En medio de las declaraciones cruzadas entre la Casa Rosada y la gobernación de la Provincia por la inseguridad, Patricia Bullrich volvió a reunirse con su par bonaerense Javier Alonso. Se encontraron este jueves en Mar del Plata, cuando la cuando la renombrada y empoderada de ministra de Seguridad nacional viajó a la ciudad balnearia para poner en funciones junto al intendente local Guillermo Montenegro el plan 90/10 que busca bajar la tasa de homicidios en los distritos más calientes del país.

Los dos funcionarios se habían visto por última vez la semana anterior, en el despacho de Bullrich, un día antes del asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno que terminó por profundizar la confrontación política entre las dos jurisdicciones.

El destino no fue casual. La cúpula de la departamental de General Pueyrredón fue removida después del asesinato del kiosquero Cristian Velázquez ocurrido el lunes.

El mismo día en que Alonso y Bullrich coincidieron en Mar del Plata, cinco oficiales de la policía bonaerense creyeron encontrar al responsable del homicidio y mataron -en un caso de gatillo fácil– a Matías Paredes, de 26 años. Los oficiales fueron removidos y permanecen detenidos. Por la noche, aprehendieron al presunto responsable del crimen del kiosquero. Se trataba de Cristian Néstor Monje, que ya tenía pedido de captura. A Axel Kicillof no le quedó más remedio que suspender el acto político que había previsto para este sábado en Mar del Plata.

La suerte de los dos ministros esta semana pareció atada. Mientras Bullrich todavía estaba en la ciudad balnearia, se enteró de la muerte de Ivo Rodrigo Torres, en La Quiaca, Jujuy, a manos de Gendarmería. El joven de origen colla y estudiante de turismo trasportaba en su moto una bolsa de hojas de coca. Los gendarmes descargaron al menos 7 tiros contra el vehículo de la víctima. Un alférez y tres suboficiales están detenidos y sus armas fueron secuestradas.

La ministra no se expidió públicamente sobre el caso. En diciembre, oficiales de la misma fuerza habían matado al bagayero Fernando Gómez en Salta. Bullrich dijo que fue un enfrentamiento con narcotraficantes. Ambas muertes se produjeron en el marco del Plan Güemes que el ministerio de Seguridad desplegó para blindar la frontera norte.

No fue la única noticia de alto voltaje que involucró por esas horas a la ministra, que acababa de haber sido promovida por Milei con más funciones. Ese mismo día debió autorizar un aumento del 5 por ciento para las fuerzas federales y el Servicio Penitenciario después de que trascendiera el malestar de los uniformados. El incremento fue replicado además por el ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas.

Aunque el aumento retroactivo a enero fue por encima de la pauta salarial que autorizó el ministro de Economía Luis Caputo para el resto de los estatales, para sectores de la fuerza es insuficiente. “Y los entendemos, pero a nosotros no nos aumentan hace más de un año”, recordó un funcionario a propósito del congelamiento salarial que Javier Milei mantiene para los cargos políticos de la administración central.

Ahora, quien enfrenta rumores y ecos en las redes sociales que dan cuenta de un presunto malestar de su policía es Alonso. En la Cartera de seguridad provincial relativizaron las amenazas digitales que monitorean desde Inteligencia y que se repiten sistemáticamente desde 2020 cuando mil cien policías fueron exonerados luego de rodear la quinta de Olivos y de empujar un levantamiento en Puente 12. Esgrimen que no existe un foco real de preocupación sobre la fuerza que integran 107 mil hombres.

Con las elecciones de medio término en el horizonte, las acusaciones cruzadas entre los funcionarios nacionales y los bonaerenses se multiplicaron. Bullrich apuntó contra Kicillof por la inseguridad en la Provincia y el gobernador señaló que la responsabilidad de la cocaína que llega al distrito es de las autoridades nacionales, porque se trata de un delito federal y porque la droga que se vende no se produce en territorio bonaerense.

En la Provincia decidieron contrarrestar la idea de que hay una ola de inseguridad en el conurbano con números. Señalan que enero se produjo una baja interanual de homicidios de casi el 10 por ciento, que niegan el relato de la Casa Rosada.

Los números son de todos modos espeluznantes, pero bajos en comparación a los de otros países de la región: 87 muertos en 2025 contra los 96 del año pasado. Las únicas modalidades de homicidios que se incrementaron es la de delincuentes en ocasión de robo (16%) y los femicidios que crecieron un 200%.

En rigor, en los primeros días de enero Bullrich celebró públicamente la baja de la tasa de homicidios en 2024, que significó el año con el registro más bajo desde que hay mediciones. En la Provincia señalan que no hubiera sido posible sin un trabajo coordinado dentro de sus fronteras.

En la defensa mediática de su gestión, el ministro bonaerense dijo que la Provincia no sufre una ola de inseguridad como la que azota a Rosario y Santa Fe. Maximiliano Pullaro prefirió no contestarle. Aunque los dichos no cayeron bien, recordaron el gesto de Kicillof, que el año pasado -a pedido del gobierno nacional, aunque Milei criticó la decisión- donó 80 patrulleros a la provincia.

Alonso, al igual que Bullrich, tampoco quieren más fuerzas federales en el conurbano, como reclaman algunos sottovoce los intendentes del peronismo. El despliegue de gendarmes que Cristina Kirchner inauguró con el Plan centinela -y que Bullrich mantuvo contra su voluntad y por pedido de la entonces gobernadora Vidal- se paralizó en 2019. “Que los machos del off se hagan cargo y pidan públicamente lo que quieran”, se quejaron cerca del ministro provincial.

La gobernación bonaerense reclama en la Corte Suprema el fondo de seguridad que el año pasado era de $ 750 mil millones. El Gobierno cerró ese grifo para cumplir con el fallo del máximo tribunal que obligó al Ejecutivo a devolverle el punto de coparticipación que la Nación le quitó a la Ciudad después de la revuelta de oficiales de la bonaerense en Olivos, en 2020. En la Provincia recuerdan que la creación del fondo fue votada por el Congreso.

Más allá de la sintonía en la gestión de seguridad, que se empeñan en disimular en los medios, Bullrich cuestiona a Kicillof, porque no se posiciona públicamente para que el peronismo acompañe con votos en el Congreso la sanción de la ley antimafia que espera en el Senado y la de reiterancia, que acaba de obtener media sanción en Diputados.