La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), del gremio UATRE, y en pocas semanas encontró irregularidades millonarias. Mientras crece el escándalo, con un fallo del polémico juez Juan José Baric, el gremio trata de frenar la medida del Poder Ejecutivo que busca regularizar la situación de una obra social en estado crítico.

Virginia Montero asumió este mes como administradora provisoria de OSPRERA, a partir del decreto del presidente Javier Milei que estableció la intervención por 180 días con la posibilidad de prorrogarla.

La decisión se tomó por “las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”, indica el decreto 720/24. Además, “la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas”.

Montero empezó a revisar los contratos que tenía OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, y encontró graves anomalías en el manejo de fondos.

Pero dos semanas después, un sorpresivo fallo judicial le pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud que retrotraiga la intervención y le devuelva el manejo de la obra social al gremio, en manos del kirchnerista José Voytenco.

El respaldo al pedido de Voytenco fue firmado por el polémico juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien había mantenido una intervención judicial de OSPRERA de marzo de 2023 al 30 de junio de este año, cuando le restituyó el control al gremio. El magistrado había designado su propio administrador en ese lapso: Néstor Horacio Acuña. Ahora, ante la medida del Gobierno, accionó contra funcionarios con acusaciones de supuestos delitos como asociación ilícita y tráfico de influencias. Y requirió que se presenten los informes en los que se basaron para decidir la intervención.

Como organismo fiscalizador de las entidades de salud, la Superintendencia conducida por Gabriel Oriolo apeló la resolución.

“El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado”, objeta la Superintendencia.

Y remarca que como el fallo no está firme, el Poder Ejecutivo va a tomar todas las medidas necesarias para seguir con la intervención.

En el comienzo de la auditoría se comprobaron graves irregularidades producto de una situación económica alarmante, a tal punto que el propio juez Baric, a través del interventor que había designado (Acuña), solicitó a la Superintendencia $ 3.350 millones no reembolsables como «apoyo financiero» en octubre de 2023, presentó la rendición el 6 de diciembre del mismo año y fue aprobada por la Superintendencia el 7 de diciembre, ultimo día hábil de la anterior gestión presidencial.

También se descubrió que la administración designada por el juez se había autodesignado sueldos millonarios, equivalentes a 25 veces lo que gana en promedio un peón rural, pese a la crisis financiera de la obra social.

En el directorio, los haberes eran de $ 14 millones para el presidente; $ 12,1 millones para el vice, el tesorero y el secretario de actas; $ 11,4 millones para el veedor judicial y $ 8,6 millones para el gerente de legales.

La Superintendencia también sacó a la luz un contrato con un estudio de abogados, que cobraba al menos $ 60 millones mensuales más el 20% de lo recaudado por identificar a deudores de la obra social. “Es un número difícil de clarificar porque se cobraba con cheques diferidos que muchas veces no se registraban en la AFIP ni en la obra social. Se está investigando”, explicaron en el ente.

OSPRERA fue convertida “en una caja millonaria a partir de negocios de todo tipo, incluido faltantes de medicación a pacientes oncológicos y facturas del propio sindicato a la obra social -mecanismo que ya de por sí es irregular- por un total de $ 1.000 millones al mes”, dicen.

Esas anomalías son las que el juez Baric convalidó cuando levantó la intervención judicial, el 30 de junio, y que con su reciente resolución intenta reponer a una fracción del gremio “todos los beneficios que existían”.

Juan José Baric fue designado juez federal de La Pampa en diciembre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Antes participó de la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, con cierta controversia en su paso político. Ocupó la subsecretaría de Política Penitenciaria y dependía del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

La Superintendencia de Salud apeló su fallo a partir de tres argumentos:

– “En primer lugar, la recusación del magistrado por prejuzgamiento, dado que ha mostrado falta de imparcialidad al adelantar su opinión sobre el caso, lo que podría afectar la objetividad del proceso”.

– “En segundo término, el cuestionamiento por la validez de la medida judicial dictada por un juez absolutamente incompetente. Hecho evidenciado en que los propios denunciantes, luego de comparecer en Santa Rosa, se presentaron en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires con la misma finalidad de detener los efectos de la intervención del Poder Ejecutivo”.

– “Por último, nos encontramos ante un caso de extralimitación judicial, por cuanto el juez Baric decide por asuntos fuera de su jurisdicción, violando principios fundamentales del derecho procesal y amenazando la integridad del sistema judicial argentino”.

El secretario general de UATRE, el chaqueño Voytenco, reclamó que se respete el fallo del juez Baric y dijo que “todo esto evidencia que la pretendida intervención de la obra social bajo la mera apariencia formal, esconde la intencionalidad política de interferir indebidamente en los asuntos internos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar el movimiento obrero y desprestigiarlo mediáticamente frente a la sociedad”.

UATRE, el sindicato de los peones rurales, ya tenía interna que se potenció tras la muerte del histórico dirigente Gerónimo «Momo» Venegas en 2017. Lo sucedió Ramón Ayala, quien falleció por Covid en octubre de 2020. En ese momento tomó el mando Voytenco, hasta entonces secretario adjunto. En diciembre de 2022 fue reelecto hasta 2026.

En noviembre de 2022 el gremio se vio sacudido por el asesinato a tiros del chofer de Pablo Ansaloni (actual diputado nacional por La Libertad Avanza), quien era vicepresidente de la obra social y candidato opositor a Voytenco.

El crimen ocurrió en la ciudad bonaerense de Colón. El chofer, llamado Mauricio Cordara (45), manejaba un Volkswagen Vento y llevaba a los hijos de Ansaloni tras retirarlos del colegio. Entonces se le acercó un hombre y lo acribilló a balazos a corta distancia. El asesino se escapó a bordo de otro vehículo, robado. La Justicia detuvo a dos presuntos sicarios, así como a otros acusados de contratarlos y de ser partícipes de la logística del homicidio. En lo que menos pudo avanzar la investigación es sobre las responsabilidades intelectuales. Siempre estuvo presente la hipótesis de que el sicario que atacó se equivocó de persona y el verdadero objetivo era el mismo Ansaloni.

Voytenco, que va a cumplir cuatro años al frente del gremio, apenas tomó el control definió a la UATRE como “peronista y oficialista”, por entonces en apoyo al presidente Alberto Fernández.

También, es uno de los sindicalistas más cercano al Papa: viajó en junio último al Vaticano para un encuentro con Bergoglio, en el que le entregó un proyecto suyo que tituló Hambre Cero en Argentina. Todo, en medio de la enorme crisis de la obra social de su gremio.