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POLITICA

Ley Bases: gobernadores peronistas presionan a los senadores de Unión por la Patria para que apoyen artículos clave

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Con el escenario inclinado a favor del oficialismo para las votaciones en general de la Ley de Bases y el paquete fiscal, Unión por la Patria puso en marcha los planes alternativos para bajar o modificar artículos clave a partir del dictamen de minoría de Martín Lousteau y en acuerdo con otros senadores para reunir el número para imponerse. Pero la estrategia encuentra un obstáculo en la presión de un grupo de gobernadores peronistas decididos a apoyar al Gobierno.

Para las votaciones en general, Unión por la Patria no tendría desprendimientos. Los 33 integrantes de los dos bloques -en su momento divididos para la integración del Consejo de la Magistratura- estarían alineados para rechazar ambos proyectos. El peronismo se había fijado conseguir cuatro votos más para tumbar las dos iniciativas impulsadas por Javier Milei, pero ese objetivo se fue diluyendo a partir de que el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con el aval del PRO, buena parte del radicalismo y legisladores de partidos provinciales.

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“Está todo muy justo. Muy muy finito. Se va a definir en la sesión”, auguró un referente de Unión por la Patria, más enfocado en el debate en particular. Los asesores del espacio armaron cuadros comparativos del dictamen del oficialismo y el de Lousteau, para marcar los artículos en los que podrían sumarse al texto del radical o avanzar con una redacción negociada.

Como contó Clarín, entre los puntos en los que exploran un acuerdo con Lousteau aparecen la delegación de facultades a Milei, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la restitución de Ganancias, el blanqueo y las reformas al sistema jubilatorio y la administración del Estado.

Osvaldo Jaldo con Guillermo Francos.

En el poroteo para bajar esos artículos, o al menos una parte, figuran como posibles los radicales Pablo Blanco, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi y la larretista porteña Guadalupe Tagliaferri. También los peronistas Carlos Espínola y Edgardo Kueider, los ex integrantes de Unión por la Patria encaminados a votar a favor en general.

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Presión de gobernadores

El alerta en el kirchnerismo se encendió por la presión de un grupo de gobernadores peronistas para que algunos senadores voten a favor de cuatro puntos “convenientes” a las provincias. El tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz se comunicaron con legisladores para empujar apoyos al RIGI y Ganancias, como sucedió en Diputados, y también al blanqueo y la moratoria, ambos coparticipables.

“Si el Gobierno consigue la ley en general, está todo abierto para el debate en particular. Puede que haya libertad de acción y dispersión en algunos artículos”, admitieron integrantes del bloque peronista. Algunos senadores recibieron llamados de los tres mandatarios.

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Jalil se reunió este lunes en la Casa Rosada con Guillermo Francos y firmó un convenio de traspaso y colaboración en obras públicas y viviendas. Lo acompañó el senador Guillermo Andrada, uno de los que el gobernador busca que avale al menos algunos puntos de los proyectos. La otra legisladora por Catamarca es Lucía Corpacci.

Aliado firme del Gobierno, Jaldo directamente rompió el bloque en Diputados para apoyar la Ley de Bases y el paquete fiscal. En el Senado, Juan Manzur no le responde y Sandra Mendoza también permaneció en el espacio peronista.

En el debate en particular Mendoza podría votar a favor de algunos artículos. También el sanjuanino Sergio Uñac.

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“Hay partes de la ley que favorece a las provincias. Ya lo hicimos en Diputados”, confirmó uno de los tres gobernadores, con movimientos en tándem para colaborar con el Gobierno en la sesión del miércoles. En la Cámara baja, tres diputados catamarqueños y otros tres sanjuaninos de Unión por la Patria votaron a favor del RIGI, con el argumento de que será conveniente para potenciar las inversiones mineras en esos distritos. Los catamarqueños también fueron funcionales al oficialismo en Ganancias, con votos a favor y abstenciones.

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Incidentes en el Congreso: Patricia Bullrich apuntó a un «protegido» de Barrionuevo y vinculó a los barras con las intendencias de La Matanza y Lomas de Zamora

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa este jueves luego de los incidentes en la movilización de jubilados de la que participaron barrabravas de fútbol y que terminó en graves incidentes con decenas de heridos y detenidos.

La funcionaria nacional apuntó a Leandro Capriotti como «el máximo organizador» de la movilización del miércoles y dijo que es un «amigo y protegido» del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo.

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«La situación fue de extremísima gravedad, fue de personas que vinieron armadas con armas de fuego, tenemos detenidos con armas blanca, encontramos clavos miguelito para pinchar las gomas de motos, patrulleros o de los elementos que se utilizaron», manifestó.

Además, apuntó a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, debido a que en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos.

«Que no vengan a decir los intendentes que no sabían, era una mezcla de barrabravas, militantes de organizaciones políticas, famosos piqueteros, y hasta habló una de las personas que dirigió una organización terrorista en Argentina», agregó en referencia al video de Mario Firmenich, de Montoneros, que convocó a movilizar.

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Para la ministra, la organización de la protesta tuvo el objetivo de «desestabilizar» al Gobierno del presidente Javier Milei.

Marcha de jubilados frente al Congreso. Adhieren hinchas fútbol diversos clubes organizaciones sociales y gremios. Fotos Emmanuel Fernández.

«Esto fue todo organizado de distintos lugares con el objetivo de desestabilizar este gobierno y van a intentar hacerlo todos los miércoles, y el Estado argentino, el gobierno no va a dejar la construcción de esta lógica violenta porque es justamente lo que hemos logrado que no exista más en Argentina», enfatizó.

Bullrich también criticó a la jueza Karina Andrade por haber liberado a los detenidos tras los incidentes, los cuales -según dijo- muchos tenía antecedentes. Y aclaró que aún permanecen detenidos 5 personas con causas como con robos agravados y secuestros.

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«De ninguna manera nosotros aceptamos que una jueza contravencional de la Ciudad de Buenos Aires haya liberado y planteado que los violentos que rompieron todo el día de ayer hayan ido a defender derechos, el que va a defender derechos canta y tiene otra actitud, el que va con una molotov a romper absolutamente todo, esa persona tiene un objetivo que es la desestabilización», enfatizó.

En esa línea, adelantó que presentarán una una causa penal por sedición, ir contra las fuerzas de seguridad, ataque a las autoridades, hechos agravados, atentado y resistencia a la autoridad.

«Vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos, que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro gobierno», concluyó.

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Por decreto: Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE en $7.366 millones para fondos reservados

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Mientras aún se debate el envío de fondos públicos para reconstruir la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, tras la inundación que desbastó la zona y dejó un saldo de 16 muertos, más de 100 desaparecidos y miles de evacuados, el presidente Javier Milei, realizó la primera modificación presupuestaria del 2025, para agrandar los fondos reservados destinados al área de inteligencia.

A través de la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/2025, el mandatario amplió los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda desde las sombras, Santiago Caputo, en otros 7.366 millones de pesos. El dinero, puede ser destinado de forma discrecional, sin necesidad de rendir cuentas ante el Congreso o el Poder Ejecutivo.

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Represión a jubilados: el Ejecutivo denunciará ante el Consejo de la Magistratura a la jueza que liberó a los detenidos

El incremento presupuestario de los recursos para el órgano estatal se da bajo el programa “Información e Inteligencia” por un total de $7.366.286.591 con el fin de mejorar los servicios de defensa y seguridad que están bajo su órbita, según indica el texto rubricado por Milei y publicado este jueves 13 de marzo en el Boletín Oficial.

La modificación del Presupuesto 2023, que aún rige porque el oficialismo no quiso debatir en el Congreso una nueva ley de leyes para este año, se da horas después de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol y organizaciones sociales, que reclamaban frente al edificio del Parlamento por una suba salarial.

El Gobierno dejó sin efecto programas sociales y culturales destinados a niños y adolescentes

Según indica el documento emitido por el Gobierno libertario, los nuevos fondos asignados son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital, los primeros demandan la mayor parte con una erogación de $6.344 millones mientras que a los segundos requieren de $1.022 millones. Los gastos reservados son fondos destinados a actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público por razones de “seguridad nacional”, según la gestión de Milei, y están sujetos al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

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Entre los “gastos corrientes” se encuentran los pagos al personal, para lo que se aumentó $885 millones el presupuesto; los bienes de consumo, como la comida, vestimenta y distintos tipos de productos de uso diario, para lo que se dispusieron $1.145 millones más; y los servicios no personales, entre los que se incluyen la energía eléctrica, gas, agua, comunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, capacitaciones, pasajes, viáticos y los mencionados gastos reservados, que en conjunto contarán con nuevos fondos por $4.323 millones.

La entrada Por decreto: Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE en $7.366 millones para fondos reservados se publicó primero en Nexofin.

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El limbo migratorio que enfrentarán los venezolanos con TPS pronto a vencer en Estados Unidos

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Miles de venezolanos en Estados Unidos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) este 2025 tras la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump, que canceló la extensión del programa aprobada por Joe Biden que extendía las protecciones hasta octubre de 2026. En específico, a más de 300 mil se les vencerá en abril, mientras que otros 200 mil enfrentarán la misma situación en septiembre.

¿Hasta cuándo estará vigente el TPS en Estados Unidos para venezolanos?

De acuerdo con el Registro Federal, el TPS de los venezolanos beneficiados en 2021 seguirá en vigor hasta el 10 de septiembre de 2025. Para quienes aplicaron entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2024, el beneficio expirará el 2 de abril de este año.

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Algunos de estos inmigrantes abandonaron sus procesos de asilo al considerar que el TPS les facilitaría la obtención de la residencia permanente. No obstante, las cortes desestimaron los casos de asilo de quienes contaban con TPS, lo que deja a miles de personas en una situación incierta.

Consecuencias de la cancelación del TPS

El abogado Gustavo Marín explicó a LA NACION que los afectados “volverán a su estatus migratorio previo al otorgamiento del TPS”. Es decir:

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  • Quienes llevan menos de dos años en el país podrían ser deportados de inmediato.
  • Aquellos con mayor tiempo de permanencia podrían ingresar en un “procedimiento de remoción”.

Cuatro escenarios posibles para los venezolanos que perderán el TPS

Por su parte, Jesús Romero, experto en servicios migratorios y director de JLROMERO & Associates LLC, identificó cuatro escenarios posibles para los venezolanos afectados:

  • Solicitantes de asilo con TPS: mantendrán su permanencia legal hasta que finalice su proceso de asilo.
  • Venezolanos con TPS y permanencia ilegal previa: enfrentarán mayores riesgos de deportación. Solo podrían regularizarse mediante un familiar ciudadano estadounidense o una visa de estudiante.
  • Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: podrán solicitar asilo si cumplen los requisitos, aunque otras opciones migratorias podrían tomar años en procesarse.
  • Venezolanos que entraron por la frontera y obtuvieron TPS: deberán presentar su caso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para mantener protecciones. Si no lo hicieron, quedarán expuestos a una posible deportación.

Quienes no tengan otra vía legal de residencia quedarán expuestos a la deportación inmediata o a un proceso de remoción

Razones de la cancelación del TPS para venezolanos

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la extensión del TPS “no se realizó de la forma correcta”. Kristi Noem, secretaria de ese organismo gubernamental, afirmó que la prórroga no debió otorgarse con tanta anticipación ni consolidar los TPS de 2021 y 2023 en una sola medida. Además, según la legislación, las extensiones deben realizarse al menos 60 días antes del vencimiento del plazo.

Según un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), “revocar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos sería perjudicial para la economía estadounidense, ya que estas personas contribuyen activamente a la fuerza laboral”.

Kristi Noem afirmó que la extensión del TPS fue otorgada de forma incorrecta y no cumplió con los plazos establecidos por la ley

Las opciones de los venezolanos para evitar la deportación

Los venezolanos con TPS podrían evitar la deportación si demuestran que su vida estaría en peligro al regresar a Venezuela. Entre las razones válidas para solicitar protección, el Uscis menciona:

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  • Persecución política.
  • Discriminación por razón de nacionalidad, religión o raza.
  • Riesgo por una condición especial.

Por otro lado, los inmigrantes que ya iniciaron otro proceso de regularización no se verán afectados por la eliminación del TPS, según explicó Marín. Sin embargo, quienes no cuenten con otro mecanismo legal podrían enfrentar un escenario incierto ante la posibilidad de deportación inminente.

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