POLITICA
En la oposición K aseguran que el anuncio de Caputo es una “trampa” y buscan bajar las facultades delegadas
Los diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, durante la discusión por la Ley Ómnibus. (Foto: NA / Juan Vargas)Luis Caputo, durante la conferencia de este viernes. (Foto: Reuters / Tomás Cuesta)Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: NA)
En la oposición, tanto el sector “dialoguista” como el peronismo K, celebraron que el Gobierno nacional retirara el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus. Sin embargo, el estado de alerta se mantiene tras la conferencia de prensa de Luis Caputo. Con matices, desde ambos espacios advirtieron que el centro de la discusión ahora serán las facultades delegadas.
La iniciativa dispone la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo a través del dictado de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
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Es que si bien la Constitución nacional prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa, la habilita en materias determinadas de administración o en casos de emergencia pública, con bases establecidas por ley y con un plazo determinado.
Durante ese período, el Presidente puede ejercer funciones legislativas en esos rangos a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los DNU.
La oposición, en alerta por las facultades delegadas
En el ala dura de la oposición, el peronismo K, señalan que la intención de fondo de Milei es arrogarse “superpoderes” y, por tal, consideran “una trampa” las facultades delegadas.
Así lo afirmó el jefe de la bancada, Germán Martínez. Y agregó que se trata del “corazón de la ley. Más ajuste, especialmente sobre provincias”.
En otras palabras, desde el PJ-K creen que las facultades delegadas habilitarían al Gobierno nacional a hacer -sin necesidad de pasar por el Congreso- todo lo que ahora están retirando del proyecto.
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Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, sugirió que el ajuste -al retirar el capítulo fiscal- recaerá sobre los jubilados. “Un aspecto que nos preocupa es el previsional. Estarían habilitados a avanzar por la delegación de facultades. Entiendo que esto va a tener un rechazo fuerte, hasta la Coalición Cívica se mostró en contra”, aseguró en declaraciones a Radio Mitre.
La Coalición Cívica, que forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), impulsaba desde un principio la eliminación total de las facultades delegadas. La UCR, por su parte, buscaba restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y reducir el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.
“Nuestro partido nunca las votó. Nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno”, dijo, durante el plenario de comisiones, Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI y miembro del interbloque de Juntos por el Cambio.
Durante el encuentro del jueves con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el oficialismo se habría comprometido a retirar las emergencias en materia Previsional y Sanitaria, y también agregarle bases específicas a la de Seguridad.
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Por lo pronto, el Gobierno descarta más cambios en el proyecto y se viene otra semana de tensión en el Congreso. “Soy optimista y mi expectativa es que esta semana salga la ley. Seguimos estando en minoría de Diputados. Dependerá de la voluntad de todos de trabajar en pos de la ley”, dijo Martín Menem, titular de Diputados.
Este sábado, en declaraciones a Radio Mitre, Menem aludió a la delegación de poderes e insinuó que el objetivo es que el mega proyecto salga tal cual está redactado. “Se firmó un dictamen en mayoría y esa es la redacción que existe”, concluyó.
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Por decreto: Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE en $7.366 millones para fondos reservados
Mientras aún se debate el envío de fondos públicos para reconstruir la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, tras la inundación que desbastó la zona y dejó un saldo de 16 muertos, más de 100 desaparecidos y miles de evacuados, el presidente Javier Milei, realizó la primera modificación presupuestaria del 2025, para agrandar los fondos reservados destinados al área de inteligencia.
A través de la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/2025, el mandatario amplió los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda desde las sombras, Santiago Caputo, en otros 7.366 millones de pesos. El dinero, puede ser destinado de forma discrecional, sin necesidad de rendir cuentas ante el Congreso o el Poder Ejecutivo.
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El incremento presupuestario de los recursos para el órgano estatal se da bajo el programa “Información e Inteligencia” por un total de $7.366.286.591 con el fin de mejorar los servicios de defensa y seguridad que están bajo su órbita, según indica el texto rubricado por Milei y publicado este jueves 13 de marzo en el Boletín Oficial.
La modificación del Presupuesto 2023, que aún rige porque el oficialismo no quiso debatir en el Congreso una nueva ley de leyes para este año, se da horas después de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol y organizaciones sociales, que reclamaban frente al edificio del Parlamento por una suba salarial.
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Según indica el documento emitido por el Gobierno libertario, los nuevos fondos asignados son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital, los primeros demandan la mayor parte con una erogación de $6.344 millones mientras que a los segundos requieren de $1.022 millones. Los gastos reservados son fondos destinados a actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público por razones de “seguridad nacional”, según la gestión de Milei, y están sujetos al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Entre los “gastos corrientes” se encuentran los pagos al personal, para lo que se aumentó $885 millones el presupuesto; los bienes de consumo, como la comida, vestimenta y distintos tipos de productos de uso diario, para lo que se dispusieron $1.145 millones más; y los servicios no personales, entre los que se incluyen la energía eléctrica, gas, agua, comunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, capacitaciones, pasajes, viáticos y los mencionados gastos reservados, que en conjunto contarán con nuevos fondos por $4.323 millones.
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El limbo migratorio que enfrentarán los venezolanos con TPS pronto a vencer en Estados Unidos
Miles de venezolanos en Estados Unidos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) este 2025 tras la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump, que canceló la extensión del programa aprobada por Joe Biden que extendía las protecciones hasta octubre de 2026. En específico, a más de 300 mil se les vencerá en abril, mientras que otros 200 mil enfrentarán la misma situación en septiembre.
¿Hasta cuándo estará vigente el TPS en Estados Unidos para venezolanos?
De acuerdo con el Registro Federal, el TPS de los venezolanos beneficiados en 2021 seguirá en vigor hasta el 10 de septiembre de 2025. Para quienes aplicaron entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2024, el beneficio expirará el 2 de abril de este año.
Algunos de estos inmigrantes abandonaron sus procesos de asilo al considerar que el TPS les facilitaría la obtención de la residencia permanente. No obstante, las cortes desestimaron los casos de asilo de quienes contaban con TPS, lo que deja a miles de personas en una situación incierta.
Consecuencias de la cancelación del TPS
El abogado Gustavo Marín explicó a LA NACION que los afectados “volverán a su estatus migratorio previo al otorgamiento del TPS”. Es decir:
- Quienes llevan menos de dos años en el país podrían ser deportados de inmediato.
- Aquellos con mayor tiempo de permanencia podrían ingresar en un “procedimiento de remoción”.
Cuatro escenarios posibles para los venezolanos que perderán el TPS
Por su parte, Jesús Romero, experto en servicios migratorios y director de JLROMERO & Associates LLC, identificó cuatro escenarios posibles para los venezolanos afectados:
- Solicitantes de asilo con TPS: mantendrán su permanencia legal hasta que finalice su proceso de asilo.
- Venezolanos con TPS y permanencia ilegal previa: enfrentarán mayores riesgos de deportación. Solo podrían regularizarse mediante un familiar ciudadano estadounidense o una visa de estudiante.
- Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: podrán solicitar asilo si cumplen los requisitos, aunque otras opciones migratorias podrían tomar años en procesarse.
- Venezolanos que entraron por la frontera y obtuvieron TPS: deberán presentar su caso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para mantener protecciones. Si no lo hicieron, quedarán expuestos a una posible deportación.
Razones de la cancelación del TPS para venezolanos
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la extensión del TPS “no se realizó de la forma correcta”. Kristi Noem, secretaria de ese organismo gubernamental, afirmó que la prórroga no debió otorgarse con tanta anticipación ni consolidar los TPS de 2021 y 2023 en una sola medida. Además, según la legislación, las extensiones deben realizarse al menos 60 días antes del vencimiento del plazo.
Según un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), “revocar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos sería perjudicial para la economía estadounidense, ya que estas personas contribuyen activamente a la fuerza laboral”.
Las opciones de los venezolanos para evitar la deportación
Los venezolanos con TPS podrían evitar la deportación si demuestran que su vida estaría en peligro al regresar a Venezuela. Entre las razones válidas para solicitar protección, el Uscis menciona:
- Persecución política.
- Discriminación por razón de nacionalidad, religión o raza.
- Riesgo por una condición especial.
Por otro lado, los inmigrantes que ya iniciaron otro proceso de regularización no se verán afectados por la eliminación del TPS, según explicó Marín. Sin embargo, quienes no cuenten con otro mecanismo legal podrían enfrentar un escenario incierto ante la posibilidad de deportación inminente.
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