POLITICA
Los enormes riesgos que asoman en Siria tras la alegría por la caída del régimen de Al-Assad
BERLÍN.- Hasta hace apenas unas semanas, los países árabes sunnitas, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza, seguían intentando atraer a su rebaño al presidente sirio, Bashar al-Assad, urgiéndolo a romper con un Irán muy debilitado.
De hecho, ya lo habían invitado a reincorporarse a la Liga Árabe, una asociación de países de habla árabe de la región, de la que fue expulsado hace 12 años por su brutal represión de la oposición en Siria. Y más tarde, en septiembre, casi una década después de romper relaciones diplomáticas con Siria, Arabia Saudita reabrió su embajada en Damasco, señal de confianza de que Al-Assad estaba en el poder para quedarse.
Hasta la Unión Europea había empezado a debatir la posibilidad de negociar con Al-Assad para frenar la inmigración ilegal de sirios a los países que la integran.
Pero Al-Assad dudaba de darle la espalda a Teherán, incluso sabiendo que Irán y el otro puntal de su régimen, Rusia –que hicieron posible su continuidad en el poder– estaban debilitados y sobreexigidos por las guerras en Medio Oriente y Ucrania.
Incluso el sábado pasado los ministros de relaciones exteriores de los Estados Árabes, Turquía, Rusia e Irán se reunieron infructuosamente en Doha, Qatar, para tratar de contener la rebelión contra Al-Assad y evitar el caos que pudiera suscitarse con su salida.
Pocas horas después de esa reunión, sin embargo, el destino de Al-Assad estaba decidido: los rebeldes marcharon sobre Damasco, tumbaron a su gobierno y lo obligaron a huir a Rusia. Y ayer a la mañana los funcionarios sauditas, egipcios, qataríes y de otros países árabes ya estaban reunidos otra vez, pero en este caso para empezar a pensar en las repercusiones de su derrocamiento para Medio Oriente, donde la influencia de Irán se tambalea y crece el poder de Israel y de Turquía.
Ahora, todos compiten por tener injerencia en un país geográficamente crucial y muy fragmentado por los años de guerra civil, pero sin olvidar las lecciones aprendidas en otros intentos fallidos por construir un país a partir del caos, el ejemplo más obvio, Irak. Porque lo que se perdió es muy evidente, no así lo que está por venir.
El enviado especial de la ONU para Siria, Geir O. Pederson, que participó de la reunión en Doha con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Irán y Turquía, dijo en una entrevista que habían acordado tratar de trabajar con los nuevos líderes de Siria para conformar un gobierno provisional que respete a las minorías y logre regenerar un gobierno central de todo el país.
“Nuestra esperanza es que los grupos armados se unan, generen un Estado sirio unificado y no intenten retener el control sobre sus diversos territorios”, dijo Pederson. Eso permitiría que la comunidad internacional se movilice para permitir que los desplazados y los refugiados –casi la mitad de la población de Siria– regresen a su país.
“Pero no quiero ser demasiado optimista”, dijo el funcionario de la ONU. “Es momento de un optimismo cauto, pero también para hacer caso a las advertencias sobre los desafíos que tenemos por delante si no sacamos esto adelante entre todos”.
El riesgo es que los múltiples grupos armados sirios mantengan el control de sus territorios actuales y luchen entre sí por imponerse –como ocurrió en Afganistán–, obturando el surgimiento de una Siria unificada. De ser así, los islamistas más radicalizados podrían sacar ventaja de otro Estado caótico y fallido y amenazar no solo a Israel, sino también a las monarquías sunnitas del Golfo. Tradicionalmente, los Estados sunnitas han tratado de contrarrestar el alcance del Irán chiita (Al-Assad es alauita, una rama del chiismo).
Una de las mayores incertidumbres es la verdadera naturaleza y ambiciones de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una agrupación islamista que en otros tiempos estuvo muy vinculada a Al-Qaeda, y de su líder, Abu Mohammad al-Golani. Al-Golani, de 42 años, rompió públicamente con Estado Islámico y con Al-Qaeda y viene hablando de “inclusión” desde hace tiempo. Pero en las zonas que controla HTS alrededor de la ciudad de Idlib, en el nordeste de Siria, el grupo gobierna con una ideología islamista sunnita conservadora y a veces de línea dura.
Hoy, mientras el grupo de Al-Golani se instalaba en el poder en Damasco, Pedersen dijo: “Siria no puede ser gobernada como Idlib. Ningún grupo armado o comunidad puede tener el monopolio del gobierno”.
Turquía, un actor regional clave que viene apoyando a HTS, tiene sus principales intereses en el norte de Siria, donde creó su propia zona de amortiguación a lo largo de la frontera y lucha contra los kurdos sirios, a quienes considera enemigos del Estado turco. Es dudoso que Turquía esté dispuesta a ceder el control de esa zona, pero de lo que no hay dudas es de que tendrá una influencia relevante sobre cualquier nuevo gobierno sirio.
Los kurdos sirios, por su parte, vienen recibiendo apoyo de Estados Unidos y tienen un pequeño número de tropas propias en el terreno, luchando contra los restos de Estado Islámico. En lo que respecta a los kurdos, entonces, Turquía y Estados Unidos están enfrentados, aunque ambos persiguen el mismo objetivo de estabilidad para la Siria post Al-Assad.
Aprovechando el caos reinante, Turquía anunció hoy que sus fuerzas aliadas habían tomado la ciudad de Manbij de manos de los kurdos sirios respaldados por Estados Unidos.
“La clave es ver cómo maneja Turquía su problema con los kurdos, que son la razón principal por la que en su momento decidió involucrarse en Siria”, apunta Lina Khatib, investigadora de Chatham House. “Si se impone el pragmatismo, Turquía tendrá una influencia importante sobre la política en Siria y podría allanar el camino para que muchos refugiados sirios vuelvan a su casa”.
Turquía hoy alberga a casi cuatro millones de refugiados sirios que huyeron de la brutal represión de Al-Assad, y los costos económicos y sociales de esa hospitalidad se han convertido en cuestiones políticas serias para Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco.
Asli Aydintasbas, experta en Turquía de la Brookings Institution, dice que la caída de Al-Assad representa una victoria para el gobierno turco y una derrota para quienes intentaron normalizar sus relaciones con él.
“Para Turquía, no se trata de la frontera, sino de ganarse a Siria”, dice Aydintasbas. Gracias a sus conexiones con la oposición siria tanto dentro como fuera del país, “Turquía se beneficiará políticamente por sacar a Irán de escena y se beneficiará económicamente con la reconstrucción de Siria”.
En cuanto a Rusia –otro de los apoyos de Al-Assad–, por más que logre mantener sus bases navales y aéreas en Siria, “el Kremlin ha sufrido un enorme revés para su reputación”, dice Hanna Notte, experta en política rusa para la región. Si bien los árabes sunnitas tal vez hayan odiado a Rusia por salvar a Al-Assad en 2015, dice Notte, “Putin se ganó cierto respeto por apoyar a sus aliados y por dejar en evidencia a los norteamericanos. Pero ahora Rusia pierde esa influencia”.
Otro que tiene sus propios interesas es Israel, que comparte frontera con Siria y se anexó los Altos del Golán sirios. Israel ha tratado de interrumpir el flujo de armas y dinero iraníes a través de Siria hacia Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza y Cisjordania. Pero también toleró a Al-Assad durante mucho tiempo, apunta Natan Sachs, de la Brookings Institution, creyendo que los esfuerzos del régimen sirio por contener el radicalismo islámico eran más importantes que la ayuda que le proporcionaba a Irán dejando pasar armas y dinero por su territorio.
Khatib, de Chatham House, es optimista porque ve la posibilidad de un cambio importante en el orden regional, que ya no esté dominado por Irán y sus aliados.
“Si se mueve con cuidado, Israel puede dejar de ser un país que tiene problemas para establecer alianzas con sus vecinos árabes a ser el país que marque la agenda”, dice Khatib, y eso le abriría la puerta a una normalización de sus relaciones con los países árabes.
“Es un proceso que llevará mucho tiempo, pero la trayectoria de la región es hacia un alejamiento del statu quo anterior, donde los que saboteaban todo eran Irán y las fuerzas no estatales”.
Por Steven Erlanger
(Traducción de Jaime Arrambide)
POLITICA
Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos
Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.
Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.
El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.
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POLITICA
El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE
En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.
Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California
El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.
De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:
- US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
- US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
- US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
- US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.
El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.
Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda
El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.
Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.
Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.
El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.
El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.
Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.
Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.
POLITICA
Marcelo Peretta criticó la represión a jubilados: «Es más caro reprimir que aumentar las jubilaciones»
El candidato a legislador porteño Marcelo Peretta cuestionó la represión policial contra los jubilados que se manifestaron en reclamo de una mejora en sus haberes. A través de un video viral en sus redes sociales, sostuvo que “la causa de los jubilados es justa” y advirtió que el costo de reprimir las protestas supera el de un aumento en las jubilaciones.
“La represión, el destrozo de motos y patrulleros, el cierre de comercios y la atención de heridos también implican gastar plata”, argumentó Peretta, en alusión a los operativos desplegados durante la movilización de los jubilados.
El reclamo de fondo: la derogación de la ley jubilatoria
En su mensaje, el dirigente recordó que el conflicto tiene su origen en la derogación de la ley de movilidad jubilatoria que había implementado el expresidente Alberto Fernández. “Con esa ley no habría reclamos porque el haber se corregía con la inflación”, señaló Peretta, subrayando que la actualización automática hubiera evitado el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.
Actualmente, el haber mínimo se encuentra en 300 mil pesos, cifra que el candidato calificó como insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Las propuestas de Peretta para los jubilados porteños
De cara a las elecciones del 18 de mayo, el candidato presentó sus principales propuestas dirigidas a los 800 mil jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales denominó «Remedios para los jubilados»:
- Bajar el precio de los medicamentos, garantizando su accesibilidad.
- Potenciar la figura del Cuidador, para brindar asistencia a adultos mayores.
- Crear un PAMI local, que mejore la atención en el distrito.
- Autorizar la sindicalización de los jubilados, para que puedan defender sus derechos laborales y previsionales.
Peretta cerró su publicación con una reflexión: “La juventud es para sembrar y la vejez para cosechar, pero la política no se da cuenta”, dejando en evidencia su crítica a la falta de respuestas del Gobierno ante la crisis que atraviesan los jubilados. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Marcelo, Peretta, criticó, la, represión, a, jubilados:, "Es, más, caro, reprimir, que, aumentar, las, jubilaciones"
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