Un aumento del 47% en el costo de regasificación del gas natural licuado (GNL) para este invierno generó tensión en el sector agroindustrial argentino. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) envió una carta a la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti en la que solicitó a la empresa estatal Enarsa una “explicación técnica” por el incremento informado en la subasta realizada a través del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA). Según la nota a la que accedió Infobae, el sobrecosto fue comunicado a los participantes horas antes de la compulsa, lo que generó incertidumbre sobre la transparencia y equidad del proceso.

Ciara nuclea a las más grandes empresas del campo que, juntas representan el 48% de las exportaciones argentinas. En el documento que adelantó El Post Energético, la entidad reclama que Enarsa notificó en el mismo día de la subasta que el valor del servicio de regasificación para el GNL quedaba fijado en USD 5,16 por millón de BTU (MMBTU), muy por encima del monto original de USD 3,50 que establecía el pliego del concurso.

De acuerdo con la carta que cuenta con la firma de Gustavo Idígoras, presidente de Ciara, este incremento inmediato y sin aviso previo no solo altera la estructura de precios, sino que impide “tomar decisiones de compra responsables”, además de repetir errores que llevaron a subastas previas a quedar desiertas por falta de información.

El agro utiliza el gas principalmente como fuente de energía para secado de granos, generación eléctrica y procesos industriales en plantas alimenticias, tambos o frigoríficos. También comienza a ganar terreno como combustible para camiones de larga distancia vinculados a la logística agroindustrial.

Enarsa adjudicó recientemente la importación de nueve cargamentos de GNL para el mes de junio, proceso en el que intervinieron compañías proveedoras internacionales como BP, Vitol y Trafigura, según consignó el medio especializado Econojournal. Aunque la intención inicial del Gobierno era privatizar la operación, la responsabilidad final de compra y logística recayó nuevamente en el Estado a través de Enarsa, empresa estatal que actualmente está bajo la conducción de Tristán Socas.

El precio final que afrontan industrias y generadoras resulta de la suma de tres componentes: el precio internacional de referencia (TTF del mercado de Rotterdam), el spread ofrecido en la subasta de MEGSA y el cargo extra de regasificación impuesto por Enarsa el mismo día de la puja.

En cifras concretas, el pliego original y un informe técnico firmado por la propia Enarsa hace menos de tres semanas ubican el costo de regasificación y logística en USD 3,50 por millón de BTU para mayo. Pero, tras la subasta del 14 de mayo, el valor fue modificado a USD 5,16, superando incluso la oferta de Naturgy que había sido considerada cara en la etapa anterior y que había ofrecido USD 4,51 por millón de BTU.

El comunicado de CIARA señala que este salto “no guarda proporción con la referencia internacional” y representa una carga adicional relevante sobre los precios que debe asumir la demanda industrial local. Sobre un volumen total disponible de 454.500.000 metros cúbicos, el nuevo sobrecosto implica una transferencia millonaria para los abastecedores, cuya razón de ser, advierte la industria, sigue sin explicarse técnicamente.

“No podemos comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconocemos y cuya razonabilidad no podemos verificar”, puntualizó Idígoras.

La carta denuncia que “la comunicación tardía” de Enarsa, apenas unas horas antes de la apertura de la subasta, “impide estructurar una decisión de compra responsable sin contar con información completa y con tiempo razonable de análisis”.

La misiva exige que, en adelante, todo cargo relevante, como el de regasificación, sea informado “con un mínimo de 72 horas de anticipación”, y solicita que se postergue la apertura de subastas futuras hasta que se garantice un proceso equitativo para todos los potenciales participantes. El texto advierte: “El sector está haciendo un gran esfuerzo en participar en el mecanismo MEGSA y de asumir el costo real del servicio de regasificación, incluso con la posibilidad cierta de tener que operar a contra margen por el aumento de este insumo. Lo que no puede hacer es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar”.

Previo a la subasta, el gobierno había dispuesto que las empresas informaran por anticipado a la Secretaría de Energía qué volúmenes de gas pretendían adquirir a precios internacionales. Si no se confirmaba esa demanda con antelación, las industrias con contratos interrumpibles podrían verse privadas del suministro durante días de bajas temperaturas.

En la primera subasta organizada por Enarsa en MEGSA, las principales industrias y generadoras adquirieron poco más de tres cargamentos de GNL, mientras que las distribuidoras de gas sumaron otro cargamento. La firma Trafigura absorbió la parte restante, equivalentes a cinco cargamentos.

El diferencial introducido por Enarsa en el componente de regasificación, que comprende tanto costos de operación en la planta de Escobar —propiedad de Enarsa e YPF— como los premios cobrados por proveedores internacionales sobre el índice TTF, generó una disparidad inesperada respecto de los mismos parámetros informados oficialmente apenas veinte días antes.

El plan original contemplaba que las empresas privadas asumieran la totalidad del proceso, desde la coordinación de los buques y la gestión de inventarios, hasta la operación de la terminal y la responsabilidad por los riesgos comerciales, incluidas las fluctuaciones de costos y demanda. Para ello, se preveían contratos anuales y la adjudicación de la licitación correspondía a la compañía que presentara el menor costo total, considerando tanto el valor internacional del GNL como los gastos logísticos. La implementación de este esquema, que implicaría mayores tiempos y costos, está proyectada para 2027.

Sin embargo, con el fin de evitar aumentos abruptos en las tarifas que puedan incrementar la inflación, recientemente se conoció que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que abastecerán a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios durante el invierno.

Este mecanismo permitirá aplanar las facturas de gas durante los meses de frío, de manera que los usuarios residenciales afrontarán la diferencia a partir de noviembre, en cuotas distribuidas a lo largo de seis meses. De acuerdo con la resolución del ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, esta decisión implica que la diferencia entre el costo internacional del GNL —estimado en USD 20 por millón de BTU— y el precio local de abastecimiento —promediado en USD 3,79— será solventada inicialmente por el Estado.

Según cálculos del sector, el monto financiado fluctuaría entre USD 150 y USD 200 millones y recién será trasladado a los usuarios finales una vez que pase el pico de demanda invernal.

Esta modalidad, conocida como Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), constituye un instrumento regulatorio que evita grandes saltos en los servicios, permitiendo que la diferencia entre el costo real del gas importado y el valor que pagan los usuarios se ajuste en los períodos siguientes. Según la norma, el DDA se calcula para cada mes del invierno y se acumula hasta el último día hábil de cada ciclo estacional, asegurando que las empresas distribuidoras no registren pérdidas y los usuarios no sufran subas repentinas en sus boletas.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. Para el Banco Central, no es un objetivo que las personas jurídicas puedan comprar dólares libremente, tal como las personas físicas lo hacen desde abril de 2025.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, dijo Bausili en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad, acompañado del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Bausili destacó que el interés de la entidad en reducir o eliminar las trabas cambiarias para las empresas, como la restricción cruzada de 90 días para operar en el mercado oficial o en el financiero, no está en el radar porque podría traer riesgos para otros objetivos económicos.

Ante la pregunta de Infobae acerca de si el esquema actual podría mantenerse como en la actualidad, Bausili respondió que ese andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona en la actualidad.

“Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares. Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, señaló.

Bausili destacó que desde que arrancó este gobierno todos los meses se observa un aumento continuo de las cantidades exportadas, sosteniendo niveles récord. Y que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA espera un stock de exportación de USD 96.000 millones para este año. A la vez, destacó que las importaciones se mueven con fluidez. Esas señales, explicó, indican que no hay restricciones que dificulten el desarrollo de las empresas para comprar y vender en dólares.

También dijo estar conforme con los USD 1.600 millones que las empresas giraron a sus casas matrices este año en concepto de dividendos, otra señal de normalización, “por primera vez en 6 años”.

En la Argentina, a diferencia de otras épocas, el mercado paralelo es completamente legal. Lo único que se debe hacer es elegir, por un período de 90 días, en qué mercado quieren operar», dijo Bausili. Con esa explicación, negó que en la Argentina las empresa no puedan “tener su capital de trabajo en dólares”.

Bausili incluso dijo que el sistema argentino es “más flexible” que en economías donde las empresas ni siquiera pueden tener cuentas en dólares, como Brasil, Colombia o México. Si quieren tener un capital en dólares, las empresas de esos países deben abrir cuentas en el exterior.

El presidente del Banco Central se refirió también a la renovación del swap de monedas que la entidad mantiene con el Banco Popular de China y que vencerá a comienzos de agosto.

“Estamos hablando para extenderlo como siempre, en los mismos términos”, dijo Bausili. Esa continuidad abarca también el tramo del swap que fue “activado”, es decir, aquella porción del acuerdo que la Argentina utilizó para cancelar pagos.

Bausili explicó que el acuerdo seguirá adelante, que mantiene las conversaciones con sus contrapartes chinas y que de hecho viajará a Beijing en junio para asistirá a un evento y en esa ocasión seguirán las tratativas.

También respondió a las constantes menciones de los analistas del mercado a que el carry trade, la estrategia de vender dólares para generar una renta en pesos y luego volver a dolarizar, está llegando a su fin y que eso podría empujar la demanda de dólares.

Bausili enfatizó que la tenencia de inversores no residentes de títulos públicos en pesos para hacer ese arbitraje es muy marginal. “Nadie quedó atrapado en las condiciones financieras anteriores. No es tan fácil salir y por eso no es tan atractivo entrar para los no residentes. Estamos cómodos con la restricción que existe para que no llegue el capital golondrina buscando rentabilidad de corto plazo y se vaya”, dijo.

El presidente del Central estimó que el stock de inversiones en bonos públicos de corto plazo con ese objetivo es cercano a los USD 2.000 millones sobre un en un mercado de capitales de USD 60.000 millones.

La competencia global entre Estados Unidos y China ya no se juega únicamente en Asia o en el terreno comercial. América Latina pasó a ocupar un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica entre ambas potencias y Argentina aparece como uno de los países bajo observación estratégica por parte de Washington.

Un reciente informe de la corporación RAND, elaborado para el Departamento de Defensa estadounidense, expone con claridad esa preocupación: la creciente presencia china en Argentina comenzó a ser interpretada como un desafío de seguridad regional que excede el plano económico y comercial.

El documento, titulado Multiplicadores de fuerza en las Américas, sostiene que Beijing logró consolidar desde comienzos de la década pasada una expansión sostenida sobre sectores considerados críticos para su estrategia global. Infraestructura, telecomunicaciones, minería y tecnología espacial forman parte de ese esquema de inserción que hoy genera alertas en Washington.

Para Estados Unidos, el problema no radica únicamente en el aumento de inversiones chinas, sino en el tipo de dependencia estructural que pueden generar sobre economías emergentes como la argentina. El análisis plantea que el vínculo económico termina funcionando también como una herramienta de influencia política y estratégica.

Donald Trump, en alerta: estaciones espaciales en Argentina

Uno de los puntos más sensibles mencionados en el informe son las estaciones terrestres de comunicación satelital instaladas en territorio argentino. Aunque oficialmente poseen fines civiles y científicos, en Washington consideran que esas plataformas tienen capacidad de «uso dual», es decir, aplicaciones tanto civiles como militares.

El caso que históricamente más inquietud generó en Estados Unidos es la estación espacial china ubicada en Neuquén, operada por organismos vinculados al programa aeroespacial de Beijing. Según el análisis, este tipo de infraestructura permite ampliar las capacidades de inteligencia, monitoreo y recolección de datos del Ejército Popular de Liberación chino.

La preocupación estadounidense se profundiza porque estas instalaciones forman parte de una red global tecnológica controlada por empresas estatales chinas, lo que —según RAND— podría erosionar la ventaja estratégica occidental en materia de información y vigilancia.

Además, el informe advierte que la combinación entre infraestructura física, telecomunicaciones y tecnología espacial otorga a China una presencia multidimensional que trasciende los negocios tradicionales y se proyecta sobre áreas vinculadas a la soberanía y la seguridad nacional.

La nueva estrategia: cooperación en seguridad

Frente a este escenario, Estados Unidos busca responder con una estrategia distinta a la confrontación directa. El documento plantea que uno de los mecanismos más eficaces para limitar la influencia china es profundizar la cooperación en seguridad con los países de la región.

La idea central es fortalecer las capacidades institucionales y militares locales para reducir vulnerabilidades frente a la presión económica y tecnológica de Beijing. En ese marco, la asistencia estadounidense incluiría entrenamientos conjuntos, asesoramiento técnico, programas de transparencia institucional y modernización de sistemas de defensa.

Washington considera que este tipo de cooperación puede convertirse en un «multiplicador de resiliencia», permitiendo que los países mantengan mayor autonomía frente a actores externos.

El informe incluso menciona la necesidad de combatir lo que define como «corrupción estratégica», es decir, mecanismos mediante los cuales empresas vinculadas al Estado chino podrían obtener ventajas en proyectos de infraestructura a través de procesos de contratación poco transparentes.

Por eso, RAND propone impulsar sistemas de auditoría más robustos, mejorar los estándares de adquisición pública y sumar asesores especializados para fortalecer controles institucionales.

Javier Milei, entre Estados Unidos y China

La discusión adquiere especial relevancia en el contexto actual del gobierno de Javier Milei. Aunque el Presidente había mantenido durante la campaña un discurso fuertemente crítico hacia China, la necesidad de financiamiento e inversiones obligó a moderar la relación bilateral.

China continúa siendo un socio comercial clave para Argentina, especialmente en sectores como energía, minería y swaps financieros. Sin embargo, Estados Unidos observa con atención cada avance chino en áreas consideradas estratégicas.

En paralelo, la administración de Milei profundizó el alineamiento político con Washington y reforzó los vínculos militares y diplomáticos con la Casa Blanca, algo que se refleja en ejercicios conjuntos, cooperación técnica y respaldo estadounidense en organismos internacionales.

La tensión de fondo es clara: Argentina necesita inversiones y financiamiento externo, pero al mismo tiempo se encuentra en el centro de una competencia global donde las grandes potencias ya no diferencian economía, tecnología y seguridad.

Para Estados Unidos, América Latina dejó de ser únicamente un espacio comercial y volvió a convertirse en un tablero estratégico. Y en ese nuevo mapa geopolítico, la relación entre Argentina y China aparece cada vez más bajo la lupa.