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POLITICA

Ley Ómnibus: el Gobierno llegó a un acuerdo frágil con la oposición que anticipa una sesión con final abierto

Luego de tensas negociaciones, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría y avanza la Ley Ómnibus. Foto: TélamAlgunos de los gobernadores provinciales, durante la Asamblea Legislativa en la que Javier Milei juró como el nuevo presidente de la Nación (Foto: NA).Miguel Ángel Pichetto, en la jura de Diputados. (Foto: Télam)Cristian Ritondo continuará como jefe del bloque PRO en Diputados, mientras que Rodrigo De Loredo estará al frente de la UCR (Foto: NA).El jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López (Foto: NA – Marcelo Capece).

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El oficialismo logró, a fuerza de modificaciones, asegurarse un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus, y que el PRO, una parte de la UCR y bloques que responden a gobernadores provinciales acompañen el texto, aunque en disidencia y con bastantes reparos.

La forma en que se llegó al acuerdo anticipa negociaciones abiertas hasta el día de la posible sesión -que en sí misma se anticipa caótica, marcada por la fragmentación opositora y la debilidad libertaria- y que no todo lo que entre al recinto saldrá con media sanción.

La negociación con los gobernadores de JxC, el peronismo disidente y fuerzas provinciales, fue clave para destrabar un principio de acuerdo. Tras múltiples reuniones, el Ejecutivo accedió a realizar una serie de cambios al proyecto de reformas, pero no aceptó todas las modificaciones que habían reclamado tanto los mandatarios como los bloques opositores en Diputados.

Leé también: Otro revés judicial para el Gobierno por la reforma laboral del DNU de Javier Milei: ahora definirá la Corte Suprema

Entre esos cambios que el Gobierno de Javier Milei no aceptó modificar se destaca la suba de retenciones que el proyecto supondría para los subproductos de la soja, el trigo, el maíz y bienes industriales. Ahora bien, en la oposición ya advertían que, aunque esté en el dictamen de mayoría, ese artículo no prosperará luego en la votación final en el recinto.

Pero, incluso cambios que el Ejecutivo aceptó a pedido de los gobernadores, no es lo que pretendían todos los diputados que integran los bloques “dialoguistas”.

Algunos de los gobernadores provinciales, durante la Asamblea Legislativa en la que Javier Milei juró como el nuevo presidente de la Nación (Foto: NA).
Algunos de los gobernadores provinciales, durante la Asamblea Legislativa en la que Javier Milei juró como el nuevo presidente de la Nación (Foto: NA).

Por ejemplo, la amplia delegación de facultades legislativas en el Presidente, o la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria desde abril, que no contemplaría en el empalme los meses de mayor inflación y perjudicaría a los jubilados. También la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el capítulo de las privatizaciones, ambiente, cultura, educación, entre otros.

Entonces, finalmente, luego de dos postergaciones y con las negociaciones todavía en marcha, se reunió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto, con una cantidad de diputados presentes solo comparable al primer día de debate, hace ya dos semanas.

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A horas de que iniciara el paro de la CGT y la movilización al Congreso, La Libertad Avanza acordó un dictamen con el apoyo, en disidencia, del PRO, parte de la UCR y de Hacemos Coalición Federal (el bloque que conduce Miguel Pichetto e integran referentes dialoguistas vinculados a gobernadores como Emilio Monzó y Nicolás Massot).

Miguel Ángel Pichetto, en la jura de Diputados. (Foto: Télam)
Miguel Ángel Pichetto, en la jura de Diputados. (Foto: Télam)

Unión por la Patria, que tiene casi el 40% de los integrantes de las comisiones y el 40% de los miembros de la Cámara, ya había decidido desde el principio emitir un dictamen de rechazo. Con el acuerdo (parcial) de última hora, el oficialismo logró superar el peligro que suponía que el dictamen de mayoría fuera el del kirchnerismo.

Pero la Coalición Cívica (que tiene 6 diputados e integra el bloque Hacemos Coalición Federal) decidió emitir su propio dictamen, con modificaciones que los mandatarios provinciales o no pidieron o no consideraron determinantes para llegar a un acuerdo. Lo mismo hizo el socialismo (dos diputados, Esteban Paulón y Mónica Fein, que también forman parte de HCF) y Margarita Stolbizer.

“No se tocan retenciones, mantienen fuertes delegaciones de facultades, los gobernadores aceptan la eliminación de la movilidad jubilatoria sin pensar en el empalme y la inflación, entregan el FGS. La realidad es esa, entregaron la mejora a los jubilados, al fondo de los jubilados y a los productores”, decía con algo de molestia un miembro de ese grupo diputados.

Pero también había una decena de diputados radicales, entre los que se destaca Facundo Manes, que insistían hasta última hora con que el bloque firmara un dictamen distinto al del oficialismo, con más cambios, al igual que hacían la CC o el socialismo.

Cristian Ritondo continuará como jefe del bloque PRO en Diputados, mientras que Rodrigo De Loredo estará al frente de la UCR (Foto: NA).
Cristian Ritondo continuará como jefe del bloque PRO en Diputados, mientras que Rodrigo De Loredo estará al frente de la UCR (Foto: NA).

Como se sabe, La Libertad Avanza tiene 38 diputados propios -poco más de 40 entre satélites y aliados- y pensando en una sesión necesita sí o sí -siquiera para alcanzar el quorum de 129 legisladores y abrir el recinto- del acompañamiento de la mayoría de los bloques opositores: el PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9 que responden a gobernadores provinciales).

Incluso en el PRO, que fue el primero de los bloques en resolver que acompañaría el dictamen oficialista, aunque fuera con diferencias varias, advertían ya que no todo lo que llegará al recinto en una próxima sesión saldrá aprobado.

“Algunos acá son casi mileistas y quieren ir con todo, pero no todos ni la mayoría. ¿Vamos a votar retenciones, con lo que no estamos de acuerdo, y encima para perder porque el resto de los bloques no lo va a aprobar?”, se preguntaba un diputado del PRO.

El jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López (Foto: NA - Marcelo Capece).
El jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López (Foto: NA – Marcelo Capece).

Considerando que tanto en la bancada amarilla, como en la UCR y en HCF, conviven posiciones muy distintas y en algunos casos hasta contrarias, en esas mismas bancadas anticipan que el hecho de no llegar al recinto con un acuerdo cerrado anticipa que las negociaciones seguirán hasta el día de la sesión -que hasta este martes no tenía fecha- pero también que en sí misma la sesión será muy compleja.

“No se dan una idea lo que va a ser la sesión con esto de no haber llegado a un plenario con un dictamen cerrado. Primó la tapa de los diarios a la racionalidad”, dijo un opositor “dialoguista” que decidió acompañar el texto oficialista.

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“Va a ser terriblemente complicado lograr las mayorías en el recinto y la ley, si sale, no va a salir igual”, señalaba una diputada de la UCR.

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El Gobierno avanza con los exámenes a empleados públicos para recortar las áreas del Estado

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Como parte de su plan de recorte al Estado, el Gobierno que comanda Javier Milei, busca deshacerse de gran parte de la plantilla de empleados públicos. Por ello, iniciará esta semana con las evaluaciones previstas para los trabajadores que tengan contratos temerarios en alguna de las áreas gubernamentales.

Se trata de 40 mil empleados temporales que se someterán a pruebas de eficiencia para poder permanecer en su puesto. La idea es recortar lo mayor posible la nómina estatal por parte de la gestión libertaria, que en lo que va del 2024 despidió a más de 35 mil trabadores de diferentes sectores públicos.

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Según indicaron desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, las evaluaciones serán de carácter presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate, ya sea profesional, administrativo y servicios generales. Ya que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

La realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que se hará en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

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Si bien la medida despertó el malestar de los gremios que representan a los trabajares del Estado, desde la gestión libertaria señalaron que no buscan que esto “sea un filtro, sino tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”. La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para nuevos ingresantes.

En tanto, desde el Gobierno insisten en que seguirán recortando y desmantelando áreas del Estado que ya no sean eficientes, como se hizo durante el 2024, ya que se redujo la cantidad de ministerios de 24 a 18. A la vez, que se recortaron en un 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del ámbito nacional.

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