«Nosotros desde la organización civil tenemos muchos contactos con las fuerzas de seguridad, y todo surgió en un contexto en el que, desde el gobierno, se había creado un organismo para registrar las conductas que afecten la ética y la moral del personal policial», explicó Claudio Venchiarutti, quien destacó la paradoja de que no se apliquen los mismos estándares a los políticos, especialmente a los diputados y senadores. «Lo que nos parece raro es que se exijan conductas ejemplares a las fuerzas de seguridad, pero no se haga lo mismo con los políticos, que tienen fueros y privilegios para atacar a los ciudadanos», añadió.

La denuncia, según detalló el presidente de la fundación, no solo responde a las manifestaciones de Lilia Lemoine contra la vicepresidenta, sino también a una serie de ataques dirigidos a los ciudadanos que se expresaron en redes sociales, particularmente en Twitter. «Nos han llegado mensajes muy duros de personas que se vieron atacadas por Lemoine simplemente por expresar sus opiniones. Algunos incluso recibieron insultos directos como ‘soame la quena’, lo cual es un comportamiento inaceptable para cualquier funcionario público», indicó Venchiarutti, visibilizando la gravedad de las palabras empleadas.

El dirigente aseguró que la denuncia penal incluye acusaciones de incitación a la violencia colectiva, injurias y discriminación ideológica. «Las expresiones de Lemoine no solo exceden los límites de la libertad de expresión, sino que también incitan al odio y a la violencia. Por eso presentamos la denuncia penal y, paralelamente, solicitamos al Congreso de la Nación Argentina que active los procedimientos necesarios para evaluar la conducta de la diputada», subrayó.

Venchiarutti también reflexionó sobre la necesidad de que el Congreso asuma su rol en estos casos, señalando que no se puede permitir que los funcionarios se escuden en sus fueros para eludir la responsabilidad por sus actos. «El Congreso es el encargado de revisar si un diputado ha incurrido en incumplimiento de deberes éticos. En este caso, creemos que hay razones suficientes para que se analice si Lemoine debe continuar en su cargo«, afirmó.

Además, destacó que la denuncia no busca defender a una persona o a un sector político específico, sino que se trata de una lucha por los valores éticos y la transparencia en la función pública. «Lo que estamos defendiendo es la investidura de la vicepresidenta, el respeto a los ciudadanos y la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad. Esta denuncia no tiene un tinte político, sino que está basada en el respeto a la ley y la moral pública», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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