POLITICA
Karina Milei busca reducir casi a la mitad a los empleados de la Secretaría general de Presidencia
Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, el día de la asunción. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)Karina junto a Javier Milei en su viaje a la Antártida a mediados de enero. (Foto X / @DianaMondino)El Gobierno denunció gastos desproporcionales del personal de la Casa Rosada. (Foto: NA / JUAN VARGAS)El recibo de sueldo de un chofer de la Casa Rosada (Foto: TN).
Karina Milei busca reducir casi a la mitad la planta de empleados dependientes de la secretaría general de Presidencia. Según pudo saber TN, auditó a la cartera y junto a su equipo técnico cree que puede funcionar con un poco más de 600 trabajadores de los 1060 que la componen.
Desafectó alrededor de 60 empleados en diciembre al no renovar los contratos de 2023 y tiene pensado continuar con la reducción de su secretaría. El recorte será escalonado y cada mes tendrá su criterio.
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La línea con la que avanzarán en enero se basa en “reducir la acumulación de empleados para una misma función”. Sostienen que donde hay tres trabajadores y se pueda funcionar con uno, se quedará el que consideren más eficiente y el resto se desafectará.
Es por eso que el Gobierno sigue expandiendo la auditoría y la delega en cada uno de los directores de sector: quiere hacer un reconocimiento de los empleados para retener a los que les interesen y desprenderse del resto.
De la cartera que maneja Karina Milei dependen la Unidad Gabinete de Asesores, Casa Militar y las subsecretarías de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional, de Planificación General y de Asuntos Presidenciales.
Desde el Gobierno, le expresaron a este medio que se reducirá el personal en todas las áreas en línea con la quita de horas extras que impulsó el Gobierno a través del secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública, Armando Guibert.
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Esto produce tensión entre el oficialismo y los empleados de la Casa Rosada, representados en parte por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Lo que plantean desde los sindicatos es que se sostenga el pago asignado a las horas extras hasta que se estabilice la situación y se realice un aumento significativo.
La medida del Gobierno afecta a los empleados de forma diferente. Mientras que a algunos, la atribución de tiempo extraordinario les significa el 20% del sueldo mensual, para otros es más del 60%.
Este es el caso de los mozos, que son contratistas y tienen contratos anuales, que en gran parte se aumentan por la vía de las horas extras y otros complementos. Con la quita, algunos pasarán de cobrar $450.000 a $189.000, más allá de que tengan más de 20 años de antigüedad.
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Es por eso que ATE reclama aumentos al sueldo básico y funcional para que los trabajadores no dependan de las compensaciones por tiempo extraordinario. Además, quiere impulsar una reforma de la escala salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Creen que evitaría la compensación de sueldos por otras vías y que ordenaría la ganancia jerárquica, que hoy reconocen como ambigua. Hay choferes de la Casa Rosada que ganan $1.259.000, al igual que algunos directores de área.
Para sumarle tensión a los cruces, empleados agrupados en ATE adherirán al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y no descartan otras medidas de fuerza, ya que consideran que el aumento del 16% que les brindó el Gobierno en paritarias es insuficiente. Argumentan que “no da respuesta a la realidad del estatal”. Además exigen la reincorporación de todos los empleados desafectados desde el 10 de diciembre.
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En un comunicado, desde ATE solicitaron que “se respete el derecho constitucional a la huelga y se abstengan de amedrentar y presionar a los trabajadores con prácticas que atentan contra la libertad”. Se refieren al anuncio del Gobierno de descontarles el día a quienes hagan paro.
Además, hicieron mención a la suma fija y a una convocatoria de mesas paritarias para los sectores más postergados en línea con las consecuencias de la quita de horas extras.
POLITICA
TN en Venezuela: un diputado del PRO y un senador libertario fueron deportados a dos días de las elecciones
El diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni y el senador libertario Francisco Paoltroni fueron deportados de Venezuela a dos días de las elecciones. Nicolás Maduro busca la reelección en medio de tensiones políticas y Edmundo González es el principal candidato opositor.
El legislador santafesino había quedado incomunicado al arribar al país sudamericano para oficiar como veedor de las elecciones presidenciales. Lo mismo le ocurrió a la diputada española Cayetana Álvarez.
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“Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”, manifestó Bongiovanni desde su cuenta de X.
Por su parte, Paoltroni afirmó: “Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela. El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar caer. Esta situación es una clara violación de nuestros derechos y evidencia el estado de represión y control que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos y visitantes. El domingo Venezuela va a hacer historia”.
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Venezuela aumentó los controles y exigencias para el ingreso al país en la previa a las elecciones presidenciales. Incluso el periodismo debió acceder a una visa especial para la ocasión.
La ONG Foro Penal Venezolano señala que hay 305 presos políticos en el país, con 135 durante la campaña política actual. En esta ocasión, hay muchos venezolanos que viven fuera del país que viajaron solo a votar, “por lo que está en juego”.
En las elecciones del domingo, la oposición va más unificada que otras veces y por eso hay expectativa en torno a una posible derrota del chavismo. Si resulta ganador, González tomará posesión el 10 de enero de 2025 y prometió que una de sus primeras acciones será la liberación de los presos políticos.
En total, hay diez candidatos que buscan la presidencia de Venezuela, aunque se espera que la elección se defina entre Maduro y González, dado que los otros ocho candidatos tienen una baja intención de voto.
Todos los candidatos firmaron un “acuerdo de reconocimiento de resultados” ante el Consejo Nacional Electoral, lo que podría ser un intento de legitimar el proceso electoral en un contexto de desconfianza.
elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro
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