El periodo de sesiones extraordinarias que terminó el jueves, sin leyes sancionadas, fue la primera prueba parlamentaria para una gestión con menos del 15% de los diputados y el 10% de los senadores. El fracaso legislativo -aunque el Ejecutivo celebra el éxito haber “expuesto a la casta”- dejó un reguero de proyectos clave que la oposición se prepara para debatir en un Congreso cargado de tensiones desde el 1° de marzo, mientras el Gobierno define con qué avanzará por decreto y con qué por la vía legislativa.

Javier Milei convocó a extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. Diez días antes de que finalizara el plazo, sin siquiera haber pasado por el recinto de ninguna de las dos cámaras para tratar un proyecto, el Gobierno oficializó una prórroga hasta el 15 de febrero.

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Entre ambas fechas, la Ley Ómnibus, que ya había perdido cientos de artículos y todo su “capítulo fiscal”, naufragó en el recinto de Diputados. Pero no fue lo único que quedó en el camino. También volvió a quedar paralizada la sanción de la Boleta Única Papel, que el oficialismo planeaba convertir en la primera ley de la era Milei. Dato curioso: el Presidente podría haber tenido al menos otra ley sancionada en el Senado, si hubiera extendido el periodo de extraordinarias una semana más.

Ley Ómnibus, Jubilaciones y Ganancias

El paquete de reformas de Milei logró ser aprobado “en general” a principios de febrero, cuando todavía no tenía respaldo asegurado para la votación artículo por artículo. El oficialismo terminó levantando la sesión días más tarde en la votación en particular, con lo cual la iniciativa quedó como si nunca hubiera pasado siquiera por comisión.

Pese a los recortes que sufrió tras semanas de negociación, el megaproyecto aún contemplaba una amplia delegación de facultades -incluidas libertades para reordenar del sector público y la posibilidad de eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios-, la habilitación para privatizar una treintena de empresas públicas, una reforma del código penal y del código civil, una reforma ambiental, cultural y educativa, y hasta la posibilidad de tomar deuda externa sin pasar por el control parlamentario.

Este viernes, la Casa Rosada dejó trascender que el Presidente apuesta a reactivar el Congreso tras la apertura las sesiones ordinarias el 1 de marzo y que planea enviar, no ya grandes paquetes de reformas, sino leyes puntuales, tema por tema. Eso, después de definir qué parte de las reformas buscará concretarlas ya sea por decreto o por resoluciones administrativas.

Pero hay materias sobre las que el Ejecutivo, de entrada, no puede avanzar vía decreto: penal, tributaria, electoral. En el Congreso ya esperan que el Gobierno vuelva a discutir por la vía parlamentaria la mayor parte de la Ley Ómnibus, pero también puntos clave el Gobierno retiró antes de llegar al recinto, o parte del mega DNU que Milei firmó en diciembre, todavía no fue discutido en el Congreso y tiene capítulos frenados en la Justicia, como la reforma laboral.

Así, por ejemplo, al retirar todo el “capítulo fiscal” de la Ley Ómnibus, que incluía una suba de retenciones al campo y a la industria, el Gobierno también retiró la eliminación de fórmula de movilidad jubilatoria, que la oposición -especialmente la Coalición Cívica- reclama volver a discutir en marzo y reemplazarla por una fórmula que tenga en cuenta la variación mensual de la inflación, previa compensación a los jubilados por los meses pasados de fuertísima suba de precios.

A fines de enero, cuando se debatía en comisión la Ley Ómnibus y el oficialismo encontraba serias dificultades para negociar con los bloques ligados a gobernadores, el Ejecutivo envió a Diputados el proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”, una reversión del impuesto a las Ganancias que dejaron de pagar casi todos los asalariados el año pasado, algo que afectó seriamente los recursos que llegan a las provincias vía coparticipación.

El Gobierno intentó utilizar Ganancias como moneda de negociación con los gobernadores para el paquete de reformas. Caída la Ley Ómnibus, el proyecto de Ganancias quedó en la nada.

Mientras el Ejecutivo da algunas señales para empezar a recomponer la relación, los mandatarios provinciales insisten en la necesidad de negociar un nuevo y amplio “pacto fiscal”, incluya o no a Ganancias, pero que contemple alguna recomposición de los recursos coparticipables.

Boleta Única Papel

Apenas comenzado enero, el Senado se movió rápido, con Victoria Villarruel a la cabeza: La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y bloques federales ligados a gobernadores y al peronismo no kirchnerista lograron un dictamen de mayoría para tratar en el recinto el proyecto de Boleta Única Papel que fue aprobado hace ya un año y medio en Diputados.

Pero la senadora Mónica Esther Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, elaboró un dictamen con modificaciones, que fue acompañado por el Frente Renovador de Misiones (que gobierna esa provincia) y por Unión por la Patria, que vio una chance para frenar la sanción de la ley.

Si el proyecto de Boleta Única fuera aprobado sin cambios como llegó de Diputados, se convertiría en ley. Si tuviera cambios, debería regresar a Diputados. Hoy, ninguno de los dos grupos de senadores tiene mayoría para imponer su dictamen en el recinto y la situación es, hasta ahora, de virtual empate.

Desde marzo, con el clima caldeado el Gobierno y la oposición dialoguista deberán analizar si existe la posibilidad de juntar una mayoría o, sí, en cambio, aceptarían introducir modificaciones para intentar, pese al riesgo de que vuelva a paralizarse, convertir en ley el proyecto en su regreso a Diputados.

La ley que pudo ser: lavado de activos

Lo cierto es que el Gobierno podría haber tenido primera ley sancionada en el periodo de extraordinarias. Con apoyo de toda la oposición con excepción del kirchnerismo, la semana pasada, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado le dieron dictamen al proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, que ya tenía media sanción de Diputados.

El Ejecutivo tenía cierto apuro para convertir la norma en ley antes del 3 de marzo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzará a realizar su evaluación a la Argentina, y en un intento de mostrar buena voluntad ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plan del oficialismo -que pidió a la oposición celeridad para acompañar la iniciativa pese a las disidencias parciales, con la promesa de que sería modificada en su reglamentación- era tratarlo en el recinto del Senado el 23 de febrero, en la sesión preparatoria. Pero el Ejecutivo no prorrogó el periodo de extraordinarias, con lo cual no podría tratarse hasta marzo.

La noticia generó, indicaron fuentes parlamentarias, irritación entre senadores de los bloques dialoguistas -e incluso dentro del oficialismo– que, pese a entender que el Gobierno intentó evitar una nueva señal de debilidad al extender las extraordinarias, interpretaron la actitud como un “ninguneo”, y descontaban que el Ejecutivo terminaría avanzando, al menos parcialmente, vía decreto para llegar con los tiempos.