ECONOMIA
Polémica por el gas importado: exportadores cuestionaron al Gobierno por un fuerte aumento del costo sin previo aviso
Un aumento del 47% en el costo de regasificación del gas natural licuado (GNL) para este invierno generó tensión en el sector agroindustrial argentino. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) envió una carta a la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti en la que solicitó a la empresa estatal Enarsa una “explicación técnica” por el incremento informado en la subasta realizada a través del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA). Según la nota a la que accedió Infobae, el sobrecosto fue comunicado a los participantes horas antes de la compulsa, lo que generó incertidumbre sobre la transparencia y equidad del proceso.
Ciara nuclea a las más grandes empresas del campo que, juntas representan el 48% de las exportaciones argentinas. En el documento que adelantó El Post Energético, la entidad reclama que Enarsa notificó en el mismo día de la subasta que el valor del servicio de regasificación para el GNL quedaba fijado en USD 5,16 por millón de BTU (MMBTU), muy por encima del monto original de USD 3,50 que establecía el pliego del concurso.
De acuerdo con la carta que cuenta con la firma de Gustavo Idígoras, presidente de Ciara, este incremento inmediato y sin aviso previo no solo altera la estructura de precios, sino que impide “tomar decisiones de compra responsables”, además de repetir errores que llevaron a subastas previas a quedar desiertas por falta de información.
El agro utiliza el gas principalmente como fuente de energía para secado de granos, generación eléctrica y procesos industriales en plantas alimenticias, tambos o frigoríficos. También comienza a ganar terreno como combustible para camiones de larga distancia vinculados a la logística agroindustrial.
Enarsa adjudicó recientemente la importación de nueve cargamentos de GNL para el mes de junio, proceso en el que intervinieron compañías proveedoras internacionales como BP, Vitol y Trafigura, según consignó el medio especializado Econojournal. Aunque la intención inicial del Gobierno era privatizar la operación, la responsabilidad final de compra y logística recayó nuevamente en el Estado a través de Enarsa, empresa estatal que actualmente está bajo la conducción de Tristán Socas.
El precio final que afrontan industrias y generadoras resulta de la suma de tres componentes: el precio internacional de referencia (TTF del mercado de Rotterdam), el spread ofrecido en la subasta de MEGSA y el cargo extra de regasificación impuesto por Enarsa el mismo día de la puja.
En cifras concretas, el pliego original y un informe técnico firmado por la propia Enarsa hace menos de tres semanas ubican el costo de regasificación y logística en USD 3,50 por millón de BTU para mayo. Pero, tras la subasta del 14 de mayo, el valor fue modificado a USD 5,16, superando incluso la oferta de Naturgy que había sido considerada cara en la etapa anterior y que había ofrecido USD 4,51 por millón de BTU.
El comunicado de CIARA señala que este salto “no guarda proporción con la referencia internacional” y representa una carga adicional relevante sobre los precios que debe asumir la demanda industrial local. Sobre un volumen total disponible de 454.500.000 metros cúbicos, el nuevo sobrecosto implica una transferencia millonaria para los abastecedores, cuya razón de ser, advierte la industria, sigue sin explicarse técnicamente.
“No podemos comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconocemos y cuya razonabilidad no podemos verificar”, puntualizó Idígoras.
La carta denuncia que “la comunicación tardía” de Enarsa, apenas unas horas antes de la apertura de la subasta, “impide estructurar una decisión de compra responsable sin contar con información completa y con tiempo razonable de análisis”.
La misiva exige que, en adelante, todo cargo relevante, como el de regasificación, sea informado “con un mínimo de 72 horas de anticipación”, y solicita que se postergue la apertura de subastas futuras hasta que se garantice un proceso equitativo para todos los potenciales participantes. El texto advierte: “El sector está haciendo un gran esfuerzo en participar en el mecanismo MEGSA y de asumir el costo real del servicio de regasificación, incluso con la posibilidad cierta de tener que operar a contra margen por el aumento de este insumo. Lo que no puede hacer es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar”.
Previo a la subasta, el gobierno había dispuesto que las empresas informaran por anticipado a la Secretaría de Energía qué volúmenes de gas pretendían adquirir a precios internacionales. Si no se confirmaba esa demanda con antelación, las industrias con contratos interrumpibles podrían verse privadas del suministro durante días de bajas temperaturas.
En la primera subasta organizada por Enarsa en MEGSA, las principales industrias y generadoras adquirieron poco más de tres cargamentos de GNL, mientras que las distribuidoras de gas sumaron otro cargamento. La firma Trafigura absorbió la parte restante, equivalentes a cinco cargamentos.
El diferencial introducido por Enarsa en el componente de regasificación, que comprende tanto costos de operación en la planta de Escobar —propiedad de Enarsa e YPF— como los premios cobrados por proveedores internacionales sobre el índice TTF, generó una disparidad inesperada respecto de los mismos parámetros informados oficialmente apenas veinte días antes.
El plan original contemplaba que las empresas privadas asumieran la totalidad del proceso, desde la coordinación de los buques y la gestión de inventarios, hasta la operación de la terminal y la responsabilidad por los riesgos comerciales, incluidas las fluctuaciones de costos y demanda. Para ello, se preveían contratos anuales y la adjudicación de la licitación correspondía a la compañía que presentara el menor costo total, considerando tanto el valor internacional del GNL como los gastos logísticos. La implementación de este esquema, que implicaría mayores tiempos y costos, está proyectada para 2027.
Sin embargo, con el fin de evitar aumentos abruptos en las tarifas que puedan incrementar la inflación, recientemente se conoció que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que abastecerán a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios durante el invierno.
Este mecanismo permitirá aplanar las facturas de gas durante los meses de frío, de manera que los usuarios residenciales afrontarán la diferencia a partir de noviembre, en cuotas distribuidas a lo largo de seis meses. De acuerdo con la resolución del ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, esta decisión implica que la diferencia entre el costo internacional del GNL —estimado en USD 20 por millón de BTU— y el precio local de abastecimiento —promediado en USD 3,79— será solventada inicialmente por el Estado.
Según cálculos del sector, el monto financiado fluctuaría entre USD 150 y USD 200 millones y recién será trasladado a los usuarios finales una vez que pase el pico de demanda invernal.
Esta modalidad, conocida como Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), constituye un instrumento regulatorio que evita grandes saltos en los servicios, permitiendo que la diferencia entre el costo real del gas importado y el valor que pagan los usuarios se ajuste en los períodos siguientes. Según la norma, el DDA se calcula para cada mes del invierno y se acumula hasta el último día hábil de cada ciclo estacional, asegurando que las empresas distribuidoras no registren pérdidas y los usuarios no sufran subas repentinas en sus boletas.
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Esta madrugada, el Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para más de 30 aeropuertos. No obstante, aclararon que los nuevos costos entrarán en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
La medida fue oficializada en la Resolución N° 69/2026, que contó con la firma de la directora del ORSNA, Noelia Ruiz. De esta manera, estableció: “Aprobar el nuevo cuadro tarifario correspondiente a los aeropuertos integrantes del Grupo ‘A’ del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), de acuerdo con los valores máximos, el alcance y las condiciones establecidos en el anexo”.
Según indicaron, la decisión alcanzará únicamente a las terminales y categorías comprendidas en el Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los restantes aeropuertos conservarán sus propios conceptos tarifarios y condiciones de aplicación.
Entre los aeropuertos que se verán alcanzados por los incrementos tarifarios se encuentran: el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche – Teniente Luis Candelaria y el Aeropuerto Internacional de Mendoza – El Plumerillo.
También estarán incluidos el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú – Cataratas del Iguazú, el Aeropuerto Internacional de Salta – Martín Miguel de Güemes, el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy – Gobernador Horacio Guzmán, el Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia – General Enrique Mosconi y el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata – Astor Piazzolla.
Uno de los cambios centrales impactará en la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), que, de acuerdo con la información de la ANAC es abonado por los pasajeros. No obstante, no se determinó un porcentaje, debido a que dependerá del tipo de vuelo y aeropuerto.
Según los fundamentos expresados en la resolución, el cambio busca mantener estable el valor de la contraprestación por el uso de las instalaciones aeroportuarias, reducir la necesidad de actualizaciones nominales recurrentes y sostener los ingresos de la concesión. También señalaron que su denominación no implica que se trate de un tributo.
Frente a esta modificación, el ORSNA aclaró que la TUA conservará su condición de tarifa regulada y que el organismo mantendrá sus atribuciones para intervenir sobre su esquema de aplicación. “La TUA reviste el carácter de tarifa dado su función retributiva del uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios y cuya explotación ha sido objeto de una concesión realizada por el Estado Nacional”, explicaron las autoridades.
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Por otro lado, el nuevo esquema incorpora en forma directa una reducción equivalente al 30% que regía para calcular la Tasa de Aterrizaje Internacional y la Tasa de Estacionamiento Internacional.
Hasta ahora, esa bonificación dependía de un acuerdo entre el ORSNA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y Aeropuertos Argentina 2000. Además, estaba condicionada a que las líneas aéreas cumplieran con la regularidad de sus pagos.
De esta manera, con el cuadro aprobado, el descuento quedará incluido en los valores de esas tarifas y su aplicación ya no estará sujeta a ese convenio ni a las condiciones previstas en él. “Esto aporta mayor transparencia y previsibilidad a la aplicación de la tarifa”, consideraron las autoridades aeroportuarias.
A raíz de esto, las futuras adecuaciones tarifarias deberán seguir los mecanismos de revisión ordinaria o extraordinaria de la ecuación económico-financiera de la concesión y las actualizaciones periódicas previstas en el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual.
De hecho, ese documento incorporó una proyección financiera de ingresos y egresos con alcance indicativo hasta 2056. Sin embargo, quedarán fuera de los mecanismos generales las modificaciones que ya hayan sido acordadas entre el Estado nacional y la concesionaria e incluidas en el acta.
Finalmente, la ORSNA indicó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá publicar la medida dentro de su ámbito de competencia, mientras que Aeropuertos Argentina 2000 será notificada de manera formal.
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ECONOMIA
Petróleo en alza y bonos bajo presión: las señales externas que vuelven a inquietar a la Argentina
La crisis de los bonos soberanos de Europa y Estados Unidos desataron reacciones en cadena. A pesar de que la tasa de los títulos norteamericanos a 10 años cayó a 5,22%, se ubica en el nivel más alto desde el 30 de junio de 2006. Los anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, acerca de profundizar la disciplina fiscal a través del recorte de gastos, alentaron tímidamente las compras de papeles de la deuda.
En Europa, la crisis se agravó. Los bonos soberanos de Francia ya rinden casi 5% y en 15 días la calificación de su deuda será revisada por Moody’s. Los bancos y el euro están siendo arrastrados por la crisis gala. El país acumula un déficit de 5% anual en el último lustro y se proyecta a 6% este año. Su deuda representa 119% del PBI. Los fondos de inversión se están deshaciendo de bonos y acciones europeas.
El Euro Stoxx Banks, índice que reúne a los principales bancos de Europa, cayó un 5% en dos días. Deutsche Bank, Société Générale y CaixaBank, de España, registraron descensos de dos dígitos. El euro, a su vez, cotiza en 1,12 dólares, su nivel más bajo desde abril del año pasado.
En Japón, el bono a 10 años rinde una inusual tasa del 3%, mientras las acciones de los tres principales bancos del país acumulan caídas promedio del 5% en los primeros días del mes.
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La crisis también afecta de forma directa a los bonos argentinos, aunque la magnitud de las bajas muestra una mayor resistencia relativa de esos títulos. Ayer cerraron equilibrados y el riesgo país se mantuvo sin cambios. En este escenario, el superávit fiscal argentino cobra relevancia frente al déficit del 5% de Francia.
Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., indicó que “al analizar la evolución del spread (brecha) entre los vencimientos 2027 y 2028, observamos una correlación significativa con la dinámica del riesgo país. La ampliación del spread se produjo en línea con el aumento del riesgo soberano, en un contexto marcado por la suba de las tasas de la Reserva Federal y una mayor cautela de los inversores frente al proceso electoral del próximo año. La posterior compresión del riesgo país acompañó a la reducción del spread observado en las ruedas”.
La inflación, el otro tema que preocupa al Gobierno, se ve afectada por el escenario internacional. Si bien el beneficio está en el superávit comercial por el encarecimiento del petróleo, el costo es la presión en el precio de los combustibles. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios se ubicó en 1,8 por ciento. Sin embargo, la cifra fue descontada por los mercados y no influyó en bonos y acciones.
Federico Filippini, jefe de Research & Strategy y Tomás Buscaglia, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, señalaron que el dato confirma que “la inflación se mantiene anclada por debajo del 2%. La composición del dato también fue favorable, con una desaceleración de la inflación núcleo al 1,7% mensual, una suba del 1,6% en bienes y del 2% en servicios. Utilizando la relación histórica entre la inflación de CABA y la nacional, el dato apunta a un IPC nacional de entre 1,7% y 1,8% mensual, ligeramente por debajo de nuestra proyección del 1,9%”.
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“Por lo tanto, el dato de septiembre mantiene encaminado el proceso de desinflación, aunque la principal incógnita sigue siendo qué tan rápido podrá pasar la inflación del ritmo actual de entre 1,7% y 1,9% mensual hacia niveles más cercanos al 1%. Dado el deterioro de la actividad económica, seguimos considerando que el balance de riesgos para la inflación de mediano plazo está sesgado a la baja”, sumaron Filippini y Buscaglia.
En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 501,6 millones que le permitieron al Banco Central comprar USD 43 millones sin afectar el precio del dólar mayorista que bajó $1,50 a 1.515,50 pesos. El dólar en el mundo, en tanto, se apreció 0,14% frente a las principales divisas.
Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “en futuros de dólar el volumen de operaciones fue de 696.170 contratos, el menor registro desde el 21 de setiembre. Los ajustes retrocedieron junto con el spot mientras que el interés abierto añadió unos USD 61 millones luego de desarmar 26 millones en la jornada anterior. Las tasas implícitas cerraron con una ligera baja desde fin de diciembre en adelante, pero se elevaron para los dos primeros vencimientos”.
En los mercados financieros, el MEP y el contado con liquidación (CCL), se mantuvieron sin cambios en $1.538 y 1.609 pesos. El “blue” tuvo una caída de $15 (-1%) a 1.540 pesos.
La Bolsa local no se vio influenciada por la mala jornada que tuvieron los mercados del mundo que hizo que el Nasdaq, el índice de las tecnológicas en Nueva York, perdiera 1,25 por ciento. Los datos negativos de Open AI provocaron un efecto dominó en las acciones de semiconductores. Los índices de acciones europeas y asiáticas también cerraron en baja.
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En ese contexto, el Merval de las acciones líderes subió 0,3% en pesos y en dólares. Loma Negra, tras conocerse el aumento de los despachos de cemento, aumentó 5% y fue lo más destacado del día.
La nota la dio el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que acusó al Banco Central de maniobras especulativas con el oro que lo llevaron a perder 1.000 millones dólares.
De acuerdo los funcionarios de la entidad, fueron operaciones de cobertura por variaciones del precio del metal. Cabe recordar que en el último tiempo el metal alcanzó una volatilidad extrema. De un récord de fines de enero de USD 5.590 a USD 4.177 del cierre de ayer.
Según Martín Redrado, ex presidente del Central, “se trata de un error en la evaluación del mercado del oro. Es necesario dar a conocer el informe técnico sobre el cual se basó la decisión”.
Anoche, en el mercado overnite, el oro subía 0,22% mientras el dólar se mantenía estable porque volvieron a surgir las dudas sobre una nueva suba de las tasas de interés a fines de octubre.
Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York insinuaban leves alzas, pero el petróleo subía casi 4% elevando el precio del Brent a USD 104,13 lo que va a sacudir hoy a todos los mercados. Hoy puede ser un día complicado para el mundo.
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