El diagnóstico es compartido: por el cambio climático, España se desertificará y sufrirá una escasez hídrica que hará imposible satisfacer la actual demanda de agua para la agricultura (80% del total). 

Pero las soluciones son disímiles. Los expertos y científicos advierten que la reducción de la superficie de regadío -actualmente 3.771.000 hectáreas- es la única medida que evitaría un colapso hídrico en los próximos años. 

El Gobierno, sin embargo, apuesta a la tecnología para evitar un enorme dolor de cabeza económico, social y productivo. Gracias a los sistemas de regadíos, el valor de la producción agrícola española ha crecido un 60 % en lo que va de siglo. 

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez admite la necesidad de disminuir las cosechas que hoy tienen habilitación para regar, pero, por lo pronto, no figura como política pública.

En abril, en una entrevista a Datadista, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reconocía que el gran reto en materia hídrica es el de «reducir superficie de regadío y la presión sobre el agua, manteniendo la producción».

«Con el modelo de regadío que tenemos ahora mismo, hay determinados territorios en los que hemos superado la capacidad de respuesta. Esperar a que sea el cambio climático el que nos enfrente a esa cruda realidad es complicado», reflexionaba. 

Y agregaba: «Todas las cuencas en estos momentos están sobrepasadas en demandas.  La preservación de la calidad y cantidad de agua de nuestros acuíferos viene a ser la mejor garantía para no tener al país sometido a una situación crítica por riesgo de abastecimiento. Son el ahorro de agua para nuestros hijos».

Pese a esta prédica, el Gobierno confía en bajar el consumo de agua con una inversión «millonaria e histórica» para modernizar el 18% de las superficie total que regadíos, es decir, 700 mil hectáreas (20.000 agricultores).

Con el modelo de regadío que tenemos ahora mismo, hay determinados territorios en los que hemos superado la capacidad de respuesta. Esperar a que sea el cambio climático el que nos enfrente a esa cruda realidad es complicado

La inversión a 2027 será de 2.344 millones de euros, una erogación pública que multiplica por tres la media anual de inversiones de las últimas dos décadas. 

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«La modernización de regadíos volverá a tener un carácter preferente en la política agraria del Gobierno», dijo el ministro Luis Planas días atrás cuando anunció los tres nuevos acuerdos firmados con varias CCAA por un valor de 745,40 millones. En total, hay 26 actuaciones en marcha en este programa.

«El regadío sostenible, eficiente y moderno, que es pilar fundamental del sistema agroalimentario español, pero también para garantizar el futuro del medio rural», insistió el titular de Agricultura sobre este paquete de inversiones.

La visión tecno-optimista del Gobierno choca de frente con la evidencia científica. Los investigadores Francesc La Roca y Julia Martínez, directores del Observatorio de las Políticas del Agua, ente ciudadano dedicado al seguimiento y evaluación de la política de aguas a escala europea y estatal, son algunas de las voces calificadas que cuestionan esta «medida estrella» para combatir el déficit hídrico.

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La crítica aparece en el informe anual de 2022, presentado en los últimos días, titulado Retos de la planificación y gestión del agua en España».

Los expertos desmienten que la modernización de los regadíos se considere un «plan ambiental» por su supuesto objetivo de ahorrar agua y contribuir a mejorar el estado de las masas. 

Explican que la modernización de regadíos es «una medida económica sectorial que aporta ventajas productivas», pero entre estas ventajas «no figura la disminución del consumo de agua».

Y detallan con argumentos técnicos: «En primer lugar, la tecnificación minimiza los retornos a ríos y acuíferos, pero también elimina cualquier estrés hídrico a la planta, aumentando la producción y por tanto la evapotranspiración, es decir aumenta el consumo neto de agua. En segundo lugar, la falsa percepción de disponer de más agua (al suprimir los retornos) conduce habitualmente a la intensificación de cultivos mediante dobles cosechas, mayor densidad de plantación, cambios de cultivos y, en algunos casos, aumento de los perímetros regados».

Bajo la hipótesis subyacente de no tocar los usos existentes, no se reducen las demandas hídricas para avanzar en la necesaria adaptación al cambio climático

La conclusión del informe es que la modernización de regadíos en muchos casos «no sólo no ahorra agua, sino que contribuye a incrementar su consumo total». Y desde «el punto de vista de la rentabilidad empresarial», esta política solo se sostiene con el auxilio de fondos públicos, denuncian los expertos.

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Por otra parte -agrega el documento-, «también cabe cuestionar los beneficios de los planes de modernización para la calidad del agua porque, aunque se reduce la masa total de contaminantes exportados en los retornos, se reduce en mayor medida el volumen de dichos retornos, por lo que las concentraciones de contaminantes suelen aumentar, lo que afecta negativamente a la calidad de las aguas, especialmente en pequeños cauces con flujos modestos». 

A juicio de estos investigadores, los planes del Gobierno «yerran al considerar la modernización de regadíos como una medida ambiental, al otorgarle unos beneficios ambientales (ahorro de agua) no sustentados por evidencias y al ignorar los impactos ambientales (incremento del consumo y en algunos casos aumento de los problemas de calidad del agua) que con frecuencia ocasionan tales proyectos de modernización».

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«Que los planes, contra toda evidencia, consideren la modernización de regadíos como actuación básica frente al cambio climático y reciban una parte sustancial de las inversiones en los programas de medidas, demuestra hasta qué punto los objetivos ambientales se siguen supeditando a la satisfacción de las demandas», concluyen estos dos científicos.

Lamentan que «bajo la hipótesis subyacente de no tocar los usos existentes, no se reducen las demandas hídricas para avanzar en la necesaria adaptación al cambio climático».