El reclamo social traducido en sus distintas formas ante la violencia a manos de la delincuencia y el crimen organizado es siempre razonable y justificable puesto que es el estado quien debe de garantizar a la ciudadanía la seguridad pública. La respuesta política siempre es tardía y oportunista, y como decimos en seguridad: es “reactiva”, es decir a posteriori del hecho ya lamentable.

Todo ello nos habla de que por más buenas intenciones que hayan en tratar de brindar respuestas por parte de la política: algo falló. El estado como garante de la seguridad no cumplió a la ciudadanía con ese pacto en el cual esta última cede y descarga en el primero el monopolio y ejercicio de la fuerza a cambio de recibir la protección que deviene de acuerdo a su eficacia (o ineficacia) en nuestra percepción de seguridad (o in-seguridad), es decir, sentirnos a salvo de algún peligro.

La Argentina desde el arribo de la democracia fue protagonista de grandes operaciones contra el narcotráfico por parte del crimen transnacional. Desde el resonado caso “Operación Langostinos” protagonizado por Carlos Horacio Savignon Belgrano (ex informante de la DEA) en los 90´s donde el Cartel de Medellín pretendía contrabandear 587 kilos de cocaína de máxima pureza desde la Argentina hacia los Estados Unidos disimulados en un embarque de langostinos, hasta las cotidianas incautaciones de toneladas de cocaína en aeronaves, embarcaciones y terminales aeroportuarias; nuestro país nunca estuvo exento del accionar de las grandes organizaciones criminales siendo por el contrario, terreno fértil y hasta a veces facilitador ya sea por acción u omisión para todo tipo de operaciones criminales y dichos “logros” contra el narcotráfico cuando se dieron, se trataron de operativos que fueron llevados a cabo por indicación de agencias antidrogas extranjeras y en las que ya era demasiado obvio el hacer la vista a un lado.

Es más desde la democracia ningún gobierno ha tenido la voluntad política y mucho menos aún, una política real de lucha contra el narcotráfico cuando no se ha visto este mismo envuelto en narco escándalos como lo fueran las valijas con cocaína enviadas en la aerolínea Southern Winds a la embajada Argentina en España en el tristemente famoso caso que llevaba el nombre de la citada aerolínea.

Hoy cincuenta años después de ausencia de un abordaje real sobre la problemática del narcotráfico en nuestro país –prueba de ello es la ausencia de radares, la falta de escáneres en las terminales portuarias, el no funcionamiento de las balanzas de pesaje en las rutas y una larga lista de etcéteras-, se pretende dar “solución” -por emplear las mismas palabras que usan los referentes gubernamentales en seguridad- para hacer un populismo “securitizante”  en el que se pretende con la movilización de un puñado (póngasele el número que uno guste) de efectivos de las fuerzas de seguridad y policiales, así como con la amenaza de intervención de las FF.AA., en la lucha contra el narcotráfico, solucionar de un día para otro un problema que lleva no solo décadas sino que además no hubiera podido existir sin una compleja cadena de complicidades y de raigambre tan amplia y multidimensional que la propia estrategia de combate adoptada por los responsables en seguridad demuestra un total y completo desconocimiento en materia de seguridad y ni que decir de la operatividad del delito complejo como lo es el narcotráfico.

Ello es así puesto que para que el narcotráfico se instale y opere con tal nivel de impunidad como lo hace en Rosario, solo por poner el ejemplo más vivo dado que situaciones similares se viven en centenares de ciudades a lo largo y ancho del país, está comprobado que son condiciones necesarias contar con la complicidad y connivencia del poder político, del legislativo, del judicial y de las fuerzas de seguridad y policiales a quienes cooptan con dinero o bajo coacción para expandir su campo de acción a la vez que afianzarse y comenzar a infiltrar el propio estado y que sin la cooperación de dichos actores, el mismo no podría operar el nivel de impunidad que lo hace.

Llegados a este punto y considerando el despliegue de la actividad criminal en el país es justo preguntarse: ¿Es Rosario la enfermedad o solo un síntoma de algo más grande?. La seguridad es un problema multidimensional y el estado desde hace décadas no gestiona su política eficazmente -por el motivo que sea- así como tampoco la política criminal, las cuales han oscilado entre populismo de diversos signos sin un abordaje real efectuado por equipos de profesionales siendo en cambio dejado a manos funcionarios sin formación alguna en seguridad y más preocupados por la cámara mostrándose junto a operativos e incautaciones que por generar un impacto real en la lucha contra el crimen organizado a través de las políticas precisas y necesarias planificadas por especialistas en la problemática.

Si nos enfocamos en Rosario teniendo en cuenta el contexto sociopolítico y las políticas de estado frente a la narco criminalidad en función del accionar de estas organizaciones delictivas sin duda estamos frente al comienzo de una escalada que nada nos alejará de países que sufren de un nivel de violencia inusitada, por caso en el Ecuador durante la época del expresidente Rafael Correa en 2015, la efectiva política de seguridad implementada por entonces había despejado al Ecuador de pandillas y bandas criminales transnacionales que operaban entre Colombia, Ecuador y Perú, limitando la violencia a la criminalidad común llevando a ser el segundo país más seguro del mundo por detrás de Chile, y que posteriormente frente a un enfoque erróneo producto del sesgo político de los sucesivos gobiernos tras la salida de Correa, hizo que Ecuador se encontrara en un estado de conmoción interna transformando a una ciudad como Guayaquil en la capital mundial del sicariato y del narcotráfico en solo un par de años.

Una vez más el sesgo ideológico y la inacción y la falta de profesionales involucrados en el tema impiden que el árbol deje ver el bosque. Existiendo profesionales, observatorios, think tanks, clústeres y universidades especializadas en la seguridad, ningún político se ha arrimado a pedir el involucramiento activo y multidisciplinario en una actitud que de persistir a la larga derivará indefectiblemente en una escalada de la que ya no se podrá retroceder puesto que un día perdido por el estado es un día ganado por la criminalidad en detrimento de la ciudadanía.

(*) Iván Velázquez es licenciado en Seguridad, diplomado en Seguridad Ciudadana, experto universitario en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia. Además cuenta con magísteres en Políticas de Defensa y Seguridad Internacional y en Ciberseguridad. Es docente universitario en Inteligencia e Inteligencia y Criminalística.

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