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POLITICA

El proyecto para derogar la ley del aborto desató internas y pases de factura en el bloque libertario

La diputada libertaria Lilia Lemoine asegura que no dio su consentimiento para la presentación del proyecto. ( Foto: NA / Damián Dopacio)La diputada por Santa Fe Rocío Bonacci se defendió de las críticas. (Foto: X @rociobonacci)José Bonacci junto a Ramiro Marra y Lucía Montenegro. (Foto: X @_bonacci)Polémica por el proyecto de derogación de la ley del aborto. (Foto: Télam)

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El bloque de La Libertad Avanza atraviesa una fuerte interna por la presentación del proyecto para derogar la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se aprobó en 2020. De los seis diputados firmantes, tres le confirmaron a TN que no prestaron su consentimiento. Entre ellos se encuentra la legisladora Lilia Lemoine.

La derogación pretende así criminalizar tanto a las personas que se hagan un aborto como a los médicos que lo practiquen. Aunque el proyecto ingresó hace 2 días, recién podrá tratarse en sesiones ordinarias a partir del 1° de marzo, salvo que el Presidente lo incluya en el temario de extraordinarias.

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La iniciativa fue presentada y firmada por la diputada nacional Rocío Belén Bonacci y también acompañada por los legisladores Lilia Lemoine, Oscar Zago, Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar.

Sin embargo, en las últimas horas se desató una interna dentro del bloque porque hay tres diputados que aseguran que no dieron el consentimiento a la presentación de dicha propuesta.

La diputada libertaria Lilia Lemoine asegura que no dio su consentimiento para la presentación del proyecto. ( Foto: NA / Damián Dopacio)
La diputada libertaria Lilia Lemoine asegura que no dio su consentimiento para la presentación del proyecto. ( Foto: NA / Damián Dopacio)

Los legisladores informaron que no están en desacuerdo con esta postura, pero que no se acordó previamente dentro del bloque. Además, consideran que con la derrota de la Ley Ómnibus no es un buen momento para presentarlo. Según pudo saber TN, entre los que sostienen que no prestaron su firma se encuentra la legisladora Lilia Lemoine.

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A través de su cuenta de X (exTwitter) Bonacci se defendió de las críticas: “El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, sostuvo.

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La diputada por Santa Fe Rocío Bonacci se defendió de las críticas. (Foto: X @rociobonacci)
La diputada por Santa Fe Rocío Bonacci se defendió de las críticas. (Foto: X @rociobonacci)

Quién es José Bonacci, el padre de la diputada que impulsa la derogación del aborto legal

Rocío Bonacci es hija de José Bonacci, un exconcejal santafesino que en el mundo de la política ha hecho negocios a partir de su sello electoral, Unite. Ahora forma parte de La Libertad Avanza ya que fue clave durante la campaña por prestar su personería ante la falta de partidos políticos del bloque.

En diciembre lo detuvieron por una denuncia en la que se informó que hubo disparos dentro de su casa, una situación confusa que aún no fue esclarecida.

Unite, su partido, trabajó con las listas de partidos políticos de todos los colores. Desde Amalia Granata, Alejandro Biondini y Aldo Rico hasta el peronismo.

José Bonacci junto a Ramiro Marra y Lucía Montenegro. (Foto: X @_bonacci)
José Bonacci junto a Ramiro Marra y Lucía Montenegro. (Foto: X @_bonacci)

Bonacci, además, tiene otro negocio ligado a la política: una imprenta de boletas electorales que lo ha ayudado a involucrarse dentro de distintas listas. Así llegó su hija al Congreso.

Cuáles son los artículos propuestos en el proyecto

El proyecto tiene cinco artículos. El primero expone la derogación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

También solicita la derogación y modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes le practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento, y la pena aumentaría a 15 años si la mujer muriera.

En caso de que la mujer brindara su consentimiento, el médico podría tener entre uno y cuatro años de prisión y, si la paciente muriera, la pena podría ser de hasta seis años.

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El artículo 4 de este proyecto solicita que se modifique el artículo 86 del Código Penal de la Nación y se incluya la inhabilitación “especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

El quinto y último artículo del proyecto pide la modificación del artículo 88 del Código Penal de la Nación y que se establezca lo siguiente: “ARTÍCULO 88. – Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

Polémica por el proyecto de derogación de la ley del aborto. (Foto: Télam)
Polémica por el proyecto de derogación de la ley del aborto. (Foto: Télam)

En referencia al artículo 88, Bonacci señaló en la propuesta que decidió eliminar la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación “por entender que ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”. “Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.

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La diputada expuso en el documento que tanto ella como los demás firmantes buscan expresar su “profunda disidencia con aquellos que afirman que el debate del aborto forma parte del sistema democrático de mayorías”.

Además, señaló: “La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral. La clase política debe retomar el concepto de ‘bien común’ como elemento fundante del principio de jerarquía. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada, y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibiliten el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos”.

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Tras el rechazo de la Justicia para que la SIGEN audite a la UBA, el Gobierno saca cuatro nuevos decretos y reaviva la pelea con las universidades

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Cuando se acerca fin de año, el Gobierno vuelve a tensionar con un adversario que le trajo problemas en abril y extrañamente algunos alivios posteriores, en septiembre: las universidades. La misma semana en la que la Justicia rechazó la posibilidad de que la SIGEN auditara a la UBA, la administración de Javier Milei busca confrontar con las casas de estudio.

Los ministerios de Capital Humano y de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger respectivamente, apuran tres decretos simples y un DNU que buscan -en palabras del Ejecutivo- «transparentar» las cuentas de las universidades, que se publicaron en la edición de este viernes del Boletín Oficial. Las autoridades de la UBA, que insume el casi el 20% de los recursos de las 62 universidades nacionales, por ahora no están al tanto de la letra chica, aunque hubo contactos de última hora.

El primer decreto con el que el Gobierno chocará con las casas de estudio obliga a las universidades a contratar obra pública y servicios a través de las plataformas oficiales ContratAr y CompAr, con las que la se manejan la mayoría de los entes estatales. Según los propios números del Gobierno, la mitad de las universidades ya utilizan esos mecanismos.

A la hora en la que el subsecretario de Política Universitaria Alejandro «Galleguito» Alvarez adelantaba las medidas a periodistas, en su despacho se encontraba Victor Moriñigo, a cargo del Consejo Interuniversitario argentino y que tiene bajo su tutela el SIU. Todo un gesto del académico que el mes pasado fue lapidario con la administración de Javier Milei y una de las voces más duras contra el ajuste en las universidades. «El Gobierno de Milei está buscando la muerte por inanición de la universidad pública”, declaró hace menos de un mes en una entrevista con el diario El País, de Madrid.

El segundo decreto que tiene en carpeta el Gobierno obliga a las universidades a informar sus pagos a través del Sistema de Integración Financiera Internet (e-Sidif) que se publica en la web.

Más ruido traerá el DNU que prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten directamente a las universidades. De ahora en más, según la perspectiva del Ejecutivo, las universidades correrán la misma suerte que empresas privadas, por ejemplo, para pujar en una licitación pública por una consultoría.

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«Tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente», señaló Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

Un decreto reglamentario para ajustar la normativa al nuevo DNU se publicará en las horas subsiguientes. En el Ejecutivo destacan que no hubo diálogo con la UBA, que tiene un peso específico capaz de inclinar la cancha en la discusión. En cualquier caso, en el Gobierno aclararon que las modificaciones no serán inmediatas y que la intención es que todas las casas de estudio puedan plegarse a la nueva normativa.

Desde el Gobierno reiteraron que no pretenden interferir en las decisiones autónomas de las universidades, sino garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas.

Frente al propio Moriñigo, Alvarez -que crece en la consideración de Milei por su estilo confrontativo– señaló que no hay oposición de las casas de estudio para avanzar en esa dirección y puso en duda los números oficiales de la UBA sobre su matrícula. «No hay una oposición del Consejo Interuniversitario a estas medidas. La auditoría de alumnos no les está dando 300 mil alumnos. No quiero dar datos sin fundamentos, pero nosotros tenemos que el 25% de la matrícula no tiene registro«, sostuvo el funcionario, que se transformó en uno de los gladiadores mediáticos de la gestión libertaria.

Consultado por Clarín, Moriñigo le bajó el tono a las iniciativas del Gobierno. «Es cierto que faltan 27 universidades (en el sistema de compras y contrataciones) y me parece totalmente justo que informen como corresponde también», señaló el titular del CIN, que añadió que el Ejecutivo se enteró de ese detalle cuando lo contactaron para la reunión.

Además, añadió que la limitación de las contrataciones directas a las universidades no tiene nada de novedoso, ya se había implementado en los ’90. «No habría inconvenientes para implementar el e-sedif. Ojalá que técnicamente nos dejen seguir usando nuestros sistemas y se le anexe lo que ellos requieran«, sostuvo.

Por último, el también rector de la Universidad de San Luis relativizó el impacto de las medidas siempre y cuando el Gobierno escuche a los rectores. «No ve que sea un tema para enfrentarnos si en la implementación se nos escucha», concluyó. Falta, por ahora, la voz de la UBA, principal blanco del Gobierno y Milei en la discusión por los recursos para la educación universitaria.

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