En un nuevo capítulo de los problemas judiciales de Lázaro Báez, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP solicitaron condenas en un juicio por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. Por su parte, la primera pidió una condena de nueve años de prisión para el empresario, mientras que la segunda entidad solicitó siete años y medio.

Con los alegatos de las querellas y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final, hasta que el 8 de abril sea el turno del fiscal Abel Córdoba, para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.

El proceso judicial que tiene en la mira al empresario favorito de Néstor Kirchner ya ha sido acusado y condenado por corrupción en la conocida causa de “La ruta del dinero K”, por la que fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero.

En esa ocasión, según la condena de los dos jueces de la mayoría, Báez fue juzgado por lavar plata de la corrupción mediante transferencias desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita al exterior. Dichos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. A su vez, aparte del empresario, también fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.

En tanto, en un tramo residual de la causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner para lograr determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de la exfamilia presidencial.

Lázaro Báez anteriormente también fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico.

Sin embargo, ahora el empresario, el abogado Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux, serán juzgados por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.

La operación principal que está siendo investigada es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por la que se pagaron 14 millones de dólares. En esta operación, según la acusación, participaron varias sociedades y testaferros de Báez en un intento de ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña declaró en el juicio que se invirtió más dinero, mencionando 16 millones de dólares, y afirmó que los involucrados en la operación se quedaron con parte del dinero.

En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que han presentado sus argumentos en esta etapa final del juicio oral.

La AFIP solicitó condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, además de una multa equivalente a seis veces el monto del valor de la operación. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. 

Con respecto a Carradori, la entidad solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidió una pena de cuatro años, y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña, solicitó que sea condenado a esa misma pena y que se le imponga una multa de dos veces el monto del valor operado.

La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, solicitó cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión.

Los acusados participaron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada a través de sociedades constituidas en Uruguay, y luego terminaron denunciándose mutuamente.