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POLITICA

Elecciones en Ecuador: Daniel Noboa busca la reelección frente a una candidata de Rafael Correa

El presidente derechista busca re-elegirse tras culminar el mandato que dejó incompleto su antecesor Guillermo Lasso, quien renunció en 2023 por corrupción. La sombra del narcotráfico y la crisis económica.

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Este domingo comenzaron las elecciones para elegir presidente y representantes del Poder Legislativo en Ecuador. El proceso electoral consta de la posibilidad de llevarse a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos mejor posicionados en caso que ninguno cumpla con los requisitos para imponerse en la primera: sumar la mitad mas uno de los votos (es decir, más del 50%) o acumular un 40% de los sufragios y tener más de un 10% de ventaja frente a quien salga segundo.

Los dos principales aspirantes a la Presidencia del país sudamericano son el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del correismo, Luisa González, delfín del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), cuya sombra sigue ejerciendo influencia en la política ecuatoriana en tanto líder del centroizquierda. Las encuestas previas a la elección de hoy dan favoritos tanto al mandatario como a la postulante por la oposición.

Tensión en Ecuador: un grupo armado tomó un canal de televisión y lanzó ofensivas en varias ciudades

En Ecuador, el voto es obligatorio para las y los ciudadanos de entre 18 y 64 años, y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, y adultos mayores de 65. La votación se dará en un marco de crisis de seguridad marcada por la guerra entre carteles enfrentados por el tráfico de cocaína con ramificaciones en actos de violencia política como el magnicidio acontecido contra un candidato a presidente en la pasada elección, y también económico, en este caso por una pesada deuda externa que jaquea el funcionamiento de la dolarizada economía ecuatoriana.

El presidente Daniel Noboa, heredero del millonario clan Noboa que monopoliza la industria bananera ecuatoriana y también ejerce una gran influencia en la política, ganó la anterior elección, convocada en 2023 por el expresidente Guillermo Lasso luego de renunciar debido a un caso de corrupción en el que se lo vinculó a la mafia albanesa, y terminó el mandato dejado inconcluso por su antecesor.

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Dura derrota del correísmo: Daniel Noboa es el nuevo presidente de Ecuador

Desde entonces, se situó en línea con las políticas del presidente de El Salvador Nayyib Bukele, y más tarde, con el mandatario Javier Milei, e imprimió una política de mano dura y militarización frente a la criminalidad desplegada por la guerra narco, sin embargo los números que deja contradicen su gestión con una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Enfrente tendrá a Luisa González, puesta por el expresidente Rafael Correa como principal candidata opositora. Quien también compitió en la elección de 2023 y quedó segunda, detrás de Noboa.  La postulante del centroizquierda promete políticas que integren seguridad con justicia social, mientras que el oficialismo derechista promete consolidar la mano dura contra la delincuencia, sin embargo, predomina el escepticismo en el electorado y la opinión pública en cuanto a las capacidades que ambos para resolver los graves problemas que enfrenta la nación sudamericana.

Ecuador decretó un nuevo estado de excepción por emergencia en el sector eléctrico

Las elecciones en Ecuador tendrán lugar en un contexto enrarecido por la inseguridad ligada al poder narco que todavía condiciona al estado de derecho. En ese marco, las fuerzas de seguridad advirtieron que existe la posibilidad de que se produzcan atentados contra la seguridad y el proceso electoral.

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POLITICA

Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos

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Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.

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Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.

Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.

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El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.

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El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE

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En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.

Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California

El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.

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De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:

  • US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
  • US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
  • US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
  • US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.

El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.

Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda

El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.

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Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.

Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.

La Junta de Supervisores del Condado de Alameda destinará fondos para ayudar a inmigrantes frente a los operativos del ICE

Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.

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El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.

El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.

Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.

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Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.

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POLITICA

Marcelo Peretta criticó la represión a jubilados: «Es más caro reprimir que aumentar las jubilaciones»

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El candidato a legislador porteño Marcelo Peretta cuestionó la represión policial contra los jubilados que se manifestaron en reclamo de una mejora en sus haberes. A través de un video viral en sus redes sociales, sostuvo que “la causa de los jubilados es justa” y advirtió que el costo de reprimir las protestas supera el de un aumento en las jubilaciones.


“La represión, el destrozo de motos y patrulleros, el cierre de comercios y la atención de heridos también implican gastar plata”, argumentó Peretta, en alusión a los operativos desplegados durante la movilización de los jubilados.

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El reclamo de fondo: la derogación de la ley jubilatoria

En su mensaje, el dirigente recordó que el conflicto tiene su origen en la derogación de la ley de movilidad jubilatoria que había implementado el expresidente Alberto Fernández. “Con esa ley no habría reclamos porque el haber se corregía con la inflación”, señaló Peretta, subrayando que la actualización automática hubiera evitado el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.

Actualmente, el haber mínimo se encuentra en 300 mil pesos, cifra que el candidato calificó como insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Las propuestas de Peretta para los jubilados porteños

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De cara a las elecciones del 18 de mayo, el candidato presentó sus principales propuestas dirigidas a los 800 mil jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales denominó «Remedios para los jubilados»:

  • Bajar el precio de los medicamentos, garantizando su accesibilidad.
  • Potenciar la figura del Cuidador, para brindar asistencia a adultos mayores.
  • Crear un PAMI local, que mejore la atención en el distrito.
  • Autorizar la sindicalización de los jubilados, para que puedan defender sus derechos laborales y previsionales.

Peretta cerró su publicación con una reflexión: “La juventud es para sembrar y la vejez para cosechar, pero la política no se da cuenta”, dejando en evidencia su crítica a la falta de respuestas del Gobierno ante la crisis que atraviesan los jubilados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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