A menos de 50 días de haber asumido, el Gobierno enfrentará este miércoles el primer paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT). En los pasillos de la Casa Rosada no dudan en catalogar la medida como “política” y se preparan para contrastar con cifras propias el número del acatamiento.

Según pudo saber TN, el Gobierno les pedirá a las cámaras empresarias datos sobre el nivel de acatamiento para luego contrastar con los números que comunique la central obrera. Intentarán de esta manera deslegitimar una medida de fuerza que para la Casa Rosada es desproporcionada. Los libertarios aseguran que durante la gestión de Alberto Fernández los trabajadores “se cansaron de perder poder adquisitivo y la CGT no hizo nada”.

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En la Casa Rosada hay quienes creen que la movilización -la CGT dice que convocará a unas 200 mil personas- terminará siendo positiva para el relato del Gobierno. “No nos dejan trabajar, no llevamos ni dos meses y ya paran”, afirman. A su vez, se espera que el oficialismo comunique con cifras las pérdidas que representará para el país la falta de actividad de este miércoles.

“Están del lado equivocado de la historia y en contra de la gente”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de este martes. Otra fuente de la Casa Rosada que intentó bajarle el tono a la marcha sostiene que el Gobierno está preocupado por la Ley Ómnibus y no por el paro y la marcha. Sin embargo, este medio pudo saber que el tema formó parte del encuentro entre el Presidente y sus ministros del martes.

El Gobierno desafía a la CGT: hará su propio índice de acatamiento al paro

El Gobierno insistirá en la idea de que el paro mostrará las “dos argentinas”, la que busca dejar atrás un supuesto estancamiento del sector privado en 6 millones de puestos laborales y la que rechaza las modificaciones del oficialismo porque “toca sus privilegios”. De alguna manera volverá a insistir en la idea de que la central obrera también forma parte de la casta.

Javier Milei se enfrenta este miércoles a su primer paro general

La Argentina vivirá este miércoles su primera huelga general desde 2019, convocada por la CGT y apoyada por partidos políticos y organizaciones sociales opositoras. Durante media jornada, entre las 12 y la medianoche, la central sindical intentará exhibir su fuerza contra las reformas del Gobierno, que buscan desregularizar la economía y desarmar la estructura del Estado.

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La protesta está centrada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que rige desde el 29 de diciembre aun bajo amparo judicial en varios puntos; y el proyecto de Ley Ómnibus, todavía en trámite legislativo. Justamente, la media jornada de huelga incluye una marcha que se prevé multitudinaria hasta el Congreso de la Nación, donde este miércoles a la madrugada el oficialismo consiguió sacar un dictamen en mayoría acompañado por los bloques dialoguistas. Ahora esa resolución será enviada al recinto de la Cámara de Diputados para su debate y votación.

El oficialismo consiguió firmar el dictamen en mayoría con 55 firmas a favor. Aunque 34 de estas firmas acompañaron en disidencia parcial la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Fuentes cercanas al oficialismo indicaron que este dictamen podría ser debatido en el recinto de Diputados a partir del jueves.

Para evitar posibles enfrentamientos en virtud del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad, líderes sindicales acordaron con las autoridades del Gobierno de la Ciudad las calles por las que transcurrirá la movilización y establecieron rutas de circulación para vehículos de emergencia.

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El transporte público funcionará durante toda la jornada hasta las 19 para permitir el desplazamiento de quienes quieran movilizarse; los bancos abrirán hasta las 12, que es cuando oficialmente comienza el paro; y en el comercio están divididos, ya que mientras la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios se adhirió, los supermercados tienen pensado abrir.

El Gobierno, que les descontará el día a los empleados públicos que hagan paro, difundió un número de teléfono – el 134- para recibir denuncias de quienes reciban amenazas o presiones para participar de la huelga. Según el Ejecutivo, hubo más de 3000 llamadas con datos que permitirán tramitar la denuncia ante la Justicia.

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La de este miércoles será la primera huelga general tras las dos movilizaciones que hubo en diciembre pasado contra el plan económico de Javier Milei.