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POLITICA

Cómo será el nuevo sistema de prestaciones de salud para las personas con discapacidad que busca evitar la sobrefacturación de servicios

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Las prestaciones de salud para las personas con discapacidad sufrirán importantes cambios en materia de gestión en el transcurso del próximo año. Los médicos y terapeutas deberán familiarizarse con una plataforma virtual para cargar las sesiones o consultas que brinden con miras a cobrarlas. Los pacientes
o sus familiares, en tanto, comenzarán a utilizar una app
que brindará geolocalización y códigos QR como un mecanismo de seguimiento y control.

La resolución que establece estos cambios fue dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud dos días antes de que terminara el gobierno de Alberto Fernández y se estima que empezará a regir en agosto. El objetivo que persigue, según puede leerse en sus fundamentos, es incorporar infraestructura tecnológica para agilizar los procedimientos administrativos, hacerlos más eficientes y transparentes, y mejorar la accesibilidad de los servicios.

En lo concreto, busca terminar, sobre todo, con la sobrefacturación de prestaciones, es decir, que una consulta se facture doble o triple.

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La novedad generó sorpresa e incertidumbre entre prestadores y familias, que se hacen un sinfín de preguntas: ¿Qué ocurrirá con las personas que no manejan bien el celular? ¿Cómo se operará desde lugares que no tienen conectividad o la señal se corta con frecuencia? ¿Cómo se contemplarán las prestaciones que actualmente se brindan fuera de los consultorios? ¿El cambio también contribuirá a solucionar cuestiones de fondo, como los retrasos en los pagos o la actualización de los aranceles que cobran los profesionales?

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que el INDEC difundió en 2018, se estima que un 10% de la población argentina posee algún tipo de discapacidad. De ese porcentaje, 1.680.723 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), según un relevamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad del mes pasado.

El CUD es un documento fundamental para que el Estado se haga cargo de una serie de prestaciones asistenciales fijadas y tarifadas en un nomenclador. Cuando una persona recibe una de estas prestaciones a tráves de un profesional de una obra social o prepaga, se activa un mecanismo burocrático que demanda entre sesenta y noventa días entre que la misma sucede y su posterior pago.

Actualmente, cuando una persona recibe una prestación médica, el profesional debe completar una planilla de asistencia. Esa planilla debe ser presentada a la obra social o prepaga con miras a cobrar por esos servicios. A partir de agosto, cada vez que una persona con discapacidad reciba atención médica o terapéutica, deberá previamente generar un código QR en una aplicación llamada Integrapp. Este código será escaneado por el profesional que la atienda evitando, de esta manera, continuar con la planilla de asistencia. La app también contiene un mecanismo de geolocalización que permite corroborar que la sesión se haya llevado a cabo.

En paralelo, los profesionales deberán aprender a gestionar una plataforma digital que apunta a disminuir considerablemente la presentación de informes y certificados en papel que, actualmente, se deben presentar todos los años y que, al ser cargados a la plataforma, estarían disponibles permanentemente.

Pero estos cambios ya empezaron a generar dudas y ciertos temores, muchos de ellos expresados en las redes sociales:

A Mariana, la normativa la tomó por sorpresa. Brinda servicios terapéuticos en un centro de CABA aunque prefiere mantenerse en el anonimato. “Que yo sepa, jamás consultaron a un prestador para tomar una decisión así. Si lo que la Superintendencia busca es transparentar los servicios, que visite los consultorios y vea cómo se trabaja. Que conozcan a los pacientes porque, muchas veces, les bajan la cantidad de prestaciones a las familias pasándote, por ejemplo, de ocho sesiones por mes a cuatro, sin conocer el caso”, se queja.

La especialista sostiene que el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad está pensado para atención en consultorio y está basado en un modelo médico y rehabilitador que no se condice con el paradigma actual, que promueve la inclusión y la vida en comunidad. “Hoy los chicos necesitan talleres de habilidades sociales o de vida autónoma que implica, por ejemplo, supervisarlos en la calle o en su casa. Nada de esto está nomenclado como tal en el actual sistema de prestaciones pero lo hacemos igual. ¿Qué va a pasar cuando rija la geolocalización con todo esto”, se pregunta Mariana, quien teme que la transparencia vaya en desmedro de la calidad de las prestaciones.

Fuentes de la Superintendencia explicaron a LA NACION que el nuevo sistema apunta a acelerar y transparentar procesos, pero también a garantizar que los servicios se brinden en espacios adecuados para los pacientes. “Hoy eso no ocurre en muchos casos y la persona con discapacidad termina siendo rehén del prestador. Tener toda esta información en línea nos va a permitir, incluso, saber en dónde hay faltante de prestadores”, reconocieron.

El organismo también busca evitar la sobrefacturación de consultas o sesiones que, según reconocieron, es importante, sobre todo, cuando la atención es en consultorio. “La resolución no es persecutoria. Quienes no incurran en irregularidades no van a tener problemas”, aseguran.

Las historias que siguen son reales: a María, el neurólogo de su hijo le dijo que las sesiones que le cubría la obra social eran por diez minutos y que si la consulta demoraba media hora, él le pasaría tres sesiones; aunque la fonoaudióloga de su hija es de cartilla, Marcelo debe pagarle un plus en efectivo cada vez que la lleva.

Valeria Monópoli es abogada especialista en Derechos Humanos y Discapacidad y conoce muchas historias de este estilo. Dice que la sobrefacturación por parte de los especialistas es un secreto a voces así como su justificación: como los aranceles están desactualizados y se cobran, en muchísimos casos, a noventa días, facturar dos sesiones cuando, en rigor, se dio una, es una forma de compensación.

“Está bien que la Superintendencia quiera cortar con estas irregularidades, pero la manera que propone no soluciona los problemas de fondo. Y no me refiero sólo al monto de los aranceles sino también al tipo de prestaciones que están nomencladas, que nunca se actualizaron”, expresa Monópoli, que es mamá de un joven con autismo. “Para todo esto, habría que sentar otros actores a la mesa de discusión, como la Agencia Nacional de Discapacidad”, considera.

En los últimos días, la Superintendencia comenzó a difundir la nueva normativa. Así, por ejemplo, en su perfil de Instagram, el organismo sumó algunos posteos tanto sobre Integrapp como sobre la plataforma para profesionales. En ellos, puede leerse que la novedad busca “despapelizar” las gestiones y que, en caso de ser necesario, la app podrá ser gestionada por una persona de apoyo. En el caso de personas que no manejen celulares, el sistema habilitaría la posibilidad de llevar a las consultas el QR impreso.

Más información

La Superintendencia de Servicios de Salud se ocupa de controlar y regular a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga. Para consultas y reclamos se puede llamar al 0800-222-‭72583.





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La verdadera historia de Abdala, el senador de «la casta» que llegó al Congreso criticando prácticas que él mismo ahora defiende

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Feliz cumpleaños, Bartolomé Abdala. “Bartolo”, así apodan en su San Luis natal al senador nacional por La Libertad Avanza (LLA), presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la sucesión del Poder Ejecutivo, nació el 2 de septiembre de 1964. No celebró aún sus 60 años. Su familia le organizó un festejo sorpresa que empezará este domingo a las 13:30 en Granja María Luis, Las Chacras, San Luis. “Cumple sorpresa de BARTOLO, TE INVITAMOS”, dice el flyer enviado a no pocos amigos. Clarín no está arruinando la esencia del evento, la sorpresa para el agasajado. Ocurre que esa invitación, que debía ser “secreta”, se terminó viralizando. Desde que Abdala admitió esta semana en TN que tenía “15 asesores” con contratos pagos por el Senado de la Nación que trabajaban “en San Luis” porque “mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, se desató el escándalo en el oficialismo, y el enojo llegó al propio presidente Javier Milei, que intenta mantener el relato de que su Gobierno sobre su principio de combatir el despilfarro de “los políticos de la casta”, cada uno de los movimientos y los detalles de la vida de “Bartolo” tomaron dimensión nacional.

Los contratos de los asesores en el Senado de Abdala, en realidad, son veinte.

Su “sincericidio” provocó nuevas internas, que existían pero que permanecían “dormidas”, y las fuentes de información se multiplicaron respecto a la carrera del puntano.

Entre los veinte asesores de Abdala hay una mujer que se llevó el foco de la atención, y con razón. Se trata de Mariana Rodríguez Saá, hijo de Adofo Rodríguez, ex gobernador de San Luis, ex presidente efímero durante la crisis del 2001, y ex senador. Abdala es quien reemplazó al “Adolfo” en la Cámara alta tras la elección que llevó a Milei a la Presidencia.

La hija de Rodríguez Saá es solo una de las más decena de asesoras pagos por el Estado que Abdala deja que trabajen en San Luis. ¿Trabaja para Abdala Rodríguez Saá hija? Las fuentes de la política puntana, incluso la dirigencia afín a Abdala, reconocen que es difícil comprobarlo. Mariana Rodríguez Saá es empresaria, dueña de un importante patrimonio, y su paso incluso como empleada de cuerpo presente en el Congreso ahora está puesto en duda. Ella es accionista de la sociedad comercial de su familia llamada “Los Coros”. La firma controlaba una importante bodega de vinos en Mendoza, que fue vendida hace pocos años. Hoy, “Los Coros” es la propietaria de extensos campos en la provincia de La Rioja: uno tendría 40 mil hectáreas y el otro 10 mil.

La hija de Rodríguez Saá es el ejemplo más paradigmático de los asesores que Abdala heredó de quien es su primer jefe político, un representante nato de lo que Milei considera “la casta” que quiere combatir.

Abdala, que no publica su curriculum en la web del Senado, suele ocultar en los medios nacionales algo que en San Luis es imposible de esconder: él trabajó siempre políticamente para “el Adolfo”, fue durante un año su ministro de Deportes en la gobernación de su provincia, y buena parte de sus asesores son una herencia de éste último. Favores.

Javier Milei con el dirigente puntano Bartolomé Abdala.

Abdala insistió en TN en remarcar que consideraba que enviar a sus asesores del Senado a que le manejen “el territorio” para que él pueda llegar a la gobernación recién en las elecciones del 2027 estaba bien. “Pago la mía”, dijo en esas declaraciones que le generaron de inmediato problemas internos y también denuncias en la Justicia. Él explicó que dijo que pagaba los contratos para asesores para su supuesta campaña, algo prematura, con “la mía”, es decir, con su plata, era porque esos empleados son los que le abona con el presupuesto de que la Cámara alta le asigna a cada uno de sus 72 miembros. Cada senador nacional recibe por mes alrededor de 8 millones de sueldo propio, más otros 15 millones de pesos divididos en los llamados “módulos” que cada legislador reparte entre contratados pagándoles sueldos diferentes de acuerdo al número de personas que crea necesarios tener como consejeros legislativos. Para “Bartolo”, esos asesores en cuestiones parlamentarias pueden y deben ayudarlo “en territorio” para ambiciones políticas personales.

La polémica por sus dichos escaló de tal modo que el propio Milei le envió un mensaje velado en una de las tuits publicados en X.

El vocero del Presidente, Manuel Adorni, fue más directo. Cuando le preguntaron por Abdala, lo criticó: “Está mal y lo debe modificar”, dijo por sus multicontratos para campaña electoral en San Luis, y agregó: “Si alguien quiere hacer política, lo debe hacer con su bolsillo”.

Ahora se sabe, también, que Abdala incluso contrató a una de sus hijas como empleada del Senado. María Graciela Abdala. Los documentos a los que accedió Clarín demuestran que esa contratación fue pedida por el propio “Bartolo” en abril de este año. María Graciela Abdala no figura en el listado de asesores del senador porque él la reasignó en otra área de la Cámara alta.

Primero fue asignada a su despacho. Pero el 22 de agosto, en otro expediente interno del Senado, María Graciela Abdala fue “afectada” a la llamada Prosecretaria de Coordinación Operativa. Ese movimiento dentro de la Cámara alta de la hija de Abdala fue firmado por la Secretaria Administrativa.

Desde que habló en TN, “Bartolo” fue denunciado ante la Justicia por supuesta malversación de fondos públicos, y se actualizó además otra denuncia en su contra: un dirigente de San Luis le adjudica haber afiliado a gente fallecida para poder habilitar al partido libertario en la provincia, plataforma desde la que lanzó su candidatura exitosa al Senado.

“Bartolo” es acusado de ser un representante clásico de la “casta política”, un escenario que de acuerdo a su carrera política en San Luis no debería sorprender, al menos a quienes hacen política profesional en el territorio que desde 1983 hasta diciembre del 2023 manejaron con total control los hermanos Rodríguez Saá.

Abdala siempre trabajó junto a ellos, y sigue respondiendo con afinidad y lealtad a “El Adolfo”. Aliado de la vice Victoria Villarruel, cuando ésta última visitó la última vez San Luis, fue “Bartolo” quien la llevó a comer a la casa del ex senador y ex presidente.

Bartolomé Abdala, en una imagen de su cuenta de Facebook, en el Mundial de Qatar.Bartolomé Abdala, en una imagen de su cuenta de Facebook, en el Mundial de Qatar.

Por ahora, desde la Casa Rosada descartan expulsar a Abdala del bloque de LLA del Senado. Acaban de tomar esa decisión con otro senador que dejó de ser parte del oficialismo porque se opone la postulación de juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, y sobre todo, porque fue brutal en sus críticas al principal asesor de Milei, Santiago Caputo.

Abdala es un caso aun de mayor gravedad institucional porque no solo acaba de “hackear” el discurso “anti casta” de los libertarios, con énfasis, si no porque también fue elegido como presidente provisional del Senado.

¿Quién es el responsable de haber sumado a Abdala a LLA? La respuesta es más compleja aun debido a que una vez llegado al Senado desde el poder central se determinó que debía ser él quien ocupe el cargo de presidente provisional del cuerpo.

Abdala, además de militar junto a Rodríguez Saá, se desempeñó durante cuatro años como legislador provincial de Compromiso para el Cambio, y hasta fue el mismísimo Mauricio Macri quien lo eligió también para fundar el PRO en San Luis.

De profesión contador, Abdala fue también presidente de la liga de fútbol de San Luis.

Por orden de los Rodríguez Saá. En ese cargo tomó contacto y formó vínculo con el polémico dirigente Carlos Ahumada Kurtz, ex titular de Sportivo San Luis, cordobés de nacimiento, nacionalizado mexicano, prófugo de la Justicia de aquel país por sus posibles negocios con el narcotráfico, y denunciado en la Argentina en la trama inagotable del tráfico ilegal de la efedrina durante las gestiones presidenciales K.

Abdala dice ser hoy víctima de operaciones políticas en su contra. Se victimiza y deja trascender que él, en realidad, fue sincero y admitió una practica legislativa respecto a los contratados en la Cámara alta para la política que se extiende entre sus colegas como un secreto a voces.

Sus jefes libertarios no creen lo mismo. El funcionario de la Secretaria General de la Presidencia, al mano de Karina Milei, que se encarga de ampliar al partido LLA en las provincias, siempre con miras a las elecciones legislativa del año que viene es Eduardo “Lule” Menem. Fuentes del oficialismo contaron que “Lule” considera inaceptable el “sincericidio” de “Bartolo”. El otro dirigente libertario de San Luis que llegó al Congreso, pero a Diputados, es Carlos D’alessandro.

El espacio del oficialismo en esa provincia quedará ahora bajo mando de este legislador de excelente relación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Las polémicas judiciales de Abdala llevan años. Siendo legislador provincial, fue también denunciado por una asesora de prensa que lo acusó de quedarse con parte de su contrato e incluso ella declaró que fue despedida porque se negó a tener un vínculo afectivo con él. Abdala lo desmiente.

¿Cómo es el desempeño legislativo de “Bartolo”?

De acuerdo a su propia página web de la Cámara alta, sus declaraciones respecto a los asesores que lo ayudan “en territorio” en San Luis son reales y concretas.

Bien asesorado, “Bartolo” después corrigió el error.

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