.

Cuáles son los objetivos del Gobierno

Según se informó, la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo dio inicio al procedimiento de convocatoria prevista en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral n° 27.802 y artículo 4° in fine del Decreto 407/2026. En consecuencia, la cartera de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello ordenó a la secretaría de Trabajo a que llame a los representantes gremiales y empresariales para discutir convenios vencidos, aunque hayan sido modificados en las reuniones de paritarias.

En la cartera laboral sostienen que los puntos principales de las negociaciones entre las partes se focalizará en «adaptar las condiciones laborales a las nuevas tecnologías y necesidades de cada unidad productiva», introduciendo modalidades como el «salario dinámico», que suma bonos o beneficios por desempeño.

También se impulsarán negociaciones específicas por empresa o por región, debilitando la exclusividad de los convenios marco a nivel nacional; limitar los descuentos por cuota sindical y ampliar la lista de sindicatos señalados como de «importancia trascendental», fijando porcentajes mínimos obligatorios de cobertura durante los paros. En este tema, las organizaciones gremiales sostienen que se intenta limitar tanto el derecho a huelga como la realización de protestas como asambleas o quite de colaboración.

La falta de personal, el talón de Aquiles para revisar los convenios

La estrategia de la Casa Rosada se puede ver empañada justamente por efecto de la motosierra. Es que la reducción de empleados de la administración pública nacional también impacta en la secretaría de Trabajo, cuyo titular, Julio Cordero, casi no tiene poder de decisión, reportando tanto a Pettovello como al ministro de Economía, Luis Caputo, responsable del techo de las paritarias, que no pueden superar el 2%.

Más allá del poder de decisión de cada uno de estos actores, el gobierno insiste en una reestructuración de Trabajo, con el cierre de delegaciones y el despido de personal con experiencia. El plan choca de plano con la intención desreguladora del Ejecutivo, que no podría avanzar con las discusiones de los convenios colectivos con la rapidez que pretende.

Un vocero gremial advirtió: «No homologan los acuerdos salariales y hay pilas de expedientes acumulados, imagínate si van a avanzar en la revisión de los convenios sin que cometan errores groseros».

En los pasillos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ya tomaron nota de la revisión de los convenios. Cada sindicato activó a sus abogados y hasta hubo conversaciones con las cámaras empresariales. Es que, más allá de las diferencias, saben que una negociación por empresas puede abrir las puertas a organizaciones más ligadas a sectores radicalizados. «Van a abrir una caja de Pandora», explicó a iProfesional un veterano paritario de las patronales.

ATE en alerta ante el «desguace» de la secretaría de Trabajo

Por su parte, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso el estado de alerta y movilización frente al «desguace» de la secretaría de Trabajo, ante la amenaza de cierre de sus 43 delegaciones y el despido de todo su personal a nivel nacional. El sindicato ya hizo un abrazo al histórico edificio de Azopardo 650.

Las versiones de ajuste corren a toda velocidad e incluyen la continuidad del propio Cordero, un hombre que viene del grupo Techint que lidera Paolo Rocca, enfrentado con el presidente Javier Milei. La delegación de ATE apuntó: «Están amenazando seriamente nuestras funciones históricas y los puestos de trabajo de cientos de compañeros y compañeras«.

Se estima que en Trabajo hay unos 1.500 empleados, muchos efectivos y otros bajo contratos que son los de mayor vulnerabilidad porque se están renovando cada tres meses. Voceros gremiales explicaron que «vamos a continuar en alerta» e indicaron que «la secretaría está virtualmente paralizada, dependiendo de las decisiones tanto de Capital Humano como Economía, que son los ministerios que realmente deciden qué paritarias se cierran y cuales quedan congeladas».

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos previsto para junio de 2026. Miles de beneficiarios del sistema previsional argentino reciben sus haberes y asignaciones según la terminación del DNI y el tipo de prestación, en un mes donde el pago incluye el medio aguinaldo y los recientes aumentos por movilidad. El calendario contempla feriados y días no laborables para garantizar el acceso sin demoras.

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones del sistema contributivo cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyos DNI terminan en 5.

Esta distribución busca evitar aglomeraciones en bancos y facilitar la operatoria digital o presencial para los adultos mayores. El pago de junio incorpora el bono extraordinario y el medio aguinaldo, un adicional equivalente al 50% del haber más alto percibido durante el semestre.

También cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 5. Abarca a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad. La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados o quienes perciben ingresos bajos, mientras que la Asignación Familiar corresponde a trabajadores registrados y monotributistas.

El pago se acredita por cada menor a cargo. En el caso de la AUH, el monto mensual incluye una retención del 20% que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud requeridos.

Además, los titulares de la AUH reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, sin necesidad de un trámite adicional.

Hoy, martes 16 de junio de 2026, perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) las titulares cuyo DNI termina en 3. Esta prestación se otorga a mujeres embarazadas sin empleo formal o con ingresos bajos, y se abona mensualmente desde la semana 12 de gestación. El calendario de pagos responde a la terminación del documento para evitar demoras y garantizar una atención ordenada.

En esta fecha también cobran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7. Estas asignaciones están dirigidas a trabajadoras registradas que acrediten embarazo o licencia por maternidad, y su pago mensual se define por el orden de terminación del DNI según el cronograma oficial de ANSES.

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos ($1.316.264,78 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.879.475,78 netos).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

• Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
• Por Matrimonio, asciende a $126.489;
• Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

El campo argentino atraviesa un escenario desigual. Mientras algunas cadenas agropecuarias lograron recomponer precios y mejorar márgenes, la mayoría de las economías regionales sigue sin encontrar piso. El último Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro, con datos analizados a abril de 2026, mostró que ocho actividades permanecen en rojo, siete en amarillo y sólo cuatro ostentan la luz verde: bovinos, ovinos, granos y miel.

El relevamiento mensual analiza 19 cadenas productivas a partir de tres componentes. El primero, llamado “negocio”, evalúa la evolución del precio y el costo del productor, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área sembrada o el stock, según corresponda, y los niveles de producción. El tercero pondera la dinámica del comercio exterior —exportaciones e importaciones— y el consumo interno.

En abril, la única novedad fue el pasaje de la papa del rojo al amarillo, lo que redujo en uno el grupo más crítico respecto del mes anterior. Pero el panorama general no cambió de manera significativa: las ocho economías en rojo son yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca.

Coninagro explicó el problema de fondo que atraviesa a este grupo: “En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades.”

Las cuatro actividades en verde comparten un punto en común: sus precios al productor crecieron por encima de la inflación. Los bovinos, ovinos, granos y la miel lograron ese resultado y también mostraron un buen desempeño en el componente de mercado y en los indicadores productivos.

Sin embargo, Coninagro encendió una señal de alerta particular para el caso de los granos. El sector, que representa el grueso de las exportaciones agropecuarias del país, enfrenta una amenaza sobre sus márgenes: la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil, en parte atribuida al conflicto bélico en Medio Oriente. Ese factor podría erosionar la rentabilidad en la próxima campaña gruesa, aun cuando el complejo granario cerró el primer cuatrimestre del año como el principal motor exportador, con USD 15.573 millones —el 78% del total de las 19 economías relevadas.

En el medio del semáforo se ubican siete actividades: sector forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y —a partir de este mes— la papa. Coninagro describió la situación que comparten: “Estos sectores presentaron señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas.”

El caso de la papa fue el único movimiento del mes. La mejora se explica fundamentalmente por la recuperación de precios: en abril, el valor al productor se ubicó 65% por encima del registrado un año atrás y mostró una mejora del 10% respecto de marzo. La entidad precisó que “tras una campaña 2024/25 marcada por una fuerte sobreoferta que deprimió los precios de mercado, la campaña actual comenzó con una reducción del 12% en la superficie sembrada, que se ubicó en 33.722 hectáreas”. Esa menor oferta fue el factor que traccionó la recuperación de precios registrada desde comienzos de 2026.

Las actividades que permanecen en la zona crítica del semáforo son variadas en su origen geográfico y en sus problemas específicos, pero comparten el mismo denominador: precios que no acompañan los costos. La yerba mate, con fuerte peso en Misiones; el arroz, en el noreste; el algodón, en el Chaco; la mandioca; las hortalizas; el maní y la leche completan junto al vino y mosto un listado que en muchos casos arrastra dificultades estructurales de larga data.

El algodón, por ejemplo, registró en abril un precio al productor de $1.722 por kilogramo, con un incremento interanual del 34%, que apenas superó la inflación del período (32,4%). Pero al mismo tiempo, la superficie sembrada para la campaña 2025/26 cayó un 43%, y la producción proyectada de 795 mil toneladas implica una baja del 28% respecto de la campaña anterior. El arroz, por su parte, recibió $250.000 por tonelada en abril, sin variaciones respecto de marzo y con un incremento interanual de apenas el 9%, muy por debajo de la inflación. Las proyecciones para la campaña 2025/26 estiman una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, un 13% menos que la campaña pasada, con una producción de 1,4 millones de toneladas, también inferior en un 13%.

La leche y el maní ingresaron al rojo a comienzos de año tras caer desde el amarillo, sumando dos actividades más al grupo crítico. En el caso de la lechería, la producción se mantuvo relativamente estable en 11.302 millones de litros anuales, pero esa estabilidad en los volúmenes no alcanzó para cubrir la pérdida de rentabilidad del sector primario.

En el primer cuatrimestre de 2026, las 19 economías regionales exportaron por USD 19.866 millones, un 36% más que el promedio histórico de la última década para el mismo período —que se ubicó en USD 14.567 millones. Sin embargo, esa cifra refleja ante todo el peso del complejo granario: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo concentraron USD 15.573 millones, equivalentes al 78% del total. La soja explicó el 45% de ese monto (USD 6.953 millones), seguida por el maíz con el 19% (USD 3.016 millones) y el trigo con USD 2.633 millones. En segundo lugar se ubicó el sector bovino, con exportaciones por USD 1.790 millones. Más atrás aparecieron la lechería con USD 588 millones y el maní con USD 422 millones.

En términos de importaciones, el primer cuatrimestre registró compras externas por USD 1.463 millones, lo que arroja una relación de aproximadamente 14 dólares exportados por cada uno importado. El complejo granario lideró también las compras al exterior, con USD 1.205 millones —el 82% del total importado—, seguido por el sector forestal con USD 60 millones y el porcino con USD 57 millones.

El informe incorpora un indicador que permite medir cuánto del precio que paga el consumidor llega efectivamente al productor. El análisis abarca once productos: carnes bovina, porcina, aviar y ovina, trigo —pan—, arroz, yerba mate, vino, papa y hortalizas.

En abril, la mayoría de las actividades registraron caídas en esa participación respecto a su promedio histórico para el mes, con dos excepciones: las actividades porcina y ovina. La ganadería ovina fue la que mostró la diferencia más marcada: el productor recibió el 27% del precio final, superando en 7 puntos porcentuales el promedio de los últimos cinco años para ese mes.