Dictaron una nueva medida cautelar contra el DNU de Javier Milei. El Poder Judicial de la Provincia de Misiones aceptó un amparo presentado por asociaciones yerbateras y ordenó la inmediata suspensión de en el capítulo del decreto que hace referencia Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La jueza civil y comercial de feria de Misiones, Adriana Beatriz Fiori, fue quien tomó la decisión con el objetivo de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del INYM, sobre todo por la cobertura de la obra social que tenían a través del organismo.

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Un grupo de productores agropecuarios había presentado una acción de amparo para advertir que con la derogación de los artículos de la ley corre riesgo la Cobertura de Salud. Ante esta situación, la jueza habilitó la feria, dictó la cautelar y paso el tema a la Justicia Federal para analizar la cuestión de la constitucionalidad. El juez federal se declaró incompetente y mandó el expediente a la Corte Suprema.

La provincia de Misiones también había pedido una cautelar en la Justicia Federal de Misiones y se la rechazó. Ahora apelaron ante la Cámara Federal.

Según consta en el fallo, la decisión de Fiori “se fundó en la vulnerabilidad del sector afectado y el derecho humano a la salud integral amenazado”. En ese sentido, la magistrada señaló que “habilita conforme al art. 2 inciso 2) de la Ley 26.854 y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, la adopción de medidas cautelares urgentes, aún cuando el fondo de la cuestión deba luego ser analizada por la justicia competente”.

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Entre los argumentos para suspender las modificaciones, se sostiene que “los efectos del DNU 70/23 implicarían la inminente pérdida de la administración de sus recursos por parte del INYM, y como consecuencia de ello, el riesgo cierto y próximo de que la Cobertura Integral de Salud destinada al grupo social vulnerable afectado se vea interrumpida por falta de pago”.

“Sin desconocer que la persona demandada es el Estado Nacional, no puedo soslayar que la petición de los actores incluye un pedido de medida cautelar con fundamento en el derecho a la salud de un grupo vulnerable de la población”, expresó la magistrada.

Y sentenció: “Es innegable que el pequeño productor yerbatero y sus familias, beneficiarios del mencionado convenio, son el segmento más vulnerable de toda la cadena de producción, y que en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone”.

En la previa a la presentación judicial, representantes del sector yerbatero se reunieron en la sede del INYM y anticiparon medidas de fuerza si no toman apunte de su reclamo. “Si no se nos escucha, no vamos a dudar en llevar nuestros tractores a Buenos Aires”, advirtieron. Y concluyeron: “El instituto no puede terminar, tiene que seguir para los productores, porque esta es nuestra herramienta y la vamos a defender”.