El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió este domingo que se libere a todos los detenidos el miércoles en el marco de las protestas en contra de la Ley Bases, que derivaron en serios incidentes en las inmediaciones del Congreso.

«Exigimos la inmediata libertad para los presos por manifestarse contra la Ley Bases», publicó el mandatario bonaerense en X.

El viernes luego de concluir las indagatorias que había iniciado el jueves, la jueza María Servini resolvió la situación de los 33 detenidos por los incidentes del miércoles en las inmediaciones del Congreso. Ordenó dejar presas a 16 personas, y aceptó los pedidos de excarcelación de otras 17.

Las personas que recobraron la libertad se beneficiaron con el criterio que adoptó la magistrada, quien evaluó que las primeras pruebas reunidas en la causa eran insuficientes: no había filmaciones ni fotos disponibles que los vincularan directamente con los destrozos.

Respecto de quienes permanecen detenidos, la jueza aún no respondió el pedido del fiscal Stornelli, quien había solicitado la prisión preventiva para todos tras acusarlos de diversos y graves delitos.

Kicillof posteó respecto al 69 aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo, que -según escribió- «buscó derrocar al presidente democráticamente elegido, Juan Domingo Perón».

En ese marco, aprovechó para criticar las detenciones del fuerte operativo de seguridad, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, y pidió cuidar el sistema democrático, dejando a un lado actos violentos.

«Uno de los hechos más atroces de nuestra historia. Hay que cuidar y fortalecer la democracia para que el odio y la violencia nunca más se apoderen de la política en nuestro país.

El fiscal federal Carlos Stornelli argumentó que los 33 detenidos por las fuerzas policiales federales y de la Ciudad podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.

En tanto, el día posterior a las protestas y los incidentes, Bullrich habló de “golpe de Estado moderno” y pidió a la Justicia imputar por sedición a los detenidos y el ministerio de Seguridad se presentó como querellante en la causa.

La cartera que dirige la excandidata presidencial denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las fuerzas, que ya son motivo de investigación por el fiscal Carlos Stornelli, quien además imputa a los autores una larga serie de delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional, estragos, entre otros.

“Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. El Presidente habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. Yo desgasto, yo no dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo. Es el concepto de golpe de Estado y por eso vamos a poner la figura de sedición”, afirmó Bullrich ante la prensa.

Además, la cartera de Seguridad le envío al fiscal Stornelli los costos de los operativos realizados por cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que aseguran $ 13.613.500 que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento.