POLITICA
Caso Chocolate: la Justicia tiene en la mira una “caja negra” de $53 mil millones de la Legislatura bonaerense
El presupuesto de la Legislatura bonaerense, en la mira. (Foto: Twitter/Verónica Magario)Nuevos videos muestran a «Chocolate» extrayendo una gran cantidad de dinero. (Foto: captura Telenoche)
El caso de Julio “Chocolate” Rigau destapó una olla a presión a días del primer debate presidencial y a menos de un mes de las elecciones. La denuncia que hicieron los legisladores de la oposición acusa a la Legislatura bonaerense de “manejar fraudulentamente el presupuesto”.
El documento presentado por los legisladores de la oposición detalla pormenorizadamente los números con los que funciona la Legislatura bonaerense hoy en día. El cálculo va desde sueldos de legisladores y empleados hasta los gastos en materia de mantenimiento.
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La cuenta total que calcularon Ricardo López Murphy, Alejandro Iguacel y María Eugenia Talerico da un presupuesto final de $8.511.800.000. Ese es el número con el que, según los legisladores, la Legislatura bonaerense podría funcionar con normalidad.
El cálculo expone una diferencia exorbitante de $53.640.000.000 con el presupuesto actual, que es de $62.152.000.000. Por ello, en la denuncia le exigen al fiscal Juan Mennucci, titular de la UFI N°6 de La Plata -fiscalía donde cayó la nueva causa-, que investigue qué se hace con esa plata y si existen otros “Chocolate” Rigau.
“¿Estamos ante un posible caso de corrupción de más de 50 mil millones al año? ¿Es este caso puntual de “Chocolate” Rigau apenas la punta del iceberg?”, se preguntan López Murphy, Iguacel y Talerico en la denuncia.
Los números que están en la mira de la Justicia
La denuncia expone que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires maneja un presupuesto de más de $62.152 millones y detalla punto por punto cuánto gasta en las distintas áreas.
Por un lado, la Cámara de Diputados tiene al menos 1510 empleados y cuenta con un presupuesto de $36.500 millones para 92 bancas. Es decir, que cada banca tiene $396 millones.
Mientras tanto, en la Cámara de Senadores los trabajadores legislativos son 1340 y cuentan con un presupuesto de $25.562 millones para 46 bancas. La cuenta da un total de $557 millones por cada banca.
Aquí es donde vienen los cálculos realizados por los legisladores opositores. Según detallaron en la denuncia, un diputado provincial gana $1.000.000 por mes, mientras que un senador gana $1.200.000.
El total del sueldo de los legisladores, es decir $2.200.000 por 13 meses, da un resultado total de $28.600.000. Ese número multiplicado por los 138 legisladores que tiene la Legislatura bonaerense da un presupuesto anual de $3.946.800.000.
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A ese monto hay que sumarle lo que le pagan a los asesores de cada legislador. El cálculo que hicieron es que cada despacho legislativo cuenta con cinco personas que cobran alrededor de $500.000. Es decir que solo en un despacho, por año, se gastan $32.500.00.
Los 32 millones de pesos anuales que se gastan en asesores de un solo despacho se tienen que multiplicar por 138, dado que cada legislador cuenta con 5 asesores. El gasto total en materia de asesores, por año, es de $4.485.000.000.
Ese presupuesto calculado por López Murphy, Iguacel y Talerico, en este momento de la cuenta lleva más de 7000 millones de pesos. A eso le sumaron gastos para el mantenimiento, limpieza, pago de servicios y seguridad de la Legislatura.
Para hacer ese cálculo, según explicaron en la denuncia, tomaron el 10% del presupuesto del municipio de Capitán Sarmiento, un pueblo que tiene 20 mil habitantes, que es de 800 millones de pesos. “Nos referimos a las obras necesarias para mantener el agua potable, plazas, podas, pavimentación de calles, alumbrado, recolección de residuos, plata de tratamiento de residuos, mantenimiento de cloacas”, explicaron.
Por lo tanto, llegaron a la cuenta de que son $80 millones los que necesita la Legislatura Bonaerense para el mantenimiento general, la limpieza, los servicios y la seguridad. “Si estos servicios son prestados por personal contratado por la Legislatura (con contrato o de planta transitoria o permanente) aumenta el cálculo de personal estimado todo lo cual puede ser materia de investigación”, aclararon.
Finalmente, llegaron a un número total $8.511.800.000, mientras que el presupuesto total es de $62.152.000.000. Una diferencia que supera los 50 mil millones de pesos.
La cantidad de empleados, otro de los puntos de investigación
El cálculo que hicieron los legisladores opositores no solo expone la diferencia entre el presupuesto ideal y el actual, sino la diferencia que existe entre la cantidad de empleados que son informados públicamente por la Legislatura Bonaerense y los que forman parte de la misma.
López Murphy, Iguacel y Talerico dicen que hay cinco asesores en cada despacho de un legislador. Eso da un total de 690 empleados para la Legislatura, a los que se le suman los empleados del personal que, según ejercicio, conformarían un total de 828 personas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados informa que tiene 1510 empleados y la Cámara de Senadores otros 1340, un total de 2850. La diferencia entre lo informado y el cálculo de la oposición es de casi 2000 personas.
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“Siendo que se informan 2.850 empleados en total y sin perjuicio de que puede haber otros puestos a cubrir más allá de los despachos (comisiones, bloques, presidencia) que no consideramos, en atención a los hechos de conocimiento público, creemos que resulta muy justificada una profunda investigación de la planta de empleados de la Legislatura”, remarcaron.
Este es otro de los puntos que le piden al fiscal Mennucci, que investigue la cantidad de empleados que efectivamente hay en la Legislatura Bonaerense. Cabe destacar que Rigau fue detenido con 48 tarjetas de débito de “empleados fantasma”.
Por último, pidieron: “La intervención judicial es urgente, y no significa una intromisión de un poder sobre otro, porque más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense”.
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Por decreto: Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE en $7.366 millones para fondos reservados
Mientras aún se debate el envío de fondos públicos para reconstruir la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, tras la inundación que desbastó la zona y dejó un saldo de 16 muertos, más de 100 desaparecidos y miles de evacuados, el presidente Javier Milei, realizó la primera modificación presupuestaria del 2025, para agrandar los fondos reservados destinados al área de inteligencia.
A través de la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/2025, el mandatario amplió los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda desde las sombras, Santiago Caputo, en otros 7.366 millones de pesos. El dinero, puede ser destinado de forma discrecional, sin necesidad de rendir cuentas ante el Congreso o el Poder Ejecutivo.
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El incremento presupuestario de los recursos para el órgano estatal se da bajo el programa “Información e Inteligencia” por un total de $7.366.286.591 con el fin de mejorar los servicios de defensa y seguridad que están bajo su órbita, según indica el texto rubricado por Milei y publicado este jueves 13 de marzo en el Boletín Oficial.
La modificación del Presupuesto 2023, que aún rige porque el oficialismo no quiso debatir en el Congreso una nueva ley de leyes para este año, se da horas después de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol y organizaciones sociales, que reclamaban frente al edificio del Parlamento por una suba salarial.
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Según indica el documento emitido por el Gobierno libertario, los nuevos fondos asignados son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital, los primeros demandan la mayor parte con una erogación de $6.344 millones mientras que a los segundos requieren de $1.022 millones. Los gastos reservados son fondos destinados a actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público por razones de “seguridad nacional”, según la gestión de Milei, y están sujetos al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Entre los “gastos corrientes” se encuentran los pagos al personal, para lo que se aumentó $885 millones el presupuesto; los bienes de consumo, como la comida, vestimenta y distintos tipos de productos de uso diario, para lo que se dispusieron $1.145 millones más; y los servicios no personales, entre los que se incluyen la energía eléctrica, gas, agua, comunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, capacitaciones, pasajes, viáticos y los mencionados gastos reservados, que en conjunto contarán con nuevos fondos por $4.323 millones.
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El limbo migratorio que enfrentarán los venezolanos con TPS pronto a vencer en Estados Unidos
Miles de venezolanos en Estados Unidos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) este 2025 tras la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump, que canceló la extensión del programa aprobada por Joe Biden que extendía las protecciones hasta octubre de 2026. En específico, a más de 300 mil se les vencerá en abril, mientras que otros 200 mil enfrentarán la misma situación en septiembre.
¿Hasta cuándo estará vigente el TPS en Estados Unidos para venezolanos?
De acuerdo con el Registro Federal, el TPS de los venezolanos beneficiados en 2021 seguirá en vigor hasta el 10 de septiembre de 2025. Para quienes aplicaron entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2024, el beneficio expirará el 2 de abril de este año.
Algunos de estos inmigrantes abandonaron sus procesos de asilo al considerar que el TPS les facilitaría la obtención de la residencia permanente. No obstante, las cortes desestimaron los casos de asilo de quienes contaban con TPS, lo que deja a miles de personas en una situación incierta.
Consecuencias de la cancelación del TPS
El abogado Gustavo Marín explicó a LA NACION que los afectados “volverán a su estatus migratorio previo al otorgamiento del TPS”. Es decir:
- Quienes llevan menos de dos años en el país podrían ser deportados de inmediato.
- Aquellos con mayor tiempo de permanencia podrían ingresar en un “procedimiento de remoción”.
Cuatro escenarios posibles para los venezolanos que perderán el TPS
Por su parte, Jesús Romero, experto en servicios migratorios y director de JLROMERO & Associates LLC, identificó cuatro escenarios posibles para los venezolanos afectados:
- Solicitantes de asilo con TPS: mantendrán su permanencia legal hasta que finalice su proceso de asilo.
- Venezolanos con TPS y permanencia ilegal previa: enfrentarán mayores riesgos de deportación. Solo podrían regularizarse mediante un familiar ciudadano estadounidense o una visa de estudiante.
- Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: podrán solicitar asilo si cumplen los requisitos, aunque otras opciones migratorias podrían tomar años en procesarse.
- Venezolanos que entraron por la frontera y obtuvieron TPS: deberán presentar su caso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para mantener protecciones. Si no lo hicieron, quedarán expuestos a una posible deportación.
Razones de la cancelación del TPS para venezolanos
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la extensión del TPS “no se realizó de la forma correcta”. Kristi Noem, secretaria de ese organismo gubernamental, afirmó que la prórroga no debió otorgarse con tanta anticipación ni consolidar los TPS de 2021 y 2023 en una sola medida. Además, según la legislación, las extensiones deben realizarse al menos 60 días antes del vencimiento del plazo.
Según un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), “revocar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos sería perjudicial para la economía estadounidense, ya que estas personas contribuyen activamente a la fuerza laboral”.
Las opciones de los venezolanos para evitar la deportación
Los venezolanos con TPS podrían evitar la deportación si demuestran que su vida estaría en peligro al regresar a Venezuela. Entre las razones válidas para solicitar protección, el Uscis menciona:
- Persecución política.
- Discriminación por razón de nacionalidad, religión o raza.
- Riesgo por una condición especial.
Por otro lado, los inmigrantes que ya iniciaron otro proceso de regularización no se verán afectados por la eliminación del TPS, según explicó Marín. Sin embargo, quienes no cuenten con otro mecanismo legal podrían enfrentar un escenario incierto ante la posibilidad de deportación inminente.
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