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POLITICA

Luis Caputo aseguró que si se levantaba el cepo cambiario en enero hubiese sido “una calamidad”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la edición 41° del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y brindó una serie de definiciones sobre el plano económico actual. En este sentido, el funcionario desestimó el debate sobre el atraso cambiario y aseguró que salir del cepo hoy “sería inapropiado”. “Si lo hubiéramos sacado en enero, hubiese sido una calamidad”, señaló. 

En otro tramo de su discurso, Caputo también aseguró que hay señales de recuperación incipiente de la actividad, anticipó que la Argentina comenzará una nueva negociación con el FMI y añadió que la competencia de monedas será el próximo paso de política monetaria del Gobierno.

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Ante una audiencia compuesta por hombres y mujeres de negocios, el titular del Palacio de Hacienda explicó que existen cuatro requisitos para eliminar el control de cambios: “un ancla fiscal, normalizar el flujo, normalizar el stock, y tener una relación razonable entre las reservas internacionales y los pasivos remunerados; esto último se podría resumir con el saneamiento del balance del Banco Central”. Si bien la normalización, en su opinión, se logró “en un 70 o 75%”, Caputo reconoció que en el último punto “es en el que más alejados estamos”.

“Uno no pasa del populismo al liberalismo en una línea recta, todo es una cirugía mayor”, dijo para defender la continuidad de los controles cambiarios y aseguró: “Vamos a levantar el cepo en el momento en que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos”. En ese plano, explicó cuál sería un “atajo” para que ese camino sea más corto.

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Si Argentina ingresara en un nuevo acuerdo con el FMI que le genere nuevos desembolsos, dijo el ministro, se alcanzaría esa “relación razonable” entre pasivos remunerados y reservas del Central. En ese sentido, el ministro de Economía mencionó que las conversaciones con el Fondo para un nuevo programa comenzarán “ahora” tras la octava revisión trimestral que finalizó la semana pasada. 

“Estamos empezando ahora a trabajar en un nuevo programa. Hicimos la revisión del programa anterior y ahora vamos a empezar lo que es la segunda etapa del programa, que incluye este tema”, agregó.

En relación con la actividad económica, Caputo reforzó que el equipo económico proyecta una salida veloz de la recesión. “Yo veo una recuperación en V. Ya hay ingresos que se están recuperando. Los salarios se están recuperando. Desde enero a hoy el registrado privado ya recuperó”, resaltó. Y añadió: “Hay sectores que ya empezaron a empujar, como el agro, la energía, la minería. Hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación y obviamente el sector financiero”.

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“Una cuestión fundamental del equilibrio fiscal es que deja de haber crowding out, que es que el BCRA y el Tesoro se llevan todo el ahorro de los argentinos. Es la primera vez que los bancos van a a tener que empezar a actuar de bancos. Antes eran solo intermediarios entre los depósitos y de la gente y el BCRA o el Tesoro y no por maldad, ni siquiera había demanda de crédito”, señaló Caputo.

“Argentina no tiene credibilidad y eso para ser política económica es terrible, porque hace toda la diferencia, la credibilidad es la materia prima para ser política económica, la credibilidad son dos cosas, viene dado por lo que es el track record del país y después por las políticas, por la credibilidad que te dan las políticas que vos estás tomando, entonces con lo que es el track record argentino, la credibilidad no es que es cero, es negativa en Argentina”, mencionó.

“El objetivo nuestro es destrozar la inflación, sabíamos que haciendo esto es lo que debería pasar, es lo que iba a pasar, pero había mucha expectativa de que incluso cuando anunciamos el programa, la mayoría de los economistas auguraba 30% para diciembre, 30% para enero, 20% para febrero, que van a devaluar en febrero, que van a devaluar en marzo, entonces confirmar que lo que estás haciendo es lo correcto, más allá de que sea gratificante, es además necesario”, apuntó el jefe de Hacienda.

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Más adelante, el ministro habló de la evolución de la inflación y el congelamiento de una serie de aumentos previstos, sobre todo en materia tarifaria. “Estamos bien desde el punto de vista fiscal, entonces podíamos darnos el lujo de dar una pausa, darle un respiro a la clase media y contribuir al proceso de desinflación. Lo que es tarifas están calificados como N1, N2, N3 y comercio. Nosotros habíamos actualizado N1, que son los de más grandes ingresos, y comercio, N2 y N3, por ley no podíamos hacerlo más de lo que lo habíamos hecho”, describió.

Tras ser consultado por una posible migración de la política monetaria del Banco Central hacia una competencia de monedas, Caputo aseguró que se tratará de la “convivencia del peso con el dólar que es la moneda que la gente elige acá, transar en pesos y en dólares”. “Es solidificar el proceso de desinflación y garantizar la estabilidad cambiaria y monetaria. Va a haber inflación de país normal y estabilidad monetaria y cambiaria. Eso es lo que se va a lograr. Va a ser el próximo paso”, señaló.

En tanto, sobre la dolarización, solo mencionó que “es una meta” pero que “a lo que vamos es a la competencia de monedas”. “El esquema que diseñamos va a implicar que no va a haber más emisión por déficit y no va a haber emisión por pasivos remunerados. El bien escaso va a ser el peso, lo que están esperando una devaluación, no podemos estar más lejos de eso, no va a haber un aumento del crawl ni nada. (Apuntamos a) eliminar lo más pronto posible la inflación y que la economía se empiece a recuperar lo antes posible”, concluyó.

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Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos

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Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.

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Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.

Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.

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El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.

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POLITICA

El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE

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En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.

Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California

El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.

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De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:

  • US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
  • US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
  • US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
  • US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.

El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.

Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda

El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.

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Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.

Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.

La Junta de Supervisores del Condado de Alameda destinará fondos para ayudar a inmigrantes frente a los operativos del ICE

Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.

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El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.

El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.

Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.

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Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.

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POLITICA

Marcelo Peretta criticó la represión a jubilados: «Es más caro reprimir que aumentar las jubilaciones»

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El candidato a legislador porteño Marcelo Peretta cuestionó la represión policial contra los jubilados que se manifestaron en reclamo de una mejora en sus haberes. A través de un video viral en sus redes sociales, sostuvo que “la causa de los jubilados es justa” y advirtió que el costo de reprimir las protestas supera el de un aumento en las jubilaciones.


“La represión, el destrozo de motos y patrulleros, el cierre de comercios y la atención de heridos también implican gastar plata”, argumentó Peretta, en alusión a los operativos desplegados durante la movilización de los jubilados.

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El reclamo de fondo: la derogación de la ley jubilatoria

En su mensaje, el dirigente recordó que el conflicto tiene su origen en la derogación de la ley de movilidad jubilatoria que había implementado el expresidente Alberto Fernández. “Con esa ley no habría reclamos porque el haber se corregía con la inflación”, señaló Peretta, subrayando que la actualización automática hubiera evitado el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.

Actualmente, el haber mínimo se encuentra en 300 mil pesos, cifra que el candidato calificó como insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Las propuestas de Peretta para los jubilados porteños

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De cara a las elecciones del 18 de mayo, el candidato presentó sus principales propuestas dirigidas a los 800 mil jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales denominó «Remedios para los jubilados»:

  • Bajar el precio de los medicamentos, garantizando su accesibilidad.
  • Potenciar la figura del Cuidador, para brindar asistencia a adultos mayores.
  • Crear un PAMI local, que mejore la atención en el distrito.
  • Autorizar la sindicalización de los jubilados, para que puedan defender sus derechos laborales y previsionales.

Peretta cerró su publicación con una reflexión: “La juventud es para sembrar y la vejez para cosechar, pero la política no se da cuenta”, dejando en evidencia su crítica a la falta de respuestas del Gobierno ante la crisis que atraviesan los jubilados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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