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POLITICA

Escándalo de los seguros: detectan nueve contratos sospechosos más en el ex Ministerio de las Mujeres

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La auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano sobre las dependencias bajo su jurisdicción ha detectado recientemente nueve pólizas de seguro sospechosas adicionales en el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Toda la documentación relacionada con estas pólizas ha sido presentada ante el juzgado federal de Julián Ercolini, que investiga posibles actos de corrupción y tiene al ex presidente Alberto Fernández como principal acusado.

De acuerdo a los documentos, se trata de coberturas surgidas de un “convenio interadministrativo” firmado en junio de 2022 entre el ministerio que encabezaba Elizabeth Gómez Alcorta y la empresa estatal Nación Seguros. En ese acuerdo, la compañía fue representada por el apoderado Carlos Soria, quien está bajo investigación en la causa “Fernández Alberto y otros sobre abuso de autoridad, asociación ilícita y defraudación al Estado”.

Es la segunda vez que los abogados del Estado amplían la investigación sobre pólizas detectadas en esa dependencia, que fue disuelta tras la asunción de Javier Milei como presidente.

Las pólizas detectadas involucran un monto aproximado de 30 millones de pesos, que habían sido tomadas para distintos rubros, desde seguro automotor, seguro técnico informático, y riesgos en bienes inmuebles, entre otros, por el ex Ministerio de las Mujeres.

Según trascendió, las coberturas apuntan a dar cobertura para incendios en el edificio de Paseo Colón al 275, cristales, y responsabilidad civil comprensiva, equipamiento electrónico y audiovisual, desde teléfonos celulares, a notebook, teclados, cámaras y otros elementos.

La ministra Pettovello ha estado presentando ante el tribunal todas las pruebas encontradas en las auditorías realizadas en los múltiples organismos y dependencias bajo su jurisdicción.

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En otras presentaciones, la ministra denunció el hallazgo de una póliza contratada por el Instituto Nacional del Teatro y Nación Seguros, donde se detectó la presencia de la empresa Castello Mercuri S.A., principal aportante de su campaña en 2019. El contrato firmado por esa dependencia era para dar cobertura ante riesgos de accidentes personales.

Asimismo, la semana pasada, se presentó lo encontrado en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas pólizas también aparecieron en dependencias como Turismo y Seguridad.

Todo comenzó con una investigación realizada por el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, que detectó un contrato por 1.700 millones de pesos con Nación Seguros por seguros de vida para jubilados que recibían créditos. A partir de ahí, se inició una pesquisa que descubrió varios casos similares.

En medio de los avances de la investigación, el expresidente Alberto Fernández ha defendido su gestión y ratificado su inocencia ante cualquier denuncia por irregularidades. En una entrevista concedida a un medio mexicano, afirmó: “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”.


POLITICA

La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.

Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.

La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025

En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.

El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.

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