Una denuncia presentada en la fiscalía Federal de Campana destapó un presunto entramado de corrupción en el sistema de multas de tránsito del gobierno de Axel Kicillof, involucrando a funcionarios y exfuncionarios de alto perfil. Encabezados por Jorge D’Onofrio, actual ministro de Transporte, y Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, los imputados son acusados de liderar una organización criminal que habría generado un desfalco millonario al erario público.

Además de D’Onofrio y Pombo, otros cinco individuos han sido imputados en el marco de la causa FSM 23688/2024:

1. Facundo Asencio, exyerno de Pombo.
2. Agustina Cuadra, hija de Pombo.
3. Mario Quattrochi, juez provincial.
4. Roxana Elma Pombo, hermana de Claudia Pombo.
5. Héctor Marcelo Suárez Basail, también hermano de Claudia Pombo.

Según la denuncia presentada ante la Justicia, el esquema consistía en la eliminación fraudulenta de multas de tránsito registradas en el Sistema de Administración Centralizado de Infracciones de Tránsito (SACIT) a cambio de un 50 por ciento del monto adeudado. La organización captaba clientes a través de redes sociales y contaba con facilitadores con acceso privilegiado al sistema. Los montos desviados habrían alcanzado los 60.000 millones de pesos mensuales, considerando que solo el 2 por ciento de las 340 mil multas emitidas mensualmente eran pagadas de manera formal.

Impacto patrimonial y bienes bajo investigación

El incremento patrimonial injustificado de los implicados ha sido un eje clave en la investigación. Claudia Pombo, quien ya cuenta con antecedentes por hechos similares, estaría vinculada a maniobras de lavado de activos mediante testaferros y empresas como la firma española Cattleya Blue SL. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran: propiedades exclusivas., vehículos de alta gamay transacciones sospechosas en comercios familiares como la tienda «Papín».

Las autoridades también investigan movimientos migratorios de los imputados desde 2021 y posibles activos ocultos en el extranjero. Se ha solicitado colaboración a organismos como Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Avances judiciales y disputas jurisdiccionales

La fiscalía Federal ha ordenado allanamientos y ciberpatrullajes para recolectar pruebas, así como el análisis de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de los acusados. El caso ha generado controversias jurisdiccionales, ya que un juez de primera instancia se declaró incompetente y remitió el expediente al juzgado de Garantías Nro. 4 de La Plata. No obstante, la Cámara Federal de San Martín revocó esta decisión, subrayando que los delitos de lavado de activos son de competencia federal y requieren una investigación exhaustiva.

Mientras Jorge D’Onofrio permanece al frente del ministerio de Transporte, Claudia Pombo ha sido desplazada de su cargo en Pilar. La investigación podría destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la administración bonaerense, con serias implicancias para el futuro político de los involucrados y, sobre todo, para el propio Axel Kicillof.

El fiscal federal encargado del caso sigue impulsando la causa, mientras se notificó a otros tribunales sobre expedientes relacionados con los mismos imputados. Finalmente, según pudo saber este medio, no se descartan nuevas imputaciones y la causa sigue en etapa de recopilación de pruebas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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