El mega paquete de medidas presentado este miércoles por el gobierno de Javier Milei causó gran polémica en buena parte del arco político, pero también de distintos sectores económicos y la sociedad en general.

Uno de los sectores que se declaró en alerta tras las reformas propuestas es el pesquero, área que es motor de varias economías regionales del país, en especial en el sur. Así, advirtieron sobre “groseros cambios” en el Régimen Federal de Pesca. Se trata de una industria que alberga a más de 80.000 familias en todo el país.

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Según la revista especializada Pescare, las modificaciones más cuestionables son la cancelación de la ponderación de la cantidad de mano de obra nacional ocupada a bordo de los buques; las inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años.

Además, aseguran que los recursos del mar argentino quedarán expuestos a licitaciones internacionales, habrá permeabilidad de la Zona Económica Exclusiva Argentina a flotas extranjeras; libre albedrío de puertos nacionales y/o extranjeros; imprevisibilidad de la sostenibilidad de los recursos marinos argentinos. Se abre la posibilidad de ventas de recursos sin ningún tipo de control, al mejor postor.

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El presidente de Cámara de la Industria Pesquera Argentina, Fernando Rivera, aseguró que hay una “profunda preocupación” del sector pesquero ante el proyecto. “Lamentablemente, nunca fuimos consultados sobre este proyecto”, aseguró. Según Rivera, la iniciativa del Gobierno nacional “cambia parámetros fundamentales” de la Ley Federal de Pesca. “El artículo 27 plantea que para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota”, explicó en diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata.

Según detalló el experto en conservación y pesca ilegal, Milko Schvartzman, la Ley Ómnibus presentada en el Congreso simplifica la asignación de permisos de pesca y cuotas de captura, eliminando los criterios de sostenibilidad y valorización. Esto podría conducir a una sobrepesca y a la disminución de los recursos. Por ejemplo, en el artículo 244 elimina descarga obligatoria en puertos argentinos, lo que abre posibilidad de descarga en otros países o transbordos en alta mar, posibilita pesca ilegal, falta de transparencia y trazabilidad.

En la misma línea, el artículo 245 elimina beneficios para acceder a permisos de pesca a la flota nacional, buques construidos en Argentina, valor agregado en tierra, renovación de flota, licitud de operaciones de las empresas. El artículo 246 permite la pesca a empresas extranjeras sin importar antecedentes, no contempla mano de obra nacional. Abre la puerta a ingreso de empresas involucradas en pesca ilegal, abuso a Derechos Humanos y crimen organizado.

El cambio del artículo 252 permite que pesqueros que operen en el Mar Argentino lo hagan con totalidad de tripulación extranjera, incluso capitaneados por extranjeros. Esta medida tendría serias implicancias sobre soberanía y seguridad nacional, al tiempo que posibilita el aumento de la depredación.