El vínculo entre el Gobierno y los gremios se tensa cada vez más y recalienta el paro nacional previsto para el 24 de enero. Luego de que, por orden de Javier Milei, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich intimara a Camioneros y otras organizaciones a pagar $40 millones por los gastos de la marcha a Tribunales, diferentes referentes sindicales salieron al cruce.

Pablo Moyano lanzó una nueva advertencia contra Milei y mandó un mensaje al interior del peronismo: “¿Dónde están Alberto, Cristina y Massa

“Es un honor que Milei diga que soy el responsable de no apoyar las reformas”, dijo Pablo Moyano, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

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En declaraciones a AM 750, el camionero le respondió al Presidente: “Sí, me opongo a todas las reformas que vayan en contra de los intereses de los trabajadores”.

En las últimas horas trascendió que Milei se molestó con una frase de Moyano. “El objetivo es voltear el decreto y la Ley Ómnibus”, había dicho el gremialista en alusión a la movilización del 24 de enero. En la CGT creen que esa frase aceleró la iniciativa de intimar a los gremios a pagar por la protesta.

En otro orden, Moyano mandó un mensaje hacia el interior del peronismo. “¿Dónde está Alberto (Fernández)? Dónde está Cristina (Kirchner)? ¿Dónde está (Sergio) Massa ¿Dónde está Máximo (Kirchner)?”, se preguntó sugestivamente.

“Los máximos referentes (de la oposición) tienen que estar juntos. No es que perjudican a un camionero o a un bancario. Vienen por todos los intereses de los argentinos”, dijo en referencia al plan económico que pretende implementar el gobierno de Milei a través del DNU 70/23 y a la Ley Bases. “Creo que deberían reaccionar, convocar y estar en la calle”, reclamó.

“Hay tres formas de frenar esta ley: la política, a través del Congreso; la Justicia y la calle”, concluyó Moyano.

“Quieren amedrentar, pero el paro se va a hacer”

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), también se refirió a la decisión del Gobierno de intimar a los gremios.

“Un verdadero acto de intimidación, de persecución, creer de atribuirse condiciones como para endilgarnos culpabilidades y delitos que no hemos cometido. Desde los trabajadores decimos que esas intimidaciones del Gobierno son con el afán de frenar el paro del 24 de enero. Eso no va suceder, el paro se va a desarrollar”, advirtió.

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El dirigente gremial consideró que el DNU elaborado por el Gobierno “no tiene ni necesidad ni urgencia”, y que, a través de la Ley Ómnibus, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) quiere “concentrar la suma del poder público y gobernar por decreto nuestro país violentando leyes, violentando derechos”.

“Con este tipo de acciones, que son verdaderamente ilegales por parte del Gobierno, vamos a responder denunciando esta situación ante organismos internacionales para que quede claro que este Gobierno lo que intenta es avasallar derechos y sostener esa actitud con represión. Eso va a ser resistido por las trabajadoras y trabajadores”, remarcó Godoy, también titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a una movilización para este lunes 15 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), desde las 11.

Entre las voces del gremialismo, también dijo lo suyo Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y, además, diputado nacional de Unión por la Patria.

“No es la primera vez que (Patricia Bullrich) lo hace. En 2019 también nos inició una causa judicial por un paro y movilización”, recordó en declaraciones a Radio 10.

Según Palazzo, el objetivo de la medida tiene es “amedrentar para que no pase lo que va a pasar, que es que el 24 la gente se va a volcar a la calle por tres cosas: las medidas económicas de (el ministro de Economía Luis) Caputo, el DNU y la ley que han enviado al Congreso, que es un mamarracho”.

En esta línea, sostuvo que “esto no es un plan de gobierno, sino un plan de negocios en el que cada articulo y capítulo fue dictado en favor de los grandes sectores económicos”.

”No vinieron a explicar por qué hay tal necesidad y urgencia (a las Comisiones del Congreso) ni el responsable máximo de ese decreto que es (el exfuncionario) Federico Sturzenegger, ni el responsable de Economía que es (Luis) Caputo, ni el jefe de gabinete Nicolás Posse”, cuestionó Palazzo.

Sobre el debate en comisiones, Palazzo opinó que “no conocen la ley” y en el proyecto se modifican artículos de leyes que “no existen”.

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”Pretender privatizar 41 empresas del estado de las cuales han generado rentabilidad, son empresas estratégicas como lo es YPF, uno llega a la conclusión del que el contenido es muy grave”, dijo.

Palazzo le pidió a la Justicia que “mire” tanto el decreto como la ley porque “si lo habilita va a habilitar que cada cuatro años un presidente pueda cambiar el régimen jurídico por decreto en la Argentina”.