Con distintas estrategias, desde fuera y desde adentro del Congreso, la oposición y los gobernadores redoblan la presión sobre el Ejecutivo por el Presupuesto 2025. Los mandatarios pidieron una reunión con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y esperan la confirmación de la cita desde la Casa Rosada. En Diputados los bloques de la oposición dura buscarán voltear esta semana el DNU con el que Javier Milei habilitó un canje de deuda, mientras los moderados le exigen al Gobierno que reabra el debate en comisión y amenazan con convocar ellos mismos una sesión por Presupuesto.

“La Argentina necesita previsibilidad y calidad institucional. No avanzar en los consensos necesarios sería un error”, lanzó este fin de semana el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), tras un encuentro con su par cordobés, el peronista Martín Llaryora.

El miércoles pasado, después de que el oficialismo suspendiera la reunión de comisión en la que estaba previsto dictaminar el Presupuesto, los mandatarios decidieron pedir una reunión conjunta con el jefe de Gabinete, Francos, y el ministro de Economía, Caputo. Hasta ahora el diálogo venía dándose con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert. Pero frente al estancamiento, los gobernadores quieren sentarse directamente «con los que deciden».

En la Casa Rosada responden que no hay nada previsto, pero este sábado Francos declaró en la radio Cadena 3 que «puede ser que haya» reuniones. «No están programadas todavía, pero sí han habido conversaciones», afirmó, y agregó: «La negociación siempre está abierta, aunque hay temas que son muy difíciles de poder resolver».

El eje de reclamo de los mandatarios tiene cinco puntos: la resolución de las deudas de la Anses con las cajas previsionales provinciales, la baja de la alícuota que la ex AFIP retira de las recaudaciones, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias, el pago de las deudas originadas en el Consenso Fiscal de 2017 y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, escudado en el «costo fiscal» -hablan de que esas medidas cuestan unos 3.700 millones de dólares- el Ejecutivo no cede con ninguno de ios pedidos y los gobernadores sospechan que, como se trata de cuestiones ligadas a la coparticipación federal, la Casa Rosada se niega para no beneficiar a Buenos Aires, la provincia más grande y que por ende más torta recibe, comandada por Axel Kicillof.

“El gobierno central cobra impuestos con asignaciones específicas para rutas, puertos y obras públicas, pero no se ejecutan. Hay que eliminar o descentralizar esos impuestos”, sentenció este sábado el gobernador chubutense, Torres.

En efecto, los reclamos pasan por cuestiones como el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el cual tenía una afectación directa para los subsidios al transporte, que fueron recortados.

Lo mismo ocurre con el el 1,9% de la recaudación tributaria y aduanera para financiar la AFIP, organismo recaudador que el Gobierno disolvió, o con el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): dinero que en teoría se recauda para situaciones de emergencias y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales pero no se están usando ni repartiendo.

Respecto al pedido por las deudas por cajas previsionales, fue el único punto en el que Francos mostró un matiz. «La deuda de las cajas previsionales que tiene dos partes, stock y flujo, podemos conversar sobre el tema del flujo para ver de qué manera puede ordenarse. En el resto de los temas vamos a ser muy duros en el sentido de poder mantener la línea que hemos mantenido de ahorro y equilibrio porque está dando resultado en la economía», adelantó.

La ofensiva desde el Congreso tiene dos frentes. El más duro, capitaneado por Unión por la Patria, Encuentro Federal (el bloque de Miguel Pichetto) y Democracia para Siempre (la bancada radical ligada a Martín Lousteau y Facundo Manes), volverá a intentar rechazar este martes el DNU 846 por el que Milei dejó habilitada la posibilidad de hacer un canje de deuda en pesos sin que tenga que pasar por el Parlamento.

Se trata de la sesión que el oficialismo logró hacer caer la semana pasada a fuerza de presión a los gobernadores y promesas de avances en el proyecto del Presupuesto, algo que no ocurrió. Por eso los promotores de la sesión esperan que los decepcionados ahora se sumen.

Los gobernadores están divididos: algunos creen que suena a «extorsión» y están enojados con la convocatoria. A otros, fastidiados por las «formas» del Ejecutivo, les interesa. «Se verá sobre el momento. Hay que priorizar también que ahora tenemos al PRO, con aval de Mauricio Macri, adentro en la negociación. Romper eso no conviene», consideran en el entorno de dos mandatarios de la antigua alianza de Juntos por el Cambio.

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y aliado del Gobierno, ya adelantó su rechazo y consideró que el pedido de sesión de esos bloques «rompió la estrategia común».

El sector de la UCR que comanda Rodrigo De Loredo le mandó una carta a Espert exigiéndole que retome la discusión del Presupuesto. «Argentina necesita Presupuesto. No es una ocurrencia, es el mandato constitucional», le advirtieron.

Si no obtienen una respuesta, ese bloque radical analizan pedir ellos una sesión especial para discutir la ley de leyes. Aunque, como el Presupuesto no tiene dictamen, necesitaría una mayoría especial para poder debatirse.