El DNU publicado días atrás por el gobierno que encabeza el Presidente Javier Milei sigue acumulando rechazos. Además de las críticas de la gran mayoría del arco opositor, en las últimas horas se sumó la presentación de dos medidas precautelares contra el decretazo.

La presentación se hizo en dos juzgados diferentes del fuero contencioso administrativo federal. Uno tramita ante el juez Esteban Furnari. Y otro ante el juez Walter Lara Correa. Lo presentó el Observatorio del Derecho y el constitucionalista Andrés Gil Dominguez. Se pide que aplique la suspensión del DNU incluso antes de que el Gobierno haga su descargo en el expediente.

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La cuestión de fondo, es decir, si es legal o no el decreto, quedaría para una discusión posterior. Las medidas buscan que se suspenda antes de que entre en vigencia, a la medianoche del viernes 29.

En su descargo, Gil Domínguez asegura que “la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso por parte del Poder Ejecutivo sumado a la solicitud al Congreso en funcionamiento que ratifique el DNU Nº 70/2023, demuestra objetivamente, que el Señor Presidente Javier Milei mediante actos institucionales propios aceptó que no existe ninguna clase de impedimento para seguir con los trámites previstos en la Constitución para la sanción de las leyes tal cual lo exige el art. 99 inc. 3 como condición habilitante de la emisión de decretos de necesidad y urgencia”.

Y aclara: “En otras palabras, si un Presidente dicta un DNU pero simultáneamente convoca a sesiones extraordinarios y le solicita al Congreso que legislando ratifique el DNU dictado, entonces está admitiendo que el Congreso puede funcionar sin ninguna clase de obstáculo”.

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Por su parte, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad indica: “En el art. 654 de este Proyecto de Ley se solicita al Congreso que ratifique el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23. Cabe destacar que esto no es la remisión del DNU a la Comisión Bicameral Permanente tal como establece la Constitución y que es el camino institucional para que el Congreso trate el mismo. Este art. 654 implica enviar como proyecto de ley al Congreso la totalidad del contenido del DNU”.

Y sentencia: “Es el reconocimiento de que el contenido del DNU 70/2023 debió ser discutido y, en su caso, aprobado en el Congreso Nacional antes de entrar en vigencia. Es el reconocimiento de que el DNU 70/2023 no cumple los requisitos constitucionales, tal como denunció esta parte actora, y que necesita su aprobación legislativa a través del trámite normal de aprobación de proyecto de ley.

Entre los rechazos al mega decreto de Milei, el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró este jueves un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno, informaron fuentes gremiales.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, había señalado a la señal TN que “la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial”, y aseguró que “el presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años”.

El rechazo al amparo de la CTA:

Tras la movilización del miércoles, Hugo Yasky, en su carácter de secretario General de la CTA presentó un amparo ante la justicia laboral para que declare la inconstitucionalidad del DNU por considerarlo violatorio de los artículos 29, 33, 36, 75, 76 y 99 incisos 3 de la Constitución Nacional.

Por la tarde del jueves, la Dra. Alicia Pucciarelli a cargo del Juzgado Nacional de 1° instancia del Trabajo n° 60 rechazó la solicitud y argumentó: “Resulta claro que las manifestaciones de la presentación en análisis no alcanzan por sí solas para demostrar perjuicio concreto con relación a quien lo invoca en la presente causa”.