POLITICA
Polémica por los alimentos del Gobierno: la historia de la «Caja PAN» de Raúl Alfonsín y por qué María Julia Alsogaray rechazaba su reparto
“El Programa Alimentario Nacional se orienta a atenuar los efectos de esta tremenda injusticia nacional que es la carencia de alimentos que sufren algunos sectores de nuestro pueblo. Lo concebimos, por lo tanto, como un acto de reparación y un derecho de las familias más castigadas, y de ninguna manera como una acción benéfica”, leyó Raúl Alfonsín en su extenso discurso ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1983.
Durante ese verano, el proyecto del Ejecutivo avanzó en el Congreso con el objetivo de “poner todos los recursos al servicio de un derecho del hombre como lo es el de la alimentación, del que muchos sectores están privados por la gravísima situación creada en los últimos años”, tal como indicaba en sus fundamentos.
El primer plan asistencial de la recuperación democrática contó con un aval parlamentario generalizado. La dirigente conservadora, María Julia Alsogaray fue una de las pocas que se opuso, predijo «una generación de niños del Estado».
«Al recibir alimentos de manos del Estado y no de sus padres, se cambia fundamentalmente su estructura psicológica, y no podemos esperar que tengan la dosis necesaria de energía y actividad individual que es fundamental para impulsar a este país hacia adelante», sostuvo sin sonrojarse.
“El criterio no es el de caridad sino por el contrario un mecanismo de recuperación por parte del pueblo de algo que le fue sustraído”, subrayaba el gobierno en su argumentación.
La inversión representaba el 0,5 por ciento del presupuesto nacional. La caja PAN contenía dos litros de aceite, un kilo de arroz, un kilo de corned beef (carne en lata), un kilo de fideos, dos kilos de harina de maíz, dos kilos de harina de trigo, dos kilos de leche en polvo, y un kilo de porotos. Se estimaba que cubría un tercio de las necesidades básicas mensuales de una familia de cuatro personas.
La herencia de la dictadura no era solo la tragedia de Malvinas, los 45 mil millones de dólares de deuda externa, la inflación anual del 343,8 por ciento, el exilio, los desaparecidos, la censura, las detenciones ilegales, sino también un ostensible crecimiento de la población con necesidades básicas insatisfechas. Ollas populares y desnutrición infantil fueron dos de los tópicos que comenzaron a llegar a las tapas de los diarios en 1983.
La respuesta fue una inversión de más de 150 millones de dólares anuales que brindó un paliativo a 5,6 millón de habitantes en todo el país. «Con la democracia se come, se cura y se educa», había repetido Alfonsín como un mantra en su campaña electoral. El PAN, como la derogación de la autoamnistía y el ordenamiento de los juicios, fue parte de sus promesas cumplidas.
La Argentina de la incipiente democracia chocaba con sus fantasmas del pasado. “Montoneros, la soberbia armada”, el libro de Pablo Giussani, batía récords de venta con su crítica, sin medias tintas, a la cúpula de la guerrilla peronista. Preso, Mario Firmenich aguardaba que se resolviera su extradición desde Brasil. El presidente Alfonsín había ordenado su detención inmediata, a la par de los comandantes de la dictadura, en uno de sus primeros decretos de diciembre.
El radicalismo venía de atravesar un mal trago con la derrota de la ley de reordenamiento sindical. La noche previa al Día del Trabajo, en el estadio de Atlanta, Jorge Triaca y Saúl Ubaldini celebraron ante 30 mil personas el traspié alfonsinista. “Los sindicatos son de Perón”, dijo sin sonrojarse el líder cervecero ante la ovación generalizada.
En la vereda enfrentada, el papelero Blas Alari, el telefónico Julio Guillán, y el eterno Andrés Framini, habían reunido solo 3000 personas con su Asamblea Gremial Argentina. La pata peronista, enfrentada al neovandorismo, acompañaba la voluntad alfonsinista de democratizar los gremios, pero quedó en franca minoría. Al gobierno se le escapaba de las manos una de sus principales utopías.
Antes de salir al ruedo, los agentes PAN tomaron un curso intensivo con médicos, sociólogos y psicólogos, convocados por el Ministerio de Salud y Acción Social, que tenía a Aldo Neri al frente. Algunos, previo paso por alguna militancia social, otros hacían su debut.
“Las primeras reacciones de la gente eran de sorpresa e incredulidad”, recuerda, cuarenta años más tarde, José Luis Ludueña, uno de aquellos jóvenes radicales que “pateó” el barrio porteño de Constitución. “Llamaba la atención que el Estado se acercara a un inquilinato o una pensión para dar respuesta a una necesidad”, analiza en una catarata de mensajes de WhatsApp.
La famosa Caja PAN del alfonsinismo y su historia, en medio de las denuncias de falta de repartos de alimentos contra la gestión Milei.
PAN
La caja se recogía mensualmente en clubes sociales, escuelas públicas, o iglesias. “Hay que reconocer que el gran N secreto fue la participación de la mujer; madres y abuelas empezaron a proponer y a exponer otras problemáticas”, puntualiza Ludueña.
Cocineras y odontólogos fueron dos de las primeras demandas de esas mujeres que ganaban protagonismo y construían un espacio de pertenencia en ese diálogo periódico, sin mediación. “Verdaderos centros integrados de acción social que, profundamente enraizados en la población a la que sirven, ofrezcan respuesta adecuada a las múltiples necesidades vigentes y orienten un proceso de educación y participación popular esclarecida”, decía la comunicación oficial.
La película de María Luisa Bemberg, “Camila”, con los protagónicos de Susú Pecoraro, y el español, Imanol Arias, lideraba la taquilla cinematográfica, sin saber aún que daría pelea por el Oscar. El nacionalismo vernáculo de paladar rosista acusaba el golpe desde las páginas de la Revista Cabildo.
Ocho de cada diez encuestados en los 19 partidos del conurbano bonaerense tenían una imagen positiva del presidente, según la Secretaría de Información Pública. Desde el sector privado, Aftalión-Mora y Araujo-Noguera aseguraban que el apoyo nacional reunía al 67 por ciento de la población.
La caja siguió con paso firme la primera etapa de la gestión alfonsinista, de sus reuniones nacieron grupos autoconvocados de vecinos, soluciones habitacionales, viajes comunitarios a la costa bonaerense o las sierras cordobesas, compras de productos complementarios al por mayor, y militantes sociales. Como toda la oleada del 83, fue languideciendo hasta ser desmantelado en el inicio de los años 90.-
POLITICA
Guillermo Francos tomó más distancia de Victoria Villarruel: «Tiene un error conceptual de la democracia»
Francos calificó de «oportunista» la convocatoria al paro general que anunció la CGT
Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.
Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.
El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.
La entrada Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos se publicó primero en Nexofin.
POLITICA
El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE
En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.
Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California
El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.
De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:
- US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
- US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
- US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
- US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.
El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.
Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda
El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.
Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.
Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.
El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.
El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.
Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.
Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.
Guillermo Francos tomó más distancia de Victoria Villarruel: «Tiene un error conceptual de la democracia»
Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos
Otro polémico gesto de Nicolás Maduro: entregó 180 mil hectáreas expropiadas por Hugo Chávez al movimiento Sin Tierra de Brasil
Jugador de Boca Juniors fue convocado a selección europea para la doble fecha FIFA
Lali Espósito se sinceró, en medio del escándalo: «Tengo mucho miedo»
Lo que sabemos sobre los ciberataques rusos a webs españolas: “Pueden ser la punta del iceberg”
Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones
Santiago Cúneo: «El país necesita más gobernadores como Quintela» y lanza su candidatura para 2025″
Lilia Lemoine se peleó con Marcela Pagano y Rocío Bonacci por dar quórum a una iniciativa del peronismo
Pedro Rosemblat imitó a Javier Milei y se burló de Jonatan Viale tomando leche: «Hicieron una parodia de su entrevista»
El número de muertos por las inundaciones en Bahía Blanca subió a 15
El riesgo país cayó por debajo de los 700 puntos frente a la expectativa por el acuerdo con el FMI
La “Luna de Sangre” iluminará el cielo: a qué hora ver el eclipse total en Argentina
El fenómeno astronómico podrá observarse desde distintos países, pero el próximo ocurrirá recién en 2026. La entrada La “Luna de...
Martín Demichelis, en la cuerda floja en Rayados de Monterrey
El equipo fue eliminado de la Concacaf y los aficionados cruzaron al entrenador argentino. La entrada Martín Demichelis, en la...
Formula 1 y el Gran Premio de Australia: horario, TV y últimos antecedentes
La categoría reina del motorsport da luz verde a la temporada 2025 con el Gran Premio inaugural este fin de...
-
POLITICA1 día agoLilia Lemoine se peleó con Marcela Pagano y Rocío Bonacci por dar quórum a una iniciativa del peronismo
-
POLITICA24 horas ago
Guillermo Francos apuntó contra los barras que se manifestaron en el Congreso: “Usaron a los jubilados”
-
SOCIEDAD3 días ago
Temporal en Bahía Blanca: el lento regreso a la vida cotidiana en medio del barro y la destrucción
