POLITICA
Advierten que es necesario crear redes para la rápida atención del ACV: cada minuto se pierden dos millones de neuronas
BOGOTÁ.– Cada minuto cuenta. En el universo del accidente cerebrovascular (ACV), el reloj es el mayor enemigo: cada 60 segundos se pierden dos millones de neuronas. Sin embargo, en la Argentina, donde 55.000 personas sufren un ACV cada año, gran parte de la población aún no tiene acceso a la atención adecuada a tiempo.
LA NACION participó en el XXVI Congreso Iberoamericano de Enfermedad Cerebrovascular, celebrado en esta ciudad de Colombia, donde especialistas de toda la región debatieron sobre un tema crítico: la necesidad de implementar redes de rápida atención para los casos de ACV. Estas estructuras organizativas, que ya funcionan en varias provincias argentinas, son clave para garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos. Sin embargo, aún existen grandes disparidades en su desarrollo. Mientras Buenos Aires cuenta con una Red Integral de Atención al ACV, que coordina esfuerzos en varios niveles de complejidad, en otros distritos ese trabajo aún no empezó.
Pablo Ioli, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, uno de los presentes en el congreso, señaló que el 85% de los ACV son de tipo isquémico, lo que significa que podrían ser tratados en las primeras horas para reducir significativamente el riesgo de discapacidad o muerte. “El tratamiento del ACV isquémico es completamente tiempo-dependiente. Por cada minuto que pasa, se pierden dos millones de neuronas”, afirmó Ioli. Esta realidad subraya la importancia de las redes, que deben lograr la identificación temprana de síntomas, contar con protocolos de derivación rápida, acceso a tomógrafos en centros estratégicos, capacidad para realizar trombolisis o trombectomía mecánica, y telemedicina para zonas alejadas, todo respaldado por personal capacitado y campañas de concientización.
A nivel local, algunas jurisdicciones cuentan con redes para mejorar la detección, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. En la provincia de Buenos Aires, la Red de Atención Integral para el ACV clasifica hospitales en tres niveles según sus capacidades, desde estabilización inicial hasta tratamiento integral con trombectomía mecánica. Destacan hospitales como el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” en La Plata y el Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, en el municipio de San Martín. En la ciudad de Buenos Aires, hospitales como el Pirovano, el Ramos Mejía, el Santojanni y el Fernández cuentan con unidades especializadas para ACV, cuya herramienta fundamental, además del recurso humano interdisciplinario, es el tomógrafo. En Córdoba, cuyo secretario de Salud, Carlos Giordana, también participó del congreso, una red estructurada garantiza diagnóstico y tratamiento oportunos en toda la provincia, apoyada por protocolos estandarizados y formación constante.
Mendoza implementó una red interinstitucional con subredes regionales para asegurar acceso en tiempo y forma a los tratamientos, mientras que en Salta se destaca la red de Tele-ACV con atención remota desde el Hospital San Bernardo y unidades periféricas equipadas. Tucumán cuenta con un programa provincial desde 2018 que optimiza la respuesta dentro del “tiempo de ventana”, liderado por el Hospital Padilla y su sistema de ambulancias especializadas. En Chubut, un acuerdo con el laboratorio Boehringer Ingelheim busca mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento del ACV isquémico mediante el programa Angels, aunque aún la red no está desarrollada.
Neuquén, en tanto, cuenta con la Ley N° 3263, la primera en el país que garantiza el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento del ACV. Sancionada en 2022, creó la Red Provincial de ACV, que permite un tratamiento temprano incluso en zonas alejadas. También establece un Registro Único Provincial de Pacientes y otro de establecimientos sanitarios especializados en ACV. Antes de la ley, el Hospital Castro Rendón y clínicas privadas neuquinas ya implementaban el “Código ACV”, un protocolo para reducir tiempos y ofrecer tratamientos oportunos.
El desafío de llegar a tiempo
Claudio Jiménez Monsalve, codirector del Centro de ACV del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, relató cómo la implementación de una red de atención cambió la situación en la ciudad. “Cuando iniciamos el programa hace cinco años, solo el 15% de los pacientes llegaban a tiempo para recibir tratamiento. Hoy, esa cifra ha mejorado gracias a estrategias educativas y logísticas, pero aún enfrentamos barreras como la falta de ambulancias y los problemas de cobertura por parte de los aseguradores”, comentó.
La experiencia de esta ciudad refleja los desafíos que también enfrenta la Argentina. Por ejemplo, según datos de la Provincia de Buenos Aires, en 2019 se registraron 6498 muertes por ACV y al menos el 25% de los egresos hospitalarios (5300) de pacientes con esta enfermedad resultaron en secuelas que generan dependencia funcional a largo plazo.
El impacto económico de los ACV es devastador, tanto para las familias como para los sistemas de salud. Según Jiménez Monsalve, tratar a un paciente en un centro especializado puede costar alrededor de 5000 dólares, pero los gastos asociados al cuidado a largo plazo por las secuelas generadas por un ACV que no fue atendido a tiempo multiplican por diez o más esa cifra. “Lo que podría haberse resuelto con atención temprana, en muchos casos se traduce en una carga significativa para el sistema de salud y para la sociedad”, explicó. En este contexto, invertir en redes de atención no solo es una medida costo-eficiente, sino también una forma de prevenir sufrimientos prolongados, sostuvo el especialista.
Concientización y prevención: un eje clave
Pablo Lavados, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cardiovascular, destacó que las redes no son suficientes si no van acompañadas de campañas sostenidas de concientización. “Queremos que la población sepa identificar los signos de un ACV, que actúe a tiempo y busque atención en un lugar adecuado. Además, buscamos educar sobre los factores de riesgo y las acciones necesarias para prevenir un ACV a cualquier edad”, señaló. En octubre, mes del ACV, se realizan esfuerzos globales para aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad, pero Lavados enfatizó la necesidad de que estas iniciativas sean constantes.
Las campañas también han demostrado su efectividad en términos de resultados. “Observamos un aumento significativo en el conocimiento de la población sobre los síntomas y las medidas preventivas del ACV”, aseguró Lavados, aunque advirtió que la continuidad es esencial para mantener estos avances y reducir el impacto de la enfermedad.
Los principales síntomas del ACV incluyen
- debilidad o entumecimiento repentino en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo;
- dificultad para hablar o entender, con el habla confusa o incapacidad para comprender lo que se le dice;
- problemas de visión en uno o ambos ojos, como visión borrosa o pérdida repentina de la misma;
- pérdida del equilibrio o la coordinación, acompañada de mareos o dificultad para caminar;
- un dolor de cabeza severo y repentino, sin causa aparente, que puede estar asociado con vómitos o alteraciones en la conciencia.
Sobre el desafío en la Argentina, donde el ACV es la primera causa de discapacidad, Ioli subrayó que la clave está en superar la fragmentación del sistema de salud y adaptar las estrategias a las necesidades locales. Mientras algunas provincias ya avanzan con redes integradas, en otras regiones es necesario priorizar la educación comunitaria, la capacitación de profesionales y la inversión en tecnologías como la telemedicina.
La experiencia de Bogotá y de otras redes exitosas en la región demuestra que el trabajo colectivo puede marcar una diferencia. Como dijo Jiménez Monsalve, “todos debemos contribuir, desde los médicos hasta los comunicadores y el gobierno. Solo así lograremos cambios significativos en salud pública”.
POLITICA
“Aún se desconoce la letra chica”: sorpresa e incertidumbre en las universidades sobre el cobro a estudiantes extranjeros
El Gobierno anunció que van a impulsar modificaciones en el régimen migratorio que implicará el cobro de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Para hacerlo, sin embargo, deberán enviar un proyecto de ley al Congreso y no es claro aún a qué universo de estudiantes afectará. Según advirtieron los rectores universitarios, además de modificar la ley migratoria, se debería cambiar también la Ley de Educación Superior.
“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudios”, dijo Adorni en conferencia de prensa.
En el Gobierno no detallaron, sin embargo, cómo serán las modificaciones. Ante las reiteradas consultas de LA NACIÓN, tanto desde la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, como desde Presidencia no pudieron precisar a qué universo de estudiantes extranjeros afectaría el arancelamiento. Las universidades, por su parte, remarcan que para poder inscribirse es necesario contar con el DNI argentino por lo que no entrarían en la categoría de estudiantes “no residentes”.
En efecto, quienes quieren estudiar en el país pueden tramitar una residencia temporaria por tres meses, con la posibilidad de prórroga, que los habilita a sacar un DNI. Sin embargo, el Gobierno no especificó si buscará que el arancelamiento recaiga sobre este tipo de residentes.
No es la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que conduce Alejandro Álvarez, la que está a cargo del proyecto, desde donde aclaran que no pueden reglamentarlo y para implementarlo es necesario modificar la ley de Migraciones. Fuentes de Jefatura de Gabinete e Interior se ampararon en que la norma detallará “como van a permitirse estas modificaciones”. El propio presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien confirmó este martes que el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso, aclaró a este medio que “todavía se desconoce la letra chica”.
Cifras
“Va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, afirmó Adorni. Y ejemplificó: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.
Medicina es la carrera que cuenta con más alumnos extranjeros. En el sistema universitario estatal estos representan el 4% del estudiantado, según los últimos datos oficiales que llegan hasta 2022. Son 79.834 alumnos en las carreras de grado, que hoy son gratuitas. Mientras que en las instituciones de gestión privada, alcanzan el 5%. Entre 2015 y 2022, el porcentaje de alumnos extranjeros aumentó del 2% al 4%. En esos siete años, la cantidad de estos estudiantes en las universidades estatales aumentó un 127%, mientras que el total de alumnos (argentinos y extranjeros), creció solo un 36%. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación –hoy Secretaría de Educación– hecho por LN Data.
La mayoría provienen de países vecinos. En 2022, un 16% eran brasileros, seguidos por un 14% que venían de Perú, un 9% de Paraguay, un 8% de Bolivia, un 7% de Colombia, un 7% de Ecuador, un 6% de Venezuela y un 3% de Chile.
Si bien solo un 4% de los alumnos en universidades públicas son extranjeros, ese porcentaje es notablemente mayor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata donde representan un 11% y un 10% del alumnado, respectivamente. En estas dos instituciones se concentra más de la mitad de los alumnos extranjeros de la Argentina.
Ni la UBA ni el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, estaban avisados sobre el anuncio que realizó Adorni.
Cuestionamientos
No es la primera vez que el Ejecutivo insiste con la iniciativa. En plena tensión por el financiamiento universitario, y antes de que lograrán blindar el veto de Javier Milei en el Congreso, el Gobierno anticipó que habilitaría el arancelamiento en las casas de estudios. Se trató, a la vez, del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, que luego fue sacrificado para conseguir que se aprobara.
Allí proponían modificar el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores, que prohíbe que los estudios de grado en educación superior de gestión estatal tengan aranceles, tasas o impuestos y establece la gratuidad, y especificar que esto aplicaría para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
Y agregaban que las instituciones “en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos”.
“Siguen sin entender que todo extranjero que se inscribe en una universidad pública lo hace con DNI argentino en mano. Por lo tanto, imagino que el Gobierno va a tener que modificar las leyes migratorias”, advirtió a LA NACIÓN Víctor Moriñigo, titular del CIN.
“El anuncio tal como está presentado es impreciso y así como está planteado es insustancial. Las universidades estamos siempre dispuestas a discutir todo, pero hay que hacerlo con seriedad y precisión. Si el Gobierno tiene vocación de discutirlo tiene que formalizarlo a través de un proyecto. Para hacerlo se requiere al menos modificar dos leyes vigentes [Ley de Migraciones y Ley de Educación Superior] y los acuerdos del Mercosur. Los estudiantes brasileños, por ejemplo, por los acuerdos de Mercosur tienen condiciones distintas”, sintetizó, por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y remarcó: “Así como se plantea es insustancial en término de financiamiento. En nuestra universidad es poco menos del 1%”.
A modo de ejemplo, en la UBA le conceden dos cuatrimestres a los estudiantes extranjeros para que obtengan su DNI. Al inscribirse, al alumno se le solicita que obtenga el documento de nacionalidad argentino o que acredite su identidad con un documento del país de origen. No pueden exigirles que ya cuenten con el documento argentino para cumplir con la Ley de Migraciones, que establece que los inmigrantes deben tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación, y a la vez prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a un establecimiento educativo de cualquier nivel. Por eso, un extranjero no residente puede iniciar el trámite y comenzar a cursar el CBC, pero les otorgan dos cuatrimestres para que lo obtengan, ya sea DNI temporal o permanente, y puedan así tener el alta definitiva como estudiantes.
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