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Martín Menem asumió un rol clave para la Ley Ómnibus y busca que se vote en Diputados antes de fin de enero

Guillermo Francos le entrega la Ley Ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de diciembre. (Foto: Prensa Diputados)Martín Menem, el arquitecto del Gobierno en Diputados. (Foto: Télam)Ley Ómnibus (Foto: Oficina del Presidente Javier Milei)

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El primer piso del Palacio Legislativo se transformó en un lugar de frenéticas reuniones entre los diputados en el cierre de una nueva semana del gobierno. Este miércoles, Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus con una serie de reformas y transformaciones jurídicas que impactaran en la vida social y política de la Argentina.

La presidencia de la Cámara de Diputados fue el lugar para definir las comisiones de trabajo a las que será girado el proyecto y sus integrantes. También, qué ministros del Ejecutivo concurrirán a defender la iniciativa enviada por Milei. Allí Martín Menem, su titular, recibió con mate a cada uno de los diputados, presidentes de bloques o asesores que plantearon sus inquietudes.

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El riojano se transformó en la llave indispensable de Javier Milei para lograr que avance su proyecto. El presidente de la Cámara Baja fue facultado por sus pares para el armado de las comisiones. El libertario de “Avanza Libertad” José Luis Espert quedará al frente de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda. Fernando Iglesias del PRO se quedaría con la comisión de Relaciones Exteriores. Faltan definir Asuntos Constitucionales, Legislación General y otras que están solicitando desde la oposición.

El presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago, le dijo a TN: ”Estamos todos los diputados en la misma situación, sin ventajas, nos enteramos del proyecto igual que la oposición, cuando fue publicado por el Ejecutivo, sin ninguna anticipación. Trabajamos en el armado de las comisiones y para que después del 15 o 20 de enero estemos en condiciones de llevar el proyecto al recinto. Sabemos que tendremos una discusión ardua con sectores opositores que ya están marcando su posición con todo derecho”.

Martín Menem, en la jura de Diputados. (Foto: Télam)
Martín Menem, el arquitecto del Gobierno en Diputados. (Foto: Télam)

El principal frente opositor Unión por la Patria que encabeza el diputado Germán Martínez señaló en un documento que “la ley Ómnibus ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”. Desde la UCR el entrerriano Atilio Benedetti cuestionó que “se pretenda sustituir una gran cantidad de actividades del Congreso. Tiene una delegación de facultades de toda índole que son excesivas por dos años con la posibilidad que esa emergencia se prorrogue por dos años más. Me alarma además el incremento de retenciones”.

Otras bancadas con terminales directas con mandatarios provinciales tienen otras miradas. ”Hay varios puntos que estamos de acuerdo como la eliminación de las PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), o el traspaso de los tribunales nacionales a la Ciudad”, expresó Agustín Domingo, diputado por Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Nicolás Massot, diputado que integra el flamante bloque “Hacemos Coalición Federal” que preside Miguel Pichetto y que contiene a referentes de los gobiernos de Entre Ríos y Chubut, señaló: “Para que la Argentina vuelva a insertarse en el mundo, para que multiplique sus exportaciones, para que desburocraticemos y le saquemos el pie que el Estado le ha puesto a la iniciativa privada, en tantos campos van a tener el acompañamiento”. Sin embargo, cuestionó el pedido de delegaciones extraordinarias del Congreso al Ejecutivo.

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El proyecto del Poder Ejecutivo “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos” tiene 664 artículos y 351 páginas. Un verdadero megaproyecto con declaración de emergencia pública y delegación de facultades del Congreso al PEN en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética y sanitaria. Con variados temas divididos en capítulos referidos a reformas en ámbitos de la economía, la justicia, en el campo electoral, civil y jubilatorio, como la suspensión de la movilidad que garantizaba a la clase pasiva dos aumentos salariales por año.

Ley Ómnibus (Foto: Oficina del Presidente Javier Milei)
Ley Ómnibus (Foto: Oficina del Presidente Javier Milei)

Martín Menem trabaja en la construcción de mayorías. Busca consensos, recibe los reclamos de aquellos temas que generan mayores cuestionamientos al proyecto: facultades delegadas, movilidad jubilatoria, ratificación parlamentaria del DNU 70/2023 y blanqueo de capitales. “Tras la constitución de las comisiones vamos a invitar a los funcionarios nacionales, explicaremos todo lo que haya que explicar a los efectos de convencer de la importancia que tiene esta ley. No para la Libertad Avanza, ni para algún partido en especial, sino para 47 millones de personas. La trascendencia que tiene que este proyecto salga adelante lo antes posible porque no hay plata y no hay tiempo”, respondió el presidente de la Cámara ante la consulta de TN.

El Gobierno Nacional guarda otra herramienta para lograr acuerdos políticos y es el envío por separado de un proyecto de ley de reversión del impuesto a las Ganancias, no contemplado en la Ley Ómnibus que ingresó a Diputados. Desde que se aprobó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto, a propuesta del exministro Sergio Massa, el costo fiscal para las provincias fue de $ 1,7 billones. Los gobernadores necesitan fondos y Ganancias es un impuesto coparticipable, una de las pocas fuentes de financiamiento para las arcas provinciales.

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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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